El 85% de los argentinos no votaría a Milei en 2027, según una encuesta nacional que apunta contra Karina Milei, Bullrich y la ANDIS
Una encuesta de alcance nacional difundida por Encuesta&Política reveló que el 85 por ciento de las personas consultadas rechaza la reelección de Javier Milei para las elecciones de 2027. El relevamiento no se limitó a medir la intención de voto: también apuntó contra figuras del entorno presidencial y puso en el centro de la escena denuncias vinculadas al manejo de fondos destinados a pensiones por discapacidad. El dato aparece en un momento de malestar social por el rumbo económico y la política de venta de activos públicos.
Un informe señala que la mayoría de los encuestados identifica a ciertos integrantes de la administración de los hermanos Milei como responsables de prácticas irregulares. Las denuncias se concentran en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Según el material, el cobro de comisiones ilegales y el desvío de recursos que debían llegar a personas vulnerables generan sospechas sobre la transparencia de la gestión. La publicación menciona los nombres de Karina Milei y Patricia Bullrich en relación con ese organismo, aunque no detalla responsabilidades individuales.
La encuesta plantea una comparación con “los viejos métodos del clan Menem” para describir el modus operandi que se atribuye a esos manejos. Esa referencia remite a una etapa de la política argentina marcada por escándalos de corrupción y pérdida de confianza en las instituciones. Su presencia en el relevamiento indica que parte del electorado asocia la gestión actual con prácticas que creía superadas.
El rechazo social que refleja la encuesta no se limita a la corrupción. La caída del poder adquisitivo y el aumento de tarifas aparecen como dos de los motivos centrales del descontento. Los consultados hablan de asfixia económica y de una pérdida sostenida de ingresos reales. Ese malestar ya se expresa en las calles con protestas que exigen un cambio urgente de rumbo. La fuente menciona que las movilizaciones se multiplican mientras la mayoría de los hogares ajusta sus gastos para llegar a fin de mes.
En paralelo, el relevamiento aborda el capítulo de las privatizaciones. La aceleración en la entrega de activos estatales despierta críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de vender recursos estratégicos. Las concesiones a capitales extranjeros y la venta de patrimonio público alimentan la idea de un vaciamiento del Estado. Según el informe, esa política compromete la soberanía y pone en riesgo sectores productivos clave.
El impacto concreto de estos tres frentes —corrupción, ajuste económico y privatizaciones— recae sobre los sectores más vulnerables. Si se confirman las irregularidades en la ANDIS, las personas con discapacidad que dependen de una pensión habrían sido directamente perjudicadas por el desvío de fondos. A la vez, la suba de tarifas golpea a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos. La venta de activos públicos reduce la capacidad del Estado para intervenir en la economía y proteger a quienes no pueden defenderse solos.
Lo que queda en juego es la credibilidad de la gestión y la posibilidad de sostener un proyecto político más allá de 2027. El 85 por ciento de rechazo que arroja la encuesta es un dato contundente, pero también un límite para cualquier intento de reelección. El Gobierno enfrenta denuncias que tocan a personas de su entorno más cercano, un malestar económico que no cede y una política de privatizaciones que divide aguas. La combinación de esos factores define un escenario de alta conflictividad para lo que resta del mandato.
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Fuente original: Encuesta&Política, sin fecha especificada en el material suministrado.
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