El gobierno de Milei analiza firmar un DNU para modificar la ley de tierras: por qué preocupa y qué pasó en el Senado
El oficialismo no logró reunir los votos en el Senado. Ni siquiera para subir el tope del 15 al 25 por ciento. Entonces, la Casa Rosada activó el plan B: firmar un decreto de necesidad y urgencia que flexibilice los límites a la compra de tierras por extranjeros. La decisión no está tomada del todo, pero sí en análisis avanzado. Y los antecedentes judiciales no juegan a favor del Gobierno.
La ley 26.737, vigente desde 2011, establece que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 15 por ciento de las tierras rurales en el país. También fija un tope del 30 por ciento para una misma nacionalidad y limita a 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola, la más productiva de la Argentina. Esa norma fue pensada para frenar la compra masiva de campos por parte de fondos de inversión internacionales y empresas extranjeras, algo que venía creciendo con el aumento del precio de los granos.
Ahora, el Gobierno quiere desarmar esos techos. El argumento oficial es que las restricciones espantan la inversión extranjera directa y limitan el desarrollo del agro. Pero sus críticos advierten que, sin esos límites, los pequeños y medianos productores locales quedarían en una posición de desventaja para competir con grandes capitales. Y no es una especulación: en países vecinos como Uruguay o Brasil, donde las restricciones son menores, la concentración de la tierra en manos foráneas es un fenómeno documentado que desplazó a familias enteras del campo.
El episodio más reciente en el Congreso fue elocuente. El proyecto de Propiedad Privada, que el oficialismo quería tratar en el Senado, incluía un capítulo para modificar la ley de tierras. Pero ni siquiera la propuesta de elevar el porcentaje al 25 por ciento convenció a los bloques aliados ni a varios gobernadores dialoguistas. Ante la falta de votos, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, decidió retirar ese capítulo del proyecto. La estrategia fue intentar asegurar el tratamiento del resto de la iniciativa, que incluye cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Pero ese resto también tiene un panorama incierto: las votaciones siguen sin estar garantizadas.
El Gobierno ya había intentado modificar esta ley por decreto antes. En diciembre de 2023, el megadecreto 70/23 incluyó la derogación completa de la Ley de Tierras. Pero una jueza federal de Santa Fe, María Clara Poggi, frenó esa medida con una cautelar. El expediente quedó en la Corte Suprema y todavía no hay definición. Ahora, la Casa Rosada evalúa firmar un nuevo DNU, más acotado, pero con el mismo objetivo: eliminar o flexibilizar los límites actuales. La pregunta es si esta vez la Justicia lo permitirá.
Los constitucionalistas advierten que avanzar por decreto después de que el Congreso ya se pronunció sobre el tema —aunque sea con un rechazo parcial— expone al Gobierno a una declaración de inconstitucionalidad. La vía del DNU está prevista para casos de necesidad y urgencia, no para sortear debates parlamentarios. Y el hecho de que el oficialismo haya tenido que retirar el capítulo del proyecto por falta de votos debilita aún más el argumento de urgencia.
¿Y esto a vos qué te importa? Si el Gobierno habilita la compra de tierras sin límites, el precio de los campos puede dispararse. Eso significa que un productor argentino que quiera ampliar su superficie o un joven que herede un campo y quiera venderlo podría encontrar un mercado distorsionado, donde los grandes capitales extranjeros pagan en dólares y los locales no pueden competir. Además, el encarecimiento del suelo agrícola impacta directamente en el precio de los alimentos: si la tierra se concentra en pocas manos y se destina a la exportación, la oferta para el mercado interno puede reducirse.
Pero también hay una dimensión que suele quedar fuera del debate técnico: la tierra no es solo un insumo productivo. Para comunidades rurales, pueblos originarios y familias que viven del campo hace generaciones, el suelo es identidad, arraigo y soberanía. La Ley de Tierras fue pensada no solo como una norma económica, sino como un mecanismo de protección cultural y territorial. Flexibilizarla por decreto, sin debate parlamentario, es una forma de decir que esas voces no importan.
El escenario que viene es incierto. Por un lado, el Gobierno podría firmar el DNU en cualquier momento y abrir un nuevo frente judicial. Los abogados de las organizaciones que ya frenaron el intento anterior están preparando recursos. Por otro lado, el resto del proyecto de Propiedad Privada sigue en el Senado, y su suerte es incierta. Pero el capítulo de tierras ya quedó afuera del debate legislativo, y el Gobierno ya mostró que no está dispuesto a esperar.
Lo que está en juego es la definición de si las reglas del juego en el agro se discuten en el Parlamento o se imponen desde el escritorio presidencial. Es decidir si el suelo argentino sigue siendo un recurso estratégico con límites claros, o si se abre a la lógica del mercado sin filtros. Y es, en el fondo, una pregunta incómoda: ¿para quién queremos que sea la tierra que comemos y que exportamos?
Por ahora, el decreto no está firmado. Pero la advertencia ya está hecha. Y mientras la Corte Suprema sigue sin expedirse sobre el DNU 70/23, el Gobierno ya habla de un nuevo intento. La pelota está en el tejado de la Justicia, del Senado y de la ciudadanía que, quizás sin saberlo, tiene más que ver con esta historia de lo que imagina.
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Fuente original: Argentina Desigual – 5 de agosto de 2026
Enlace: www.argentinadesigual.com.ar/noticia/milei-ley-tierras-decreto
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