Caso $LIBRA: un nuevo intento de cerrar la causa penal en la Argentina se topa con un fiscal que no atiende y con condiciones que nadie quiere cumplir
Pasaron más de quince meses desde el estallido del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que en febrero de 2025 dejó pérdidas por más de 250 millones de dólares entre pequeños y grandes inversores. Y la causa penal que investiga a Javier Milei, a su hermana Karina, al empresario estadounidense Hayden Davis y a otros acusados sigue sin encontrar una salida. En las últimas semanas, un nuevo intento por cerrar el caso sin condenas comenzó a gestarse, esta vez impulsado por el abogado mediático Fernando Burlando.
El letrado recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondéo los pasillos del poder con una idea precisa: usar la figura de “reparación integral del daño” que prevé el Código Penal. Si los responsables pagan una indemnización que cubra la totalidad del perjuicio económico a los damnificados, la acción penal podría extinguirse. Pero el plan se estrelló casi de inmediato.
El primero en cerrarle la puerta fue el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación. Burlando se acercó a su despacho y no logró siquiera que lo atendieran. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió el abogado ante sus allegados, según reconstruyó el diario LA NACION a partir del testimonio de cinco fuentes oficiales y privadas. En los pasillos judiciales, Burlando ya se refiere a Taiano como “el fiscal anti víctimas” por su negativa a recibir a los damnificados por el colapso de la criptomoneda.
Dos obstáculos que frenan cualquier acuerdo
Pero más allá de la resistencia del fiscal, el intento de Burlando chocó con dos condiciones de fondo. La primera: Hayden Davis, el empresario estadounidense que participó del lanzamiento de $LIBRA, sostiene —a través de sus abogados— que no hubo fraude. Sin reconocer el ilícito, difícilmente acceda a resarcir a los inversores. La segunda: cualquier arreglo que involucre una reparación económica exigiría que antes sean exculpados el presidente Javier Milei y su hermana Karina, ambos imputados en la causa.
Esa última condición no es menor. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION recordaron que el Código Penal no permite la extinción de la acción penal por reparación integral del daño cuando hay funcionarios públicos imputados en el expediente. Y en esta causa, los Milei están en esa lista, junto con el empresario Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy, entre otros.
El actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, ya había marcado el terreno el año pasado durante un intento similar. Según reveló LA NACION en noviembre pasado, Viola transmitió como condición innegociable que, para que una salida de ese tipo prospere, las querellas deben primero despegar a Javier y Karina Milei de la investigación.
El problema de la representación y el “fronting”
A los escollos legales se suma una dificultad práctica: Burlando no habla en nombre de todos los damnificados. El expediente penal contempla al menos dos grupos de inversores, y el patrocinio del abogado mediático es cuestionado por algunos de ellos. “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner”, admitió una fuente oficial al tanto de los vaivenes.
Burlando, por su parte, insiste en que los acusados no dimensionan la gravedad del asunto. “Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial”, les planteó a los damnificados. Y agregó: “Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar”. El abogado califica esa actitud como una “miopía” difícil de comprender.
Del lado de las defensas, la postura de Davis es tajante. Sus abogados sostienen que probar un fraude será muy difícil y que, por lo tanto, el empresario estadounidense no tendría obligación de resarcir a nadie. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral pierde su motor. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció el propio Burlando.
Tres intentos fallidos y un mismo problema
Este es el tercer intento por cerrar el caso $LIBRA en la Argentina. El primero ocurrió en junio de 2025, cuando la defensa de Davis sondéo la posibilidad de depositar cerca de 100 millones de dólares en una cuenta judicial para extinguir la acción penal. El segundo fue una audiencia de mediación civil que mantuvieron los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá —que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los 4,5 millones de dólares— con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV Sergio Morales. Esa audiencia también quedó trunca. En ese contexto, un colaborador de Burlando incluso sondéo sin éxito al abogado penalista de Davis en Buenos Aires, Marcos Salt.
El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”: nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. En las conversaciones llegó a barajarse la posibilidad de que una plataforma del mercado cripto actuara como intermediaria, pero la propuesta generó rechazo por los riesgos legales y reputacionales.
Una advertencia con fecha electoral
Burlando, mientras tanto, sostiene que el tiempo juega en contra del Gobierno. “Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente”, afirmó. Y dejó una advertencia con fecha concreta en el horizonte: “Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos”.
Por ahora, el fiscal Taiano no da señales de querer recibir a los damnificados, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi —que estaba de licencia cuando Burlando hizo su movida— aún no ha impulsado ninguna salida de este tipo. La causa sigue abierta, con más de 250 millones de dólares en pérdidas, inversores frustrados y un laberinto judicial que, por tercera vez, no encuentra la puerta de salida.
Fuente original: LA NACION, 15 de junio de 2026 –
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