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Una cumbre en Washington convocada por Marco Rubio instaló la idea de un "resurgimiento del terrorismo" en América Latina. Tres semanas después, Milei llamó "terroristas" a estudiantes, docentes y periodistas. La SIDE ya había firmado un contrato de lobby por 10.000 dólares mensuales con una consultora de exagentes del FBI. Y un Ilyushin de una aerolínea acusada de tráfico de armas aterrizó en Ezeiza sin explicación oficial.
El 16 y 17 de julio pasado, mientras el invierno argentino transcurría sin sobresaltos, en Washington se terminaba de delinear una arquitectura que hoy interpela de lleno a la democracia argentina. El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, convocó a una Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Sentó a la mesa al director del FBI, Kash Patel, al asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y, como único orador extranjero invitado al almuerzo oficial, al canciller argentino Pablo Quirno. En la sala también estaba José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE.
Lo que Rubio planteó esa tarde no fue una advertencia genérica. Hizo un repaso del historial de violencia política latinoamericana de los años setenta —tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso— y desde ahí instaló la idea de un resurgimiento actual de esa amenaza, sin precisar jamás contra quién ni en qué país. La solución, dijo, era «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera».
Tres semanas después, el 3 de agosto, Javier Milei se sentó en el living de Luis Majul en LN+ y dijo: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores». Cuando Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional», el Presidente respondió que no, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».
La frase cayó a días del 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y advirtió que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. No era una comparación forzada: en 2010, durante el juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente al pensador italiano Antonio Gramsci para caracterizar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para apuntar contra los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.
La investigación de El Argentino Diario que se conoce este 10 de agosto revela que la frase presidencial no fue una ocurrencia aislada, sino la punta visible de un entramado que une inteligencia, lobby, traslado de armamento y propaganda cruzada entre gobiernos. Un esquema que, por su lógica de funcionamiento, replica estructuralmente la «fase psicológica» que el Plan Cóndor institucionalizó en 1975.
Desde que Milei asumió, la SIDE recibió refuerzos presupuestarios sucesivos. En julio de 2024, el Gobierno le giró 100.000 millones de pesos que el Congreso rechazó y que el Ejecutivo tuvo que devolver en diciembre. En marzo de 2025 sumó 1.600 millones más, en mayo otros 8.017 millones y en julio de este año otros 7.500 millones. Todos esos fondos son reservados. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por el oficialista Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, pero los gastos reservados son la única partida del Estado que no rinde cuentas detalladas ante nadie.
Con esa caja sin auditoría externa, el 12 de febrero de 2025 la SIDE firmó un contrato con la consultora de lobby Tactic Global por 10.000 dólares mensuales. Lo rubricó Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. El contrato nunca se informó al Congreso.
Tactic Global no es una firma menor. La crearon el empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense, y Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina. Bennett llegó a ese acuerdo con un antecedente penal inmediato: en enero de 2024 había firmado un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de falsificar, ocultar y encubrir información para trabar una investigación sobre lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no ejercer lobby extranjero durante 18 meses. Con esa inhabilitación vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El acceso directo a la Casa Rosada se lo facilitó Santiago Caputo.
En junio de 2026, Tactic Global dio de baja formalmente la representación de la SIDE ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados. El mismo día también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia. En paralelo, apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes, con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme que CRB Global sea Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario es demasiado exacta para ser casual.
El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, operado por la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza después de un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y Buenos Aires. Cuatro continentes con una escala en Dakar que ninguna explicación operativa evidente justifica.
Silk Way no es una aerolínea convencional. Transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente las ofensivas militares azerbaiyanas: antes del ataque final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. El proyecto Organized Crime and Corruption Reporting documentó que la aerolínea movió armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial.
La aeronave que llegó a Ezeiza opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.
El 24 de julio, apenas una semana después de la cumbre de Washington, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, aterrizó en Buenos Aires. Se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. El tema central fue el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por decreto el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI.
El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con los fondos reservados del organismo y su función declarada es integrar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, la ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a la visita de Bailey, el Gobierno sumó los 7.500 millones de pesos a los fondos reservados.
El engranaje que la investigación reconstruye tiene una pata propagandística precisa. Peter Kornbluh, el investigador que documentó los archivos desclasificados del Plan Cóndor original, llamó «fase psicológica» al mecanismo de insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon: secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa que revistas masivas reprodujeron sin cuestionar.
Medio siglo después, el esquema se reactualiza. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en la red social X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración original, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.
En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump. En esas grabaciones, Hernández explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos con el objetivo de golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y mencionaría que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios —propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto— es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.
El 31 de diciembre de 2025, con el país en pausa por las fiestas, Milei firmó el DNU 941/2025. La norma reorganizó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional: concentró la conducción estratégica en la SIDE, creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y habilitó a los organismos del sistema a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo más cuestionado incorporó la facultad de que el personal de inteligencia «proceda a la aprehensión de personas» en casos de flagrancia o requerimiento judicial, sin contemplar ningún control judicial previo. El decreto también declaró que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto», transformando el secreto en regla y no en excepción.
Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la norma viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La entonces comisión bicameral, presidida por Martín Lousteau, rechazó el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE y cursó planteos escritos que Auguadra nunca respondió. Se presentaron decenas de recursos de amparo que la Justicia rechazó al no encontrar amenazas concretas. El decreto nunca fue impugnado por el Congreso.
A fines de agosto, la Comisión Bicameral de Fiscalización, ahora presidida por Pareja, citará a Auguadra para que explique los alcances de ese decreto y también otro expediente que enciende todas las alarmas: en el departamento del ex titular de ARSAT y del ORSNA, Facundo Leal, la Policía Federal secuestró una valija con 19 dispositivos profesionales de espionaje —cámaras y micrófonos ocultos en anteojos, llaves de auto y lapiceras, un teléfono satelital, un inhibidor de señal y un detector de radiofrecuencia—, más de 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas. Leal manejó infraestructura crítica del Estado durante los gobiernos de Alberto Fernández y del propio Milei.
El andamiaje tiene destinatarios concretos. Un docente que participe de una asamblea, un estudiante que milite en un centro, un periodista que publique información que incomode al poder. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y un intento de golpe, y dijo que «sembraban el terror en las calles». La cadena de significantes —terror, enemigo interno, infiltrados— es la misma que en 1975 justificó la coordinación represiva continental. La diferencia es que ahora no hace falta un golpe de Estado: los decretos, los fondos reservados, las agencias extranjeras y la estigmatización presidencial alcanzan para montar el dispositivo.
El Plan Cóndor original dejó 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos. No hay ninguna evidencia de que la Argentina de 2026 esté frente a una repetición de esa escala. Pero sí hay evidencia de que la matriz de inteligencia, la coordinación internacional sin control parlamentario y la construcción discursiva de un enemigo interno se están replicando con una precisión que los propios documentos oficiales confirman.
