El dinero en efectivo, un papel escrito a mano y cinco allanamientos simultáneos marcan el punto de quiebre en una de las pocas investigaciones por corrupción que logra tracción real contra la actual administración. El escenario es Tandanor, el astillero estatal, y el operativo ordenado por el juez federal Sebastián Casanello pone bajo una lupa implacable los primeros meses de la gestión de Ana Laura Hernández, la funcionaria que Nicolás Posse colocó al frente de la empresa al asumir Javier Milei.

La pesquisa, que Casanello delegó en mayo a la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal, busca establecer si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial del astillero, le exigió dinero a Antonio Alejandro Napoleone, titular de la firma Lucrimar SA. La hipótesis que arma el expediente es clara: Gallé habría ofrecido borrar una deuda de 200.000 dólares que la empresa tenía con el Estado a cambio de un pago ilegal, una maniobra que los investigadores estiman en al menos 220.000 dólares.

Lo que hallaron los efectivos en los operativos, repartidos entre cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata, eleva la apuesta. Entre una vivienda particular y una caja de seguridad del microcentro porteño, secuestraron exactamente 367.110 dólares. A esa suma se le suma una prueba física contundente: un recibo manuscrito por 100.000 dólares y 12,7 millones de pesos. La requisa también se llevó computadoras, celulares, contratos y extractos bancarios que ahora la Justicia debe cruzar para validar el circuito del dinero.

Para entender cómo se llegó a este punto, hay que mirar qué pasó puertas adentro de la empresa tras el cambio de autoridades. La llegada de Hernández vino acompañada de una reestructuración agresiva: despidos de trabajadores, incorporación de directores y asesores con sueldos elevados, y la contratación de la auditora BDO. El detalle que más ruido generó internamente fue la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión, el área que justamente concentraba la información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. Esa decisión provocó la renuncia de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y miembro del directorio, quien se alejó en medio de fuertes diferencias con el rumbo de la conducción.

Más allá de los nombres y los dólares bajo llave, esta causa toca una fibra sensible de la economía real. Tandanor no es una empresa estatal cualquiera: tiene capacidad industrial estratégica y ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires, justo frente al gigantesco desarrollo inmobiliario Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Cuando se desmantelan áreas de control y aparecen deudas que "mágicamente" podrían desaparecer a cambio de un sobre, la sospecha de que se está preparando el terreno para rematar activos públicos a precio de regalo deja de ser una teoría de pasillo. Y cuando el Estado pierde plata por coimas, esa plata deja de invertirse en trabajo genuino, en mantenimiento industrial o en políticas que sostienen a los sectores más vulnerables.

Hoy, Hernández ya no está en el cargo. En su lugar asumió Mauricio González Botto, otro nombre directamente vinculado a Posse y al diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sigue moviendo las fichas sobre el futuro del astillero, la Justicia tiene ahora en sus manos los elementos para reconstruir qué ocurrió realmente durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo manuscrito y los movimientos bancarios secuestrados transformaron una simple auditoría administrativa en una causa federal por cohecho que recién empieza a mostrar sus primeras cartas.

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Fuente: La Política Online, 06/09/2026

Enlace: https://www.lapoliticaonline.com/judiciales/corrupcion-en-tandanor-cinco-allanamientos-usd-367-mil-en-una-caja-fuerte-y-un-recibo-escrito-a-mano/

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#Tandanor #Corrupción #AstilleroEstatal #JusticiaFederal #ArgentinaDesigual #Transparencia

Marcos Juárez amaneció este lunes con un nuevo intendente y una vieja historia que se rompe. Cuando las urnas cerraron a las 18 del domingo, Germán Font selló una victoria que pocos daban por sentada: el peronismo vuelve a la conducción municipal después de más de 50 años. No es un detalle menor. Esta ciudad del sudeste cordobés era el bastión que el macrismo levantó como su "kilómetro cero" en 2014, y hoy ese muro político cayó.

• Los números del escrutinio definitivo marcan la magnitud del cambio. Font, un ingeniero agrónomo de 36 años con trayectoria en la Federación Agraria Argentina y el Ministerio de Bioagroindustria, se quedó con el 46,09% de los votos. Lejos quedó el exintendente Pedro Dellarossa, con el 19,99%, mientras que Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, se ubicó tercero con el 17,31%. La boleta ofrecía siete alternativas, incluyendo a Verónica Crescente (Unión Vecinal), Ana Claudia Elzaurdia (Uno), Jorge Antonio Bolcatto (Encuentro Vecinal Córdoba) y Juan Carlos Escobar (Partido Libertario), pero el voto se concentró en un giro de ciclo.

