La SIDE, el FBI y el discurso de Videla: el entramado que La Libertad Avanza monta contra el "enemigo interno"
El 16 y 17 de julio pasado, mientras el invierno argentino transcurría sin sobresaltos, en Washington se terminaba de delinear una arquitectura que hoy interpela de lleno a la democracia argentina. El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, convocó a una Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Sentó a la mesa al director del FBI, Kash Patel, al asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y, como único orador extranjero invitado al almuerzo oficial, al canciller argentino Pablo Quirno. En la sala también estaba José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE.
Lo que Rubio planteó esa tarde no fue una advertencia genérica. Hizo un repaso del historial de violencia política latinoamericana de los años setenta —tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso— y desde ahí instaló la idea de un resurgimiento actual de esa amenaza, sin precisar jamás contra quién ni en qué país. La solución, dijo, era «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera».
Tres semanas después, el 3 de agosto, Javier Milei se sentó en el living de Luis Majul en LN+ y dijo: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores». Cuando Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional», el Presidente respondió que no, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».
La frase cayó a días del 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y advirtió que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. No era una comparación forzada: en 2010, durante el juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente al pensador italiano Antonio Gramsci para caracterizar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para apuntar contra los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.
La investigación de El Argentino Diario que se conoce este 10 de agosto revela que la frase presidencial no fue una ocurrencia aislada, sino la punta visible de un entramado que une inteligencia, lobby, traslado de armamento y propaganda cruzada entre gobiernos. Un esquema que, por su lógica de funcionamiento, replica estructuralmente la «fase psicológica» que el Plan Cóndor institucionalizó en 1975.
Los dólares que nadie controla
Desde que Milei asumió, la SIDE recibió refuerzos presupuestarios sucesivos. En julio de 2024, el Gobierno le giró 100.000 millones de pesos que el Congreso rechazó y que el Ejecutivo tuvo que devolver en diciembre. En marzo de 2025 sumó 1.600 millones más, en mayo otros 8.017 millones y en julio de este año otros 7.500 millones. Todos esos fondos son reservados. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por el oficialista Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, pero los gastos reservados son la única partida del Estado que no rinde cuentas detalladas ante nadie.
Con esa caja sin auditoría externa, el 12 de febrero de 2025 la SIDE firmó un contrato con la consultora de lobby Tactic Global por 10.000 dólares mensuales. Lo rubricó Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. El contrato nunca se informó al Congreso.
Tactic Global no es una firma menor. La crearon el empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense, y Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina. Bennett llegó a ese acuerdo con un antecedente penal inmediato: en enero de 2024 había firmado un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de falsificar, ocultar y encubrir información para trabar una investigación sobre lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no ejercer lobby extranjero durante 18 meses. Con esa inhabilitación vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El acceso directo a la Casa Rosada se lo facilitó Santiago Caputo.
En junio de 2026, Tactic Global dio de baja formalmente la representación de la SIDE ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados. El mismo día también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia. En paralelo, apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes, con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme que CRB Global sea Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario es demasiado exacta para ser casual.
La ruta del Ilyushin
El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, operado por la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza después de un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y Buenos Aires. Cuatro continentes con una escala en Dakar que ninguna explicación operativa evidente justifica.
Silk Way no es una aerolínea convencional. Transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente las ofensivas militares azerbaiyanas: antes del ataque final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. El proyecto Organized Crime and Corruption Reporting documentó que la aerolínea movió armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial.
La aeronave que llegó a Ezeiza opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.
La conexión FBI
El 24 de julio, apenas una semana después de la cumbre de Washington, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, aterrizó en Buenos Aires. Se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. El tema central fue el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por decreto el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI.
El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con los fondos reservados del organismo y su función declarada es integrar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, la ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a la visita de Bailey, el Gobierno sumó los 7.500 millones de pesos a los fondos reservados.
El libreto de la propaganda
El engranaje que la investigación reconstruye tiene una pata propagandística precisa. Peter Kornbluh, el investigador que documentó los archivos desclasificados del Plan Cóndor original, llamó «fase psicológica» al mecanismo de insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon: secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa que revistas masivas reprodujeron sin cuestionar.
Medio siglo después, el esquema se reactualiza. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en la red social X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración original, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.
En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump. En esas grabaciones, Hernández explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos con el objetivo de golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y mencionaría que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios —propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto— es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.
Lo que calla el decreto
El 31 de diciembre de 2025, con el país en pausa por las fiestas, Milei firmó el DNU 941/2025. La norma reorganizó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional: concentró la conducción estratégica en la SIDE, creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y habilitó a los organismos del sistema a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo más cuestionado incorporó la facultad de que el personal de inteligencia «proceda a la aprehensión de personas» en casos de flagrancia o requerimiento judicial, sin contemplar ningún control judicial previo. El decreto también declaró que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto», transformando el secreto en regla y no en excepción.
Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la norma viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La entonces comisión bicameral, presidida por Martín Lousteau, rechazó el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE y cursó planteos escritos que Auguadra nunca respondió. Se presentaron decenas de recursos de amparo que la Justicia rechazó al no encontrar amenazas concretas. El decreto nunca fue impugnado por el Congreso.
A fines de agosto, la Comisión Bicameral de Fiscalización, ahora presidida por Pareja, citará a Auguadra para que explique los alcances de ese decreto y también otro expediente que enciende todas las alarmas: en el departamento del ex titular de ARSAT y del ORSNA, Facundo Leal, la Policía Federal secuestró una valija con 19 dispositivos profesionales de espionaje —cámaras y micrófonos ocultos en anteojos, llaves de auto y lapiceras, un teléfono satelital, un inhibidor de señal y un detector de radiofrecuencia—, más de 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas. Leal manejó infraestructura crítica del Estado durante los gobiernos de Alberto Fernández y del propio Milei.
A quién afecta y qué queda en juego
El andamiaje tiene destinatarios concretos. Un docente que participe de una asamblea, un estudiante que milite en un centro, un periodista que publique información que incomode al poder. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y un intento de golpe, y dijo que «sembraban el terror en las calles». La cadena de significantes —terror, enemigo interno, infiltrados— es la misma que en 1975 justificó la coordinación represiva continental. La diferencia es que ahora no hace falta un golpe de Estado: los decretos, los fondos reservados, las agencias extranjeras y la estigmatización presidencial alcanzan para montar el dispositivo.
El Plan Cóndor original dejó 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos. No hay ninguna evidencia de que la Argentina de 2026 esté frente a una repetición de esa escala. Pero sí hay evidencia de que la matriz de inteligencia, la coordinación internacional sin control parlamentario y la construcción discursiva de un enemigo interno se están replicando con una precisión que los propios documentos oficiales confirman.
---
Argentina Desigual es un medio digital independiente y sin financiamiento estatal, empresarial ni partidario. Nuestro trabajo periodístico es posible gracias al acompañamiento de nuestros lectores. Si valorás este tipo de investigaciones e información, podés colaborar con una donación voluntaria desde nuestra página web para ayudarnos a seguir informando con independencia. Cada aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia.
Fuente original: El Argentino Diario, 10 de agosto de 2026
📲 SEGUIME, COMENTÁ Y COMPARTÍ esta información y dejame tu opinión.
💙 Si esta información te resultó útil y querés apoyar el periodismo independiente, podés realizar una donación voluntaria desde nuestra página web. Tu aporte nos ayuda a seguir investigando, verificando información y publicando contenidos de acceso libre para toda la comunidad.
#PlanCondor #Milei #SIDE #Vigilancia #DerechosHumanos #PeriodismoIndependiente
