El Gobierno nacional responsabilizó este jueves al exministro de Economía Sergio Massa por el dato de inflación de julio, que alcanzó el 2,1% mensual y cortó la mejora registrada en junio. La explicación oficial, difundida desde el Palacio de Hacienda, apunta a un “rezago de 36 meses” heredado de la gestión anterior.

Desde el área económica señalaron que el índice publicado por el INDEC no puede atribuirse exclusivamente a las políticas implementadas desde diciembre de 2023. “Existe un rezago de 36 meses. Lo que estamos viendo todavía es el arrastre de decisiones que se tomaron entre 2021 y 2023”, afirmaron.

El argumento libertario sostiene que la dinámica inflacionaria actual incorpora el impacto de la expansión monetaria, el déficit fiscal y la distorsión de precios relativos de la etapa previa. Para el Gobierno, esas variables siguen empujando los precios aun después del cambio de gestión. Al mismo tiempo, insisten en que las medidas de ajuste fiscal, la reducción del déficit y el ancla monetaria ya están produciendo resultados, pero que esos resultados aparecen con demora en las estadísticas.

Los números del INDEC muestran que el índice de precios al consumidor avanzó 2,1% en julio. En los primeros siete meses del año, la inflación acumulada es de 19,3%. La variación interanual alcanza el 33,8%. El dato vuelve a poner el foco sobre alimentos, servicios y consumo, los rubros que más golpean el bolsillo de las familias.

La referencia a Massa no es casual. Fue ministro de Economía entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y antes presidió la Cámara de Diputados. Las decisiones de ese período, junto con las de los años previos de la gestión anterior, son las que el Gobierno señala como causa del arrastre. La emisión monetaria, el déficit fiscal y los precios relativos distorsionados no se corrigen de un día para el otro, reconocen en Hacienda, pero tampoco dejan de impactar cuando cambian los funcionarios.

Para cualquier hogar, esas cifras se traducen en un poder de compra más chico. Una familia que llena el carrito no necesita entender de rezagos: siente que la plata alcanza menos. Los alimentos volvieron a estar en el centro de la escena, junto con los servicios y el consumo, justo cuando la economía familiar intenta recuperar algo de aire.

El contraste aparece cuando se cruzan los dichos con los datos. El Gobierno asegura que su programa ya muestra resultados, pero el indicador de julio interrumpió la mejora que se había visto en junio. No se trata de una interpretación: es lo que refleja la serie oficial. La promesa de una baja sostenida todavía no se consolida en los números mensuales.

Queda en juego la credibilidad de la explicación oficial. Si los próximos meses confirman una desaceleración, el argumento del rezago habrá servido para ganar tiempo. Si la inflación se mantiene o repunta, la herencia de Massa no alcanzará para explicar el presente. La discusión, mientras tanto, se resuelve en las góndolas y en las boletas de servicios, donde los aumentos no esperan.

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Fuente original: Comunicación del Palacio de Hacienda y datos del INDEC, 12 de agosto de 2026

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#Inflación #Massa #Argentina #Economía #INDEC #Gobierno

Un nuevo proyecto en la Ciudad de Buenos Aires puso la mira sobre cinco empresas con participación estatal y sobre los espacios verdes. Los bloques libertarios, con el apoyo del PRO, impulsan cambios para que esas compañías puedan transformarse en Sociedades Anónimas. En paralelo, habilitan mecanismos para licitar plazas y espacios verdes a privados. La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a avanzar con privatizaciones, pero no lo hace de inmediato: antes habrá informes y controles.

Las cinco empresas alcanzadas son Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), la Corporación Buenos Aires Sur, la Corporación Antiguo Puerto Madero y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos.

¿Por qué importa ahora? Porque la transformación en Sociedad Anónima es la llave legal que permite incorporar accionistas privados y avanzar luego con una privatización total o parcial. El proyecto no significa que mañana aparezca alguien comprando el subte o AUSA. Antes, la Sindicatura deberá producir informes y la Auditoría ejercer controles.

Si usás el subte, SBASE está en la lista. Si manejás por las autopistas, AUSA también. Las corporaciones del sur y de Puerto Madero intervienen en el desarrollo de zonas concretas de la Ciudad. La quinta empresa queda alcanzada por el mismo esquema. Y si vas a una plaza, el espacio verde que pisás puede pasar a ser explotado por un privado, aunque el texto no detalla cuáles ni en qué condiciones.

El movimiento no es aislado. Mientras se discute qué hacer con el patrimonio porteño, el oficialismo habilita la explotación privada de plazas y espacios verdes. En ese mismo escenario, la Ciudad declaró Huésped de Honor a Peter Thiel, empresario tecnológico de Estados Unidos.

Lo que se define no es abstracto: el control de cinco empresas y el uso de los espacios públicos. La transformación en Sociedades Anónimas no es un fin en sí mismo, pero deja el camino preparado para una posterior privatización. Los informes de la Sindicatura y los controles de la Auditoría forman parte del proceso previsto. El proyecto todavía debe terminar de recorrer su trámite. Lo concreto es que la Ciudad ya tiene sobre la mesa un esquema que, de aprobarse, le permitiría avanzar con privatizaciones.

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Fuente original: Argentina Desigual (fecha no indicada en el material suministrado)

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#Privatizaciones #CABA #Subte #AUSA #EspaciosPúblicos #ArgentinaDesigual

La escena ocurrió este jueves durante una conferencia de prensa. Bausili se despegó rápido del problema. "No tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro", dijo. Y enseguida agregó, como quien resta dramatismo a un faltante que equivale a varios puntos del producto bruto: "No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Son bastantes como para no encontrarlos".

La respuesta dejó un sabor amargo entre los operadores del mercado. Porque el episodio de los pesos no es el único que enciende luces de alerta. En las últimas semanas, los movimientos de las cuentas del Tesoro en el Central se volvieron cada vez más difíciles de interpretar desde afuera.