Para entender el peso de este sacudón, hay que mirar la foto completa. Marcos Juárez venía de una racha histórica adversa al justicialismo. Recuperar la gestión aquí no es solo sumar un distrito más al mapa; es demostrar que el relato de que ciertos territorios estaban "perdidos" para siempre puede revertirse. En este caso, la apuesta fue por un perfil ligado a la gestión productiva y las cooperativas, alejado de la militancia tradicional de escritorio.

¿Qué significa esto para el vecino que paga sus impuestos y espera que funcione la recolección de residuos o la atención en el dispensario? Implica un cambio de timón en la administración de los recursos después de medio siglo. Cuando una fuerza que estuvo fuera del poder asume, se reordenan las prioridades. Para los sectores más vulnerables, que dependen directamente de la respuesta del Estado local, esta transición abre una nueva oportunidad de ser escuchados, pero también genera una exigencia inmediata: la gestión deberá traducir ese respaldo electoral en obras y servicios tangibles, no en promesas de campaña.

Sin embargo, hay un dato que la nueva administración no puede ignorar: la abstención. Solo votó el 62% del padrón, unas 15.495 personas sobre más de 24.000 ciudadanos habilitados. Es una concurrencia inferior a la de comicios anteriores. Font gobernará con el respaldo real de menos de un tercio del total de ciudadanos con derecho a voto. El desafío de los próximos años será ampliar esa base, demostrar que el cambio es real y evitar que la fatiga electoral se convierta en descontento social. El tablero de 2027 ya empezó a dibujarse en estas urnas.

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Fuente: Junta Electoral de Córdoba - Datos de escrutinio definitivo, Elecciones Municipales Marcos Juárez 2026.

Enlace: www.juntaelectoralcba.gob.ar

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#MarcosJuárez #EleccionesCórdoba #GermánFont #PolíticaLocal #Peronismo #ArgentinaDesigual

Cambiaron la razón social, pero el historial sigue intacto. Una petrolera británica, previamente inhabilitada por el Estado argentino por operar ilegalmente cerca de las Islas Malvinas, hoy figura como socia de un proyecto gasífero en Río Negro que goza de los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado Maximiliano Ferraro, al frente de la Coalición Cívica, encendió la mecha de una polémica que trasciende lo partidario: puso bajo la lupa cómo Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, logró que el Gobierno avalara su participación mediante la Resolución 559/2025.

Los números y las fechas cuentan una historia de metamorfosis corporativa. Según la denuncia presentada, Harbour Energy no es una recién llegada al mapa energético. Se trata de la misma persona jurídica que hasta 2021 respondía al nombre de Premier Oil PLC. Ese detalle es la piedra angular del cuestionamiento: en 2013, bajo esa antigua denominación, la firma fue formalmente inhabilitada por una resolución amparada en la Ley 26.659. El motivo fue explícito: llevar a cabo tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental sin la debida autorización argentina, operando en las inmediaciones del archipiélago. Doce años después, con un nuevo nombre y el 15% de las acciones de Southern Energy, la compañía accede a los privilegios del RIGI para la producción y exportación de gas patagónico.

• Para dimensionar la contradicción, hay que mirar el tablero macro. El RIGI fue diseñado como un imán de capitales, ofreciendo estabilidad jurídica y exenciones a cambio de inversiones de gran escala. Sin embargo, este mecanismo choca frontalmente con la histórica doctrina argentina de no convalidar actividades extractivas en el Atlántico Sur. La denuncia de Ferraro aterriza justo cuando el Ejecutivo nacional anunció una renovada ofensiva diplomática y legal contra firmas vinculadas a la explotación en Malvinas. La paradoja salta a la vista: mientras se endurece el discurso y se buscan sanciones para quienes operan en el mar, se abre la puerta de los incentivos fiscales en tierra firme a una corporación con el mismo ADN societario.

