La libreta que destapó una mafia interna: un prefecto denunció a sus jefes y terminó cuarenta y cinco días arrestado
A veces las películas de mafiosos parecen exageradas. Pero la realidad argentina muestra que la ficción se queda corta, sobre todo cuando los que tienen que cuidarnos terminan jugando para el otro bando. El caso del prefecto Gustavo Vargas, un ayudante de tercera de la Prefectura Naval que trabajaba en Inteligencia, expone cómo funciona en la frontera norte una matriz de impunidad que castiga a los oficiales honestos mientras protege el negocio del narcotráfico.
Desarrollo de los hechos:
Todo comenzó durante una recorrida en lancha por la Isla Pacurí, en el río Paraná, en la provincia de Corrientes. El grupo de patrullaje divisó un campamento clandestino. Allí encontraron a Federico “Morenita” Marín, un capo narco de Itatí que manejaba el tráfico de toneladas de marihuana y cocaína. Junto a él había armas, documentación falsa, droga y una agenda personal. En esa libreta, Marín anotaba nombres y apodos de supuestos uniformados cómplices. Aparecían frases como “gendarme amigo de Hilda”, “gendarme hermano de Bola Valencia” y también el nombre del ayudante de segunda Luis Aguirre, miembro de la propia Prefectura.
La reacción institucional fue reveladora. A Luis Aguirre no lo echaron ni lo procesaron. Lo jubilaron con retiro obligatorio. Tiempo después fue detenido manejando una camioneta con once kilos de marihuana, pero siguió en libertad. Para Vargas, en cambio, el hallazgo de la libreta fue el comienzo de una pesadilla. Según declaró más tarde, sus propios compañeros le advirtieron que se sacara “el chip de policía” porque, de lo contrario, le iba a ir mal dentro de la institución.
Y así fue. Cuando Vargas elevó sus denuncias ante el entonces jefe de Inteligencia de Posadas, el prefecto mayor Rubén Farrus, la respuesta fue desprecio y silencio. Lo trasladaron a Puerto San Julián y después a Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Allí descubrió que la corrupción se repetía. Algunos jefes definían la zona como una “mina de oro”. Vargas denunció maniobras de apropiación de mercadería secuestrada y llegó a fotografiar cómo se trasladaban bienes desde los depósitos oficiales.
Cuando decidió denunciar esos hechos, la respuesta institucional fue inmediata: le abrieron sumarios administrativos, le intervinieron las comunicaciones personales y lo mantuvieron cuarenta y cinco días arrestado. Antes de terminar preso por denunciar, había coordinado una reunión con el jefe del área, Guillermo Jiménez Pérez. Allí le expuso que el contrabando y el narcotráfico existían por la connivencia entre distintas fuerzas de seguridad.
Contexto clave:
El operativo que había puesto al descubierto esta trama se llamó Sapucay. Incluyó la detención del intendente y el viceintendente de Itatí, además de setenta arrestos. A “Morenita” Marín lo condenaron a doce años de prisión, pero la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Más tarde escapó durante una salida médica. En un documento fílmico de su arresto original, se observa que los uniformados lo trataban como si fuera el jefe, lejos de ponerle las esposas.
Impacto real y persecución:
El abogado de Vargas, el exprefecto Juan Saucedo, sostuvo que su cliente cometió el pecado de enfrentar a sus superiores. La respuesta que recibió fue que “haga la plancha” y una advertencia: podían enviarlo a miles de kilómetros de su hogar. Hoy Vargas presta servicios en Bahía Blanca, lejos de su familia.
Pero el hostigamiento fue más allá del plano laboral. Saucedo denunció que desde la delegación de Inteligencia de Itatí habrían planeado montar un procedimiento en la casa de la madre del prefecto para involucrarla en una causa por drogas. Según el abogado, los métodos utilizados replican los códigos de las organizaciones mafiosas: o les sacan dinero, o les roban, o los involucran con droga para obligarlos a callar.
Toda la responsabilidad de estas maniobras apunta al prefecto nacional naval Guillermo Jiménez Pérez, a quien se le atribuye haber montado una red de contrainteligencia destinada a silenciar al personal subordinado que intentaba actuar conforme a la ley. La causa por amenazas coactivas y persecución se tramita en el Juzgado Federal de Orán.
Cierre abierto:
La investigación del periodista Tomás Méndez, publicada en Confidencial.ar, concluye que los mecanismos de control no fallan por negligencia. Operan para proteger el negocio ilegal. Cuando las fuerzas encargadas de custodiar las fronteras replican las lógicas de las organizaciones criminales, la estructura se invierte: no se expulsa al delincuente, se destierra al honesto. El costo final de este sistema lo pagan las familias destruidas por la adicción, los jóvenes abandonados y una sociedad que mira cómo el narcotráfico avanza mientras quienes se animan a denunciar quedan a merced de las mismas estructuras que deberían protegerlos.
Fuente original: Confidencial.ar
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