Caso $LIBRA: a horas del debut argentino en el Mundial, el lobista Novelli pide echar a los inversores de la causa penal
Mauricio Novelli eligió un momento de máxima atención pública para mover una ficha decisiva en la causa que lo tiene como protagonista. Horas antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el lobista presentó un escrito de 46 páginas donde pide que la Justicia aparte del expediente a los inversores que motorizan la investigación por el lanzamiento y derrumbe del token $LIBRA. Si el planteo prospera, la pesquisa perderá a quienes vienen empujando medidas de prueba, solicitando indagatorias y manteniendo viva la hipótesis de una estafa millonaria.
El argumento central es técnico pero contundente: pasaron más de quince meses de instrucción y, según la defensa, no aparece ningún elemento que encaje en la definición penal de estafa. Novelli planteó una "excepción de falta de acción" y sostiene que la causa se transformó en un intento de convertir pérdidas especulativas en un fraude, sin identificar una sola afirmación falsa concreta, un error inducido ni víctimas que hayan sido engañadas en términos jurídicos. El texto lleva la firma de su abogado, Daniel Rubinovich.
La mira está puesta sobre cinco nombres: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo —este último vocero de más de 200 damnificados ante la comisión investigadora de Diputados—. Todos ellos fueron aceptados como querellantes en una etapa inicial del proceso. Novelli reconoce esa admisión pero la califica de provisoria: dice que la Cámara Federal los habilitó cuando no podía descartarse una hipótesis delictiva, y que hoy, con el expediente avanzado, esa posibilidad se desvaneció sin que apareciera ninguno de los elementos típicos de la estafa: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio causalmente vinculados.
La defensa de Milei y la naturaleza del token
El escrito también blinda al presidente Javier Milei. La defensa de Novelli analiza el posteo que el entonces mandatario hizo en X con el código alfanumérico para adquirir la memecoin y lo desliga por completo de cualquier maniobra engañosa. "Los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior", sostiene el texto presentado. La defensa subraya que ese mensaje tuvo contenido político y no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.
Rubinovich lo sintetizó con una distinción de fondo: una cosa es que una publicación genere atención pública o impacto político, y otra completamente distinta es que configure una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar que alguien ponga plata. "La confusión entre ambos planos atraviesa buena parte de las acusaciones", remató.
La estrategia se apoya en la naturaleza misma de $LIBRA: un activo descentralizado, no regulado y de volatilidad extrema, donde —plantea la defensa— no rige el principio de confianza de los mercados tradicionales sino el de "autorresponsabilidad" de quien decide apostar. Para reforzar ese punto, el escrito detalla el perfil de los querellantes: Vega operó seis veces con una billetera Phantom, Marchetto compró por unos 950 dólares mediante Jupiter, Quintero declaró estar en el mundo cripto desde 2016 y Paris operaba en la sección de alta volatilidad de Ripio. No eran principiantes, sugiere la defensa, y eso vuelve menos plausible que hayan sido inducidos a error.
El desplazamiento hacia delitos de la administración pública
El abogado remarcó además un giro en el expediente: varios querellantes fueron desplazando su reclamo hacia la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. El dato más concreto es que el propio Marchetto pidió en marzo de este año citaciones a indagatoria exclusivamente por esa figura, ya no por estafa. Para Rubinovich, ese corrimiento elimina el presupuesto que justificaba la intervención de los querellantes como damnificados directos.
Sobre la figura del "rug pull" —esa maniobra donde los desarrolladores inflan artificialmente el precio y luego retiran todo dejando a los compradores con pérdidas—, Novelli la niega de plano. Argumenta que los impulsores del proyecto están identificados, que el token siguió operativo y que incluso se creó un fideicomiso para canalizar fondos. Sostiene también que una caída de cotización no convierte por sí sola una inversión fallida en delito penal, sino que forma parte de la lógica de mercados altamente especulativos.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que el lobista intenta sacar a los inversores del expediente. Ya en 2025 lo había planteado y el rechazo fue en cascada: la Cámara Federal confirmó la participación de los querellantes y el caso llegó hasta la Corte Suprema, que dejó firme esa decisión. Ahora insiste con el argumento de que aquella admisión inicial "jamás implicó una validación definitiva".
La pelota queda en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá correr traslado al fiscal Eduardo Taiano antes de resolver. De fondo, la causa intenta determinar si el episodio que movilizó a unas 74.000 personas, con ganancias millonarias para nueve cuentas fundadoras que retiraron alrededor de 286 millones de dólares y pérdidas para miles de inversores, fue un negocio especulativo que salió mal o una maniobra fraudulenta con responsables identificables. La respuesta, por ahora, sigue en manos de la Justicia.
Fuente: La Nación, 17 de junio de 2026.
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