Los estafados con $LIBRA no se rinden: fueron a mediación, no hubo acuerdo y ahora preparan una demanda civil para recuperar hasta el último dólar
Treinta personas que perdieron sus ahorros en el colapso de la criptomoneda $LIBRA acaban de cumplir un paso decisivo en los tribunales de San Isidro. Se sentaron a mediar con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los señalados como responsables del proyecto. No hubo acuerdo. Nadie ofreció reparar nada. Ahora el camino queda despejado para una demanda civil por daños y perjuicios que buscará tocarles el bolsillo a los organizadores de lo que los damnificados consideran una estafa.
- La audiencia de mediación prejudicial se realizó el 3 de agosto de 2026. Era un trámite obligatorio antes de presentar la acción ante un juzgado civil. Los abogados de los inversores y los representantes legales de Novelli y Terrones Godoy intercambiaron posturas durante la reunión virtual. El resultado fue un acta donde consta que las partes no llegaron a ningún entendimiento. Sin arreglo extrajudicial, la demanda se vuelve inevitable.
- Esa demanda se presentará en la Argentina, a pesar de que entre los damnificados hay ciudadanos de Estados Unidos, Corea del Sur, China, España y también argentinos. Todos pusieron plata real —en algunos casos, ahorros de años— en un token que valía casi cero cuando el presidente Javier Milei lo difundió en sus redes sociales y que horas después se desplomó más del 90 por ciento. Los montos perdidos van desde los 5.000 hasta los 50.000 dólares por persona.
- Los treinta ahorristas que ahora activan la vía civil son los mismos que habían sido aceptados como querellantes en la causa penal que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano los apartaron del expediente con el argumento de que no lograron acreditar un perjuicio individual y concreto que los distinga del universo de inversores afectados.
Esa exclusión no está firme. Los damnificados, representados por el abogado Nicolás Oszust, apelaron la decisión. La Sala I de la Cámara Federal porteña ya fijó una audiencia para el 10 de agosto. Ese día los querellantes expondrán sus argumentos ante los jueces y pedirán que los repongan en la causa. Lo que está en discusión es quién controla e impulsa el expediente penal: si solo el fiscal Taiano, cuya actuación viene siendo cuestionada por los damnificados, o también las víctimas que quieren participar de manera activa.
Mientras ese capítulo se resuelve, los treinta afectados no se quedaron quietos. Abrieron un segundo frente judicial. Y apuntaron directamente contra las personas que, según la investigación, oficiaron de nexos entre los desarrolladores del token y el entorno presidencial. Novelli y Terrones Godoy están imputados en la causa penal por presunta estafa, asociación ilícita y manipulación de mercado. La demanda civil los pone en la mira por el daño patrimonial concreto que sufrieron los ahorristas.
La maniobra investigada es tan simple como devastadora. Se creó una criptomoneda sin respaldo, se la infló con compras coordinadas desde billeteras internas, se la promocionó con el tuit del presidente y, cuando el precio tocó un pico artificial, los desarrolladores retiraron la liquidez. Cerca de 100 millones de dólares volaron en minutos. El resto de los inversores se quedó con papeles digitales sin valor.
- La demanda civil que se avecina no apunta a discutir si hubo delito —eso es materia penal— sino a demostrar que existió un hecho ilícito, que los demandados participaron en él y que ese obrar causó un daño económico directo. Los damnificados pedirán la restitución del capital invertido más intereses, el resarcimiento por daño moral y el lucro cesante. También solicitarán medidas cautelares para inmovilizar bienes de los demandados y asegurar el eventual cobro de una sentencia favorable.
El camino elegido por estos treinta ahorristas tiene una ventaja: no depende de los tiempos de la justicia penal. Si la Cámara Federal los deja definitivamente afuera de la causa, la demanda civil seguirá su curso. Alcanza con probar el perjuicio y la conexión con la conducta de los demandados.
El caso $LIBRA explotó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X un contrato para adquirir el token y lo presentó como una herramienta para financiar emprendimientos locales. Esa tarde, la criptomoneda se disparó y se derrumbó en menos de seis horas. La oposición pidió juicio político, las calles se llenaron de manifestantes y la imagen presidencial se resintió en las encuestas. A más de un año del episodio, la investigación judicial avanza a paso lento y ningún responsable fue condenado.
En ese contexto, la demanda civil que ahora se activa representa la primera vez que los organizadores deberán enfrentar un reclamo patrimonial directo de las víctimas. Ya no se trata de un expediente que duerme en un juzgado ni de una puja política entre oficialismo y oposición. Hay personas concretas que perdieron plata y que van a reclamar hasta el último centavo.
La mediación fracasada del 3 de agosto es el punto de partida. Las próximas semanas serán decisivas: se conocerá la postura de la Cámara sobre los querellantes, se definirá la lista definitiva de demandados y se presentará la demanda civil con el monto exacto del reclamo. Lo que viene es un proceso que promete ser extenso, complejo y que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial argentino para reparar daños causados en un mercado que, durante años, se movió fuera de todo control.
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Fuente original: La Nación, 3 de agosto de 2026
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