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Fuente original: El Argentino Diario, 10 de agosto de 2026
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#PlanCondor #Milei #SIDE #Vigilancia #DerechosHumanos #PeriodismoIndependiente
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=142
Mientras el ajuste aprieta a millones de argentinos, un grupo de multimillonarios blindó su propia supervivencia en la cordillera. La operación se cerró apenas asumió Javier Milei y el Presidente ya les armó el marco legal a medida con decretos y una embajada de lujo. La soberanía, otra vez, en remate.
El dato más explosivo no es solo la superficie. Es la fecha. Diciembre de 2023. Semanas después de que Javier Milei asumiera la presidencia, un grupo de multimillonarios tecnológicos cerró la compra de 32.000 hectáreas en San Carlos, Mendoza. Lo que equivale a todo el partido de La Matanza o a cinco veces la isla de Manhattan. La operación pasó inadvertida en su momento, pero el proyecto que están montando ahí arriba no tiene nada de silencioso: un refugio autosuficiente diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear, un colapso digital o el derrumbe del hemisferio norte.
La estancia se llama Wamani. Al frente está Martín Varsavsky, el empresario argentino-español que fundó cinco unicornios y que ahora controla el 50 por ciento de la sociedad. Junto a él aparecen Alec Oxenford, cofundador de OLX y actual embajador de Milei en Washington, y Dan Lubetzky, el creador de las barras de cereal Kind. Hay otros dos socios cuyos nombres no trascendieron. Todos descendientes de familias judías de Europa del Este. La inversión inicial, según reveló el Financial Times, ya alcanzó los 10 millones de dólares.
Pero la historia no termina en la montaña. La trama se vuelve más densa cuando aparecen los lazos con el gobierno nacional. Varsavsky acompañó a Milei en sus giras por Silicon Valley y propuso crear una "visa de la tranquilidad": residencia argentina a cambio de 500.000 dólares para extranjeros ricos. La idea no quedó en un papel. El Ejecutivo modificó la Ley de Ciudadanía mediante los decretos 366/2025 y 524/2025 y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Sectores opositores ya lo calificaron como una mercantilización de la soberanía nacional, pensada a medida de magnates como Peter Thiel, que también compró una mansión en Buenos Aires.
En Eugenio Bustos, el pueblo más cercano, los vecinos miran con recelo lo que está pasando ahí arriba. "Es muy raro comprar tanta tierra solo para uno mismo sin un plan comercial", dijo una habitante al medio británico. Y no es para menos. Mientras en los valles mendocinos se convive con sequías recurrentes y se discute hasta el hartazgo la distribución del agua, un puñado de multimillonarios se asegura arroyos propios de deshielo en la alta montaña.
Los desafíos técnicos son enormes. Los vientos cordilleranos son tan extremos que en ciertos momentos impiden salir al exterior. Los expertos advierten que el calentamiento global va a agravar el estrés hídrico en los Andes, lo que pone en duda la autosuficiencia prometida. Y si el colapso realmente llegara, los analistas señalan que las billeteras virtuales y los gadgets de lujo no van a servir de nada sin antibióticos o repuestos mecánicos. La paradoja es perfecta: blindan la supervivencia con tecnología de punta, pero dependen de insumos que no se fabrican en un invernadero.
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Fuente original: El Monterizo, 8 de agosto de 2026
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#SoberaníaNacional #TierrasArgentinas #ProyectoWamani #Mendoza #RecursosNaturales #ArgentinaDesigual
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=140
Con los fondos que debían reparar dos tercios de las rutas nacionales, el Gobierno armó una “mesa de dinero” para financiar al Tesoro mientras los gobernadores denuncian cráteres en el asfalto.
Cada vez que cargás nafta, una parte de lo que pagás va a un fondo que tiene un solo destino: construir y mantener las rutas por las que circulás. Está escrito en las normas que le dieron origen. Sin embargo, durante los últimos dos años y medio, tres de cada cuatro pesos que ingresaron a ese fondo no tocaron el asfalto. Terminaron en plazos fijos y bonos del Estado.
La cifra es tan concreta como difícil de digerir: entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado —más conocido como SisVial— recaudó más de 1,5 billones de pesos. Aplicó a obras viales apenas 394.406 millones. El resto, más de un billón de pesos, seguía al cierre de mayo colocado en inversiones financieras o inmovilizado en una cuenta corriente. La tasa de subejecución roza el 74 por ciento.
El mecanismo es sencillo de explicar. El SisVial es un subsistema de un fideicomiso creado por el decreto 976 del año 2001. Se alimenta con un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y su propósito es inequívoco: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. Nació por exigencia del Banco Mundial como condición para aprobar un préstamo a la Argentina. La idea era blindar ese dinero y evitar que, como ya había ocurrido, la recaudación terminara tapando agujeros del gasto corriente. En la práctica, se diseñó una caja blindada con llave jurídica.
Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, esa caja se fue vaciando de obra pública y se llenó de instrumentos financieros. Durante 2024, el SisVial recaudó 360.238 millones de pesos. Solo ejecutó el 11,3 por ciento: 40.668 millones. El año pasado, un año atravesado por elecciones y negociaciones legislativas, la ejecución trepó al 39 por ciento: 270.592 millones sobre 692.514 millones recaudados. La mejora, sin embargo, duró poco. Entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse al 18,5 por ciento: apenas 83.144 millones aplicados sobre 450.500 millones ingresados.
El destino del dinero ocioso cambió de color con el tiempo. Hasta mediados de 2025, el fideicomiso guardaba casi todo en plazos fijos del Banco Nación. Después, la cartera mutó. En junio los títulos públicos representaban el 11,5 por ciento. En julio saltaron al 61,5. En agosto, al 79,4. Al terminar diciembre, la totalidad de los 664.494 millones invertidos estaba en letras del Tesoro. A fines de mayo de este año, el SisVial exhibía una cartera de 1.001.018 millones de pesos: 854.234 millones en títulos públicos y 146.784 millones en plazos fijos. Otros 37.761 millones dormían en una cuenta corriente.
Ese volantazo financiero no fue casual. Los estados contables del Banco Nación al 30 de junio de 2025 dejaron asentado que la entidad le informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía el detalle de los pagos realizados “conforme las instrucciones recibidas”. Y agregaron que la banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025”. Dicho de otro modo: alguien en el Palacio de Hacienda decidía cuánto y en qué instrumento colocar los fondos que debían ir a las rutas.
La cadena de mando está clara. Desde marzo de 2024, el Ministerio de Economía concentra la decisión final sobre los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado. Luis Caputo, como titular de la cartera, delegó esas facultades en su secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija. Pero con una condición: cada movimiento requiere la intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión, según consignan los propios balances del fideicomiso, “tiene carácter vinculante”. LA NACION consultó a Caputo y a sus colaboradores. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Mientras la plata de los combustibles engrosaba la “mesa de dinero” oficial —así la definió un exdirector del BICE ante la consulta periodística—, el estado de las rutas nacionales siguió empeorando. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó a fines de 2025 que entre el 65 y el 70 por ciento de la red vial se encuentra en estado regular o malo. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló de rutas “heridas, rotas y olvidadas”. Su par santafesino, Maximiliano Pullaro, denunció que muchas rutas nacionales que atraviesan su provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.