Más allá de la disputa geopolítica, esta operatoria tiene un costo tangible para el bolsillo de los argentinos. Cada beneficio impositivo otorgado bajo el paraguas del RIGI representa ingresos que el Estado deja de percibir. En un escenario donde los sectores más vulnerables absorben el ajuste de tarifas, la inflación en los alimentos y la precarización laboral, entregar ventajas fiscales a una multinacional con antecedentes de violación a la ley de soberanía hidrocarburífera marca una brecha abismal en las reglas del juego. No es un debate de escritorio: es la confirmación de que, mientras la ciudadanía paga el costo de la crisis, ciertas inversiones reciben un trato de favor, aun cuando sus papeles corporativos levanten alertas rojas sobre el respeto a nuestras propias normas.

Lo que queda en juego con este expediente va más allá de un yacimiento en la Patagonia. La controversia obliga a revisar los filtros de control y los criterios de elegibilidad al momento de aprobar incentivos fiscales millonarios. Si la identidad jurídica es la misma, la sociedad y los organismos de control deberán determinar en los próximos meses si un simple cambio de denominación es suficiente para borrar antecedentes legales o si, por el contrario, se está sentando un precedente donde la conveniencia económica termina por encima de la coherencia normativa y la soberanía.

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Fuente: El Argentino Diario, 06 de septiembre de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/presidencia/06/09/2026/polemica-por-el-rigi-denuncian-que-una-petrolera-sancionada-por-operar-en-malvinas-recibio-beneficios/

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#Malvinas #RIGI #Soberanía #Energía #ArgentinaDesigual #Investigación

Desmantelar lo que funciona para pagar más por el mismo servicio. Esa es la radiografía que emerge desde el interior de ARSAT sobre el futuro de la conectividad en la Argentina. Según denuncias documentadas desde la planta de trabajadores, el Gobierno nacional está preparando el terreno para transferir a capitales privados la columna vertebral tecnológica del país. La maniobra combina un desfinanciamiento estatal deliberado con la apertura acelerada de contratos millonarios a empresas extranjeras, poniendo en jaque décadas de inversión en soberanía digital.

La alerta la enciende Daiana García, licenciada en Economía y delegada gremial de la empresa, quien expone una contradicción financiera difícil de ignorar. Mientras el Estado acumula una deuda millonaria al dejar de pagar los servicios que ARSAT brinda en distintas regiones del país, se agiliza la contratación de proveedores externos. El caso más crítico es el de las escuelas rurales. De un total de 18.000 establecimientos en el país, el programa estatal de conectividad alcanzaba a casi 6.000. La gestión de Javier Milei impulsa su desconexión para migrar el servicio a Starlink, la compañía de Elon Musk. El dato que golpea al bolsillo: el servicio de ARSAT cuesta aproximadamente un tercio de lo que factura la empresa estadounidense.

La asimetría en el trato es el punto de quiebre. Según la delegación, el ente regulador ENACOM adeuda pagos a la empresa estatal desde hace años, contribuyendo al estrangulamiento financiero de la compañía. Sin embargo, ese mismo organismo logró adjudicar y abonar en cuestión de días un contrato a la firma extranjera. Esta dinámica no busca la eficiencia, sino crear las condiciones para justificar el vaciamiento: se niegan los recursos a la empresa pública para luego argumentar que no puede competir, ignorando que retirar los equipos actuales implica un costo extra que termina absorbiendo el erario.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que recordar el origen de la compañía. ARSAT nació en 2006 con un mandato de soberanía: ocupar y proteger las posiciones orbitales 72° y 81° Oeste. Ese objetivo se concretó con el lanzamiento de los satélites Arsat 1 y 2, construidos en Bariloche y puestos en órbita en 2014 y 2015. A esto se suma una red de 34.000 kilómetros de fibra óptica, que incluye un cable submarino hasta Tierra del Fuego, diseñada específicamente para llegar a pueblos donde el mercado privado no entra porque la cuenta de ganancias no cierra.

La consecuencia de esta política ya tiene un antecedente visible en el territorio. Hace dos años comenzó la desconexión de los Centros de Atención Primaria (CAPs), una externalidad del servicio público que garantizaba señal de celular en zonas de alta montaña y localidades aisladas. Hoy, ese servicio se perdió. Al mismo tiempo, la estructura interna de la empresa se desdibuja: desde el cambio de gobierno, el 20% de la planta de empleados, en su mayoría técnicos especializados, abandonó la compañía. Los que permanecen enfrentan un conflicto abierto: llevan tres meses sin paritarias y denuncian que sus salarios están un 50 por ciento por debajo del valor de mercado, en una disputa que se arrastra desde 2023.

