Adorni presentó un escrito de 77 páginas para intentar justificar ante la Justicia un salto patrimonial del 119%
Al filo del plazo establecido por el juez Ariel Lijo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 77 páginas para responder al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es justificar las inconsistencias halladas en sus declaraciones juradas, de las cuales se desprende un incremento patrimonial del 119% entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, con divergencias detectadas por 43 millones de pesos y 400.000 dólares.
La hipótesis de las criptomonedas
El núcleo de la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, replica los argumentos que Adorni ya había esbozado en entrevistas previas a su renuncia: el crecimiento patrimonial proviene de la compra y venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.
Según el escrito, en las declaraciones de 2023 y 2024 figuraban fondos como “venta de activos” que correspondían, en realidad, a la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin por montos cercanos a los 600.000 dólares. La defensa detalla que estas operaciones se realizaron de manera personal y en efectivo. Para acreditar la titularidad, Adorni habría firmado mensajes con las claves privadas de dichas billeteras y las habría entregado a la Justicia en un sobre "cerrado y lacrado".
“Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad”, sostiene el texto, que asegura que la evolución patrimonial "encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica".
El argumento del "ahorro informal"
Para explicar por qué estos fondos no fueron declarados oportunamente, los letrados apelaron al "contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años". Argumentan que mantener ahorros en efectivo y moneda extranjera, fuera del sistema bancario y del radar de la ARCA, "no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo".
De la austeridad al gasto inmobiliario
La presentación aborda el punto más cuestionado: por qué, si los fondos existían desde 2018, el gasto en inmuebles y viajes comenzó recién en 2023. Los abogados afirman que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, "optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’", priorizando el ahorro para la educación de sus hijos y su jubilación.
Esta dinámica cambió al asumir la función pública por "razones de seguridad", lo que motivó el abandono del departamento de la calle Asamblea. "Lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá [...] que les permitiese disfrutar, junto a los niños, del aire libre", indica el escrito.
Detalle de las operaciones
El documento precisa el origen de los fondos para las adquisiciones específicas
- Inmueble en calle Miró 550: Ante la pregunta del fiscal por el pago en efectivo, el escrito responde que proviene de los "dólares ahorrados y disponibles". Adorni adquirió la propiedad a dos jubiladas abonando 30.000 dólares en efectivo (nota: la fuente original presenta un error tipográfico indicando "30.00 dólares"), con el compromiso de saldar los 200.000 dólares restantes en un año, sin intereses.
- Casa en Indio Cuá: Adorni rechazó la cifra de 245.000 dólares para la remodelación, estimada por el contratista Matías Tabar, sosteniendo que el costo fue de 175.000 dólares pagados con "ahorros". La compra del lote, por 120.000 dólares, se financió con un mutuo con garantía hipotecaria de 100.000 dólares sobre el inmueble de Asamblea 1132, abonando el saldo de 20.000 dólares en efectivo bajo la custodia de Angeletti
Rectificaciones y ausencia de dolo
Finalmente, la defensa busca desarmar la presunción de ocultamiento. El escrito destaca que el patrimonio que el fiscal tuvo a la vista ya correspondía a las declaraciones juradas rectificadas. Citando declaraciones públicas de su asistido, califican las omisiones iniciales como "un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario".
Como prueba de buena fe, el texto resalta que Adorni "abonó las obligaciones tributarias resultantes de las declaraciones rectificadas", una conducta que, a criterio de sus abogados, resulta "incompatible con el propósito de ocultar".
Fuente: Basado en la información publicada por Página 12.