Los dólares que entran y salen sin explicación precisa

Las planillas diarias del BCRA muestran saltos en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro que no tienen una justificación pública clara. El jueves 31 de julio el saldo era de 3.157 millones de dólares. Al día siguiente, después del ingreso por la colocación del Bonar 2029, trepó a 3.605 millones. Pero el movimiento más llamativo apareció el lunes 4 de agosto: las tenencias llegaron a 4.387 millones de dólares, un salto de casi 800 millones respecto del viernes.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que una parte de esa variación responde a una cuestión "técnica y transitoria" vinculada con los Bopreales y otra al ingreso de los dólares del bono. Pero no precisaron cuánto correspondía a cada operación ni por qué el salto más fuerte se registró recién el lunes.

La consultora Outlier señaló que el aumento de 780 millones de dólares podría ser una compra de divisas del Tesoro, aunque la información disponible tampoco permite descartar un desembolso de organismos internacionales. A esa confusión se suma otro dato: el 1° de agosto vencieron intereses con el FMI por unos 850 millones de dólares. Con ese nivel de superposición de operaciones, seguir el rastro de cada dólar se volvió casi imposible para cualquier analista externo.

Las caídas que coinciden con la tensión cambiaria

Entre el 28 y el 29 de julio los depósitos en moneda extranjera del Tesoro bajaron de 3.330 millones a 3.185 millones de dólares. Son 145 millones de dólares menos en un solo día. La caída coincidió con una jornada en la que el dólar mayorista amenazó con quebrar la barrera de los 1.500 pesos. En el mercado se instaló entonces una sospecha que todavía no encontró respuesta oficial: que el Tesoro vendió divisas para contener la cotización sin que la operación quedara registrada como intervención directa del Central.

Economía no dio una explicación concreta sobre ese movimiento. La secuencia encendió las alarmas porque unos días antes el BCRA había quebrado una racha de 135 ruedas consecutivas de compras de reservas. La intervención del Tesoro, de haberse concretado, habría sido la mano invisible que evitó un salto mayor en las pantallas.

Los pesos que aparecen y desaparecen

El frente cambiario no es el único que acumula preguntas sin respuesta. La consultora 1816 detectó un sacudón en los depósitos en pesos del Tesoro. Según el análisis que circuló entre operadores, esas tenencias pasaron de aproximadamente 3 billones de pesos a apenas 260.000 millones el viernes posterior a la última licitación. La caída era desproporcionada porque el financiamiento neto obtenido en esa licitación había sido considerablemente mayor.

La hipótesis que tomó fuerza entre los analistas es que una parte de esos pesos quedó depositada en bancos comerciales y que el BCRA pasó a administrar la liquidez mediante operaciones de Repo. Es decir, la plata existía pero no estaba donde se esperaba que estuviera.

El economista Gabriel Caamaño aportó una pieza más al rompecabezas. El martes 5 de agosto apareció aproximadamente 1 billón de pesos en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Era una parte de los casi 4 billones del excedente de rollover que no habían ingresado allí el viernes. Los pesos fueron apareciendo, pero de a cuotas y sin que quedara claro dónde permanecieron durante el intervalo.

Por qué importa ahora

La superposición de giros entre el Tesoro, la banca privada y la autoridad monetaria dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un problema político. El Gobierno necesita hacer equilibrio entre tres objetivos que no siempre son compatibles: contener el dólar, absorber los pesos que presionan sobre los precios y acumular las reservas que exige el Fondo Monetario Internacional.

Cada movimiento de fondos entre las cuentas del Tesoro, los bancos y el Central modifica las condiciones de liquidez del sistema y puede alterar la capacidad oficial de intervenir en el mercado. Si las consultoras privadas no logran reconstruir esas operaciones con los datos públicos, la pregunta inevitable es qué información manejan los organismos internacionales que auditan el programa argentino.

La ironía de Bausili, en ese contexto, sonó a una confesión incómoda. Cuando el presidente del Banco Central dice que los 4 billones "en algún lado están" pero no puede precisar dónde, lo que está admitiendo es que ni siquiera desde la cima de la autoridad monetaria se conoce con precisión el destino de fondos equivalentes a una porción significativa del financiamiento público.

La opacidad de las cuentas del Tesoro no es un tema para economistas. Es la trastienda de un programa que define, entre otras cosas, cuánto vale el dólar que todos miran, cuánto rinden los plazos fijos y con cuánta nafta llega el Central a fin de mes. Cada vez que un funcionario responde con un chiste una pregunta sobre 4 billones de pesos, lo que se resquebraja es algo más delicado que una planilla de Excel: es la certeza de que alguien, en alguna oficina, sabe dónde está la plata.

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Fuente original: La Política Online, 7 de agosto de 2026. Por Luciana Glezer.

Enlace: https://www.lapoliticaonline.com/nota/las-cuentas-del-tesoro-desaparecieron-4-billones

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#BCRA #Dólar #TesoroNacional #OpacidadCambiaria #ArgentinaDesigual #FMI

Mientras hacés malabares para llegar a fin de mes, pagás la luz con aumentos desorbitantes y ves cómo se recortan los presupuestos de hospitales y universidades, del otro lado del continente hay alguien que celebra los números rojos de tu país. Donald Trump no tuvo filtros. En una reciente aparición pública, el mandatario estadounidense se jactó de los "buenos negocios" que cerró con la administración de Javier Milei. La cifra que tiró sobre la mesa es tan brutal como elástica para la realidad local: 25.000 millones de dólares.

No fue un desliz ni un error de traducción. Parado frente a su audiencia, el líder republicano enumeró sus victorias geopolíticas y financieras con la misma frialdad con la que un empresario repasa el balance trimestral de su compañía. "Cuando hicimos lo de Argentina, me criticaron. Sacamos 25.000 millones de dólares de ese trato", sentenció. Para el republicano, salir de ciertos arreglos previos y forjar este nuevo esquema con la actual gestión criolla representa un "beneficio financiero" directo para las arcas norteamericanas.

