El gobierno de Milei recaudó $1,5 billones para rutas, ejecutó apenas el 26% y colocó el resto en plazos fijos y bonos del Tesoro
Cada vez que cargás nafta, una parte de lo que pagás va a un fondo que tiene un solo destino: construir y mantener las rutas por las que circulás. Está escrito en las normas que le dieron origen. Sin embargo, durante los últimos dos años y medio, tres de cada cuatro pesos que ingresaron a ese fondo no tocaron el asfalto. Terminaron en plazos fijos y bonos del Estado.
La cifra es tan concreta como difícil de digerir: entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado —más conocido como SisVial— recaudó más de 1,5 billones de pesos. Aplicó a obras viales apenas 394.406 millones. El resto, más de un billón de pesos, seguía al cierre de mayo colocado en inversiones financieras o inmovilizado en una cuenta corriente. La tasa de subejecución roza el 74 por ciento.
Los números no surgen de una filtración ni de un informe partidario. Los reconstruyó LA NACION a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública. Son los papeles del propio Estado los que cuentan esta historia.
El mecanismo es sencillo de explicar. El SisVial es un subsistema de un fideicomiso creado por el decreto 976 del año 2001. Se alimenta con un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y su propósito es inequívoco: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. Nació por exigencia del Banco Mundial como condición para aprobar un préstamo a la Argentina. La idea era blindar ese dinero y evitar que, como ya había ocurrido, la recaudación terminara tapando agujeros del gasto corriente. En la práctica, se diseñó una caja blindada con llave jurídica.
Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, esa caja se fue vaciando de obra pública y se llenó de instrumentos financieros. Durante 2024, el SisVial recaudó 360.238 millones de pesos. Solo ejecutó el 11,3 por ciento: 40.668 millones. El año pasado, un año atravesado por elecciones y negociaciones legislativas, la ejecución trepó al 39 por ciento: 270.592 millones sobre 692.514 millones recaudados. La mejora, sin embargo, duró poco. Entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse al 18,5 por ciento: apenas 83.144 millones aplicados sobre 450.500 millones ingresados.
El destino del dinero ocioso cambió de color con el tiempo. Hasta mediados de 2025, el fideicomiso guardaba casi todo en plazos fijos del Banco Nación. Después, la cartera mutó. En junio los títulos públicos representaban el 11,5 por ciento. En julio saltaron al 61,5. En agosto, al 79,4. Al terminar diciembre, la totalidad de los 664.494 millones invertidos estaba en letras del Tesoro. A fines de mayo de este año, el SisVial exhibía una cartera de 1.001.018 millones de pesos: 854.234 millones en títulos públicos y 146.784 millones en plazos fijos. Otros 37.761 millones dormían en una cuenta corriente.
Ese volantazo financiero no fue casual. Los estados contables del Banco Nación al 30 de junio de 2025 dejaron asentado que la entidad le informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía el detalle de los pagos realizados “conforme las instrucciones recibidas”. Y agregaron que la banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025”. Dicho de otro modo: alguien en el Palacio de Hacienda decidía cuánto y en qué instrumento colocar los fondos que debían ir a las rutas.
La cadena de mando está clara. Desde marzo de 2024, el Ministerio de Economía concentra la decisión final sobre los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado. Luis Caputo, como titular de la cartera, delegó esas facultades en su secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija. Pero con una condición: cada movimiento requiere la intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión, según consignan los propios balances del fideicomiso, “tiene carácter vinculante”. LA NACION consultó a Caputo y a sus colaboradores. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Mientras la plata de los combustibles engrosaba la “mesa de dinero” oficial —así la definió un exdirector del BICE ante la consulta periodística—, el estado de las rutas nacionales siguió empeorando. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó a fines de 2025 que entre el 65 y el 70 por ciento de la red vial se encuentra en estado regular o malo. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló de rutas “heridas, rotas y olvidadas”. Su par santafesino, Maximiliano Pullaro, denunció que muchas rutas nacionales que atraviesan su provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.
- Un economista especializado en asuntos públicos le puso números concretos a ese deterioro. Tomando como referencia el costo por kilómetro de la última licitación de Vialidad Nacional, calculó que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras se podrían haber intervenido entre 20 mil y 25 mil kilómetros de la red vial durante la gestión Milei. Eso equivale a casi dos tercios de todas las rutas nacionales. “Los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”, sintetizó ante la consulta de este diario.
Los organismos de control no aparecen en la película. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación no revisaron la ejecución de este fideicomiso en los últimos años. Los auditores externos que analizaron un préstamo de la CAF para corredores logísticos dejaron una observación filosa: al momento de la auditoría, el aporte del Estado nacional con fondos de contraparte local era “nulo (0%)”.
Un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema ofreció una clave para entender lo que pasó. La Argentina no tuvo presupuesto en 2024 ni en 2025 y funcionó con el de 2023 prorrogado. Sin ley de presupuesto, explicó, se generó “una bolsa de recursos” en los fondos fiduciarios que quedó sujeta a un margen de discrecionalidad mucho mayor. El Congreso sancionó el Presupuesto 2026 a fines del año pasado, pero los fondos fiduciarios conservan amplios márgenes de reasignación.
- El Banco Nación, por su parte, se escudó en un rol puramente administrativo. “Nosotros, como fiduciario, solo podemos actuar como ‘tesorería’ del SisVial”, respondieron ante la consulta de LA NACION. “Solo podemos ejecutar las órdenes que nos imparte el Palacio de Hacienda y las observaciones deben hacerlas la Sigen o la AGN o los auditores externos”. La figura del “buen hombre de negocios” que exige el Código Civil parece quedar diluida cuando las instrucciones bajan desde el ministerio.
El resultado está a la vista de cualquier persona que tome la ruta. Un impuesto creado con un destino específico e indisponible termina funcionando como una fuente de financiamiento barato para el Tesoro. La pregunta que sobrevuela cada informe mensual de la cuenta 330.902/9 es incómoda pero inevitable: si los fondos existen, si están disponibles y si las rutas se caen a pedazos, ¿por qué la plata no llega al asfalto?
- Los más de un billón de pesos que al cierre de mayo seguían en plazos fijos, letras y bonos equivalen a miles de kilómetros de rutas que no se repararon, a pueblos que quedaron más aislados, a transportistas que rompieron sus vehículos y a vidas que se perdieron en caminos que el propio Estado reconoce como intransitables. La norma dice una cosa. La hoja de balance del fideicomiso, otra bien distinta.
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Fuente original: La Nación, 9 de agosto de 2026. Por Alconada Mon
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