El último movimiento de esta reestructuración involucra la información más sensible del país. ARSAT opera un Datacenter de última generación, una "nube" pública que resguarda datos de bancos, empresas y organismos nacionales, con capacidad técnica para impulsar la inteligencia artificial local. La decisión de migrar estos repositorios hacia plataformas como Amazon y Google traslada no solo el almacenamiento, sino el control de la infraestructura crítica. La pregunta que queda abierta es si la Argentina está optimizando sus recursos o entregando, a precio de remate, una herramienta estratégica que le costó años y fondos públicos construir.

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Fuente: Declaración de Daiana García, Lic. en Economía y Delegada de ARSAT (Grupo Paternal).

Enlace: Documento interno / Texto proporcionado por la fuente.

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#SoberaníaTecnológica #ARSAT #ConectividadRural #DeudaPública #ArgentinaDesigual #ServiciosPúblicos

Hay interrogantes que incomodan más que las certezas. Este viernes, la Quinta de Olivos quedó en el centro de un cuestionamiento que va más allá de lo anecdótico: el destino de quince gallinas que ingresan semanalmente a la residencia presidencial y cuya desaparición nadie explica. La periodista Nancy Pazos, desde su programa en C5N, puso el foco en esta rutina opaca y obligó a la opinión pública a preguntarse qué ocurre realmente detrás de los portones blindados del poder.

El planteo surgió durante la emisión de Inteligencia Artesanal, inmediatamente después de la cadena nacional del presidente Javier Milei por la causa Malvinas. Lejos de limitarse al análisis político, la conductora reveló un dato concreto: cada semana ingresan quince gallinas vivas al predio de Olivos. Pero fue su siguiente observación la que encendió las alarmas: "Yo no creo que nadie se las quiera comer", sostuvo, antes de exigir una investigación formal sobre el destino final de esos animales. La pregunta implícita es inevitable: si no son para consumo, ¿qué sucede con ellas?

Para entender por qué este cuestionamiento resuena con tanta fuerza, hay que mirar el historial de la residencia presidencial. Olivos ha funcionado históricamente como una caja negra donde las dinámicas internas y los gastos rara vez rinden cuentas al público. En un contexto donde la ciudadanía exige transparencia hasta en el último centavo de los fondos públicos, cualquier actividad no documentada dentro de ese perímetro genera desconfianza automática. No se trata solo de aves de corral, sino de la normalización de prácticas que escapan al control ciudadano y que nadie se anima a justificar.

¿Y a vos qué te importa lo que pase con unas gallinas en Olivos? La respuesta está en tu bolsillo y en la confianza institucional. Mientras ajustás cada gasto en el supermercado y debatís el destino de cada recurso estatal, la existencia de rutinas inexplicables en la casa del presidente alimenta la sensación de desconexión. Cuando no hay claridad en los detalles pequeños, la gente asume que la oscuridad también cubre los grandes. La demanda de Pazos funciona como un termómetro social: ya no aceptamos respuestas evasivas ni actividades que no puedan justificarse con hechos concretos y verificables.

La pelota ahora está en el campo de la administración presidencial. Una aclaración factual, rápida y sin rodeos sobre el destino de esas quince aves semanales sería suficiente para cerrar el ciclo de especulaciones. Pero si el silencio se impone, lo que comenzó como una observación curiosa se transformará en un símbolo más de la falta de rendición de cuentas. En la política argentina, las preguntas que se ignoran suelen convertirse, tarde o temprano, en las respuestas que nadie quiere dar.

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Fuente: El Prensero, sábado 5 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.elprensero.com

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#QuintaDeOlivos #TransparenciaPublica #NancyPazos #ArgentinaDesigual #InvestigacionPeriodistica #C5N

La denuncia apunta directamente al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Rodrigo Paz Pereira, a su esposa, Vivi Urquidi, y a su entorno familiar, quienes habrían articulado una red de corrupción con el asesor político argentino Fernando Cerimedo para transformar la necesidad de combustible en una fortuna ilícita.