Para dimensionar el tamaño de esta transferencia de riqueza, hay que salir de la abstracción macroeconómica y bajarla a la tierra. Esa suma de 25.000 millones de dólares equivale a financiar durante años a carteras ministeriales enteras en la Argentina. Es dinero que se fuga en forma de concesiones, acuerdos o garantías, justo en un momento donde el tijeretazo estatal es la única política de Estado y donde la pobreza no deja de escalar.

Trump enmarcó el acuerdo argentino dentro de su particular galería de trofeos internacionales. En el mismo discurso, y para demostrar su habilidad negociadora, mencionó operaciones con Venezuela, de las cuales aseguró haber sacado "cientos de miles de millones", y se atribuyó ganancias de entre 75.000 y 80.000 millones por movimientos vinculados a la tecnológica Intel, a la que calificó como la acción más pujante de las bolsas actuales. La lógica que expone es la de un tablero global donde su país siempre debe quedar en el lado ganador de la ecuación.

El mandatario también aprovechó para hablar de monedas y alianzas. Mencionó la debilidad del yen japonés frente a un dólar al que "le va de maravilla", y sostuvo que acuerdos internacionales, más allá de los fríos números, funcionan como "señales de amistad" y de pedido de auxilio hacia Washington. "Todo el mundo quiere ayuda de nuestro país", afirmó, dejando en claro que su administración entiende las relaciones bilaterales desde una posición de dominio y cobro de peaje.

Esta dinámica de "amistad" condicionada a la rentabilidad financiera expone la asimetría de las relaciones internacionales que impulsa la actual gestión local. Mientras desde la Rosada se vende la idea de que volver al mundo requiere alineamiento automático y apertura irrestricta, la contraparte no oculta que ese alineamiento tiene un precio altísimo. La amistad que menciona Trump no es gratuita; se cotiza en bolsa y se descuenta de las reservas o de los activos estratégicos de la nación que busca "ayuda".

Acá es donde la macroeconomía te pega en el bolsillo y surge la contradicción más grande. El mismo gobierno local que te pide "sacrificios", que te explica que no hay plata para jubilaciones, que licúa salarios y que defiende a ultranza la atracción de capitales extranjeros, aparece en los discursos del extranjero como el garante de ganancias extraordinarias para otra potencia. La Casa Blanca pinta este vínculo como un "éxito económico" global, pero puertas adentro la lectura es otra: una extracción de recursos en medio de una emergencia social.

El mecanismo es sencillo de entender y duro de tragar. Los costos del ajuste los absorbés vos cada vez que vas al supermercado, cada vez que cargás nafta o cuando el Estado te quita un subsidio. Mientras la sociedad paga la factura diaria de la recesión, los réditos financieros de esos convenios bilaterales se computan como victorias en los despachos del norte. Lo que en Washington se festeja con aplausos y cifras de nueve ceros, en los barrios argentinos se traduce en pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento crónico.

Este cruce de declaraciones deja al descubierto el modelo que se está consolidando a fuego lento. No se trata solo de un intercambio comercial más, sino de una reconfiguración profunda de la soberanía económica. Cuando un líder extranjero festeja abiertamente cuánto dinero extrajo de un país en plena crisis, queda documentado quiénes asumen los costos y quiénes se llevan el trofeo. El debate que queda planteado hacia el futuro no es solo por los números en rojo o en negro, sino por el lugar estructural que ocupa la Argentina: si es un socio con beneficios mutuos o simplemente una filial que remite utilidades mientras su población ajusta las tuercas hasta que estallen.

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Fuente original: Declaraciones de Donald Trump en el press gaggle del 02/08/2026 (RSBN / The Union Herald) · Cobertura de lado.b.noticias · BBC Mundo (octubre 2025).

Enlace: https://www.bbc.com/mundo/articles/cze6yx068weo

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#Trump #Milei #Economía #Ajuste #ArgentinaDesigual #PolíticaInternacional

Cada vez que parás a cargar nafta o gasoil, una parte de lo que pagás tiene un destino escrito en la ley: arreglar las rutas argentinas. Pero hoy, esa plata no está en el asfalto. Está retenida en las arcas del Ministerio de Economía. Son $1,35 billones de pesos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que el Gobierno nacional decidió no ejecutar. El resultado es tangible, se siente en el volante y se paga con el bolsillo: siete de cada diez rutas nacionales están en estado regular o directamente malo.

La cifra no es un error de redondeo ni una proyección a futuro. Un informe reciente desnuda que la cartera económica frenó la inversión en obra pública vial, acumulando un monto que equivale a presupuestos enteros de provincias. Mientras los camiones esqu ivan cráteres en la oscuridad y los autos sufren roturas de suspensión que después reclamás a tu mecánico, el dinero recaudado específicamente para el mantenimiento de la red vial nacional brilla por su ausencia en el terreno. Los trabajadores de Vialidad Nacional, que conocen palmo a palmo el deterioro del pavimento y ven pasar los camiones destruidos, son los primeros en alzar la voz. Denuncian que los recursos se desvían de su fin original y advierten sobre las consecuencias de una paralización que ya se traduce en mayor siniestralidad vial.

• Para entender el conflicto hay que mirar la letra chica de los impuestos que pagás a diario. El ICL no es un tributo más para engrosar el tesoro general de la nación; tiene asignación específica. Se cobra para que Vialidad Nacional tenga los fondos necesarios para tapar baches, repavimentar y garantizar que la mercadería y las personas lleguen a destino sin jugarse la vida. Sin embargo, la estrategia oficial apunta hacia otro lado. En lugar de inyectar esos $1,35 billones en la red vial, el Gobierno avanza con un esquema de concesiones. La propuesta es entregar corredores a manos privadas, una movida que los gremios viales y distintos sectores técnicos cuestionan con dureza. Argumentan que se privatiza la gestión sin garantizar soluciones inmediatas, y reclaman a gritos que la plata vuelva a usarse para lo que fue creada: mantener las rutas transitables.

