El Gobierno negocia entregar la operación de Atucha I, II y Embalse a una empresa de inteligencia de Estados Unidos
El teléfono sonó en las oficinas de Nucleoeléctrica Argentina y del otro lado la oferta no era un simple ajuste de tarifas ni una auditoría de rutina. Era una propuesta que mezcla inteligencia artificial, una empresa nacida a la sombra del Pentágono y la llave de las tres centrales atómicas que producen casi un décimo de la electricidad que consume el país. El gobierno de Javier Milei negocia con la firma estadounidense Palantir Technologies la transferencia del control operativo de Atucha I, Atucha II y Embalse, según pudo reconstruir Argentina Desigual a partir de fuentes oficiales y del sector nuclear. La operación, todavía en borrador, ya provoca temblores en la Comisión Nacional de Energía Atómica y deja una pregunta que ningún funcionario responde en voz alta: ¿qué hace una empresa de inteligencia queriendo manejar reactores?
La información que circula en los despachos oficiales y que confirmaron a este medio autoridades con conocimiento directo de la negociación señala que el traspaso es la punta de lanza de un plan más amplio de modernización energética. El argumento que seduce a la Casa Rosada es simple: meter tecnología de punta para bajar costos operativos que, medidos en dólares, se vuelven cada vez más difíciles de sostener en pleno ajuste fiscal. Pero el matiz que tensa la cuerda es otro. Palantir no se limitó a presentar una propuesta de eficiencia; puso una condición sobre la mesa antes de sentarse a firmar cualquier papel. Quiere una reestructuración profunda de la CNEA. Traducción: achicar el Estado antes de que ellos tomen el control.
Esa exigencia no es letra muerta. Empleados de la CNEA que hablaron con este medio bajo reserva de identidad aseguran que los despidos que ya empezaron a concretarse y los que se vienen en las próximas semanas no responden a un reordenamiento interno decidido por Buenos Aires. Son el prólogo del acuerdo. La empresa estadounidense, relatan, necesita ver un organismo más esbelto, con menos estructura burocrática y menor cantidad de personal estable, antes de asumir la operación de las centrales. Los telegramas de cesantía que llegaron en los últimos días, leídos en esa clave, dejan de ser un recorte más de la motosierra libertaria para convertirse en una prenda de negociación.
Conviene detenerse en quién es Palantir. No hablamos de una eléctrica con cien años de experiencia en reactores, como Westinghouse o General Electric. Hablamos de una compañía fundada por Peter Thiel, financiada en sus inicios por la CIA y especializada en cruzar millones de datos para encontrar terroristas en Medio Oriente o para que el servicio de inmigración estadounidense localice indocumentados. Su software aprendió a identificar patrones en montañas afganas y ahora el gobierno argentino quiere aplicarlo para predecir cuándo va a fallar una turbina o cuándo hay que ajustar la potencia de un reactor. La tecnología no es humo: los sistemas predictivos basados en inteligencia artificial que ofrece Palantir permiten anticipar averías y optimizar el mantenimiento con una precisión que ningún equipo humano puede igualar. Eso es innegable.
La sombra que se proyecta sobre el acuerdo no está en la eficacia de los algoritmos, sino en lo que no se dice. ¿Qué información van a recolectar esos sistemas sobre la infraestructura crítica argentina y adónde va a parar? Palantir construyó su fortuna vendiendo inteligencia a agencias de defensa de Estados Unidos. Sus contratos con el Pentágono y la NSA implican que la información procesada suele permanecer dentro de un ecosistema controlado por Washington. ¿Existen garantías de que los datos sobre el comportamiento de Atucha II no terminarán en un servidor de Virginia accesible para el Comando Sur? Nadie en el gobierno ha explicado ese punto.
El contexto ayuda a entender por qué el tema no ocupa todavía las tapas de los diarios. El gobierno libertario asumió con la promesa de desmantelar lo que considera un Estado elefantiásico. La CNEA, creada en 1950 y responsable tanto de la investigación como de la operación nuclear, representa todo lo que Milei quiere reformatear. Concentra desde científicos formados en el Balseiro hasta administrativos en las centrales. En esa lógica, meter a un privado con tecnología de última generación que reduzca costos y achique la nómina parece una victoria temprana del relato oficial. El problema es la letra chica: ceder el control operativo de infraestructura estratégica a una empresa cuya especialidad no es la energía sino la inteligencia.
El impacto más inmediato y concreto lo están viviendo las familias de los trabajadores de la CNEA en localidades como Lima, Zárate o Embalse, donde el Estado es el principal empleador. Los despidos ya comenzaron y, según los propios empleados, se profundizarán en las próximas semanas. Pero hay una segunda capa que afecta al conjunto de la sociedad: la factura de luz. Si la eficiencia prometida se traduce en tarifas dolarizadas que prioricen la rentabilidad del operador extranjero, los hogares argentinos podrían terminar pagando más caro el mismo servicio que antes gestionaba el Estado. Hasta ahora, el gobierno no ha dado precisiones sobre cómo será el esquema de regulación tarifaria bajo un operador privado cuyos contratos suelen estar blindados por tratados de protección de inversiones.
El futuro inmediato es un terreno lleno de interrogantes. La negociación sigue su curso y, mientras tanto, los despidos en la CNEA operan como un hecho consumado que le va dando forma al escenario antes de que llegue el nuevo inquilino. Los trabajadores denuncian que se está desmantelando la capacidad técnica justo cuando más se la necesitaría para controlar que un privado no haga lo que quiera con algo tan sensible como un reactor nuclear. La falta de información pública sobre los términos del posible acuerdo contrasta con la velocidad de los ceses. Ese contraste, por sí solo, ya es noticia.
Queda por resolverse si un convenio de esta magnitud pasará por el Congreso o si se definirá en la penumbra de un decreto. También queda por verse qué resortes de control retendrá el Estado argentino sobre la gestión diaria de las centrales y quién definirá las decisiones de seguridad nuclear: un gerente en Buenos Aires o un algoritmo alojado en Denver. Lo único cierto hasta ahora es que, mientras los argentinos miran para otro lado, el gobierno avanza en una negociación que podría cambiar el mapa energético del país con una empresa que sabe de datos, no de uranio.
Fuente original: Información confirmada por fuentes oficiales y empleados del sector nuclear, julio de 2026.
Enlace: https://argentina-desigual.ar/investigacion/palantir-nucleares
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