Los organismos de control no aparecen en la película. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación no revisaron la ejecución de este fideicomiso en los últimos años. Los auditores externos que analizaron un préstamo de la CAF para corredores logísticos dejaron una observación filosa: al momento de la auditoría, el aporte del Estado nacional con fondos de contraparte local era “nulo (0%)”.
El resultado está a la vista de cualquier persona que tome la ruta. Un impuesto creado con un destino específico e indisponible termina funcionando como una fuente de financiamiento barato para el Tesoro. La pregunta que sobrevuela cada informe mensual de la cuenta 330.902/9 es incómoda pero inevitable: si los fondos existen, si están disponibles y si las rutas se caen a pedazos, ¿por qué la plata no llega al asfalto?
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Fuente original: La Nación, 9 de agosto de 2026. Por Alconada Mon
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#RutasEnEmergencia #FondosFiduciarios #ImpuestoALosCombustibles #ObrasViales #PeriodismoIndependiente #ArgentinaDesigual

https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=138
En los primeros seis meses de dos mil veintiséis, la empresa Mercado Libre se ahorró cuarenta y dos millones de dólares en impuestos y aportes gracias a beneficios fiscales. Simultáneamente, el sesenta y cuatro por ciento de su facturación local proviene de préstamos financieros con tasas usurarias y una mora alta, un modelo que el oficialismo libertario decide mantener intacto.
Marcos Galperin rindió cuentas ante la SEC, el organismo que controla los mercados en Estados Unidos, y los números que presentó su empresa para el primer semestre de 2026 dejaron al descubierto una realidad que mezcla ahorro impositivo millonario, créditos con intereses que rozan la usura y un modelo de cobranza que ya genera denuncias públicas.
La cifra central es contundente: entre enero y junio de este año, Mercado Libre evitó desembolsar en la Argentina 43.500 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y 19.500 millones más en contribuciones a la seguridad social. Puestos en dólares, son 42 millones que la compañía no giró al fisco gracias a los beneficios que le otorga la Ley de Economía del Conocimiento. Solo por ese régimen, el ahorro en Ganancias fue de 29 millones de dólares.
El balance también trajo un dato que marca un cambio de época: el 64,3% de lo que la empresa factura en el país ya no viene de vender productos por internet, sino de su brazo financiero. Es casi el doble de lo que genera el comercio electrónico. Ese salto tiene dos explicaciones: el consumo viene en picada y, al mismo tiempo, se multiplicaron los préstamos que otorgan entidades no bancarias con requisitos mucho más flexibles que un banco tradicional.
La contracara de ese negocio financiero apareció esta semana en forma de denuncia. Mercado Pago, la billetera virtual de la compañía, cobra en algunos casos tasas que alcanzan el 765% anual por el dinero que presta. El periodista Tenembaum no anduvo con vueltas y calificó esos intereses como "el colmo del abuso".
Pero la tasa no es el único frente de conflicto. Un usuario llamado Agustín contó públicamente que Mercado Pago se comunicó de manera insistente con su ex jefa laboral para reclamarle una deuda que él había tomado. El caso se viralizó y obligó a la empresa a dar explicaciones.
Según reveló Maximiliano Firtman, la compañía le dijo al damnificado que sus términos y condiciones la habilitan a leer los contactos del teléfono, aunque atribuyó el episodio a un "error de mala interpretación del agente de soporte". De manera oficial, Mercado Libre sostuvo que el número de la ex jefa lo habían obtenido de un pedido de delivery que Agustín hizo años atrás y que no tenía relación con el préstamo.
Casi un cuarto de todos los préstamos que Mercado Libre otorgó en Latinoamérica está en mora. Lejos de frenar el negocio, esa mora está contemplada en la estrategia.
"Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está en atraso y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual", explicó el economista y consultor Emiliano Estrada.
Ese circuito se completa con la venta de carteras de deuda a terceros. El balance detalla que, durante este trimestre, la compañía colocó en Argentina préstamos ya otorgados por 66 millones de dólares y obtuvo una ganancia de 8 millones, un margen del 12,1%. En México hizo lo mismo con 53 millones de dólares y ganó 2 millones, un 3,8%. "El comprador paga más cuanto más alta es la tasa del crédito que se lleva", agregó Estrada.
A pesar del récord de facturación global —más de 10.000 millones de dólares en ingresos netos—, el margen de ganancias quedó por debajo de lo que esperaban los analistas. La reacción fue inmediata: las acciones se desplomaron más de un 7% al conocerse el balance. Un día después lograron un leve repunte, pero cerraron con una caída cercana al 5%.
Los datos fueron analizados por Gustavo García Zanotti, investigador del CONICET, a partir de la presentación que la empresa hizo ante la SEC.
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Fuente original: La Política Online, 07/08/2026
Enlace: https://lapoliticaonline.info/4zcdOfQ
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#MercadoLibre #MarcosGalperin #EconomiaDelConocimiento #ArgentinaDesigual
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=137
La DATIP dictaminó que los siete videos del presunto vestidor de Jésica Cirio con fajos de dólares no pueden incorporarse como prueba. Los archivos carecen de metadatos de origen, tienen marcas temporales borradas y su fecha de creación corresponde al día en que se copiaron a un USB en 2026. Sin cadena de custodia ni trazabilidad, la fiscalía pierde su evidencia más explosiva.
La noticia que sacude al mundo político y judicial acaba de confirmarse. La Dirección de Asistencia Técnica en la Investigación Penal, la DATIP, presentó un peritaje lapidario sobre los videos que mostraban un supuesto vestidor repleto de fajos de dólares vinculado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la conductora Jésica Cirio. El resultado: las imágenes no pueden ser utilizadas como prueba porque es imposible verificar su autenticidad.
Este revés judicial le pega de lleno a la fiscalía que investiga a Insaurralde y Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los videos habían entrado al expediente como un misil. Eran la prueba más gráfica, la que cualquier vecino podía entender sin necesidad de ser abogado. Fajos y más fajos de cien dólares apilados en una repisa de madera, lo que parecía ser un vestidor de lujo, la ostentación filmada en crudo. Pero ahora, sin cadena de custodia, sin metadatos y con un origen que sigue siendo un misterio, esa prueba se convierte en humo.
El problema de fondo no es menor. Los videos fueron aportados por un denunciante anónimo. Una figura que siempre despierta sospechas en cualquier investigación seria. La fiscalía los recibió, los sumó al legajo y bancó su validez. Ahora, con el informe de la DATIP sobre la mesa, se queda sin una de sus cartas más fuertes. La causa no se archiva, pero el golpe es durísimo.
