QUILMES: CONDENA EJEMPLAR PARA EL DEPREDATOR SERIAL QUE SEMBRÓ EL TERROR DURANTE TRES AÑOS
Los jueces Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei escucharon durante el juicio un relato que hiela. Cuatro mujeres, identificadas con las iniciales K.E.M., F.N.M., L.R. y L.S.O., sufrieron ataques que combinaban lo peor de dos mundos: el abuso sexual con acceso carnal y el robo a punta de pistola. En los dos primeros hechos, la figura penal es clarísima: abuso con acceso carnal agravado por el empleo de un arma y robo agravado por esa misma arma. Para el tercer ataque, los peritos no pudieron determinar si el arma que Figueroa les mostraba a sus víctimas servía para disparar, pero el terror que infundió fue idéntico. El cuarto episodio, el más reciente en la secuencia, fue un abuso con acceso carnal sin el componente del robo, pero igual de destructor.
Lo que derrumbó a Figueroa no fue un testigo que se quebró en la sala ni una cámara de seguridad borrosa. Lo que lo hundió fue su propia biología. El coordinador del Banco de Datos Genéticos de la Provincia, Walter Bozzo, explicó ante el tribunal cómo se hizo el entrecruzamiento de perfiles genéticos. El laboratorio almacenaba evidencias de viejas causas contra la integridad sexual. Cuando los peritos compararon ese material con muestras que vinculaban a Figueroa, el ADN gritó lo que él había callado durante más de una década. Una coincidencia perfecta, sin margen de error, que transformó a un sospechoso difuso en un culpable condenado.
Fijate bien en las fechas. La primera víctima fue atacada en 2010. La última, en 2013. Estamos en 2026. Durante trece años, Figueroa respiró el mismo aire que todos. Salió a comprar el pan, habrá tenido trabajos informales, quizás formó una familia. Mientras tanto, las mujeres que lo padecieron tuvieron que cargar con la peor de las mochilas: la certeza de que su agresor seguía libre y la sensación de que el sistema no iba a mover un dedo. La demora no es un detalle técnico, es una cachetada a la confianza que depositamos en la justicia.
Los crímenes de Figueroa no ocurrieron en una película. Pasaron en Quilmes, en el sur del conurbano, donde la noche en muchas esquinas es un agujero negro y donde una chica que vuelve sola del trabajo o de cuidar a sus hermanos se convierte en una presa fácil para un tipo que empuña un arma y no tiene ningún freno moral. La combinación de abuso y robo revela una crueldad metódica: primero quebraba la voluntad de la víctima con el terror de un disparo, después abusaba de ella y encima le robaba lo poco que llevaba encima. Anulaba el cuerpo, la dignidad y hasta la propiedad. Una aniquilación completa de la persona.
Por eso la condena a 30 años —el máximo que permite nuestra legislación— no es un capricho ni un gesto de venganza. Es la respuesta proporcional a un concurso real de delitos que sembró destrucción en cuatro vidas y, seguramente, en muchas otras que nunca se animaron a denunciar. Los jueces también ordenaron extraerle sangre a Figueroa para inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos y en el banco provincial, además de notificar al Registro de Condenados por Delitos Sexuales del Ministerio de Justicia bonaerense. Son trámites burocráticos que, bien ejecutados, impiden que un monstruo recupere la libertad sin que el Estado sepa hasta el color de sus pensamientos.
El protagonista silencioso de este fallo es el Banco de Datos Genéticos. Sin esa herramienta, Figueroa probablemente seguiría suelto. La declaración de Walter Bozzo no fue un mero formalismo: mostró que el entrecruzamiento de perfiles genéticos funciona, que la ciencia forense puede tender puentes entre causas estancadas y arrojar luz donde antes solo había sombras. La pregunta que deberíamos hacernos, como sociedad, es por qué no usamos esta tecnología de manera masiva y urgente. En los depósitos de las comisarías y en los laboratorios judiciales hay cientos de kits de violación sin procesar. Cada uno de esos kits es un violador serial en potencia, una bomba de tiempo que el Estado decide ignorar por falta de presupuesto, de voluntad o de las dos cosas.
Las víctimas K.E.M., L.S.O., L.R. y F.N.M. quizás nunca lean estas líneas, y está bien que sus identidades queden protegidas bajo iniciales. Su dolor no necesita exhibirse para ser real. Pero ojalá sientan, aunque sea un instante, que el sistema dejó de darles la espalda. Treinta años de prisión no reparan una noche de terror, no devuelven la confianza ni borran los recuerdos. Pero al menos garantizan que Figueroa pasará las próximas tres décadas encerrado, lejos de cualquier mujer que pueda cruzarse en su camino. Y que su perfil genético estará bajo la lupa por si alguna vez intenta volver a hacer daño.
Este fallo sacude porque demuestra que la impunidad no es indestructible. Pero también deja una enseñanza amarga: la justicia tardó más de diez años en alcanzar al depredador. Si el Banco de Datos Genéticos hubiera tenido los recursos y la obligación de cruzar datos mucho antes, probablemente la segunda, la tercera y la cuarta víctima no habrían existido. Por eso, festejar la condena sin exigir que se multipliquen los análisis genéticos sería un acto de hipocresía. La sangre de Figueroa lo condenó. Ahora necesitamos que el Estado use la sangre de todos los imputados por delitos sexuales para cortar la cadena antes de que se cobre nuevas víctimas.
Sebastián Ariel Figueroa va a pasar más tiempo en la cárcel del que le llevó cometer sus crímenes. Esa es la vara que eligió la justicia de Quilmes. Que sea un precedente real, no una anécdota. Porque ahí afuera, en la misma oscuridad de la que salió Figueroa, hay otros esperando. Y esta vez no tenemos excusa para no encontrarlos.
Fuente original: Noticias Argentinas, 27 de julio de 2026
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