El Gobierno la anunció como doctora en Inteligencia Artificial, pero la carrera no existe y su diploma salió de una entidad que vende títulos falsos
Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con una presentación que prometía solidez académica: doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencias de desarrollo de software de Inteligencia Artificial. La noticia duró lo que tardó en verificarse un detalle: esa carrera no existe. El título que respaldaba su designación fue emitido por una entidad virtual en Honolulu que vende diplomas falsos por internet.
La confirmación no dejó margen para la duda. La flamante funcionaria no tiene título universitario ni es doctora en absolutamente nada. El “doctorado trucho” que presentó desató el escándalo y puso a la oposición en alerta. El pedido de interpelación no tardó en llegar. La interpelación es el mecanismo que obliga a una funcionaria a presentarse ante los legisladores para dar explicaciones formales sobre su designación y sus antecedentes.
Ante esa presión, el Gobierno reaccionó de una manera elocuente: bajó el comunicado de la página oficial y dejó el nombramiento en la nada. El anuncio que presentaba a Baravalle desapareció de los canales institucionales. Actualmente, el Ejecutivo solo dejó la referencia a su supuesto paso como investigadora en un laboratorio de la Universidad Austral. Nada más.
La decisión de retirar el comunicado sin ofrecer una aclaración pública profundiza la incertidumbre. El área de ciencia, tecnología e innovación vuelve a quedar bajo una nube de dudas. Una designación cuestionada, un título falso y una carrera que no existe son el cóctel perfecto para que la polémica se instale en la agenda pública.
El hecho no es menor para quienes miran la gestión del Estado. Si una persona puede asumir un cargo de esa jerarquía sin que nadie verifique su formación académica, queda expuesta una falla en los controles previos a las designaciones. La confianza en las instituciones no se sostiene solo con discursos: se construye con actos administrativos que garanticen idoneidad.
La oposición pidió explicaciones, el Gobierno respondió borrando. Esa secuencia deja más preguntas que respuestas. ¿Qué antecedentes se revisaron antes de anunciar a Baravalle? ¿Quién validó el doctorado? ¿La baja del comunicado implica una marcha atrás en la designación o solo un cambio en la comunicación? El silencio oficial no resuelve ninguna de esas dudas.
Lo que queda en juego es el funcionamiento de una secretaría que, por su nombre, debería ser ejemplo de rigor. La ciencia exige método, evidencia y verificación. La política, en cambio, a veces premia la improvisación. Que una funcionaria haya presentado un título inexistente para ocupar un despacho público obliga a revisar cómo se nombra y cómo se controla a quienes administran áreas sensibles para el desarrollo del país.
La incertidumbre no es gratis: cada día sin definiciones es un día en el que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene una conducción legitimada. Para los sectores que dependen de sus decisiones, la espera se vuelve insostenible. Y para la ciudadanía, el episodio refuerza una sensación de que las designaciones públicas no siempre pasan por los filtros mínimos de verificación.
El caso Baravalle no se cierra con la eliminación de un comunicado. Recién empieza. La oposición mantiene su pedido de interpelación, la funcionaria queda envuelta en un escándalo de títulos falsos y el Gobierno no ha dado una versión oficial que explique el error. La ciencia, en todo esto, no es la única que queda en evidencia.
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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente)
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