El mecanismo técnico de la estafa es tan cínico como devastador. Según revelan investigaciones del sector energético y el testimonio de Beller, la empresa Futura Energy —gestionada en Argentina por Natalia Basil, ingeniera química y esposa de Cerimedo— se dedicó a comprar residuos químicos, lodos y suciedad acumulada en el fondo de los tanques de refinerías y surtidores argentinos. Este material, técnicamente inservible y altamente contaminante, fue cruzado la frontera y vendido al Estado boliviano con la etiqueta de "combustible premium". El resultado a la vista: más de diez mil motores de vehículos y maquinaria pesada fundidos, dejando al transporte y a la economía local al borde del colapso.

Pero la adulteración del combustible era solo la punta del iceberg. La operatoria incluía un sobreprecio millonario en las licitaciones públicas y una coima fija de un boliviano en efectivo por cada litro distribuido a empresas y acaparadores. Este dinero negro nunca ingresó a las arcas públicas. La recaudación diaria se desviaba hacia un búnker secreto ubicado en una casa de cambios de la exclusiva zona de Calacoto. Allí, el exmilitar Fritz Junior Gironda se encargaba de custodiar bolsos repletos de billetes y, lo que resulta aún más grave, lingotes de oro puro. Este metal precioso funcionaba como la moneda de cambio preferida para asegurar contratos mineros que, presuntamente, eran facilitados desde el entorno de la primera dama cruceña.

Cerimedo, cabe aclarar, no figuraba en ninguna nómina estatal. Operaba como un consultor externo, recibiendo pagos millonarios por fuera del Estado a través de su red de empresas fantasma, a cambio de blindar políticamente el negocio en Bolivia y en otros países de la región. Beller aseguró haber entregado al periodista John Arandia fotografías de cajones repletos de efectivo y pruebas del manejo de oro, material que le fue sustraído junto a su teléfono durante el atentado que casi le cuesta la vida.

¿Quién paga el costo real de este negociado? No son los funcionarios ni los operadores financieros. El impacto lo absorbe el ciudadano de a pie: el transportista que duerme en su camión bajo la lluvia esperando un cupo, el comerciante que ve su mercancía pudrirse por la falta de transporte, y las familias que ven cómo el parque automotor se destruye por la nafta adulterada. Mientras el pueblo boliviano enfrenta la ruina económica, la élite política y sus socios extranjeros consolidan un patrimonio blindado en oro y efectivo.

El escenario judicial que se abre es complejo. La justicia deberá determinar si podrá desmantelar una red que operó con total impunidad durante nueve meses, especialmente cuando las pruebas físicas fueron robadas en medio de un ataque violento. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un asesor extranjero, sino la capacidad de las instituciones para auditar el origen de los recursos que mueven la economía de un país.

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Fuente: Bolpress, Lenergy Group y registro audiovisual de denuncia pública, 18 de agosto de 2026.

Enlace: https://www.lenergygroup.com/combustibles-adulterados-sobreprecios-y-corrupcion-la-trama-que-destapo-la-causa-cerimedo/

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#Bolivia #CausaCerimedo #CorrupciónTransnacional #PeriodismoDeInvestigación #ArgentinaDesigual #CrisisEnergética

El PAMI está al borde del colapso y los números confirman lo que los pasillos del organismo ya gritan: existe un agujero financiero de 1,2 billones de pesos que está desmantelando la obra social de los jubilados. Mientras las prestaciones se caen a pedazos y las clínicas cierran sus puertas, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, recortó a la mitad los recursos que la institución necesitaba para funcionar. No se trata de un simple ajuste técnico; es un desfinanciamiento que ya tiene nombre, apellido y consecuencias directas sobre la salud de millones de argentinos.

La cuenta es fría y demoledora. A finales de 2024, el Gobierno eliminó el Impuesto País, un mecanismo que hasta ese momento inyectaba el grueso de su recaudación directamente al PAMI. La promesa oficial fue que el Tesoro Nacional cubriría ese bache sin afectar la calidad del servicio. La realidad, sin embargo, fue un incumplimiento sistemático. De los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado este año por esa vía, la compensación presupuestaria efectiva se limita a apenas 1,6 billones. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta julio la asistencia financiera real del Tesoro fue de solo 0,9 billones de pesos, lo que representa una caída del 28,7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2025. Solo en el mes de julio, esa asistencia se redujo a 0,1 billones, un desplome del 16,8%.

