Causa Vialidad: el embargo de 111 bienes a los Kirchner y Báez por $685 mil millones avanza en medio de cuestionamientos sobre la solidez probatoria del fallo

El martillo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cayó sobre el patrimonio de la familia Kirchner y de Lázaro Báez con una precisión de relojería suiza. El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el embargo preventivo de 111 bienes —y sumando— con un objetivo claro: asegurar el cobro de los $684.990.350.139,86 que la causa Vialidad fijó como decomiso. La lista es un mapa del poder económico kirchnerista: el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria, los dúplex del Complejo Madero Center en Puerto Madero, el Hotel La Aldea del Chaltén, terrenos en El Calafate sobre la avenida que lleva el nombre de su marido, y las sociedades Hotesur y Los Sauces, a nombre de Máximo y Florencia.

La medida responde al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, después de que los condenados no depositaran ni un peso de la cifra millonaria. Hasta acá, la versión oficial del fallo. Pero si uno se corre del titular y lee el expediente con lupa, aparecen las preguntas incómodas que ningún comunicado judicial se anima a responder.

Las pruebas que se tambalean

• La causa Vialidad llegó a esta instancia de ejecución patrimonial con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, y sentencias similares para el resto de los implicados. Sin embargo, amplios sectores del mundo jurídico, académicos y observadores independientes han señalado, a lo largo de los años, que el cimiento probatorio del juicio tiene grietas profundas. Peritajes discutidos, testimonios que no terminan de cerrar, una interpretación extensiva del delito de asociación ilícita y un relato acusatorio que, para muchos especialistas, estira las reglas del derecho penal hasta romperlas.

Cuando las pruebas no son blindadas, la condena deja de ser un acto de justicia para convertirse en un acto de fe. Y cuando esa fe se apoya en un contexto político donde el gobierno nacional ha hecho de la persecución a la dirigencia anterior su bandera identitaria, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar. La justicia debe ser ciega, pero cuando sus tiempos parecen sincronizados con los del debate electoral, la desconfianza deja de ser una opinión para convertirse en una lectura razonable de los hechos.

Un mecanismo peligroso que nos alcanza a todos

Acá es donde la historia deja de ser un capítulo más de la grieta política y se vuelve un problema de todos. Si el Estado puede embargar y eventualmente rematar bienes bajo el paraguas de sentencias cuya base probatoria es cuestionable, se abre una puerta que después es muy difícil de cerrar. Hoy el blanco son una ex presidenta, sus hijos y un empresario ligado al poder anterior. Mañana, ese mismo mecanismo ágil de "embargo preventivo y remate exprés" puede aplicarse sobre viviendas de planes sociales, tierras comunitarias o pequeños contribuyentes, usando la misma lógica de eficiencia por sobre las garantías de un juicio justo.

No es una hipótesis remota. En un país donde el Poder Judicial ha demostrado históricamente que sus herramientas se usan con distinta intensidad según el color político del acusado, normalizar ejecuciones patrimoniales sobre sentencias dudosas es regalarle un arma al poder de turno. Y ese arma, tarde o temprano, termina apuntando hacia los que menos tienen.

Qué queda en juego? 

La defensa de Cristina Kirchner ya llevó la cuestión del decomiso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras esa instancia se define, los bienes quedan atrapados en un limbo: no se pueden vender, no se pueden hipotecar, no se pueden tocar. El tribunal insiste en que no se trata de garantizar una condena futura, sino de ejecutar una decisión ya adoptada. Pero si la decisión ya adoptada se sostiene sobre pruebas que se tambalean con el viento, la ejecución se convierte en un despojo con sello oficial.

Los $685 mil millones en pesos, en un país con inflación crónica, se licúan todos los meses. Los inmuebles embargados, en cambio, se ajustan al dólar y preservan su valor. El Estado corre una carrera que ya perdió en la largada: persigue ladrillos que valen mucho, para cobrar una deuda en papel que vale cada vez menos. Mientras tanto, 111 propiedades esperan el martillo del tasador, y la pregunta sigue flotando: ¿esto es justicia, o es otra forma de hacer política con los bienes ajenos?

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Fuente: PERFIL

Enlace: www.perfil.com

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