En Lomas de Zamora, el lugar donde Insaurralde manejó la caja municipal durante casi dos décadas, la noticia cayó como un baldazo de realidad. La gente no necesita pericias técnicas para sospechar. Ve los barrios sin cloacas, las calles rotas, los hospitales que no dan abasto y escucha hablar de viajes a Punta del Este, yates y un nivel de gasto imposible. Pero una cosa es la calle y otra muy distinta el expediente judicial. La justicia necesita pruebas. Y esta prueba, la más mediática de todas, se acaba de desintegrar.
Para entender el contexto hay que retroceder unas semanas. Todo estalló con una investigación periodística que expuso los lujos con los que vivían el ex intendente y su entonces esposa. Después aparecieron los videos del vestidor. Las imágenes le dieron una vuelta de tuerca al escándalo y generaron una presión pública enorme. Pero el camino judicial es otro. Sin evidencias sólidas, el castillo de naipes puede venirse abajo.
Lo que queda ahora es pura incertidumbre. La fiscalía deberá reconstruir su estrategia con otras pruebas: movimientos financieros, cruces telefónicos, declaraciones juradas y todo aquello que tenga sustento verificable. Las defensas, en cambio, están a la ofensiva y ya pidieron la exclusión definitiva del material. Saben que si se confirma la nulidad, el impacto sobre el resto de la acusación puede ser devastador.
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Fuente original: Ámbito Financiero, 8 de agosto de 2026
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#Insaurralde #JésicaCirio #CasoInsaurralde #JusticiaArgentina #Corrupción #LomasDeZamora
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=136
Más de 1500 personas resultaron heridas el 5 de agosto de 2026 durante la represión a la marcha contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. La Comisión Provincial por la Memoria documentó gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna, palazos y 18 detenidos. Policía Federal, Gendarmería y Prefectura avanzaron desde el Congreso hasta el Obelisco sin distinguir manifestantes de transeúntes.
La protesta contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada terminó el miércoles con un tendal de heridos que la Comisión Provincial por la Memoria no duda en calificar como uno de los operativos más feroces de los últimos años. Fueron más de cuatro horas de un avance sin pausa de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que pasaron por encima del vallado que ellas mismas habían montado en el Congreso y corrieron a manifestantes, fotógrafos, vecinos y cualquier persona que estuviera en un radio de diez cuadras a la redonda. El saldo que denuncia la CPM es estremecedor: más de 1500 personas heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna, palazos y escudazos. Al menos 18 personas terminaron detenidas.
El motivo de la movilización era concreto: el Senado debatía un paquete de modificaciones legales impulsado por el oficialismo que, aunque perdió el capítulo que tocaba la Ley de Tierras, mantenía cambios profundos en la Ley de Manejo del Fuego y habilitaba desalojos exprés para inquilinos. Las organizaciones de vivienda, los movimientos sociales y la oposición política intentaron hacer visible un reclamo que consideran un punto de inflexión para millones de familias. La respuesta del Estado fue un despliegue de fuerza que empezó antes de las cinco de la tarde y se prolongó hasta bien entrada la noche.
A las 16.30, los cuerpos de la Federal, Prefectura y Gendarmería que custodiaban el vallado de la Plaza del Congreso empezaron a lanzar gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes de manera indiscriminada. No hubo una provocación puntual que desatara la primera carga. La CPM lo describe con precisión quirúrgica: las fuerzas sobrepasaron el perímetro de contención que ellas mismas habían fijado como límite y avanzaron sobre la gente con todo el armamento disponible. El objetivo era uno solo: dispersar una protesta que hasta ese momento no había salido de los cauces pacíficos.
Con el correr de los minutos, la represión se corrió del Congreso hacia las calles laterales. En la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, efectivos de Gendarmería salieron detrás de las vallas para buscar cuerpo a cuerpo a los manifestantes con disparos de balas de goma. Lo mismo hicieron en las inmediaciones de la plaza. Las postas de byrna, esas municiones de plástico compacto que se presentan como "no letales", impactaron sobre torsos, brazos y piernas de quienes intentaban cubrirse entre los autos estacionados. Los gritos de auxilio se mezclaban con el ruido seco de los cartuchos y el zumbido de los drones que sobrevolaban la zona.
Las cifras oficiales intentaron bajarle el tono a la magnitud del operativo. Fuentes de la Policía Federal hablaron de tres detenidos por "atentado y resistencia a la autoridad". La Policía de la Ciudad sumó otros nueve apresados en el avance por Avenida Plaza de Mayo. Pero el conteo de los organismos de derechos humanos es más alto y más crudo: la CPM denuncia 18 detenciones en total, varias de ellas con personas que presentaban lesiones visibles al momento de ser fichadas.
La propia Comisión calificó el operativo como "uno de los más violentos y extendidos en tiempo y distancia" de los últimos años. La definición no es una exageración militante. Es el resultado de relevar cuatro horas de avance sin pausa, con armamento de distinto calibre y una metodología que encerró a la gente para después golpearla.
El contexto en el que se inscribe esta represión tiene nombre y apellido: la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. La iniciativa original tocaba la Ley de Tierras, pero ese capítulo fue retirado tras una negociación política que buscaba moderar la convocatoria a la marcha. Sin embargo, el texto que finalmente llegó al recinto mantuvo modificaciones sensibles. La más comentada es la que elimina la mayoría de las restricciones a la venta y manejo de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas tras los incendios. En la práctica, la derogación flexibiliza el destino de los campos arrasados por el fuego, un tema que en la Patagonia y en el centro del país genera resistencia desde hace años.
El otro punto caliente es la modificación del Código Civil que habilita los desalojos exprés. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, lo explicó con palabras tan claras que cualquiera puede entender la desprotección que se viene: "Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo. El dueño de la vivienda, solo con ir a la Justicia y decir 'esta persona nunca me pagó, no tiene contrato, es un intruso', logra que el juez, sin importar que la familia pueda defenderse, en 72 horas tenga que mandar el desalojo". Millones de familias que alquilan en la Argentina quedan, si la norma avanza, a merced de un trámite que no les da margen para probar que viven ahí, que pagan o que simplemente necesitan tiempo para conseguir un techo alternativo.
La tormenta que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante todo el jueves moderó la concurrencia que se esperaba al inicio de la semana. Las organizaciones reconocen que la lluvia y el retiro del capítulo de Tierras le restaron presión a la convocatoria, pero también admiten que el miedo al operativo que finalmente ocurrió ya se palpaba en las asambleas previas. La secuencia del miércoles confirmó los peores pronósticos.
El impacto real de esta jornada no se mide solo en heridos y detenidos. Se mide en el mensaje que queda flotando para cualquier persona que quiera salir a la calle a reclamar por sus derechos. Cuando los gases alcanzan a una madre con su hija metida en un local de comida, cuando una fotógrafa recibe un golpe en la cabeza mientras trabaja, cuando los balazos de goma pasan entre los autos y los colectivos sin que importe quién está del otro lado, lo que el Estado está diciendo es que la protesta se paga con el cuerpo. La CPM detectó un salto cualitativo en la violencia del operativo: más tiempo, más distancia recorrida, más armamento desplegado y una decisión consciente de no distinguir entre manifestantes y transeúntes.
