Mientras Fernando Cerimedo cumple prisión preventiva en el penal de Palmasola, su celular peritado por la justicia boliviana sigue hablando. Y lo que dice no tiene nada que ver con estrategias de marketing político: expone una billetera de criptomonedas que movió más de 44 millones de dólares en solo seis meses. Este hallazgo, revelado por el senador opositor Leonardo Roca a partir del informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), transforma una causa por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, en la punta del ovillo de una red financiera que cruza fronteras y sacude los cimientos del gobierno de Rodrigo Paz.

El peritaje detectó un código de acceso en el dispositivo secuestrado tras el ataque de dos sicarios a Beller el 17 de agosto. Esa secuencia no era una anotación al azar: funcionaba como nodo central entre depósitos anónimos y una red de al menos diez cuentas de destino, una de las cuales movió varios millones en el mismo período. Según el rastreo, el dinero, originado en actividades de criptominería, fluía de una "billetera fría" (diseñada para almacenamiento seguro) a una "billetera caliente" (habilitada para liquidar activos en efectivo). El dato más inquietante es el saldo actual: menos de 9 dólares. La cuenta fue vaciada justo después de que Cerimedo quedara incomunicado, lo que indica que alguien más, con acceso a las claves, sigue operando la red desde la libertad.

• Este movimiento de fondos no ocurre en el vacío. Roca trazó una línea directa entre esta operatoria cripto y una casa de cambios allanada la semana pasada por la Justicia boliviana. Las cámaras de seguridad captaron al representante legal del local, identificado como Fritz Junior G.A., huyendo con un bolso que presuntamente contenía 700.000 dólares en efectivo. Mientras este hombre enfrenta prisión preventiva alegando haber "perdido" el dinero y defendiendo la legalidad de sus operaciones, el presidente Rodrigo Paz intentó poner distancia. En un video de cuatro minutos, admitió que Cerimedo colaboró en su campaña y arranque de gestión, pero juró que jamás hubo contrato, relación laboral ni autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia.

La versión oficial choca de frente con las denuncias de Beller, quien describe a Cerimedo como un "presidente en la sombra". Según su relato, el consultor manejaba desde sobreprecios en la distribución de combustible hasta la creación de equipos policiales de élite que le respondían directamente, además de orquestar pagos a legisladores para garantizar la aprobación de leyes. Este entramado es el núcleo de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en La Paz, donde Beller ya fue citada como testigo.

• Más allá de las cifras astronómicas, la gravedad del esquema radica en su costo humano y social. En Bolivia, Cerimedo no solo enfrenta la tentativa de feminicidio, sino también un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento de narcotráfico, a partir de indicios de vuelos irregulares detectados por la Fiscalía de Beni. En Argentina, la sombra se proyecta sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Beller aguarda declarar como testigo protegida ante el juez Ariel Lijo, asegurando tener grabaciones que vinculan a Cerimedo con el desvío de recursos que deberían asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Cuando los fondos se manejan en la opacidad de una billetera digital, el perjudicado final es siempre el ciudadano que depende de un Estado que, en lugar de proteger, se presta a ser vaciado.

La investigación ahora depende de la velocidad de dos sistemas judiciales. Roca ya pidió al fiscal a cargo que audite la cadena de custodia del celular y exhorte a los exchanges para identificar a los titulares finales de esas diez cuentas. Con Cerimedo bajo tres procesos penales simultáneos en Bolivia y una causa abierta en la Argentina, el reloj corre. La pregunta que queda sobre la mesa no es solo quién dio la orden de vaciar la billetera, sino cuántos otros nodos de esta red siguen operando en la impunidad mientras la justicia intenta alcanzarlos.

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Fuente: El Argentino Diario, 27 y 28 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentino.com.ar (Nota: enlace reconstruido basado en el dominio y fecha del medio proporcionado)

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#Cerimedo #Criptomonedas #InvestigaciónPeriodística #Bolivia #ANDIS #ArgentinaDesigual

El martillo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cayó sobre el patrimonio de la familia Kirchner y de Lázaro Báez con una precisión de relojería suiza. El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el embargo preventivo de 111 bienes —y sumando— con un objetivo claro: asegurar el cobro de los $684.990.350.139,86 que la causa Vialidad fijó como decomiso. La lista es un mapa del poder económico kirchnerista: el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria, los dúplex del Complejo Madero Center en Puerto Madero, el Hotel La Aldea del Chaltén, terrenos en El Calafate sobre la avenida que lleva el nombre de su marido, y las sociedades Hotesur y Los Sauces, a nombre de Máximo y Florencia.