El mapa del deterioro tiene un epicentro crítico que expone la contradicción del modelo: la Ruta Nacional 151. No es un camino secundario perdido en el mapa. Es la arteria principal que alimenta a Vaca Muerta, el yacimiento que hoy sostiene gran parte de la economía energética del país y que genera divisas clave. Por ahí circula el transporte pesado, las máquinas, los insumos para la extracción. Y por ahí también se cuentan los siniestros. Transportistas y autoridades locales coinciden en el diagnóstico: el camino está destruido, el tránsito es una tortura y los accidentes aumentan mes a mes.

• Pero el costo humano, logístico y de los seguros es solo la punta del iceberg. Los especialistas en infraestructura vial lanzan una advertencia que debería preocupar a cualquiera que viva en este país: arreglar el desastre actual va a salir hasta diez veces más caro que haber hecho el mantenimiento preventivo a tiempo. Es la crónica de una deuda anunciada. Cuando el asfalto se rompe por falta de sellado de grietas o por el abandono de la carpeta asfáltica, la reconstrucción de base requiere maquinarias, materiales y dólares que hoy no se están invirtiendo. Esa falta de prevención encarece el flete, y un flete más caro termina impactando directo en el precio de los alimentos y los productos que comprás en el supermercado.

El debate que se abre no es solo técnico, es político y social. Reclamar que la plata de los combustibles vuelva a las rutas es exigir que se cumpla el contrato básico entre el ciudadano que paga y el Estado que debe garantizar la circulación. Con el 70% de la red nacional comprometida, la falta de inversión preventiva hipoteca el futuro logístico de la Argentina. La decisión de retener los fondos y apostar a las concesiones deja a la intemperie a quienes transitan el país todos los días para trabajar. El asfalto roto es el síntoma que ves en la calle; la millonaria caja retenida en Economía, la causa que nadie quiere asumir.

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Fuente original: Contacto Rioja, Agosto 2026

Enlace: https://www.instagram.com/contactoriojaok/

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#estafa #reclamo #dañosyperjuicios #milei #cuelloblanco #mediacion

La primera visita oficial de Kristalina Georgieva a la Argentina como directora gerente del FMI terminó con una postal que el Gobierno cuidó hasta el último detalle: la máxima autoridad del organismo, con mameluco de YPF, recorriendo Loma Campana junto al ministro Luis Caputo y el presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín. No fue casualidad. Vaca Muerta es la gran apuesta de la administración libertaria para generar las divisas que el país necesita para pagar una deuda que, vale recordarlo, ronda los 58.000 millones de dólares —el 35% de toda la cartera crediticia del FMI.

Georgieva fue clara con los micrófonos prendidos: dijo que la Argentina pasó de una situación "muy frágil" a una posición "mucho más sólida", elogió la reducción de la inflación y el superávit fiscal, y hasta alentó al Banco Central con un "sigan comprando" que se volvió viral. También aseguró que el país "no necesita un nuevo préstamo" para afrontar los próximos vencimientos. Un respaldo en toda regla.

Pero el diablo, como siempre, está en los detalles que no se dicen en público. Tras una cena reservada en el Palacio Duhau con el denominado "círculo rojo" —banqueros, energéticos, mineros, siderúrgicos— comenzaron a trascender versiones incómodas para el Gobierno. Según esas filtraciones, Georgieva habría insistido en la necesidad de profundizar la acumulación de reservas y dejó entrever que un tipo de cambio más competitivo —léase: dólar más alto— facilitaría ese objetivo.

El propio staff técnico del FMI viene señalando desde hace tiempo que la acumulación de reservas requiere un tipo de cambio real competitivo que incentive las exportaciones. Pero el equipo de Caputo se niega a devaluar: sostiene que la política cambiaria actual es indispensable para contener la inflación. Ahí está la grieta que no se ve en las fotos de Vaca Muerta. El FMI aplaude el ajuste en público, pero en privado empuja por una devaluación que el Gobierno rechaza de plano.

El dato que cambia todo: contactos con el peronismo

Pero lo que realmente reconfigura el sentido de esta visita no es el tironeo cambiario. Es la revelación que hizo el economista Raúl de la Torre, director de Data Energía, en una mesa de análisis que recorrió todo el país: hubo contactos de primer nivel entre el Fondo Monetario y el peronismo. No con el oficialismo. Con la oposición. Y no con una sola corriente: con el massismo, con el axelismo y con el cristinismo.

"No te digo que fue a San José 11, pero casi", bromeó De la Torre, en referencia al edificio donde permanece detenida Cristina Fernández de Kirchner. Y agregó: "El Fondo Monetario empieza a testear qué va a pasar el año que viene. La pregunta es: '¿Y si llegaran a ganar ustedes, qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?'"

Esa pregunta no es menor. Porque el FMI no es un banco, es una institución política. Como explicó el propio De la Torre: "Al fondo no le interesa que le pague rápido, le interesa estar, participar de la política". Y en esa lógica, la visita de Georgieva no fue solo una revisión técnica. Fue una operación de inteligencia política.

El gesto de Máximo Kirchner que no es casualidad

En medio de la visita de Georgieva, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó en el Congreso un proyecto para que todo acuerdo de endeudamiento con el FMI deba ser aprobado por ley, y no por decreto de necesidad y urgencia como ocurrió en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri.

El proyecto no es una declaración de "fuera el FMI". Es una señal negociadora. Como lo definió el propio De la Torre: "El gesto de Máximo es interesante para pensarlo. No es el proyecto del no al Fondo. Es decir: negociemos, pero en estas condiciones, dame un lugar".

Esa iniciativa, presentada justo cuando la directora del FMI estaba en el país, no fue una casualidad. Fue un mensaje: "Si volvemos, vamos a sentarnos a negociar, pero con otras reglas."

El problema financiero de Caputo y la necesidad de guita

Pero la visita de Georgieva también tiene una pata económica que no se puede ignorar. El ministro Luis Caputo, según los análisis de los especialistas, tiene un problema financiero grave: necesita plata, y la necesita rápido.