El Senado tiene ahora la llave para convertir en ley un paquete de normas que, para los sectores movilizados, empeora la vida de los que menos tienen. Las imágenes de la represión que dejó 1500 heridos son, al mismo tiempo, la prueba de que el costo de oponerse puede ser cada vez más alto. Lo que queda en juego es la posibilidad misma de manifestarse sin terminar gaseado, golpeado o detenido en una ratonera que arrancó en el Congreso y se estiró hasta el Obelisco.
La crónica de este miércoles deja una certeza que ya circulaba en las asambleas: el debate sobre las leyes no se va a dar solo en el recinto. Se va a dar en las calles, con un gobierno que decidió mostrar los dientes antes de la discusión, y con movimientos sociales que ahora saben que la próxima marcha puede empezar igual, pero terminar peor.
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Fuente original: El Destape Web, 6 de agosto de 2026
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#RepresiónCongreso #1500Heridos #LeyInviolabilidad #DerechosHumanos #ComisiónProvincialPorLaMemoria #ArgentinaDesigual
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=134
El oficialismo retiró del proyecto de propiedad privada el capítulo sobre manejo del fuego tras la rebelión de senadores dialoguistas. La norma original eliminaba sanciones y restricciones a la venta de tierras incendiadas, facilitando la especulación inmobiliaria. Abad, Royón, Ávila y Terenzi se opusieron. La votación expuso la fragilidad legislativa del Gobierno. Sólo avanzaron desalojos y expropiaciones por márgenes estrechos.
El Gobierno sufrió este jueves un traspié legislativo que va a dejar marcas. En el Senado, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo sobre manejo del fuego de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la iniciativa que Federico Sturzenegger diseñó como una reforma estructural y que terminó reducida a menos de un tercio de su contenido original. La falta de respaldo de los aliados dialoguistas no fue un accidente: fue la consecuencia de un texto que, según advirtieron los propios senadores que suelen acompañar al Ejecutivo, retrocedía en materia ambiental de un modo incompatible con la Constitución.
Las críticas no apuntaban a un detalle menor. Los cambios propuestos eliminaban o debilitaban las sanciones y limitaciones que hoy pesan sobre los dueños de tierras incendiadas. En concreto, la ley actual impide que un campo quemado se venda o enajene durante un período determinado, una restricción que nació para desalentar a quienes provocan o toleran el fuego con la expectativa de un negocio inmobiliario posterior. El texto que Sturzenegger llevó al Congreso levantaba esas trabas y abría la puerta para que el daño ambiental se transformara en una oportunidad de lucro inmediato.
Los senadores que hicieron fracasar el capítulo no responden a un solo bloque. Maximiliano Abad, de la UCR, puso sobre la mesa un argumento jurídico que pesó en el recinto: la modificación vulneraba el principio de no regresión ambiental, un criterio consolidado por la doctrina constitucional y por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. No era una opinión personal; era una advertencia con respaldo técnico. Otros legisladores señalaron errores conceptuales y deficiencias en la redacción que los intentos de negociación previos no habían logrado corregir. El rechazo fue generalizado y obligó al oficialismo a retirar el capítulo por completo.
La fractura no fue silenciosa. Joaquín Benegas Lynch, que habló en el recinto con la vehemencia que lo caracteriza, calificó de “ignorantes” y “tibios” a los aliados que cedieron ante lo que consideró un “show mediático”. El discurso, lejos de sumar voluntades, terminó de dinamitar los puentes que Bullrich había construido con dificultad. Lo que había sido presentado como una defensa férrea de la propiedad privada se diluyó ante críticas técnicas y ambientales que el oficialismo no supo ni quiso responder.
Para cualquier persona que viva en zonas de riesgo, lo que se discutió en el Senado tiene consecuencias directas. Si las restricciones a la venta de tierras quemadas desaparecen, el incentivo para que un propietario inescrupuloso mire para otro lado cuando se inicia un foco ígneo deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad concreta. En la Patagonia, en las sierras de Córdoba, en los humedales del Litoral, donde el fuego ya devastó millones de hectáreas en los últimos tres años, la ley actual funciona como un freno, por imperfecto que sea, contra la especulación inmobiliaria que se alimenta de la tragedia ambiental.
Lo que queda en juego ahora es la capacidad del Ejecutivo para reconstruir los consensos que él mismo rompió. Porque el capítulo de incendios no fue rechazado por una oposición cerril, sino por legisladores que en otras ocasiones votaron con el Gobierno y que esta vez dijeron basta. La pregunta que sobrevuela el Senado es cuántas veces más puede el oficialismo intentar avanzar sin construir mayorías sólidas antes de que el costo lo paguen las provincias que arden cada verano.
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Fuente original: KontraInfo, 7 de agosto de 2026
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#Milei #Senado #LeyDePropiedadPrivada #IncendiosForestales #ArgentinaDesigual #EspeculaciónInmobiliaria
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=133
En la previa al debate por la Ley de Tierras, se destapó que Joaquín Benegas Lynch es dueño de una empresa que asesora a inversores internacionales para comprar campos. Su firma acumula operaciones por más de 3 millones de hectáreas. El proyecto oficialista que él mismo votaría elimina justamente los límites que hoy restringen ese negocio.
Un dato que empezó a correr por los pasillos del Senado en la previa del debate por la Ley de Tierras dejó al oficialismo contra las cuerdas. Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza, fundó una empresa que se dedica justamente a lo que está en discusión: asesorar inversores extranjeros para comprar, vender y administrar campos en la Argentina.
La firma se llama Glocal Terra SRL. Benegas Lynch la creó en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, con domicilio legal en la avenida Santa Fe al 700, en pleno centro porteño. La sociedad ofrece servicios de intermediación para operaciones con tierras en América Latina y, según su propia presentación institucional, ya acumula experiencia en transacciones por más de tres millones de hectáreas.
Compren sus hectáreas, si tienen millones y saben inglés acá: https://www.glocalterra.com/#land_investment
La revelación no cayó en cualquier momento. El Senado se preparaba para tratar el proyecto oficialista que modifica los límites a la compra de campos por parte de capitales extranjeros, una iniciativa que despierta un rechazo social creciente. Que el legislador encargado de votar esa reforma tenga un negocio armado para beneficiarse si la ley se flexibiliza dejó expuesto un conflicto de intereses difícil de disimular.
El sitio web de la compañía no deja margen para las interpretaciones. Glocal Terra ofrece una cartera que incluye campos agrícolas exclusivos, tierras forestales, grandes extensiones de áreas protegidas y fincas de lujo. También presta servicios de administración de propiedades de dueños extranjeros, actuando en su representación y bajo sus instrucciones.
Pero hay un detalle que potencia la incomodidad. La página de la empresa expone una definición ideológica que calca el discurso económico de Javier Milei y Federico Sturzenegger. Dice textual: “Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global”. Y remata con una crítica frontal a la intervención estatal: “Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil”.
