Prisión preventiva para Albertina Mangini: la funcionaria judicial acusada de usar datos biométricos de personas vulnerables en una red que lavó $27.000 millones

El juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, convirtió en prisión preventiva la detención de Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público bonaerense, por su presunta participación en una organización dedicada al juego clandestino, la defraudación mediante el uso indebido de datos y el lavado de activos. La resolución fue dictada a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, y alcanza también a Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, quienes permanecen imputados por delitos vinculados a la estructura. La investigación estima que la organización habría movilizado al menos 27.000 millones de pesos mediante la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales con identidades y datos biométricos de terceros, fondos provenientes en su mayoría de casinos online clandestinos.

El mecanismo de captación de datos

De acuerdo con la resolución judicial, Mangini se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata. Desde esa función habría contactado a personas en situación de vulnerabilidad económica que concurrían al organismo a firmar, a quienes ofrecía sumas cercanas a los 80.000 pesos a cambio de entregar su documentación y permitir la toma de fotografías y el escaneo de su iris. La hipótesis de la fiscalía sostiene que, con esos datos, se abrían cuentas digitales cuyo control efectivo quedaba en manos de integrantes de la organización, que administraban los dispositivos, claves y correos asociados. Las víctimas figuraban como titulares de las cuentas sin tener acceso a los movimientos.

La estructura financiera y los imputados

Mauro Perrotta, titular de la cadena de gimnasios Red Line, tenía según la investigación el control operativo de un panel de juego clandestino. Administraba las denominadas "cuentas mulas" como caja recaudadora para el cobro de apuestas y como cuenta pagadora de premios y comisiones a proveedores. Ignacio Leonel Marchioni, financista de Quilmes, aparece en el tramo financiero de la causa con créditos y débitos que superaron los 13.574 millones de pesos en la plataforma HAZ PAGOS. El juez Crispo dispuso además la inhibición general de bienes de los tres imputados mientras dure el proceso. Los delitos que se les atribuyen son asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado por la habitualidad y por el rol de funcionaria pública en el caso de Mangini.

Detención, defensa y estado de salud

Mangini fue detenida el 13 de agosto de 2026 y permanece alojada en la Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. Su defensa, a cargo del abogado Miguel Molina, cuestionó la prisión preventiva por considerar que no existían riesgos procesales que la justificaran. También planteó el deterioro de su estado de salud: informes penitenciarios consignan una pérdida de peso de 6 kilos, masa muscular disminuida y un cuadro de ansiedad y depresión con medicación diaria. El juez Crispo ordenó estudios periciales para evaluar su situación y rechazó los planteos de la defensa, al considerar que los elementos reunidos permitían sostener una intervención concreta y reiterada de Mangini en la captación de personas cuyos datos habrían sido utilizados en la maniobra. La prisión preventiva no implica una condena y la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el proceso.

Allanamientos y pruebas secuestradas

Durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet y otros elementos tecnológicos. También se incautaron dinero en efectivo, una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo de alta gama y documentación vinculada a la operatoria. La causa investiga hechos ocurridos, al menos, entre noviembre de 2023 y junio de 2024.

Antecedentes y contexto

El expediente se originó a partir de una denuncia por la utilización irregular de datos personales y biométricos de personas que habían tenido contacto con el sistema penal. La investigación del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina reconstruyó movimientos por más de 27.000 millones de pesos a través de billeteras virtuales y detectó al menos 569 números de CUIT involucrados. La Procuración General bonaerense suspendió a Mangini de sus funciones en febrero de 2025, cuando quedó imputada, y la suspensión se renueva cada 90 días. El gobernador Axel Kicillof aclaró que Mangini es empleada del Poder Judicial y que no tiene ni tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia bonaerense.

Fuente: Enorsai – https://www.enorsai.com.ar/politica/43316-albertina-mangini-prision-preventiva-datos-biometricos-lavado.html

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