Milei llena con 50 jueces los tribunales a dedo y deja afuera a la cuñada de Alconada Mon para disciplinar al periodismo
Oficialismo, negocios y venganzas. Con más de 50 nombramientos en un solo día, el gobierno de Javier Milei reconfiguró buena parte del Poder Judicial a su medida, pero dejó afuera a la jueza María Verónica Michelli por su parentesco con uno de los periodistas que más incomoda a la Casa Rosada. La movida, apoyada en una mayoría circunstancial del Senado, completa vacantes clave que estaban frenadas hace años y expone sin disimulo la decisión del Presidente de usar los mecanismos institucionales para premiar lealtades y ajustar cuentas con quienes considera adversarios. Mientras los tribunales federales y nacionales reciben una inyección masiva de magistrados alineados con la nueva administración, la exclusión de Michelli —que ya contaba con el acuerdo parlamentario— confirma que en este plan de colonización judicial no hay lugar para vínculos incómodos con la prensa crítica.
La catarata de decretos que va del 492 al 545 se convirtió en el mayor recambio de jueces de los últimos años. El Senado había allanado el camino el 4 de junio, cuando con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones aprobó en un paquete cerrado más de 74 pliegos enviados por el Ejecutivo. El acuerdo, trabajado en labor parlamentaria con bloques dialoguistas, le permitió a Milei cubrir juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales en todo el país. En el fuero civil de Capital Federal quedaron designados, entre otros, Santos Enrique Cifuentes (Juzgado Nacional Nº 25) y Lucila Inés Córdoba (Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones). En el ámbito penal hicieron lo propio Laura Fabiana Kvitko (Juzgado Nº 23) y Santiago Alberto Poncio (Juzgado Nº 13). El impacto federal se materializó con Gerardo Daniel Cacace en el Tribunal Federal de Juicio de Formosa y Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta. La puesta a punto incluyó también cuatro defensores públicos, un fiscal y la nueva vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera, en una renovación administrativa sin precedentes.
Pero es el nombre ausente el que convierte esta oleada de designaciones en un acto deliberado de disciplinamiento. María Verónica Michelli había sido propuesta por el propio Milei para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata. Cuando se reveló su parentesco con Hugo Alconada Mon —periodista de investigación de La Nación que viene publicando revelaciones incómodas para el oficialismo—, el Ejecutivo intentó frenar su pliego en el Senado. No lo consiguió: la Cámara Alta le dio luz verde igual. Sin embargo, a la hora de firmar los decretos que convierten un acuerdo legislativo en un cargo efectivo, el Presidente borró a Michelli de la lista. Con eso dejó a la jueza en un limbo institucional inédito: tiene todas las aprobaciones técnicas y políticas, pero carece de la rúbrica presidencial, un castigo que no se explica por razones de idoneidad sino por su árbol genealógico.
El argumento oficial de la eficiencia se cae a pedazos cuando se observa la selectividad con la que se manejan los nombramientos. La cantidad de vacantes que se cubrieron en un mismo acto demuestra que el Gobierno contaba con los recursos políticos para hacerlo desde hace tiempo y que decidió mover las piezas todas juntas cuando el tablero le fue favorable. Ese apuro revela menos una preocupación genuina por el servicio de justicia que una vocación refundacional sobre la arquitectura de los tribunales. La exclusión de Michelli, lejos de ser una anécdota menor, expone la matriz de funcionamiento del poder libertario: quienes no encajan en el molde ideológico o tienen vínculos con periodistas incómodos quedan afuera, sin importar los avales parlamentarios. El lawfare no se ejerce solo por acción —persiguiendo adversarios con causas armadas— sino también por omisión, cuando se niega el nombramiento de un juez que ya pasó todos los filtros legales por el solo hecho de ser familiar de alguien que incomoda.
La gravedad de esta maniobra no se limita al caso Michelli. La reconfiguración de la Justicia en manos de un oficialismo que no oculta su desprecio por la independencia judicial afecta a toda la sociedad. Los nuevos jueces federales y nacionales van a decidir sobre causas de corrupción, derechos humanos, conflictos laborales y previsionales, y lo harán con la marca de origen de haber sido ungidos en una operación política masiva. La percepción de parcialidad que esto genera va a erosionar todavía más la confianza en un sistema que ya arrastraba un déficit de legitimidad. Mientras tanto, la jueza Michelli queda esperando un decreto que el Presidente se niega a firmar, convertida en una pieza de exhibición sobre cómo funciona el verdadero "cambio" que Milei prometió: favores para los propios, ostracismo para los que huelen a disidencia, y un mensaje clarísimo para el periodismo independiente.
Fuente original: El Destape web, 25 de junio de 2026
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