La denuncia que salpica a Milei: un funcionario de Guardia y Parques Nacionales en el ojo de la tormenta por una chacra usurpada
El gobierno de Javier Milei quedó en la mira de la Justicia. No por una acusación directa contra el Presidente, sino porque una denuncia penal por usurpación y explotación ilegal de un inmueble rural en General Lavalle involucra a dos puntas de su administración: un secretario del intendente Nahuel Guardia y, lo más delicado, a la Administración de Parques Nacionales, hoy manejada por el libertario Sergio Martín Álvarez.
El expediente, que ya generaba ruido en los tribunales bonaerenses, dio un salto de calidad política esta semana. Juan Carlos Ghernetti, el particular damnificado, amplió la denuncia original y pidió que se investigue a Nicolás Toucedo (secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de Guardia) y a Leila Taylor como presuntos beneficiarios de la explotación económica de una chacra ocupada. Pero el punto que convierte esto en un dolor de cabeza para la Rosada es otro: según el escrito, el inmueble sería ocupado por la APN, que pagaría cánones locativos a los denunciados a través de un contrato de dudosa autenticidad.
Dicho en criollo: el Estado nacional, bajo la órbita de Milei, estaría pagando alquiler a unos tipos acusados de usurpar un campo. Si eso se prueba, no es un simple conflicto vecinal. Es un escándalo institucional con olor a fraude a la administración pública.
La ruta del dinero y los bienes desaparecidos
La causa, caratulada como IPP PP-03-00-001077-26/00, ya venía investigando una presunta dilación indebida en el avance de la causa por ocupación ilegal. Pero la nueva presentación de Ghernetti es mucho más cruda. El denunciante sostiene que Toucedo y Taylor no solo se quedaron con el predio, sino que lo siguieron explotando económicamente, obteniendo ganancias en perjuicio de los derechos posesorios que él reclama sobre la Chacra 26.
Para que el lector sepa de qué estamos hablando: no es un terrenito baldío. La denuncia menciona la desaparición de paneles solares, jaulas polivalentes e instalaciones rurales. Es decir, el establecimiento tenía valor productivo y, según Ghernetti, todo eso se esfumó o fue sustraído. Eso, de por sí, configura un agravamiento del perjuicio patrimonial que podría derivar en delitos como robo o hurto agravado.
Pero la bomba está en el vínculo con el organismo nacional. La APN, que hoy responde a la gestión libertaria de Sergio Martín Álvarez, estaría ocupando total o parcialmente esa chacra. Ghernetti pide que la Justicia le exija a Parques Nacionales que informe bajo qué título jurídico ocupa el predio, que presente copia del contrato y, lo más jugoso, que identifique a las personas físicas que cobran los cánones locativos.
Ahí está el gancho que engancha a Milei. No es una especulación política: es una medida probatoria concreta que puede destapar si el Gobierno nacional está validando, con plata de los contribuyentes, una ocupación irregular.
Las pruebas que pueden hacer temblar el escritorio de Milei
El denunciante no se quedó en los dichos. Solicitó una inspección ocular judicial urgente con relevamiento fotográfico y georreferenciado para constatar el estado del predio y la eventual presencia de cartelería oficial. También pidió un inventario judicial de los bienes faltantes, declaraciones testimoniales y una pericia documentológica sobre el supuesto contrato con la APN.
Además, quiere que la AFIP/ARCA informe sobre la situación fiscal de Toucedo y Taylor, y que los bancos reconstruyan la trazabilidad de los fondos que hayan entrado por la explotación o alquiler del inmueble. En el petitorio final, Ghernetti pide que se evalúe la competencia federal, justamente porque hay un organismo nacional metido en el medio.
Si la Justicia hace lugar a esos pedidos y encuentra que el Estado nacional efectivamente giró plata a los denunciados, el escenario cambia radicalmente. No es solo un problema para Nahuel Guardia en General Lavalle. Es un problema político directo para Javier Milei, que llegó a la Casa Rosada prometiendo motosierra contra los privilegios y la corrupción, pero que ahora ve cómo un organismo de su gobierno aparece en el centro de una denuncia por una maniobra turbia con tierras.
Lo que está en juego para el gobierno libertario
Por ahora, la presentación es una denuncia y un pedido de medidas. Pero el expediente ya abrió una derivación incómoda para el oficialismo. La conexión entre un funcionario del gabinete de Guardia (Toucedo) y un organismo nacional bajo control libertario (Parques Nacionales) dibuja un mapa que la oposición no va a dejar pasar.
El gobierno de Milei tiene dos caminos: o deja que la investigación avance sin presiones y muestra que su discurso anticorrupción no es verso, o intenta enfriar el expediente y se come el costo político de parecer que cuida a los suyos. Hasta ahora, ni la APN ni la gestión de Guardia se pronunciaron oficialmente sobre el contenido de la denuncia.
Lo concreto es que la Chacra 26 de General Lavalle ya no es solo un problema de tierras. Es el primer expediente que mete a la administración libertaria en el banquillo de los acusados por una posible irregularidad con fondos públicos. Milei no está en el escrito como imputado, pero su gobierno está salpicado hasta el cuello. Y en la política argentina, cuando la Justicia pide papeles, el silencio también habla.
Fuente original: Realpolitik, 5 de julio de 2026
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