La medida responde al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, después de que los condenados no depositaran ni un peso de la cifra millonaria. Hasta acá, la versión oficial del fallo. Pero si uno se corre del titular y lee el expediente con lupa, aparecen las preguntas incómodas que ningún comunicado judicial se anima a responder.

Las pruebas que se tambalean

• La causa Vialidad llegó a esta instancia de ejecución patrimonial con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, y sentencias similares para el resto de los implicados. Sin embargo, amplios sectores del mundo jurídico, académicos y observadores independientes han señalado, a lo largo de los años, que el cimiento probatorio del juicio tiene grietas profundas. Peritajes discutidos, testimonios que no terminan de cerrar, una interpretación extensiva del delito de asociación ilícita y un relato acusatorio que, para muchos especialistas, estira las reglas del derecho penal hasta romperlas.

Cuando las pruebas no son blindadas, la condena deja de ser un acto de justicia para convertirse en un acto de fe. Y cuando esa fe se apoya en un contexto político donde el gobierno nacional ha hecho de la persecución a la dirigencia anterior su bandera identitaria, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar. La justicia debe ser ciega, pero cuando sus tiempos parecen sincronizados con los del debate electoral, la desconfianza deja de ser una opinión para convertirse en una lectura razonable de los hechos.

Un mecanismo peligroso que nos alcanza a todos

Acá es donde la historia deja de ser un capítulo más de la grieta política y se vuelve un problema de todos. Si el Estado puede embargar y eventualmente rematar bienes bajo el paraguas de sentencias cuya base probatoria es cuestionable, se abre una puerta que después es muy difícil de cerrar. Hoy el blanco son una ex presidenta, sus hijos y un empresario ligado al poder anterior. Mañana, ese mismo mecanismo ágil de "embargo preventivo y remate exprés" puede aplicarse sobre viviendas de planes sociales, tierras comunitarias o pequeños contribuyentes, usando la misma lógica de eficiencia por sobre las garantías de un juicio justo.

No es una hipótesis remota. En un país donde el Poder Judicial ha demostrado históricamente que sus herramientas se usan con distinta intensidad según el color político del acusado, normalizar ejecuciones patrimoniales sobre sentencias dudosas es regalarle un arma al poder de turno. Y ese arma, tarde o temprano, termina apuntando hacia los que menos tienen.

Qué queda en juego? 

La defensa de Cristina Kirchner ya llevó la cuestión del decomiso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras esa instancia se define, los bienes quedan atrapados en un limbo: no se pueden vender, no se pueden hipotecar, no se pueden tocar. El tribunal insiste en que no se trata de garantizar una condena futura, sino de ejecutar una decisión ya adoptada. Pero si la decisión ya adoptada se sostiene sobre pruebas que se tambalean con el viento, la ejecución se convierte en un despojo con sello oficial.

Los $685 mil millones en pesos, en un país con inflación crónica, se licúan todos los meses. Los inmuebles embargados, en cambio, se ajustan al dólar y preservan su valor. El Estado corre una carrera que ya perdió en la largada: persigue ladrillos que valen mucho, para cobrar una deuda en papel que vale cada vez menos. Mientras tanto, 111 propiedades esperan el martillo del tasador, y la pregunta sigue flotando: ¿esto es justicia, o es otra forma de hacer política con los bienes ajenos?

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Fuente: PERFIL

Enlace: www.perfil.com

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#CausaVialidad #CristinaKirchner #LázaroBáez #JusticiaArgentina #ArgentinaDesigual #EmbargoKirchner

Más de 1,84 millones de bonaerenses figuran hoy en mora, asfixiados por créditos con tasas que escalan sin control. Mientras desde el Gobierno nacional se suele desestimar esta realidad como un mero conflicto "entre privados", en La Plata la Legislatura intenta construir un dique de contención. Ya hay diez proyectos de ley en discusión que buscan frenar el ahogo financiero de los hogares, marcando una fractura política clara entre la provincia y la Nación sobre cómo proteger el bolsillo de la gente.