La defensa del libre mercado sin regulaciones funciona como un argumento de campaña. Pero cuando el que la escribe tiene una empresa que lucra con la desregulación y además vota en el Senado, el discurso se convierte en otra cosa.
El historial de Benegas Lynch en el negocio de la tierra viene de antes. Antes de fundar Glocal Terra, estuvo al frente de Pampa Partners, una empresa vinculada al fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins. Esa firma se especializaba en la compraventa de grandes extensiones rurales y Tompkins construyó parte de su fortuna adquiriendo miles de hectáreas bajo el paraguas de la conservación ambiental, una estrategia que durante años generó fuertes debates sobre la extranjerización de tierras estratégicas en el país.
Ahora, con la reforma en el Senado, el círculo se cierra. Mientras el Gobierno argumenta que liberar el mercado de suelos atraerá inversiones, la oposición y una parte del propio radicalismo empiezan a preguntarse si detrás del proyecto no hay intereses comerciales mucho más concretos. La existencia de Glocal Terra convirtió esa pregunta en un hecho.
El dato estalló a horas del debate. Las miradas en el recinto no apuntaban solo al proyecto de ley. Apuntaban al senador que, guitarra en mano, toca con el Presidente y, empresa mediante, hace negocios con el mismo bien que sus colegas estaban por habilitar sin restricciones.
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Fuente original: Datadiario, 5 de agosto de 2026
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#SenadoArgentina #BenegasLynch #VentaDeTierras #ConflictoDeIntereses #GlocalTerra #ArgentinaDesigual

https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=131
El Presidente evalúa avanzar por decreto con los cambios que no pudo aprobar en el Congreso. No es la primera vez que lo intenta: en diciembre de 2023 ya había derogado la ley, pero una jueza lo frenó. Ahora la estrategia se repite, y el expediente sigue esperando en la Corte.
El oficialismo no logró reunir los votos en el Senado. Ni siquiera para subir el tope del 15 al 25 por ciento. Entonces, la Casa Rosada activó el plan B: firmar un decreto de necesidad y urgencia que flexibilice los límites a la compra de tierras por extranjeros. La decisión no está tomada del todo, pero sí en análisis avanzado. Y los antecedentes judiciales no juegan a favor del Gobierno.
La ley 26.737, vigente desde 2011, establece que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 15 por ciento de las tierras rurales en el país. También fija un tope del 30 por ciento para una misma nacionalidad y limita a 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola, la más productiva de la Argentina. Esa norma fue pensada para frenar la compra masiva de campos por parte de fondos de inversión internacionales y empresas extranjeras, algo que venía creciendo con el aumento del precio de los granos.
Ahora, el Gobierno quiere desarmar esos techos. El argumento oficial es que las restricciones espantan la inversión extranjera directa y limitan el desarrollo del agro. Pero sus críticos advierten que, sin esos límites, los pequeños y medianos productores locales quedarían en una posición de desventaja para competir con grandes capitales. Y no es una especulación: en países vecinos como Uruguay o Brasil, donde las restricciones son menores, la concentración de la tierra en manos foráneas es un fenómeno documentado que desplazó a familias enteras del campo.
El episodio más reciente en el Congreso fue elocuente. El proyecto de Propiedad Privada, que el oficialismo quería tratar en el Senado, incluía un capítulo para modificar la ley de tierras. Pero ni siquiera la propuesta de elevar el porcentaje al 25 por ciento convenció a los bloques aliados ni a varios gobernadores dialoguistas. Ante la falta de votos, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, decidió retirar ese capítulo del proyecto. La estrategia fue intentar asegurar el tratamiento del resto de la iniciativa, que incluye cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Pero ese resto también tiene un panorama incierto: las votaciones siguen sin estar garantizadas.
El Gobierno ya había intentado modificar esta ley por decreto antes. En diciembre de 2023, el megadecreto 70/23 incluyó la derogación completa de la Ley de Tierras. Pero una jueza federal de Santa Fe, María Clara Poggi, frenó esa medida con una cautelar. El expediente quedó en la Corte Suprema y todavía no hay definición. Ahora, la Casa Rosada evalúa firmar un nuevo DNU, más acotado, pero con el mismo objetivo: eliminar o flexibilizar los límites actuales. La pregunta es si esta vez la Justicia lo permitirá.
Los constitucionalistas advierten que avanzar por decreto después de que el Congreso ya se pronunció sobre el tema —aunque sea con un rechazo parcial— expone al Gobierno a una declaración de inconstitucionalidad. La vía del DNU está prevista para casos de necesidad y urgencia, no para sortear debates parlamentarios. Y el hecho de que el oficialismo haya tenido que retirar el capítulo del proyecto por falta de votos debilita aún más el argumento de urgencia.
¿Y esto a vos qué te importa? Si el Gobierno habilita la compra de tierras sin límites, el precio de los campos puede dispararse. Eso significa que un productor argentino que quiera ampliar su superficie o un joven que herede un campo y quiera venderlo podría encontrar un mercado distorsionado, donde los grandes capitales extranjeros pagan en dólares y los locales no pueden competir. Además, el encarecimiento del suelo agrícola impacta directamente en el precio de los alimentos: si la tierra se concentra en pocas manos y se destina a la exportación, la oferta para el mercado interno puede reducirse.
Pero también hay una dimensión que suele quedar fuera del debate técnico: la tierra no es solo un insumo productivo. Para comunidades rurales, pueblos originarios y familias que viven del campo hace generaciones, el suelo es identidad, arraigo y soberanía. La Ley de Tierras fue pensada no solo como una norma económica, sino como un mecanismo de protección cultural y territorial. Flexibilizarla por decreto, sin debate parlamentario, es una forma de decir que esas voces no importan.
El escenario que viene es incierto. Por un lado, el Gobierno podría firmar el DNU en cualquier momento y abrir un nuevo frente judicial. Los abogados de las organizaciones que ya frenaron el intento anterior están preparando recursos. Por otro lado, el resto del proyecto de Propiedad Privada sigue en el Senado, y su suerte es incierta. Pero el capítulo de tierras ya quedó afuera del debate legislativo, y el Gobierno ya mostró que no está dispuesto a esperar.
Lo que está en juego es la definición de si las reglas del juego en el agro se discuten en el Parlamento o se imponen desde el escritorio presidencial. Es decidir si el suelo argentino sigue siendo un recurso estratégico con límites claros, o si se abre a la lógica del mercado sin filtros. Y es, en el fondo, una pregunta incómoda: ¿para quién queremos que sea la tierra que comemos y que exportamos?
Por ahora, el decreto no está firmado. Pero la advertencia ya está hecha. Y mientras la Corte Suprema sigue sin expedirse sobre el DNU 70/23, el Gobierno ya habla de un nuevo intento. La pelota está en el tejado de la Justicia, del Senado y de la ciudadanía que, quizás sin saberlo, tiene más que ver con esta historia de lo que imagina.