El programa financiero que diseñó para refinanciar vencimientos de 2026 y 2027 equivale a todo el crédito que Macri tomó en 2018: 44.000 millones de dólares. Pero esa refinanciación está dibujada sobre supuestos que no se sostienen: el Banco Central no tiene la guita, y el riesgo país sigue por encima de los 400 puntos básicos, lo que hace imposible salir al mercado a pedir prestado en condiciones razonables.

"Caputo le endulza todo lo que puede el camino a Georgieva. Le dice: 'Mira que estamos jugando fuerte con este recurso, el petróleo ya es el principal producto de exportación'. Pero ella ya lo sabía", señaló el analista.

El problema es que el FMI, por ahora, no pone la plata. Les dice: "Salgan al mercado, pidan prestado a los bancos privados". Pero si Argentina sale a pedir guita y la tasa es del 10% o 12%, el tiro puede salir por la culata: no solo no consigue los fondos, sino que el mercado empieza a vender los bonos existentes y el riesgo país se dispara.

Lo que Georgieva realmente vino a hacer

Entonces, ¿a qué vino Georgieva? No vino solo a revisar el programa. No vino solo a respaldar a Milei. Vino a testear el terreno electoral.

"El fondo es de los primeros que está haciendo esto. Esta visita tiene que ver con esto, no viene de casualidad", explicó el economista. "Viene con una agenda que en realidad no conocemos. Pero ahí hubo contactos donde se está discutiendo esto, y no con el oficialismo, sino con la oposición."

• El gesto de corto plazo es el respaldo público a Milei. El gesto de mediano plazo es ver si ponen la plata en 2027. Y el gesto de largo plazo, el que realmente importa, es empezar a negociar con quienes podrían ganar las elecciones.

• El FMI no ve a Milei como ganador o perdedor. El FMI ve un escenario incierto y se está cubriendo.

¿Y a vos, lector común, qué te importa todo esto?

Te importa porque, detrás de esta pelea de dirigentes y organismos internacionales, está la definición de tu bolsillo. Si el FMI negocia con el peronismo y acuerdan un programa que incluya una devaluación, el dólar se dispara y los precios de los alimentos, la nafta y los servicios vuelven a volar.

Si el Gobierno se niega a devaluar y las reservas no alcanzan, la crisis cambiaria puede explotar igual, pero por el otro lado. Y en el medio, la deuda sigue ahí, los vencimientos se acumulan y el FMI sigue siendo el dueño del salón.

El Fondo no viene a salvar a Argentina. Viene a asegurarse de que Argentina siga cumpliendo su rol en el tablero global: productor de materias primas, exportador de energía, deudor perpetuo.

La foto en Vaca Muerta fue para el marketing. Los contactos con el peronismo fueron para la política real. Y en esa diferencia, señor lector, se juega el futuro del país

Fuente original: EnOrsai, 29 de julio de 2026 / Motor Económico, 29 de julio de 2026 / Análisis de Raúl de la Torre en Data Diaria

Enlace: https://www.enorsai.com.ar/economia/43067-kristalina-georgieva-respaldo-el-ajuste-desde-vaca-muerta.html /

https://motoreconomico.com.ar/argentina-despues-de-georgieva-los-hechos-de-una-visita-que-excedio-la-revision-del-fmi/

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#FMI #Georgieva #Peronismo #Milei #Elecciones2027 #VacaMuerta

La historia arranca en 2014, cuando nace en Toronto una empresa que no tiene plataformas ni barcos. Se llama JHI Associates Inc. y su modelo de negocio es simple: comprar licencias en zonas de alto valor geológico, hacer estudios sísmicos en 3D y después venderle el paquete a los grandes jugadores. Una "empresa cascarón", le dicen en el mercado.

En 2023, JHI adquirió el 100% de los derechos operativos de la licencia PL001, que antes era de la británica Argos Resources. Son 1.126 kilómetros cuadrados en la Cuenca Malvinas Norte, estratégicamente ubicados al lado del yacimiento Sea Lion. El gobierno colonial británico se la dio, y Argentina, como siempre, miró para otro lado.

Pero JHI no tenía espalda financiera para perforar. Así que el 27 de febrero de 2026 cerró un acuerdo con la israelí Navitas Petroleum. Navitas se quedó con el 65% del control operativo de PL001 y se comprometió a financiar las perforaciones con un préstamo de hasta USD 14 millones. A cambio, la producción que se descubra no necesitará una nueva plataforma: se conectará por cañerías submarinas directamente al buque factoría que Navitas ya tiene en Sea Lion.

Eco Atlantic: la triangulación perfecta

El 18 de mayo de 2026, JHI recibió la aprobación final de sus accionistas y de la justicia canadiense para ser absorbida por Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., una multinacional que cotiza en Toronto y en Londres.

¿Quién está al frente de Eco Atlantic? Gil Holzman, un empresario israelí-canadiense con lazos orgánicos con los sectores energéticos y bancarios de Tel Aviv. Del otro lado, Navitas Petroleum está presidida por Gideon Tadmor, y su proyecto en Malvinas está apalancado por un crédito RBL de USD 1.350 millones otorgado por un consorcio de bancos israelíes y extranjeros.

Pero la cosa no termina ahí. Eco Atlantic y JHI son socias directas de ExxonMobil y de TotalEnergies en el bloque Canje, frente a las costas de Guyana, donde ya descubrieron más de 11.000 millones de barriles. Los mismos grupos que explotan el megayacimiento guyanés ahora desembarcan en el Atlántico Sur. Y TotalEnergies, atención, ya opera en Tierra del Fuego con concesiones argentinas, extrayendo gas de yacimientos como Hidra, Kaus, Argo, Carina, Aries, Vega Pléyade y Fénix.

Las cifras del saqueo

Los números son tan grandes que cuesta creerlos. Pero están ahí, declarados por las propias empresas:

· Sea Lion (operado por Navitas y Rockhopper): 1.700 millones de barriles de petróleo original en el yacimiento, con 520 millones recuperables en las primeras dos fases.

