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Política y actualidad
Imputaron a Julio Garro, ex intendente del PRO, por enriquecimiento ilícito y 400 loteos ilegales
Julio Garro, ex intendente de La Plata, bonaerense, por el PRO, fue imputado por corrupción y enriquecimiento ilícito. La actual investigación detectó más de 400 loteos habilitados ilegalmente, desvío de fondos públicos y retribuciones millonarias por “firmas rápidas”. Hay 2.000 familias damnificadas que no podrán escriturar. Ya había sido imputado con María Eugenia Vidal en la misma causa Mesa Judicial.
Julio Garro, ex intendente de La Plata por el PRO, quedó imputado por corrupción y enriquecimiento ilícito. La acusación lo señala como responsable de haber montado un esquema de habilitaciones ilegales en más de 400 loteos inmobiliarios. La noticia importa ahora porque alcanza a miles de vecinos y porque la causa penal ya puso el patrimonio del exfuncionario en el centro de la escena.
La maniobra, calificada como fraudulenta, desvió fondos públicos, engañó a miles de vecinos y dejó barrios promocionados como VIP sin ningún sustento legal. La investigación habla de un saqueo planificado. No se trata de una simple falla administrativa: el expediente sostiene que las habilitaciones irregulares se usaron para sostener un negocio inmobiliario sin controles.
El avance penal acorrala al ex intendente. Su patrimonio quedó bajo la lupa por millonarias retribuciones que habría recibido a cambio de lo que en la causa se menciona como “firmas rápidas”. Esas autorizaciones exprés permitieron que los loteos salieran al mercado sin cumplir los requisitos básicos. Al mismo tiempo, 2.000 familias damnificadas descubren que jamás podrán escriturar. La investigación desnudó una omisión adrede de controles para beneficiar a empresarios amigos.
El delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando un funcionario no puede justificar el origen de su patrimonio. En este caso, la imputación apunta a que las retribuciones por “firmas rápidas” explican ese crecimiento. La justicia deberá cotejar ingresos, bienes y movimientos bancarios para confirmar o descartar esa hipótesis.
No poder escriturar significa no ser dueño legal del terreno. Esas familias no pueden vender, heredar ni usar la propiedad como garantía. Pagaron por un lugar que, en los papeles, no existe como tal. Ese es el daño concreto que dejó el esquema investigado.
El caso no arranca de cero para Garro. Ya estuvo imputado junto a María Eugenia Vidal en la causa Mesa Judicial. Allí se investigó un sistema donde funcionarios y espías armaban causas falsas contra peronistas y sindicalistas. La justicia imputó a ambos por ese espionaje a inocentes. Sin embargo, Vidal logró blanquear su situación y quedó fuera del expediente. Garro no corrió la misma suerte: quedó en total soledad ante la ley.
Ese antecedente enmarca la nueva imputación. En los dos procesos aparece una lógica similar: el uso del aparato público para fines privados, ya sea persiguiendo opositores o habilitando negocios inmobiliarios sin control. La justicia ahora tiene la tarea de confirmar o descartar esas sospechas.
La omisión de controles no fue un error de gestión, según la investigación. Se dejaron de hacer verificaciones que eran obligatorias para que los emprendimientos pudieran venderse rápido. El objetivo, siempre de acuerdo al expediente, era beneficiar a empresarios con llegada al municipio.
Por lo pronto, el avance penal acorrala al ex intendente. La investigación sobre su patrimonio y las “firmas rápidas” recién comienza. Las 2.000 familias damnificadas, en cambio, ya viven las consecuencias: no tienen escritura y no saben si alguna vez podrán tenerla. El caso deja en evidencia cómo la falta de controles puede transformar un proyecto de vivienda en una trampa.
Queda en juego la responsabilidad penal de un ex jefe comunal y la posibilidad de que las familias afectadas encuentren una salida. El expediente dirá si las imputaciones se sostienen y si hubo otras personas o empresas involucradas. La sociedad platense, mientras tanto, mira de cerca un caso que une corrupción, negocios inmobiliarios y miles de vecinos estafados.
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Fuente original: Diario Clarín
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