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Fuente original: Argentina Desigual – 5 de agosto de 2026
Enlace: www.argentinadesigual.com.ar/noticia/milei-ley-tierras-decreto
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#LeyDeTierras #Milei #DNU #SoberaníaAlimentaria #CampoArgentino #Desigualdad #Justicia
https://www.argentinadesigual.com.ar/noticia.php?id=130
En dos años y medio, el Gobierno subastó 32 propiedades públicas. Recaudó más de 351 millones de dólares. Los principales compradores fueron Eduardo Costantini y un fideicomiso ligado a la familia Brito. El INTA recibió menos del 10% de lo generado por su edificio emblema. No hay rendición de cuentas sobre el destino de los fondos.
El comprador tiene nombre y apellido: Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta. El vendedor es el Estado argentino. El producto era un terreno de cuatro hectáreas frente al Hipódromo de Palermo que durante décadas perteneció al Ejército. El precio fue de 127 millones de dólares. La operación ya está cerrada y la plata ingresó, pero el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita para el Congreso, para los organismos que perdieron las tierras y para cualquier ciudadano que pregunte.
No es la única venta. En los últimos dos años y medio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó 32 inmuebles públicos y recaudó más de 351 millones de dólares. La cifra surge de información que el propio Gobierno acercó a Página/12, pero el detalle de qué se hizo con ese dinero brilla por su ausencia. La administración de Javier Milei convirtió el remate del patrimonio público en una política de Estado, pero sin el Estado como garante de la transparencia.
El plan es ambicioso y no se detiene. La AABE, manejada por funcionarios que reportan al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, proyecta liquidar más de 400 propiedades antes de 2028. El listado abarca desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y no discrimina: hay terrenos militares, estaciones experimentales del INTA, playas ferroviarias, predios del desaparecido Procrear y hasta las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Todo puede ser entregado si hay un privado con la billetera lista.
Costantini no fue el único que se sentó a la mesa. El empresario también se quedó con un edificio que pertenecía a la Policía Federal en el Bajo Belgrano, por el que pagó 46,5 millones de dólares, y con el estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, también en Palermo, por otros 15,3 millones. En total, desembolsó casi 190 millones de dólares en tres operaciones.
El otro gran ganador fue el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, al que en el ambiente inmobiliario vinculan con la familia Brito. Este grupo compró la emblemática sede del INTA en la calle Cerviño, en pleno Palermo, por 81 millones de dólares. También se quedó con el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, por 34 millones de dólares. Esa última operación ya tiene una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades y vicios en el procedimiento.
Las cifras alcanzan para desmentir el argumento oficial. El Gobierno insiste en que los terrenos son "ociosos" y que generan "costos y gastos que deben evitarse". Pero un predio que el mercado paga 127 millones de dólares no es un bien ocioso: es un bien estratégico. La ociosidad, en realidad, es una construcción administrativa. Primero se desafecta el inmueble del organismo que lo usaba, después se declara prescindible y finalmente se remata.
El caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es quizás el más gráfico de cómo funciona la maquinaria. La sede de Cerviño se vendió el 23 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad. La constructora Brukman Mansilla pagó 18,5 millones de dólares por los 3.143 metros cuadrados y planea destinarlos a proyectos residenciales y oficinas. Pero el dato que indignó a los trabajadores del organismo fue otro.
El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que reconocer en un informe al Congreso que de los 81 millones de dólares ingresados por esa venta, al INTA le transfirieron solo 11 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de ese momento, eso representaba menos del 10 por ciento del total. El resto fue a parar a las arcas del Tesoro. La promesa de que los fondos volverían a los organismos de origen para paliar sus crisis financieras quedó desmentida por los propios números oficiales.
Y el desguace continúa. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó semanas atrás que quieren poner en venta 50 mil hectáreas. Ya se desprendieron de 15 mil. Su argumento fue que solo la mitad de las tierras del instituto tienen "un real uso científico o tecnológico" y que el resto puede ser vendido sin problemas. Mientras tanto, los gremios Apinta y ATE denuncian que la entrega de tierras paraliza investigaciones en curso y atenta contra la soberanía tecnológica y alimentaria.
El listado de propiedades desafectadas abarca cientos de hectáreas en Chaco, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, Balcarce, Tucumán, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la estación experimental de Morón. En Salta, el Gobierno directamente le cedió 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos al gobernador Gustavo Sáenz, aliado clave de la Rosada en el Congreso. La provincia anunció que las destinará a viviendas sociales.
El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte. Solo en los primeros seis meses de 2026, el Ministerio de Defensa desafectó más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego. La justificación es el DNU 314/2026, que habilita la venta de inmuebles militares para financiar la modernización del equipo castrense. El mismo Gobierno que mantiene congelados los sueldos de los oficiales y reduce horarios en las unidades para ahorrar en comida dice que necesita plata para evitar la degradación de la capacidad de defensa.
Pero el caso más delicado está en el sur. Un terreno de casi 3.000 metros cuadrados de la Armada en Ushuaia, ubicado dentro de la Base Naval cercana a la Antártida, está en la mira. El predio se encuentra en las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona estratégica para el acceso al Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. El exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, fue contundente: "Son tierras que significan soberanía".
Rossi también explicó que muchos de los predios considerados en desuso cumplen funciones operativas como lugares de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Desde el Estado Mayor Conjunto reconocen que no tienen acceso al listado total de inmuebles desafectados ni conocen el destino del dinero recaudado.
La oposición intentó mover el tablero. Los diputados y diputadas de Unión por la Patria pidieron la interpelación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles de las Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. También salió a la luz un memorándum de la obra social IOSFA que revela más de 40 propiedades en riesgo: hoteles en Mar del Plata, centros recreativos en San Clemente y Zárate, residencias sociales en Cosquín y Villa General Belgrano, delegaciones en Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego, además de farmacias en Rosario y Santa Fe.
Todo el proceso se sostiene sobre dos decretos de necesidad y urgencia que, para muchos constitucionalistas, son directamente ilegales. El 950/2024 recuperó 157 terrenos que Mauricio Macri no había podido rematar al final de su mandato e incorporó otros 300. El 322/2026 sumó 21 más. Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo explica con claridad: el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede disponer de las tierras públicas. "El Poder Ejecutivo está sustituyendo por decreto al Congreso en una competencia que la Constitución le reservó expresamente", sostuvo.
Un informe del colectivo Argentina Humana puso números concretos al proceso. Casi el 30 por ciento de los predios tiene origen ferroviario y casi el 25 por ciento, militar. Sin embargo, los terrenos castrenses representan el 98,7 por ciento de la superficie total. La mayoría de los inmuebles está en entornos urbanos, pero las superficies rurales concentran el 97,2 por ciento de las tierras. Y otro dato demoledor: solo el 29,9 por ciento de los predios está sin uso. El resto tiene actividades agropecuarias, recreativas, deportivas, portuarias, ferroviarias, comerciales o de vivienda.
