Custodia, auto oficial y multas millonarias: la encrucijada judicial de Adorni a tres meses de su renuncia
Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, pero el Estado sigue pagando la cuenta de su movilidad y su seguridad. A casi tres meses de su renuncia, el exfuncionario mantiene una custodia de las fuerzas federales y circula en una camioneta oficial que acumula multas millonarias. La urgencia del caso estalla este miércoles: vence el plazo fatal que la Justicia le concedió para justificar su evolución patrimonial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Los números no mienten. El vehículo, una Toyota SW4 2022, pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), ente que preside Daniel Scioli. Según el registro público, acumula más de 50 infracciones de tránsito. En la Ciudad de Buenos Aires figuran cuatro multas recientes por 1,8 millones de pesos, y en la Provincia hay 27 boletas que suman 1,3 millones, ocho de ellas emitidas después de que Adorni dejara el cargo. El detalle más llamativo ocurrió esta semana: tras ser fotografiado por la prensa en la vía pública, un registro previo que mostraba 144 multas porteñas por 61 millones de pesos desapareció del sistema, para ser reemplazado horas después por un puñado de infracciones vigentes.
¿Cómo se sostiene este esquema? El Inprotur formalizó un permiso de uso a favor de la Jefatura de Gabinete en enero de 2025, cuando el área estaba a cargo de Guillermo Francos. La dependencia turística aclara que todos los gastos corren por cuenta de esa jurisdicción. Sin embargo, el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, no utiliza el vehículo. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, defiende la custodia policial como un protocolo estándar de seis meses para exfuncionarios de alto rango, basado en una evaluación de riesgo, aunque fuentes del ámbito admiten que es una medida poco habitual para un exjefe de Gabinete.
La pregunta que te tenés que hacer es simple: ¿quién banca este gasto? Cada día que ese vehículo circula y cada peso destinado a mantener un esquema de seguridad extendido sale del presupuesto público. En una economía donde los recursos se ajustan al centavo para los sectores más vulnerables, que el Estado subsidie los traslados y las infracciones de quien ya no ejerce una función activa profundiza la brecha de desigualdad y erosiona la confianza en la administración de lo común.
- El reloj judicial no perdona. El fiscal Gerardo Pollicita espera la documentación que respalde los movimientos de dinero de Adorni, un desafío mayor tras su propia admisión en junio sobre ahorros no declarados en criptomonedas. Lo que se define en los próximos días no es solo un trámite administrativo; es la prueba de fuego sobre si las prerrogativas del poder tienen un límite real o si la ley opera con distintos criterios para quienes ocuparon la cúspide del Estado.
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Fuente: LA NACION, 18 de septiembre de 2026
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