· Licencia PL001 (controlada por Navitas, Eco Atlantic y JHI): sus geocientíficos identificaron en más de 50 prospecciones un potencial de 3.100 millones de barriles recuperables. Y el potencial total de la formación podría superar los 10.000 millones.

· Tyche y Dinlas, las dos prospecciones más avanzadas dentro de PL001: 400 millones de barriles recuperables.

En total: más de 3.600 millones de barriles de petróleo recuperables en la Cuenca Malvinas Norte. Un polo extractivo de clase mundial, como ellos mismos lo llaman.

¿Y la Argentina? Mirando para otro lado

Todo esto se hace violando sistemáticamente la Ley 26.659 de protección a los hidrocarburos, el Código Aduanero y las normas ambientales argentinas. La ley es clara: ninguna empresa puede explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno nacional.

Pero la respuesta de las autoridades argentinas, según la propia investigación, "continúa paralizada en el repudio mediático y la retórica de gacetilla". La Cancillería mileista y la gestión del gobernador fueguino Gustavo Melella aparecen señaladas por su inacción.

Mientras tanto, estas empresas planean la extracción masiva mediante buques factoría a partir de 2028. Y nosotros, los argentinos, seguimos discutiendo si la soberanía se defiende con discursos o con hechos.

Lo que está en juego

No es solo petróleo. Es la plataforma continental que nos pertenece por derecho. Es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur siendo saqueada por un cartel que opera con la impunidad que le da la debilidad de un Estado que no defiende sus recursos.

Canadá, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido ya tienen sus piezas en el tablero. Argentina, la dueña de casa, sigue sin moverse. Y mientras tanto, el reloj corre: la licencia PL001 entra en su tercera fase a partir del 1 de enero de 2027.

La pregunta no es si van a sacar el petróleo. La pregunta es: ¿quién va a pagar las consecuencias de no haber hecho nada para evitarlo?

Fuente original: Agenda Malvinas, 23 de julio de 2026

Enlace: https://agendamalvinas.com.ar/noticia/el-cartel-petrolero-que-viene-por-los-recursos-hidrocarburiferos-de-malvinas

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#Malvinas #Petróleo #Soberanía #Argentina #CartelPetrolero #RecursosNaturales #Economía #Política

El Ejecutivo publicó este lunes 20 de julio el Decreto 612/2026 en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, Sandra Pettovello y Diego Santilli. La norma viene a cerrar un capítulo que había quedado abierto con la reglamentación anterior de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802): qué parte del sueldo se usa como base para calcular los aportes que los empleadores destinan a los gremios.

Y la definición es clara: el aguinaldo, las horas extras, los bonos, los premios y el plus vacacional quedan explícitamente afuera de esa cuenta.

El detalle técnico que cambia todo

Para entender el impacto, hay que meterse un minuto en la letra chica. El nuevo decreto modifica el artículo 6° bis del Decreto 199/1988 y establece que la base de cálculo para los aportes sindicales va a estar formada por dos ítems nada más: el salario básico que fija el convenio para la categoría del trabajador, y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual que también vengan establecidas por ese mismo convenio.

Hasta ahí, parece razonable. El problema es lo que viene después, porque la norma es quirúrgica para dejar afuera todo lo demás. El texto menciona expresamente los premios, los bonos, la participación en ganancias, las horas extras, el sueldo anual complementario (el famoso aguinaldo), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y "cualquier otro concepto que no se abone en forma normal, habitual y mensual".

O sea: si te pagan horas extras todos los meses porque tu fábrica no para, si te dan un bono por productividad o si tu sueldo se compone en gran parte de adicionales, eso no engrosa la torta sobre la que tu empleador aporta al gremio. El cálculo se hace sobre el piso, no sobre el techo de tu ingreso real.

Un refuerzo a la caja chica sindical (pero con candado)

• Este decreto no es una pieza aislada. Viene a complementar el Decreto 407/2026, que ya había reglamentado otros aspectos de la ley. Pero este 612/2026 tiene un plus que no estaba tan claro: también definió cómo se tienen que administrar esos fondos que sí entran en el cálculo.

El Gobierno aclaró que los aportes que los empleadores acuerden mediante convenios colectivos no se rigen por el artículo 9° de la Ley 14.250 (la vieja ley de convenciones colectivas), sino por el artículo 9° de la Ley 23.551 (la ley de asociaciones sindicales). Traducido: la plata que se junte por estos conceptos tiene un destino fijo. Debe ir sí o sí a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en beneficio de los trabajadores que representa ese sindicato.

Además, y esto es clave, el decreto les exige a los gremios que manejen esos recursos por separado del resto de sus fondos. Con un sistema administrativo especial y debidamente documentado. No vale mezclarlo con la caja general del sindicato. El argumento oficial, plasmado en los considerandos del decreto, es que esto "facilita el control de legalidad" y "brinda mayor certeza" sobre el alcance de las normas.

¿Y esto en la vida real del laburante qué significa?

Mirá, para un trabajador que cobra el básico y nada más, el cambio le puede pasar desapercibido. Pero la realidad argentina es otra. Millones de empleados dependen de las horas extras, de los bonos de producción o de premios por objetivos para redondear el sueldo a fin de mes. En sectores como la industria, el comercio o la construcción, esos "extras" son parte del ingreso habitual, aunque la ley los llame "no normales".

Al excluir esos conceptos de la base de cálculo, los aportes patronales al sindicato se achican. Y si el gremio recibe menos plata, los fondos que tiene disponibles para las obras sociales, los subsidios por enfermedad, los centros de formación o los servicios asistenciales también se reducen. El decreto dice que esos fondos tienen que ir a esos fines, pero si la torta es más chica, el reparto inevitablemente es menor.