No todo salió según los planes. Las tierras del Procrear que el Gobierno puso en venta todavía no encontraron comprador. La subasta del predio "Estación Buenos Aires" fue declarada fracasada porque no hubo oferentes que alcanzaran el precio mínimo. Algo similar ocurrió con el predio "Parque Federal" en Santa Fe y con el predio "Paraná" en Entre Ríos. Baldiviezo advierte que esto puede ser parte de una estrategia para luego vender los terrenos más baratos.
En Chapadmalal, la intención de la Rosada es concesionar las unidades turísticas mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso. En Embalse, Córdoba, un predio de tres hectáreas con bosques y ríos ya fue puesto en subasta: la AABE pide unos 40 millones de dólares. Mientras tanto, los complejos que en 2023 recibieron a más de 116 mil turistas entre ambos, en 2025 y 2026 no registraron huéspedes. Primero vaciarlos, después venderlos.
El remate del patrimonio público no es una discusión técnica ni un tema de especialistas. Es la definición concreta de qué país se está construyendo. Cada hectárea del INTA que pasa a manos privadas es capacidad científica que se pierde. Cada predio ferroviario que se convierte en un desarrollo inmobiliario es una oportunidad menos de recuperar el tren. Cada terreno militar que se vende sin debate estratégico es una renuncia silenciosa en materia de soberanía.
Los 351 millones de dólares ingresaron. Lo que no ingresó es la explicación de hacia dónde fueron. El Congreso pregunta y no le responden. Los organismos entregan sus inmuebles y reciben migajas. La ciudadanía mira por la ventanilla mientras las joyas de la abuela cambian de dueño en subastas que se anuncian a último momento, sin control legislativo y sin transparencia. El plan es vender todo lo que esté entre Ushuaia y La Quiaca. Y lo que no se pueda vender, se vacía para venderlo más tarde.
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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2026
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La campaña, titulada "Nuestra fórmula es siempre juntos", protagonizada por Luis Miguel, destaca el vínculo profundo que la marca ha construido con México a lo largo de los años.
Hace un siglo comenzó una historia que se ha convertido en un pilar de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Coca-Cola, en su centenario, no solo recuerda un aniversario, sino que honra las memorias compartidas, las reuniones familiares y los momentos que han tejido el tejido social del país.
La campaña busca evocar la esencia de México, recordando la calidez de las sobremesas, la alegría de las comidas compartidas y la fortaleza de una cultura que siempre encuentra motivos para reunirse. Carmen Méndez, Vicepresidenta de Frontline Marketing de The Coca-Cola Company México, comentó: "Cumplir 100 años en México representa mucho más que celebrar un aniversario; es reconocer la relación que hemos construido con millones de personas a lo largo de generaciones". Este homenaje a los encuentros cotidianos resalta la importancia de la comunidad y la conexión entre las personas.
Carlos Alberto "Indio" Solari (1949–2026) fue un legendario músico y compositor argentino, considerado un ícono fundamental de la cultura popular y el rock nacional. Fue la voz líder y principal letrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y posteriormente lideró su proyecto solista El Mister y Los Marsupiales Extintos junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
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Luciano Pereyra conmovió a la audiencia de La Peña de Morfi al encabezar un emotivo homenaje dedicado a la memoria de Horacio Guarany, en el programa emitido por Telefe. El cantante de Luján asumió el rol de relator en un informe que repasó la vida, la obra y el legado incalculable del recordado referente folklórico.
El tributo coincidió con una fecha de alta carga nostálgica para la música popular, dado que el pasado 15 de mayo el maestro de los maestros hubiera celebrado sus 101 años de vida. Durante la narración del material audiovisual, Pereyra no escatimó en elogios para calificar la personalidad del homenajeado sobre el escenario y fuera de él.
"Explosivo y apasionado", lo definió Luciano con notable emoción, sintetizando en esas palabras la esencia de un artista que marcó a fuego la historia cultural del país. El relato recorrió los hitos más importantes de la carrera de Guarany, rescatando la fuerza de su interpretación que siempre lo unió de manera incondicional con su público.
La historia de la música es tan antigua como la propia humanidad. Mucho antes de la aparición de la escritura, los seres humanos ya utilizaban sonidos, ritmos y cantos para comunicarse, celebrar rituales, expresar emociones y acompañar distintas actividades de la vida cotidiana.
Los primeros indicios musicales se remontan a la prehistoria, cuando el hombre comenzó a descubrir sonidos golpeando piedras, troncos o utilizando huesos y cañas como instrumentos rudimentarios. Estas primeras expresiones musicales estaban relacionadas con ceremonias religiosas, danzas tribales, celebraciones y pedidos a los dioses para obtener buenas cosechas o protección.
Con el avance de las civilizaciones antiguas, la música comenzó a adquirir un rol más importante dentro de la sociedad. En el antiguo Egipto, Grecia y Roma, la música era utilizada en ceremonias religiosas, teatros y festividades. Los griegos consideraban que la música tenía influencia directa sobre las emociones y el comportamiento humano, desarrollando teorías musicales que todavía son estudiadas en la actualidad.
Durante la Edad Media, la música tomó un fuerte carácter religioso en Europa. Surgieron los cantos gregorianos dentro de las iglesias, mientras que los trovadores y juglares recorrían pueblos llevando historias y canciones populares. En esta etapa comenzaron a desarrollarse sistemas de escritura musical que permitieron conservar composiciones a lo largo del tiempo.
El Renacimiento marcó una etapa de gran crecimiento artístico. La música se volvió más compleja y armónica, incorporando múltiples voces e instrumentos. Más adelante, durante el período barroco, aparecieron grandes compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, quienes revolucionaron la composición musical con obras que continúan siendo referencia mundial.
En los siglos XVIII y XIX, la música clásica alcanzó un enorme desarrollo con figuras como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin. La música comenzó a presentarse en grandes teatros y salas de conciertos, convirtiéndose también en una forma de entretenimiento para el público.
Con la llegada del siglo XX, la evolución tecnológica transformó completamente la industria musical. Aparecieron nuevos géneros como el jazz, blues, rock, pop, reggae, electrónica y hip hop, permitiendo una enorme diversidad cultural y artística. La radio, el vinilo, el cassette, el CD y posteriormente internet facilitaron que la música pudiera llegar a millones de personas en todo el mundo.
Actualmente, la música forma parte esencial de la vida cotidiana. Gracias a las plataformas digitales y al streaming, artistas independientes pueden compartir sus canciones globalmente sin necesidad de grandes compañías discográficas. Además, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están comenzando a influir en la creación musical, abriendo un nuevo capítulo en la historia de este arte universal.
https://www.youtube.com/watch?v=pHaR2lDLKb0
La música no solo entretiene: también une culturas, transmite emociones y refleja la evolución de la sociedad a través del tiempo. Desde un tambor prehistórico hasta una canción reproducida en streaming, la música continúa siendo uno de los lenguajes más poderosos de la humanidad
Su impacto sigue vigente gracias a la extensión de sus presentaciones y su constante presencia en las búsquedas globales de Spotify y plataformas digitales. En el plano de las giras, se espera que este año sea uno de los más activos para la industria, compartiendo cartelera global con artistas como Ariana Grande y Harry Styles.