Denunciaron a Rockhopper y Navitas para frenar un proyecto petrolero en Malvinas: piden suspender perforaciones y embargar US$156 millones
Dos organizaciones argentinas llevaron a la Justicia Federal de Río Grande una demanda preventiva por daño ambiental colectivo para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, también llamado “León Marino”, en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta contra Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development, de capitales israelíes, por avanzar sobre la plataforma continental argentina sin autorización nacional y sin evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.
El caso importa ahora porque el proyecto ya tiene calendario. Según la información incorporada por los denunciantes, durante 2026 comenzaron trabajos sobre el muelle y la base terrestre, la perforación está prevista para comienzos de 2027 y la producción podría arrancar en 2028. La explotación, además, está proyectada por más de 30 años.
- La acción fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ambas organizaciones pidieron la suspensión inmediata de obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino, además del freno de las operaciones financieras vinculadas al proyecto. También solicitaron un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre bienes y activos de las compañías involucradas.
- El proyecto Sea Lion se ubica aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b. El plan contempla la extracción de más de 1.300 millones de barriles de crudo, una cifra que explica por qué el expediente no solo abre una discusión ambiental, sino también económica y de soberanía.
La ingeniería prevista es de gran escala. En sus primeras dos etapas, el desarrollo incluye 23 pozos submarinos: 16 productores de petróleo, 6 de inyección de agua y 1 de inyección de gas. También contempla cañerías, equipos instalados sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
- El punto central de la demanda es que las compañías no hicieron ante la Argentina las presentaciones necesarias para explorar o explotar hidrocarburos. Tampoco iniciaron el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ese dato no surge solo de la postura de los denunciantes: en enero de 2026, AAdeAA pidió información pública a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Economía, y las respuestas oficiales confirmaron la ausencia de esos trámites.
Por eso, las organizaciones sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica en las Islas no reemplazan las obligaciones legales frente al Estado argentino. En el expediente, los impulsores de la acción plantean que esas autorizaciones deben ser declaradas inoponibles a la República Argentina.
- La demanda también pone bajo la lupa los antecedentes de las empresas. Según AAdeAA y el CECIM, Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional, y en 2013 fue inhabilitada durante 20 años para operar en el país. En el caso de Navitas, las organizaciones sostienen que recibió sanciones equivalentes en 2022.
La distribución del negocio también quedó detallada en la presentación: Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper conserva el 35%. Por eso, además del freno a las obras, las organizaciones reclaman que las empresas identifiquen a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores que financian la explotación.
El impacto ambiental señalado en el expediente no se limita a una hipótesis general. Las organizaciones advierten sobre perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, uso de sustancias químicas y eventuales derrames. También alertan que las corrientes marinas podrían extender los efectos hacia zonas utilizadas por distintas especies para alimentarse, reproducirse y migrar.
La preocupación de fondo es que, una vez producido el daño, la reparación puede ser muy difícil o directamente imposible. En términos concretos, lo que se discute es si una explotación de esta magnitud puede avanzar sin que el Estado argentino y la sociedad accedan a la información, evalúen los riesgos y decidan sobre recursos ubicados en la plataforma continental argentina.
El planteo jurídico incorpora además la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, vinculada a la prohibición de modificaciones unilaterales en territorios cuya soberanía está en disputa.
Los demandantes sintetizaron esa lectura con una frase fuerte: “El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo”. La definición conecta el expediente ambiental con una disputa de larga duración: quién decide sobre los recursos del Atlántico Sur y bajo qué reglas.
Ahora será el Juzgado Federal de Río Grande el que deberá analizar los pedidos: suspender obras y perforaciones, bloquear operaciones financieras, ordenar el embargo preventivo por más de 156 millones de dólares, exigir información sobre los financiadores y definir si las licencias británicas pueden tener algún efecto frente a la legislación argentina. Lo que queda en juego es si el proyecto avanza hacia el hecho consumado o si la Justicia interviene antes de que la explotación empiece a transformar el lecho marino.
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Fuente: C5N, 1 de septiembre de 2026
Enlace: https://www.c5n.com/politica/presentaron-una-demanda-frenar-un-proyecto-petrolero-britanico-israelien-malvinas-n247715
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