La norma no toca el derecho al aguinaldo ni a las vacaciones pagas como conquistas laborales. Pero al dejarlos fuera del cálculo de los aportes, los vacía de contenido desde el punto de vista del financiamiento sindical. Es un mensaje político claro: la modernización laboral no pasa solo por flexibilizar derechos, sino también por redefinir cómo se sostiene económicamente a los representantes de los trabajadores.

• Lo que queda flotando

• El decreto 612/2026 ya está en vigencia. No es un borrador ni una declaración. Es ley. Y si bien en los considerandos el Gobierno habla de "criterios uniformes" y "certeza jurídica", los sindicatos ya vienen mostrando los dientes con cada avance de esta modernización. Porque cuando el Estado empieza a decidir qué parte del sueldo vale para financiar al gremio y cuál no, en realidad está poniendo un límite al poder de negociación colectiva.

La pregunta que queda dando vueltas no es si el aguinaldo va a desaparecer mañana. No, eso no está en juego. La pregunta es otra: qué pasa cuando el sistema de representación sindical se financia cada vez más sobre un piso que no refleja el ingreso real del trabajador. Y si ese piso se achica, ¿quién termina pagando los platos rotos? Porque el costo de una obra social más pobre o de menos recursos para capacitación no lo paga el gobierno ni el empresario: lo paga el afiliado.

Fuente original: Boletín oficial - 20 de julio de 2026

Enlace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344514/20260720

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#ModernizaciónLaboral #DerechosLaborales #Aguinaldo #Sindicatos #Milei #EconomíaReal

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, puso a circular un anteproyecto de ley de más de cien artículos y ocho títulos. El texto, al que accedió Parlamentario el 18 de julio de 2026, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos. El objetivo declarado es eliminar restricciones, promover la competencia y digitalizar trámites, pero el alcance de la motosierra regulatoria toca actividades tan sensibles como la venta de remedios, el precio del gas envasado, el futuro de las librerías, el empleo en la marina mercante y el financiamiento de organismos como el IPCVA y la COVIAR. A diferencia del DNU 70/23, esta vez el Gobierno necesita que el Congreso convierta en ley la que sería una de las reformas más profundas desde que Javier Milei asumió la presidencia.

La iniciativa avanza sobre el Código Civil y Comercial, la ley de farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, las normas del mercado de capitales, los fideicomisos, las garantías y una larga lista de leyes históricas de arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, doblaje, precio uniforme del libro y regulación del gas licuado de petróleo. Cada modificación tiene un impacto directo en la vida cotidiana, y acá lo desglosamos sin eufemismos.

Farmacias: remedios de venta libre en cualquier comercio y recetas digitales

El capítulo que más va a sentir la gente es el que modifica la Ley de Farmacias (17.565). El proyecto habilita que los medicamentos de venta libre se comercialicen fuera de las farmacias. No especifica si será en supermercados, estaciones de servicio o kioscos, pero quita la exclusividad que hoy tienen los farmacéuticos. Además, autoriza la venta de medicamentos con receta por canales digitales y su entrega a domicilio. Las farmacias quedan en libertad para fijar los horarios de atención que quieran y para adoptar cualquier forma societaria permitida. Un punto clave: las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias, lo que puede reconfigurar por completo la cadena de distribución. Se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente. El texto también impulsa la digitalización de recetas y registros.

Gas licuado: se prohíbe regular precios y se deroga la ley 26.020

El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que reduce la intervención estatal a controles de seguridad. De manera explícita, prohíbe a la autoridad de aplicación regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. La reforma deroga por completo la ley 26.020, que era el marco regulatorio del sector, y elimina el artículo 74 de la ley 24.076. Millones de hogares que usan garrafa quedan sin un paraguas estatal para definir valores de referencia, algo que en invierno puede traducirse en aumentos sin techo.

Libros y doblaje: se caen dos leyes de protección cultural

La Secretaría de Cultura pasa a ser autoridad de aplicación y se derogan numerosos artículos de la ley de Fomento del Libro y la Lectura (25.446). Pero el golpe más fuerte es la eliminación de dos normas emblemáticas: la ley 23.316, vinculada al doblaje, y la ley 25.542, conocida como de precio uniforme del libro. Esta última obligaba a que un mismo libro se vendiera al mismo precio en todas las librerías del país. Su derogación permite que cada comercio fije el valor que quiera, lo que puede beneficiar a grandes superficies y plataformas, pero deja en desventaja a las librerías independientes.

Traductores públicos y corretaje: se caen las barreras de ingreso

En el rubro de traducciones, se deroga el artículo 6 de la ley 20.305 y se establece que el Ejecutivo solo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales, por razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales. Para ejercer el corretaje, en tanto, el proyecto elimina la mayoría de los requisitos actuales: solo pedirá ser mayor de edad y tener título secundario. Habilita a personas humanas y jurídicas, permite el uso de plataformas digitales y prohíbe futuras regulaciones que fijen aranceles, honorarios obligatorios, requisitos de residencia o incompatibilidades profesionales. Se derogan los artículos 31 a 35 de la ley 20.266 y el 1355 del Código Civil y Comercial.

Agro: adiós a los aportes obligatorios del IPCVA y a la COVIAR

El anteproyecto mete una transformación profunda en las cadenas agroindustriales. Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se eliminan a partir del 1° de octubre de 2027. Desde entonces, el organismo deberá mantenerse con aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones. En vitivinicultura, el impacto político es mayor: se deroga la ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y su Plan Estratégico. La entidad deberá cerrar, rendir cuentas y liquidarse; los fondos remanentes irán al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además, se elimina la ley 23.149 de fraccionamiento de vinos en origen y se modifican las normas de fiscalización, concentrándolas en el tramo final de la cadena.

Un dato no menor: se derogan íntegramente las leyes 13.246 y 14.432, que regulaban los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales. Los contratos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento, pero hacia adelante las relaciones entre dueños de campos y productores quedarán regidas por la libertad contractual sin las protecciones que esas normas establecían desde hace décadas.