El núcleo de esta respuesta legislativa apunta a desactivar la trampa del crédito abusivo. La diputada Ana Luz Balor (Unión por la Patria), con respaldo del gobernador Axel Kicillof, impulsa dos medidas clave. La primera busca blindar a las familias incorporando la figura del "sobreendeudamiento" en la Ley Provincial de Defensa del Consumidor (N° 13.133). Esto habilitaría una mediación administrativa obligatoria y congelaría embargos y ejecuciones judiciales por 90 días para quienes demuestren esta condición. Su segunda propuesta ataca directamente el hostigamiento: busca prohibir y sancionar el acoso telefónico, las amenazas y la exposición pública por parte de las empresas de cobranza, un vacío legal que se expandió tras la derogación de normativas nacionales que regulaban a estos estudios.

Esta ofensiva no nace en el vacío. Responde a un deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia. "Las familias no se endeudan para comprar televisores o viajar, sino para pagar servicios y comprar alimentos", señaló Balor. En paralelo, el Senado analiza propuestas como el "Régimen Extraordinario de Regularización" del bloque HECHOS, impulsado por Marcelo Leguizamón, para deudas con más de 90 días de mora. A esto se suma la iniciativa de Sofía Vannelli para declarar un "mínimo vital protegido" inembargable con rehabilitación judicial gratuita en las OMIC, y el proyecto de Noelia Saavedra para poner freno a la selva de los créditos desregulados que operan a través de aplicaciones móviles.

Aquí es necesario marcar una línea divisoria que el debate público suele difuminar: no todas las deudas responden a la misma lógica. Mientras el paquete de leyes mencionado busca proteger al consumidor de la voracidad del mercado financiero, existe un frente legislativo paralelo que aborda la morosidad alimentaria. Iniciativas como la del diputado Ricardo Lissalde, que propone negar beneficios fiscales (como descuentos en Inmobiliario o Patentes) a deudores de alimentos, operan bajo una lógica de sanción y garantía de derechos, no de alivio económico. Esta medida se articula con la reciente actualización de la Ley 13.074, que permite inscribir a los deudores en el Registro de Morosos desde el primer incumplimiento, eliminando la antigua espera de tres cuotas. Presentar ambas realidades como parte de una misma "respuesta" contra la crisis de endeudamiento genera una falsa equivalencia: en un caso, el Estado intenta poner un límite al abuso del mercado; en el otro, busca garantizar el sustento de niños, niñas y adolescentes mediante la presión fiscal.

La definición de estas normas en las cámaras determinará si la provincia logra establecer mecanismos efectivos de protección o si la regulación del crédito seguirá fragmentada. La ventana de acción se estrecha a medida que los plazos de mora se acumulan, y el resultado final definirá qué tipo de red de seguridad tendrá la población bonaerense frente a la presión financiera en los próximos años.

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Fuente: DataClave, 2024

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/en-la-legislatura-bonaerense-ya-hay-10-proyectos-que-buscan-frenar-la-crisis-por-las-deudas-de-las-familias_a6a8ef133f2f309cbd3c19516

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#DeudaFamiliar #LegislaturaBonaerense #DefensaDelConsumidor #ArgentinaDesigual #CrisisEconómica #DerechosSociales

Decir que el Presidente actúa por un "brote" o una enfermedad mental parece el ataque más feroz que se le puede hacer. Sin embargo, es un regalo envenenado. Al convertir sus decisiones políticas en meros síntomas clínicos, le estamos quitando responsabilidad. Lo transformamos en una víctima de su propia neurología, mientras su gobierno avanza con una agenda que sabe, a ciencia cierta, que va a lastimar. La pregunta urgente que nos debemos hacer hoy no es si está sano o enfermo, sino cuánto hay de voluntad consciente, cálculo frío y consentimiento en un poder que conoce el daño y decide perseverar.

• Los hechos están sobre la mesa y no necesitan de inventos. Cuando Javier Milei calificó a estudiantes, periodistas e investigadores como "terroristas disfrazados", la reacción de su propia coalición no fue marcar un límite ético. Victoria Villarruel salió a hablar de "persecuciones imaginarias" y, días después, el ministro bonaerense Carlos Bianco confesó haber consultado a una inteligencia artificial para trasladar al debate un supuesto diagnóstico de "delirio persecutorio". Así, una declaración de un jefe de Estado contra comunidades enteras dejó de tratarse como un acto político para ser medicalizado como un síntoma.

