Narcoescándalo: el fiscal Dominguez pidió la indagatoria de Espert y el juez le congeló los bienes
La causa que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero sumó este miércoles un avance significativo. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dominguez, solicitó formalmente que el economista sea citado a indagatoria, al igual que el contador Mariano Cosentino y los representantes de la empresa Varianza, señalada como la posible estructura societaria utilizada para mover los fondos bajo sospecha. El juez Lino Mirabelli todavía no fijó las audiencias, pero ya tomó una decisión que limita los movimientos del dirigente: dispuso una medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, que les impide vender, transferir o modificar su patrimonio mientras avanza la investigación.
El magistrado quiere ir paso por paso y con las pruebas ordenadas. Por eso, antes de resolver las indagatorias, sumó al expediente una instrucción concreta: que se incorporen todos los audios intercambiados entre las personas investigadas y que se analicen en detalle los correos electrónicos que puedan reconstruir cómo se movió el dinero. En un tramo de la resolución a la que accedió El Destape, Mirabelli pidió examinar las comunicaciones "que hayan mantenido presuntamente José Luis Espert, Mariano Cosentino, Mercedes Armendares y/o Fernando Escobar, entre sí o con terceras personas, durante el espectro temporal de interés", y sumar aquellas que resulten útiles para la pesquisa.
Un financista detenido y una campaña bajo la lupa
El eje de la causa es el vínculo de Espert con Fred Machado, un empresario que hace más de seis meses está preso en Estados Unidos después de declararse culpable de fraude y lavado de dinero ante la justicia de ese país. Fue el propio Machado quien admitió haber financiado la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. No solo aportó efectivo: también le facilitó dos aviones de su propiedad, una camioneta y otros recursos.
La investigación comenzó a tomar forma en septiembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta bancaria estadounidense que, según la fiscalía, está directamente vinculada a Machado. A partir de esa pista, Dominguez empezó a seguir el rastro de otras operaciones: movimientos por 135.000 dólares, 230 millones de pesos, compras de inmuebles y la adquisición de vehículos de alta gama que, para los investigadores, no se explican con la evolución patrimonial anterior del exdiputado.
La revelación del caso tuvo un costo político inmediato. La información se hizo pública apenas veinte días antes de las elecciones legislativas de 2025, y la presión mediática y partidaria forzó a Espert a renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Era una de las figuras de mayor peso simbólico para el oficialismo: apenas unos meses antes, en junio de 2025, había sido el encargado de presentar el proyecto de ley de Inocencia Fiscal que finalmente se sancionó con el apoyo de los bloques aliados al Gobierno.
El pedido de "inocencia fiscal" que ahora lo alcanza
Esa misma ley volvió a cobrar notoriedad en los últimos días, cuando trascendió que una extensa lista de funcionarios del Ejecutivo iniciaron los trámites para acogerse a sus beneficios. Entre ellos figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —sacudido por un escándalo de enriquecimiento ilícito— y el propio Espert. El régimen permite sincerar incrementos patrimoniales de ejercicios fiscales ya cerrados mediante una simple declaración de ingresos, sin necesidad de justificar el origen de los fondos.
La paradoja es elocuente: quien impulsó la norma con el argumento de "blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco" ahora busca protegerse con esa misma herramienta mientras la justicia penal intenta determinar si ese ahorro que se quiere blanquear fiscalmente fue posible gracias a una maniobra de lavado.
Mientras el pedido administrativo de Espert sigue su trámite, en el expediente penal los tiempos los maneja Mirabelli. La causa ya tiene los bienes del exlegislador inmovilizados, la confesión de Machado en Estados Unidos y una serie de comunicaciones pendientes de análisis que pueden ser determinantes para definir si el financista fue un simple aportante de campaña o la pata local de un circuito de dinero sucio.
Fuente: El Destape web, 17 de junio de 2026.
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