Bajo llave: el Gobierno activó el “secreto militar” para compras de las Fuerzas Armadas
Un viaje en el tiempo
Mirá la jugada: estamos en 2026, pero el Ministerio de Defensa decidió viajar en el tiempo para esconder sus cuentas. La cartera que encabeza Carlos Presti se valió de un decreto de 1963, publicado bajo el gobierno de facto de José María Guido. Este régimen, instalado tras el golpe de Estado contra Arturo Frondizi, estableció la confidencialidad de las “adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites” castrenses. La cosa es que esa misma lógica de opacidad hoy se reactiva para cerrar el grifo de la información pública.
El antecedente que ya olíamos
Esto no es la primera vez que pasa. Ese decreto de 1963 ya había sido invocado por el gobierno de Javier Milei en dos oportunidades. La primera fue en abril de 2024, cuando a través del decreto 307/2024 decidió ampliar el Sistema de Defensa Nacional ante la supuesta presencia de “amenazas que se desplacen por el aeroespacio” argentino. Los detalles de las compras de material relativo a ese caso quedaron guardados bajo llave.
La segunda vez fue en septiembre de 2024, con el decreto 807/2024, que incluyó en el secreto a toda “contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas”. En su momento, esa medida tomada por el entonces ministro de Defensa Luis Petri fue interpretada como un paso forzado de legalidad para los acuerdos hechos entre el gobierno argentino y el estadounidense, destinados a la construcción de bases militares y la realización de ejercicios conjuntos.
La jugada maestra de Presti
Ahora, con la administración de Presti, el Poder Ejecutivo volvió a apelar al “secreto militar”. El decreto 1202/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, apela a la ley 24.948 sobre política de las Fuerzas Armadas y su responsabilidad para decidir los “requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas”.
A la vez, establece que el material adquirido o que se adquirirá será “conocido solamente por personas autorizadas” porque “su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
Cuentas que no se rinden
- Acá viene lo que duele: la rendición de cuentas se va al tacho. El texto oficial es lapidario: “Una vez declarado el secreto militar de la aludida operación contractual, los organismos contratantes deberán seguir los trámites necesarios para la adquisición de dicho material, estando exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”.
- En ese mismo decreto, Presti se autoriza a sí mismo a “instrumentar la medida” que considere necesaria para que los organismos contratantes puedan avanzar con los trámites sin cumplir las rendiciones de cuentas. Obviamente, en el decreto no se identifican los equipos o materiales que se pretende adquirir, así como tampoco se dan otros detalles: nada de cantidades, proveedores, países de origen y presupuestos. Todo queda guardado bajo llave.
El telón de fondo
Para que no se te escape el panorama: esta maniobra se da en medio de las tensiones con Gran Bretaña, recalentadas por la administración de La Libertad Avanza (LLA) en la cuestión Malvinas. Mientras el discurso oficial endurece la retórica sobre la soberanía y la defensa, la caja negra de las compras militares se agranda.
Cuando el Estado decide que la transparencia es un riesgo para la seguridad, lo único que queda en la oscuridad es la plata de todos.
FUENTES
• Página/12 - El Gobierno dictó el “secreto militar” sobre las compras de equipamiento para las Fuerzas Armadas -
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