Esta narrativa se alimenta de rumores que ya fueron desmentidos. En 2023 circuló una falsa historia clínica atribuida al FLENI que mencionaba esquizofrenia y clozapina. En febrero de 2025, otra operación de relato intentó instalar un supuesto brote psicótico en Olivos con un traslado en helicóptero de Karina Milei; la imagen era vieja y el propio autor de la publicación admitió que solo buscaba repercusión.

Pero que esas pruebas sean falsas no blanquea la conducta. Lo que sí está documentado es la consulta a Celia Melamed, vinculada al reiki, el chamanismo y la comunicación empática con animales, durante el duelo por su perro Conan, incluyendo su posterior clonación. Más grave aún: en febrero de 2025 se confirmó una "limpieza energética" con palo santo, vinagre y hierbas en un despacho de la Casa Rosada, una práctica impulsada por su entorno íntimo dentro de la sede misma del Poder Ejecutivo.

• Esto no es una excentricidad de pasillo. Es una pedagogía política con un objetivo claro. El vocabulario presidencial no es un desborde casual; es una herramienta. Llamar "degenerados fiscales" a legisladores, hablar de "parásitos mentales" que convierten a la gente en zombis o etiquetar a la comunidad universitaria como infiltrados cumple una función precisa: deshumanizar.

Cuando el adversario deja de ser alguien que piensa distinto para convertirse en una "contaminación" que debe ser extirpada, el insulto se transforma en justificación. Y no son palabras al viento. En el conflicto por el financiamiento universitario, el veto presidencial fue rechazado por el Parlamento, la aplicación de la ley fue reclamada judicialmente y la controversia escaló hasta la Corte Suprema. Persistir en ese camino no es falta de información; es una voluntad política que calcula costos, conoce el conflicto y sostiene su dirección a pesar de las advertencias institucionales.

¿Y a vos qué te importa esto? Porque cuando el poder define a jubilados, científicos o estudiantes como "parásitos" o "terroristas", el daño material que reciben deja de ser una injusticia para ser narrado como un "saneamiento necesario".

El recorte presupuestario, la represión o la estigmatización ya no se ven como ataques a derechos, sino como medidas de "defensa" del orden. La eficiencia se convierte en una contabilidad fría que registra números mientras borra personas. Para los sectores más vulnerables, esta lógica es una sentencia: su sufrimiento se reduce a una variable estadística, una molestia colateral en una misión que se cree por encima de cualquier corrección moral. La libertad se vuelve licencia del fuerte y el equilibrio fiscal, un fetiche desconectado de la justicia.

El verdadero peligro no reside en un diagnóstico médico inexistente, sino en una voluntad activa que organiza el daño. Una conducción que deshumaniza, que invierte el sentido de bienes como la justicia y que incorpora prácticas vinculadas al ocultismo en la esfera estatal construye una atmósfera de oscurantismo.

La responsabilidad no es solo de quien ocupa el sillón de Rivadavia. Es compartida por el círculo íntimo que valida esta visión del mundo y protege su aislamiento; por los ministros y legisladores que traducen esos impulsos en decretos y recortes; y por aquellos que, sin creer del todo, colaboran mientras les conviene. Reducir todo esto a "locura" es conceder una inocencia que los hechos no autorizan. La historia no juzgará los síntomas, sino las consecuencias.

Si esta situación te toca de cerca, si contás con videos, documentos o una denuncia sobre cómo estas políticas afectan tu comunidad, tu barrio o tu lugar de trabajo, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta y desarmar los relatos que buscan ocultar la realidad.

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Fuente: KontraInfo / Noticias Holísticas, 18 de agosto de 2026

Enlace: https://noticiasholisticas.com.ar/la-coartada-de-la-locura-por-ivone-alves-garcia/

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#ArgentinaDesigual #InvestigaciónPeriodística #DerechosSociales #Transparencia #PolíticaArgentina #ImpactoReal

Este martes trascendió una versión sobre un eventual reordenamiento interno en el peronismo con vistas a las elecciones de 2027. Según la información difundida, Axel Kicillof sería considerado como posible candidato presidencial, mientras que Sergio Massa se perfilaría como eventual postulante a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado, este supuesto entendimiento habría sido tratado durante una reunión reservada en la Ciudad de Buenos Aires. De concretarse, el objetivo de esta estrategia sería evitar una competencia electoral directa entre ambos dirigentes y distribuir sus candidaturas entre el ámbito nacional y el provincial.

