La intendenta que gobierna la pobreza extrema y se mudó a un country: la versión tucumana del escándalo Adorni
Hay funcionarios que tropiezan con la misma piedra aunque vivan a mil kilómetros de distancia. Manuel Adorni se fue de la Jefatura de Gabinete con el portón de un country en la frente. Ahora, en Tucumán, la historia se repite con un agravante difícil de digerir: Raquel Graneros no administraba los hilos de la política nacional, administraba la miseria. Y sin embargo, desde fines de 2024 duerme en una casa de 600 metros cuadrados dentro de Las Yungas, el barrio cerrado más top de Yerba Buena.
La distancia entre el municipio que debería gestionar y su nueva residencia es de 130 kilómetros. Pero la distancia simbólica es infinitamente mayor. Graneros es el departamento más postergado de toda la provincia, según las mediciones de la UCA. Más de la mitad de sus habitantes sobrevive por debajo de la línea de pobreza. Abrir una canilla y que salga agua potable sigue siendo una quimera. La luz se corta con la frecuencia de un reloj impuntual. Y la intendenta, mientras tanto, desembolsó más de un millón de dólares en efectivo para comprar su refugio de fin de semana.
La operación no pasó inadvertida. El programa El Avispero destapó la olla y los detalles son tan concretos como escandalosos: dos terrenos fusionados en el sector 12 del country, un valor de mercado que va del millón al millón doscientos mil dólares, y ningún crédito hipotecario registrado a su nombre en el Banco Central. Todo al contado, en las cajas de una sucursal del Galicia. El secretario de Hacienda del propio municipio, Ariel Mendelek, aparece mencionado como el encargado de mover parte de los fajos —seis entregas mensuales de 50 mil dólares cada una— para cerrar el negocio.
La cuenta es imposible de resolver con un sueldo de tres millones de pesos. Y a eso sumale expensas que rondan el millón por mes. Los vecinos del country la ven llegar los sábados, disfrutar el verde, y volverse. Del otro lado, en Graneros, la postal es inversa: calles de tierra, falta de cloacas, promesas que nunca aterrizan.
Hay un elemento que vuelve más denso el asunto. La causa quedó en manos del fiscal Diego Hevia. Hijastro de Guillermo Herrera, aquel fiscal que se hizo famoso no por sus condenas sino por su creatividad para archivar expedientes que rozaban al poder político de turno. A Herrera le abrieron juicio político y lo auditaron. Que ahora la denuncia contra Graneros caiga justo en el despacho de su hijastro es una señal que en Tribunales tucumanos no necesita traducción.
Los impulsores de la presentación judicial —el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Augier— saben que el terreno judicial es pantanoso. Pero sobre todo saben que acá no hay un solo apellido en juego: hay un clan. Porque Graneros no es solo un distrito pobre, es también el nombre de una familia que lo maneja como patrimonio privado desde 2003. Empezó el padre, Roque Graneros. Cuando falleció, asumió la madre, Alejandra Cejas, que ahora es legisladora provincial. Después vino la hija, Raquel, la actual intendenta. Y el gobernador Osvaldo Jaldo acaba de completar el círculo nombrando al hermano, Roque Alejandro Graneros, como secretario de Estado en el Ministerio del Interior. Lo curioso: el decreto que habilita su designación se publicó apenas siete días antes de que el mismo Ejecutivo provincial prohibiera sumar más empleados públicos.
La ironía con Adorni es inevitable, pero también es una trampa. A Adorni lo liquidaron apenas la prensa puso la lupa sobre su casa. A Graneros, por ahora, la investiga un fiscal que carga con el legado de un especialista en cajones cerrados. La pregunta no es si hay o no hay pruebas, sino cuánto tiempo va a dormir la causa mientras en Graneros —el pueblo, no la intendenta— sigue faltando el agua.
Fuente original: Mosca, 29 de junio de 2026
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