Esta sangría no ocurre en el vacío. Ya en junio, se había revelado que la estrategia de Caputo incluía pagar a proveedores con bonos, una medida parche que, lejos de cicatrizar la herida, aceleró el cierre de prestadores y la falta de medicamentos. El desfinanciamiento ha generado una grieta incluso dentro del propio oficialismo. Mientras el ala política advierte que este descalabro pone en riesgo los votos de los jubilados —históricos electores del PRO que respaldaron a Milei en 2023— de cara a las elecciones de 2027, el Ministerio de Salud observa la crisis con una pasividad que roza el abandono. Fuentes del sector aseguran que el ministro Mario Lugones, pese a su origen radical y su vinculación con el entorno de Coti Nosiglia, atraviesa una "fase libertaria extrema" y se autoexcluye de los reclamos diarios. La frase que le atribuyen en los pasillos resume la postura: "Si se tiene que romper el sistema, que se rompa; si tienen que quebrar clínicas, que quiebren".

¿Y cómo se traduce esto en la vida real? En el cierre de puertas. Este mismo lunes, el Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, anunció que deja de prestar servicios, dejando a 15.000 beneficiarios a la deriva. La misma escena se repite en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Silvia D'Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, fue clara: la eliminación del impuesto sin una compensación real impidió actualizar los aranceles, y el sector necesita una suba superior al 100% solo para volver a funcionar. Mientras tanto, en Neuquén, los diputados Darío Martínez y Darío Peralta denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos a las clínicas de esa provincia, presentando un proyecto para exigir al Gobierno nacional que garantice la continuidad de las prestaciones.

Lo que hoy sucede en el PAMI no es solo un problema contable; es el termómetro de un sistema de salud que se desmorona cuando se lo priva de su oxígeno financiero. Los cuadros técnicos del organismo y del Ministerio de Salud ya alertan que la crisis es inédita y dibuja un panorama incierto. La encrucijada es clara: o se encuentra una fuente de financiamiento genuina que tape este hueco de 1,2 billones, o el deterioro de las prestaciones profundizará una emergencia sanitaria que, tarde o temprano, terminará cobrándose una factura política y social imposible de ignorar.

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Fuente: La Política Online, 2 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.lapoliticaonline.com/amp/355399-caputo-le-recorto-la-mitad-de-los-recursos-al-pami-y-el-ala-politica-teme-perder-votos-de-jubilados/

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#PAMI #Jubilados #EconomíaArgentina #SaludPública #CrisisSanitaria #ArgentinaDesigual

Dos organizaciones argentinas llevaron a la Justicia Federal de Río Grande una demanda preventiva por daño ambiental colectivo para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, también llamado “León Marino”, en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta contra Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development, de capitales israelíes, por avanzar sobre la plataforma continental argentina sin autorización nacional y sin evaluación de impacto ambiental ante el Estado argentino.

El caso importa ahora porque el proyecto ya tiene calendario. Según la información incorporada por los denunciantes, durante 2026 comenzaron trabajos sobre el muelle y la base terrestre, la perforación está prevista para comienzos de 2027 y la producción podría arrancar en 2028. La explotación, además, está proyectada por más de 30 años.

• La acción fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ambas organizaciones pidieron la suspensión inmediata de obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino, además del freno de las operaciones financieras vinculadas al proyecto. También solicitaron un embargo preventivo por 156.432.000 dólares sobre bienes y activos de las compañías involucradas.

• El proyecto Sea Lion se ubica aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b. El plan contempla la extracción de más de 1.300 millones de barriles de crudo, una cifra que explica por qué el expediente no solo abre una discusión ambiental, sino también económica y de soberanía.

La ingeniería prevista es de gran escala. En sus primeras dos etapas, el desarrollo incluye 23 pozos submarinos: 16 productores de petróleo, 6 de inyección de agua y 1 de inyección de gas. También contempla cañerías, equipos instalados sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

• El punto central de la demanda es que las compañías no hicieron ante la Argentina las presentaciones necesarias para explorar o explotar hidrocarburos. Tampoco iniciaron el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ese dato no surge solo de la postura de los denunciantes: en enero de 2026, AAdeAA pidió información pública a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Economía, y las respuestas oficiales confirmaron la ausencia de esos trámites.

Por eso, las organizaciones sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica en las Islas no reemplazan las obligaciones legales frente al Estado argentino. En el expediente, los impulsores de la acción plantean que esas autorizaciones deben ser declaradas inoponibles a la República Argentina.

• La demanda también pone bajo la lupa los antecedentes de las empresas. Según AAdeAA y el CECIM, Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional, y en 2013 fue inhabilitada durante 20 años para operar en el país. En el caso de Navitas, las organizaciones sostienen que recibió sanciones equivalentes en 2022.