En este marco, se observa que Kicillof está profundizando su construcción política con proyección nacional, ampliando su presencia fuera de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, Massa ha reactivado la estructura del Frente Renovador y su organización territorial en el distrito bonaerense.

Esta posibilidad surge en un momento en el que el Partido Justicialista busca ordenar sus distintos sectores y definir el mecanismo para la selección de candidaturas de cara a 2027. Dentro de estas discusiones, la continuidad de las elecciones PASO y la dinámica entre las distintas corrientes internas ocupan un lugar central en la agenda del espacio.

Hasta el momento, ni Axel Kicillof ni Sergio Massa han confirmado públicamente esta versión sobre un supuesto acuerdo, por lo que el escenario político al respecto permanece abierto y sujeto a definiciones futuras.

Fuente: Última Noticia BA, 25 de agosto de 2026

Enlace: https://ultimanoticiaba.com/2026/08/25/kicillof-y-massa-reordenan-el-tablero-del-peronismo-rumbo-a-2027-una-version-los-ubica-en-la-carrera-presidencial-y-bonaerense/

#Politica #Argentina #Peronismo #Kicillof #Massa #Elecciones2027

Manuel Adorni no respondió. Pidió más tiempo. La defensa del exjefe de Gabinete presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo para postergar la contestación de las 20 preguntas que le formuló el fiscal Gerardo Pollicita. El plazo original vencía este miércoles. Ahora la pelota está del lado del magistrado.

El argumento de Adorni es que no tuvo acceso a todas las evidencias del expediente. En particular, reclaman ver el contenido del celular del contratista Matías Tabar, entregado voluntariamente a la Justicia. De ahí se extrajeron chats, llamadas y documentación sobre las refacciones en la casa del country Indio Cuá.

Pero mientras la defensa gana tiempo, el expediente ya tiene material de sobra. La fiscalía trabajó durante la feria judicial y cruzó el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones con las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El resultado: un listado de inconsistencias que dio origen al requerimiento patrimonial.

Los números son contundentes. El grupo familiar declaró ingresos lícitos por $229.752.283,20. Pero los gastos y adquisiciones relevados en el mismo período alcanzaron $272.820.832,20. La diferencia, $43.068.549, no encuentra explicación suficiente. Y eso es solo en pesos.

En dólares, la cosa empeora. El expediente contabilizó gastos por US$402.578,12. De ese total, US$374.081,66 se pagaron en efectivo. La fiscalía quiere saber de dónde salió esa plata. Porque no aparece en los ingresos comprobados.

Uno de los capítulos centrales son las refacciones en la propiedad de Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró haber recibido US$245.000 por los trabajos. Adorni tendrá que explicar el origen de esos fondos y aportar documentación que respalde los pagos. El celular de Tabar es clave para la fiscalía.

Pero hay más. La investigación detectó un salto patrimonial difícil de creer. En junio de 2026, Adorni rectificó sus declaraciones juradas. Los bienes declarados al cierre de 2023 pasaron de $61.018.251,10 a $515.479.434,62. Los de 2024 subieron de $107.894.833,66 a $662.646.891,98. Es decir, en un año, el patrimonio se multiplicó por ocho. La fiscalía exige saber de dónde salió semejante diferencia.

Y no es solo la plata. El informe detectó que el 79,3% del patrimonio inicial había sido declarado sin datos suficientes para verificarlo. También desaparecieron dos deudas con el Banco Galicia que figuraban en versiones anteriores. Las rectificaciones son un punto de conflicto: ¿por qué se modificaron las cifras después de que avanzara la causa?

La operatoria con criptomonedas también aparece en el centro. Adorni declaró ante Binance un capital de US$250.000 que nunca exteriorizó ante la Oficina Anticorrupción. La investigación reconstruyó movimientos por US$269.550,36 durante el período analizado. El fiscal le pide que explique el origen y el destino de cada uno de esos fondos.