Cabotaje: buques extranjeros y tripulación argentina gradual

El capítulo de marina mercante habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje en territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional se implementan de manera gradual: hasta 90 días de operación, sin obligación de contratar argentinos; de 91 a 180 días, un 20 %; de 181 a 360 días, un 40 %; y recién después de un año, un 75 %. Se deroga el decreto ley 19.492 de 1944, que reservaba carga para buques nacionales, y se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad. También se flexibilizan los requisitos de matrícula y se digitalizan los documentos de transporte marítimo.

Mercado financiero: blockchain, contratos inteligentes y prendas digitales

La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Se reconocen los contratos inteligentes, el uso de blockchain, los registros distribuidos y las prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual. Se crea un Sistema Federal de Registro de Garantías, se autorizan warrants digitales negociables en mercados y se habilitan cláusulas de indexación en pagarés y letras. Los fideicomisos ganan mayor protección frente a concursos y quiebras. La Comisión Nacional de Valores amplía facultades y se redefine gran parte de la ley 26.831, incorporando principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.

La letra chica de esta reforma financiera está escrita en código de modernización, pero el acceso a esas herramientas no es universal. La fuente no detalla cómo se va a garantizar que pequeños productores, comerciantes y ahorristas puedan operar con esa tecnología sin quedar excluidos de un sistema cada vez más veloz y digitalizado.

Lo que se juega en el Congreso

El anteproyecto que Sturzenegger puso a circular no es un DNU. Va a necesitar debate parlamentario y votos. Su magnitud es tal que modifica actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial. La promesa de “libertad” que impulsa el oficialismo contrasta con los efectos concretos: la posibilidad de comprar un analgésico en cualquier lado mientras la farmacia de la esquina evalúa si cierra los sábados, el precio de la garrafa sin ninguna referencia, la desaparición de la COVIAR y la pérdida de protección para los arrendatarios rurales. La fuente no opina, informa. Pero la magnitud de lo que está en juego obliga a preguntarse si esta “ola de desregulación” está preparada para amortiguar los impactos que va a generar en los sectores más vulnerables de la cadena productiva y social.

Fuente original: Parlamentario, 18 julio 2026

Enlace: https://www.parlamentario.com/2026/07/18/el-gobierno-impulsa-una-profunda-ola-de-desregulacion-que-alcanza-a-farmacias-cabotaje-corretaje-mercados-financieros-agro-y-cultura/

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#AnteproyectoDesregulacion #Sturzenegger #Farmacias #Cabotaje #AgroArgentino #ArgentinaDesigual

El lunes pasado no fue un día cualquiera para la City porteña. Mientras el Gobierno acreditaba el pago de servicios de la deuda a los bonistas locales, se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior en lo que va de julio. La coincidencia no fue casualidad.

El movimiento fue claro: los tenedores de bonos cobraron en pesos o en dólares locales y, en lugar de reinvertir en el mercado argentino, giraron los fondos al exterior. Una operación que, en la jerga financiera, se llama "dólar cable" o "contado con liqui", y que básicamente permite convertir activos locales en divisas genuinas fuera del país.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono. Es decir, el Estado necesita captar divisas para cubrir vencimientos o sostener reservas, justo en el momento en que los inversores que cobraron prefirieron irse.

El dato no es menor si se mira el calendario: el Tesoro enfrenta en lo que resta del año vencimientos importantes y el acceso a los mercados internacionales sigue siendo limitado. Por eso, la apuesta es el mercado local. Pero el timing jugó en contra: el mismo día que el Gobierno ponía plata en manos de los bonistas, una parte importante de esos fondos se evaporaba hacia el exterior.

La dinámica no es nueva, pero se profundiza en contextos de incertidumbre cambiaria y electoral. Los bonistas, en su mayoría fondos de inversión y grandes patrimonios, leen las señales del mercado y toman decisiones en fracciones de segundo. El pequeño ahorrista, en cambio, mira desde afuera cómo el dólar se mueve al ritmo de estas operaciones que parecen de otro planeta.

El problema de fondo es que esta lógica refuerza la dependencia del financiamiento externo y limita la capacidad del Gobierno para manejar la política cambiaria. Si los dólares que entran por colocaciones de deuda se van por la misma puerta giratoria, el esfuerzo por acumular reservas se vuelve un ejercicio de Sísifo.

Para el ciudadano común, esto se traduce en un dólar más caro, presión sobre los precios y menos herramientas del Estado para intervenir en el mercado. Cuando los grandes jugadores mueven sus fichas al exterior, el costo lo paga el que se queda con pesos y ve cómo su poder adquisitivo se licúa.

La jugada de Caputo con el nuevo bono busca precisamente romper ese círculo. La idea es ofrecer un instrumento atractivo para que los fondos queden en el país, pero la competencia es dura: afuera, las tasas de interés en dólares son positivas y el riesgo argentino sigue siendo alto. Hasta ahora, la confianza no parece ser el activo más abundante.

El lunes fue un termómetro, pero el martes y el miércoles mostraron un comportamiento similar. La salida de divisas no se detuvo, y el mercado empieza a preguntarse si el nuevo bono alcanzará para cubrir el bache. El riesgo país, que venía bajando lentamente, dio un respingo.

Lo que queda en juego no es menor: si el Gobierno no logra retener esos dólares, la presión sobre el tipo de cambio va a seguir aumentando. Y si el tipo de cambio sube, la inflación, que ya está alta, puede acelerarse aún más. La cadena es directa y el eslabón más débil es siempre el mismo: los sectores populares, que no tienen acceso a la bicicleta financiera ni a las cuentas en el exterior.

Mientras los bonistas juegan en el tablero global, el resto mira el precio del pan, el del transporte y el de la nafta. La distancia entre la City y el conurbano se mide en dólares, pero el impacto se siente en pesos. 

Fuente original: El destape, 14 de julio de 2026

Enlace: http://plancfk.blogspot.com/2026/07/bonistas-aprovecharon-pagos-del.html?m=1

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