La distribución del negocio también quedó detallada en la presentación: Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper conserva el 35%. Por eso, además del freno a las obras, las organizaciones reclaman que las empresas identifiquen a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores que financian la explotación.

El impacto ambiental señalado en el expediente no se limita a una hipótesis general. Las organizaciones advierten sobre perforaciones, movimientos del lecho marino, tránsito permanente de embarcaciones, ruido submarino, uso de sustancias químicas y eventuales derrames. También alertan que las corrientes marinas podrían extender los efectos hacia zonas utilizadas por distintas especies para alimentarse, reproducirse y migrar.

La preocupación de fondo es que, una vez producido el daño, la reparación puede ser muy difícil o directamente imposible. En términos concretos, lo que se discute es si una explotación de esta magnitud puede avanzar sin que el Estado argentino y la sociedad accedan a la información, evalúen los riesgos y decidan sobre recursos ubicados en la plataforma continental argentina.

El planteo jurídico incorpora además la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, vinculada a la prohibición de modificaciones unilaterales en territorios cuya soberanía está en disputa.

Los demandantes sintetizaron esa lectura con una frase fuerte: “El petróleo aparece como una nueva forma del viejo despojo”. La definición conecta el expediente ambiental con una disputa de larga duración: quién decide sobre los recursos del Atlántico Sur y bajo qué reglas.

Ahora será el Juzgado Federal de Río Grande el que deberá analizar los pedidos: suspender obras y perforaciones, bloquear operaciones financieras, ordenar el embargo preventivo por más de 156 millones de dólares, exigir información sobre los financiadores y definir si las licencias británicas pueden tener algún efecto frente a la legislación argentina. Lo que queda en juego es si el proyecto avanza hacia el hecho consumado o si la Justicia interviene antes de que la explotación empiece a transformar el lecho marino.

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Fuente: C5N, 1 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.c5n.com/politica/presentaron-una-demanda-frenar-un-proyecto-petrolero-britanico-israelien-malvinas-n247715

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Las cuentas de la campaña presidencial de La Libertad Avanza de 2023 siguen trabadas en la Justicia Electoral. No se trata de un mero trámite administrativo: los auditores frenaron la aprobación del informe final por inconsistencias, falta de documentación y dudas concretas sobre los gastos que sostuvieron el armado electoral que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la mira aparece el nombre de Fernando Cerimedo, el consultor tecnológico y comunicacional de la fuerza, cuyos aportes millonarios y movimientos financieros hoy exigen explicaciones que el expediente todavía no tiene.

• Los registros son precisos. Según las observaciones de los peritos, Cerimedo inyectó 6.115.212,21 pesos en efectivo a la estructura electoral. Pero el dinero en mano fue solo el comienzo. La jueza federal con competencia electoral, María Servini, requirió información directa a Aerolíneas Argentinas para rastrear la compra de doce pasajes utilizados durante la gira por Javier Milei, su hermana Karina y dos custodios. La aerolínea confirmó la operación, encendiendo una alerta sobre la trazabilidad de esos viáticos.

La trama se complica al revisar las facturas. Los auditores detectaron que UPROD, una empresa vinculada al consultor, cobró servicios de logística y ploteos para la campaña. El detalle que saltó como una señal de alarma es que, en los registros oficiales, esa misma firma figura inscripta exclusivamente para la producción de filmes y videocintas. Ante esta discrepancia entre la actividad declarada y los servicios facturados, la Justicia exige saber qué trabajos se realizaron realmente, quiénes los autorizaron y a dónde fue a parar cada peso.

• ¿Por qué debería importarte este laberinto de facturas? Porque cuando el financiamiento de una campaña pierde transparencia, se erosiona la confianza en las reglas que después administrarán los recursos de todos. En un país donde la economía golpea con fuerza a los sectores más vulnerables y donde cada peso público se discute, la opacidad en el origen y destino de millones de pesos que impulsan una candidatura deja una pregunta incómoda: ¿quién banca realmente el costo de la política y bajo qué condiciones se toman las decisiones que afectan tu bolsillo y tus servicios?