Los gastos cotidianos son un capítulo aparte. La fiscalía detectó compras de ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa del country y proyectores para videojuegos. Además, hay consumos con tarjetas de crédito propias y con plásticos que, según la causa, le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del Gobierno.

Otro punto sensible: la Jeep Compass. Adorni declaró el vehículo como un bien del que poseía el 50%, valorado en $21.500.000. Pero la concesionaria facturó el total a nombre de Angeletti. La fiscalía quiere saber quién puso la plata y por qué no se declaró correctamente.

Las herencias y donaciones también están bajo la lupa. Adorni declaró bienes recibidos por herencia, legado o donación por $10.211.200 en 2024 y $73.000.000 en 2025. La fiscalía reclama que identifique quién entregó esos fondos, cuándo y con qué documento. Porque en un año, las donaciones superaron el valor de muchas viviendas.

La tenencia de dólares en efectivo es otro interrogante. Adorni informó US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de una supuesta “venta de activos”. La fiscalía le pide identificar qué bienes se vendieron, a quiénes y con qué respaldo.

También se detectaron diferencias entre lo declarado ante la Oficina Anticorrupción y lo registrado por ARCA. En 2024, Adorni declaró $52.080.752,65 por renta del trabajo personal. ARCA registró $50.196.182,57. Una diferencia de $1.884.570,08 que nadie explicó.

Los pagos a través de terceros son un capítulo que complica aún más. La fiscalía detectó operaciones con Gisela Kocsis y Laura Daniela Schiuma, además de mutuos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. Adorni tendrá que acreditar la existencia de esos préstamos, la entrega de los fondos y su aplicación real.

El requerimiento también cuestiona el consumo. Adorni declaró consumo cero para 2024. Luego rectificó y puso $118.989.413,58. Con otros gastos, las aplicaciones no patrimoniales de ese ejercicio llegaron a $169.457.489,25. La fiscalía pide que explique cómo se determinó esa cifra y de dónde salió la plata.

Para el común de la gente, cada dato del expediente golpea distinto. Mientras un trabajador registra cada transferencia y paga impuestos por cada peso, un exjefe de Gabinete pide prórroga para explicar 43 millones de pesos de diferencia, gastos en dólares en efectivo, una cascada para la pileta y una camioneta facturada a nombre de su esposa. La imagen no necesita adjetivos.

La decisión ahora está en manos del juez Lijo. Si acepta la postergación, la causa seguirá avanzando lento, pero el expediente ya tiene material suficiente para sostener el debate público. Si la rechaza, Adorni deberá responder las 20 preguntas sin más excusas. Lo que ya no se puede ocultar es que, por primera vez, la Justicia le puso números a un estilo de vida que no coincide con los ingresos declarados. Y eso, en un país donde la plata no alcanza, es noticia.

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Fuente: Data Clave

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/adorni-pidio-una-prorroga-para-justificar-su-patrimonio-en-la-causa-por-enriquecimiento-ilicito_a6a8ca990a06855a899c93de6

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#Adorni #EnriquecimientoIlícito #JusticiaArgentina #Transparencia #RendiciónDeCuentas #ArgentinaDesigual

El concejal Germán Díaz (52), de La Libertad Avanza en el municipio bonaerense de Bragado, quedó detenido e imputado por presunta comercialización de estupefacientes. La aprehensión se concretó durante un allanamiento en su vivienda de la localidad de O'Brien, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 a pedido de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes.

En el operativo, la Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, sustancias de corte y una balanza de precisión digital. No encontraron a un consumidor ocasional: hallaron los elementos típicos de un punto de fraccionamiento.

La causa se originó cuando vecinos de O'Brien alertaron sobre maniobras de narcomenudeo durante una reunión con el intendente Sergio Barenghi (Unión por la Patria). En ese encuentro, señalaron directamente al concejal como el presunto responsable de la venta de drogas en la zona.

Díaz no es un desconocido para la Justicia. En abril de 2024, ya había sido investigado por una plantación de cannabis en una propiedad de su pareja en O'Brien. En aquel entonces, logró justificarse demostrando que operaba bajo la Ley Nacional de Semillas como criadero inscripto ante el INASE para producción industrial y medicinal. Esa excusa no le alcanzó ahora.

