Villarruel habilitó el voto remoto a la senadora Sagasti que está por parir y la Casa Rosada entró en pánico.
No fue un anuncio, no hubo conferencia. Fue un papel, una firma y una bomba de tiempo que estalló en el oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó que la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, vote de manera remota en la sesión donde se discutirá la Ley de Tierras. El motivo es difícil de discutir: la legisladora está embarazada de 32 semanas y su médico le prohibió viajar a Buenos Aires.
¿Por qué importa ahora? Porque esa sesión va a ser un campo minado. El Gobierno de Javier Milei necesita los votos para sacar la ley y los números están tan parejos que un solo sufragio puede definir todo. Y el sufragio de Sagasti, que se queda en Mendoza por recomendación médica, ya tiene dueño: será en contra del proyecto oficialista.
La autorización que concedió Villarruel tiene una trampa reglamentaria que mantiene la incertidumbre hasta último momento. Se otorgó ad referéndum del cuerpo, es decir que el pleno del Senado deberá ratificarla cuando arranque la sesión. Los senadores van a votar, entonces, si le permiten a su colega participar desde la distancia. Una suerte de antesala cargada de tensión.
- En el oficialismo cayó mal. Muy mal. No porque desconozcan el estado de la senadora, sino porque entienden que esa decisión administrativa puede voltearles el proyecto más ambicioso que discute el Congreso en esta segunda mitad del año. “Rechazábamos el voto virtual porque en una votación ajustada resulta determinante”, repiten cerca de la Casa Rosada, sin ocultar que el malestar con la vicepresidenta vuelve a quedar expuesto.
La relación entre Villarruel y el Ejecutivo viene agrietada desde hace meses. Ahora la grieta se ensanchó un poco más.
- La Ley de Tierras que se debate en el Senado es una iniciativa que despierta pasiones encontradas. El oficialismo la presenta como la herramienta para atraer inversiones y movilizar economías regionales. La oposición, en cambio, advierte sobre las consecuencias de aflojar los controles a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Lo concreto es que la votación se anticipa tan ajustada que cada voluntad vale oro. Y la voluntad de Anabel Fernández Sagasti, con 32 semanas de gestación y sin poder moverse de su casa, quedó habilitada por Villarruel con el reglamento en una mano y una lapicera en la otra.
El mecanismo es sencillo de explicar pero complejo de resolver. Si el pleno del Senado ratifica el voto remoto, la mendocina se conectará por videoconferencia y votará en contra del proyecto oficialista. Si, en cambio, los bloques que responden a la Casa Rosada logran imponer su rechazo a la autorización, Sagasti no podrá participar y su ausencia pesará como un voto menos para el espacio opositor.
Las imágenes de una senadora embarazada a la que se le impide votar porque no puede viajar recorrerán los portales y las redes sociales. Ese costo político lo conoce cualquiera que esté sentado en una banca. El Gobierno también lo sabe.
Para la población que mira de lejos, lo que se juega en esa votación no es solamente un artículo del reglamento interno del Senado. Es la posibilidad de que se modifiquen las reglas sobre quién puede comprar campos en el país, cuánta tierra puede acumular una empresa extranjera y con qué controles. Los productores chicos miran con atención. Las economías regionales también.
Lo que queda en juego es cómo se resuelve la tensión entre una decisión que parece lógica desde lo humano pero inconveniente desde lo político. Villarruel optó por lo primero y dejó que el cuerpo resuelva lo segundo. La sesión, entonces, tendrá dos votaciones clave: una para definir si Fernández Sagasti vota, y otra para aprobar o rechazar la ley.
Los antecedentes en el Senado son escasos. Durante la pandemia la virtualidad fue moneda corriente, pero para casos individuales de fuerza mayor no hay un camino escrito. El reglamento no lo contempla explícitamente y los precedentes se construyen sesión a sesión.
La decisión de la vicepresidenta abre un camino que puede tener consecuencias futuras para otros legisladores que, por razones médicas o personales, no puedan trasladarse al Congreso. Lo que hoy se decide para una senadora embarazada mañana puede reclamarse para cualquier otro caso.
En Mendoza, mientras tanto, Anabel Fernández Sagasti espera. Su obstetra fue claro: 32 semanas no son para hacer un vuelo ni para aguantar horas de recinto. La política, esta vez, le puso el cuerpo a una discusión que la trasciende. Lo que ocurra el día de la sesión va a marcar no solo el destino de una ley, sino también el modo en que la dirigencia resuelve las tensiones entre lo reglamentario, lo político y lo humano.
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