El panorama se vuelve más complejo por la situación legal actual de Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia. Allí enfrenta una acusación por ordenar un ataque contra su pareja, que sobrevivió, y un proceso paralelo por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien estas causas en el exterior no prueban por sí solas irregularidades en el financiamiento argentino, obligan a un escrutinio exhaustivo sobre su rol en el armado electoral de 2023. Los peritos ya recomendaron no aprobar el informe hasta subsanar las observaciones. Ahora, la Justicia deberá definir si los comprobantes presentados alcanzan para cerrar el expediente o si corresponde aplicar las sanciones que prevé la ley electoral.

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Fuente: ÉPICA 🤳🏻 (@epicarosario) / Información de expedientes de la Justicia Electoral

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Los números no mienten, aunque a veces tarden en llegar. La Oficina Anticorrupción recibió finalmente las declaraciones juradas de 2025 de la cúpula nacional, revelando un salto patrimonial que contrasta con el discurso oficial de austeridad. Javier Milei reportó un patrimonio de 295,1 millones de pesos, un incremento de casi 90 millones en un solo año. En paralelo, su hermana y mano derecha, Karina Milei, triplicó sus activos, y el ministro Luis Caputo consolidó su lugar como el funcionario más rico del país, con la inmensa mayoría de su fortuna resguardada fuera de la Argentina.

• El aumento de 89,1 millones en las cuentas del presidente tiene una explicación concreta. Proviene, en gran medida, de la revaluación de una propiedad de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy figura en 38,4 millones de pesos, sumado a un incremento de 18,5 millones en depósitos y efectivo. A ese stock se le suman una camioneta Mercedes Benz Sprinter 2015 de 20,1 millones, un coupé Peugeot RCZ 2013 valuado en 16,2 millones y una deuda declarada de 586 mil pesos con el banco Supervielle. Sus ingresos anuales alcanzaron los 93,8 millones, con gastos personales reportados por 66,2 millones.

• El caso de Karina Milei muestra una dinámica de crecimiento acelerado. Pasó de 11,4 millones en activos en 2024 a 35,3 millones en 2025. El motor de ese salto es un departamento con cochera de 150 metros en Vicente López, cuya valuación se disparó de 3,9 millones a más de 28,1 millones de pesos. A ello suma una billetera virtual con 3,8 millones, 500 mil pesos en efectivo y deudas que treparon levemente a 969 mil pesos.

Del otro lado del escritorio, Luis Caputo maneja volúmenes de otra escala. Tras las bajas de Werthein y Cuneo Libarona, el ministro de Economía declaró ahorros por 13.030 millones de pesos. De ese total, 12.422 millones descansan en el exterior, incluyendo una sola cuenta corriente en dólares que equivale a 11.739 millones. En el país, apenas mantiene poco más de 600 millones repartidos en cinco plazos fijos, tres cajas de ahorro, una cuenta en dólares de 23,1 millones y 122 mil pesos en efectivo.

Estos datos no llegaron en los tiempos habituales. La Oficina Anticorrupción, bajo la dirección de Gabriela Zangaro, emitió la Resolución 3/2026 para extender el plazo de presentación original del 30 de mayo hasta el 31 de julio. Esta prórroga se dio en medio del revuelo judicial que involucró al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, levantando cuestionamientos sobre la transparencia y los plazos en la rendición de cuentas de los altos mandos.

Más allá de las cifras frías, la lectura social es inmediata. Cuando el presidente reporta gastos personales anuales por 66 millones de pesos, esa cifra representa el esfuerzo de toda una vida para miles de familias que hoy luchan por cubrir la canasta básica. La revaluación millonaria de propiedades en zonas céntricas y en Vicente López ocurre mientras el acceso a la vivienda propia se consolida como un lujo inalcanzable para los sectores populares. La distancia entre la realidad financiera de quienes diseñan la política económica y la de quienes la padecen no necesita adjetivos; los números hablan por sí solos.

La información ya es pública y los archivos de la Oficina Anticorrupción la respaldan. El crecimiento patrimonial de la familia presidencial y la concentración de activos en el exterior por parte del máximo responsable de la economía quedan registrados. Resta observar cómo estos datos se cruzan con las políticas de ajuste que se aplican al resto de la sociedad y qué mecanismos de control se activarán frente a revaluaciones que inflan los balances oficiales de la noche a la mañana.

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Fuente: DataClave, 2026

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/milei-declaro-295-millones-de-pesos-y-karina-multiplico-su-patrimonio_a6a95c6d21b13685a969ef34f

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