El edil permanece alojado en una dependencia policial y será trasladado en las próximas horas a los tribunales de Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

Tras conocerse la detención, el bloque de concejales de La Libertad Avanza en Bragado, encabezado por Daniela Monzón, emitió un comunicado en el que repudian cualquier vínculo con el narcotráfico y sostienen que el caso debe esclarecerse en la Justicia, con respeto a las garantías procesales.

Mientras tanto, las distintas bancadas del Concejo Deliberante convocaron a una reunión de interbloque para analizar el caso y evaluar sanciones disciplinarias o una eventual suspensión de Díaz, en línea con lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La pregunta que muchos vecinos de Bragado, Chivilcoy, Luján y Mercedes se hacen es simple: si un concejal podía operar así, ¿cuántas estructuras políticas más están siendo usadas como fachada para el narcotráfico en el interior bonaerense?

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Fuentes consultadas:

· Perfil: "Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido y acusado por venta de drogas" (23/08/2026)

· Infobae: "Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza acusado de vender drogas en Bragado" (23/08/2026)

· La Nación: "Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Bragado por orden de la Justicia" (23/08/2026)

· TN: "Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Bragado por presunta venta de drogas" (23/08/2026)

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Javier Milei aseguró este sábado, en una entrevista radial, que cortó todo vínculo con Fernando Cerimedo desde el año 2023. Sin embargo, los registros de acceso a la Casa de Gobierno cuentan una historia distinta: el consultor, actualmente detenido en Bolivia por el intento de homicidio de su ex novia, ingresó a la Rosada en doce oportunidades exclusivas durante 2024. La distancia que el Presidente intenta imponer frente a los micrófonos choca de frente con la agenda oficial de su propio gobierno.

La contradicción salió a la luz cuando el conductor Gabriel Anello le consultó directamente por el escándalo. Lejos de una respuesta fluida, Milei acumuló ocho "digamos" en pocos segundos para sostener que el ex asesor "no forma parte del espacio" y atribuir el caso a una operación del "castrochavismo". Pero los papeles no mienten. Tras una primera visita el 18 de diciembre de 2023, las reuniones se multiplicaron al año siguiente: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio vieron entrar a Cerimedo a la Casa de Gobierno, incluyendo dos encuentros específicos con la Secretaría General que conduce Karina Milei. A esto se suma lo señalado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció la vigencia de un contrato con Latin America Advisory Group (LAAG) para hacer lobby en Estados Unidos, un acuerdo donde figura el nombre del propio Presidente.

Este entramado no es un hecho aislado, sino parte de una red de influencias que ya dejó marcas institucionales. En 2024, la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según declaró la víctima del atentado, Nadia Beller, desde su cama de hospital, el consultor facturaba 800 mil dólares por sus asesorías en Buenos Aires y señalaba a Karina Milei como la "cabecilla" de un esquema de coimas dentro de ese mismo organismo. Beller fue aún más lejos: aseguró que Cerimedo le confesó que se había pagado a la conductora Fátima Flórez "para humanizar, tener relaciones discretas y manejar y complicar a políticos".

Más allá de la pelea política, el trasfondo de esta historia golpea donde más duele. Cuando existe la sospecha de que un organismo destinado a proteger a las personas con discapacidad se utiliza como moneda de cambio para colocar allegados o lavar imágenes públicas, el perjudicado directo es el ciudadano que depende de esos recursos. La asignación de cargos y contratos millonarios en áreas sensibles deja en evidencia una vulnerabilidad del Estado que termina pagando la población más desprotegida.

Lo que queda en juego no es solo una discusión sobre fechas, sino la credibilidad de un relato que prometió transparencia absoluta. Mientras la justicia boliviana avanza con la investigación por intento de homicidio y las causas locales empiezan a mirar el destino de los fondos de la Andis, la palabra del Presidente ya fue dicha. Ahora le corresponde a los registros oficiales y a los expedientes judiciales cerrar la brecha entre lo que se dice al aire y lo que realmente sucede detrás de las puertas de la Rosada.

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Fuente original: La Política Online, 23 de agosto de 2026

Enlace: https://www.lapoliticaonline.com/politica/milei-mintio-dijo-que-desde-2023-no-ve-a-cerimedo-y-le-enrostraron-12-visitas-a-la-rosada-en-2024-8463/

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