Traición a la Patria: denuncian penalmente a Milei por entregar el Atlántico Sur al Comando Sur
En los tribunales de Comodoro Py se rompió un tabú que venía madurando en los foros de geopolítica y en las redacciones. La entrega del Atlántico Sur dejó de ser un grito en el vacío para transformarse en un expediente penal con nombre, apellido y carátula. Javier Milei, su canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti están formalmente denunciados. No se los acusa de corrupción común ni de malversación de fondos; la acusación apunta al corazón mismo de la soberanía: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, como delito subsidiario, traición a la patria.
- La firma detrás de esta causa es la del diputado nacional Juan Marino, blindado jurídicamente por el constitucionalista Eduardo Barcesat. El expediente 3303/2026 recayó en el Juzgado Federal 10 y apunta a desarmar una maniobra que el Gobierno intentó esconder bajo la alfombra del secretismo castrense. El mecanismo elegido para la operatoria fue el decreto de necesidad y urgencia 264/2026. Con ese papel firmado por el presidente, el Ejecutivo autorizó el desembarco de medios, tecnología y personal del Pentágono para los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y las maniobras de patrullaje PASSEX dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva.
El problema de fondo no es el ejercicio militar en sí, sino la trampa legal que lo habilitó. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 28, es cristalina y no admite grietas: solo el Congreso de la Nación puede convalidar el ingreso de tropas extranjeras al territorio. El Gobierno, simplemente, decidió que el Congreso estorbaba y lo salteó por completo.
- Pero la denuncia penal va mucho más allá de un vicio de forma o un error administrativo. El escrito es una radiografía quirúrgica de la subordinación militar que se está consumando. En sus párrafos se describe el adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina y estándares de la OTAN en suelo argentino. Se detalla la integración de oficiales de nuestra armada a un Estado Mayor Multinacional que responde directamente a la Cuarta Flota de Estados Unidos. Y hay un detalle técnico que hiela la sangre: la supuesta donación de sensores ISR, como el sistema WESCAM MX-10, y los aviones Textron B-360ER. Lejos de equipar a la Armada para defender nuestros intereses, estos dispositivos la convierten en un simple satélite de recolección de datos, un sensor remoto subordinado al procesamiento de inteligencia del Pentágono.
Para entender la magnitud de este desguace, hay que mirar la miseria planificada de las propias Fuerzas Armadas. Mientras se entregan los datos estratégicos del mar, el Ejecutivo aplicó un tijeretazo de 59.000 millones de pesos al presupuesto castrense. El resultado en el bolsillo de los soldados es una licuación salarial del 80% frente a la inflación. La postal es dantesca y humillante: oficiales y suboficiales formados durante años para defender la soberanía terminan manejando para Uber o haciendo de repartidores para poder llevar comida a sus casas.
A esa asfixia económica se le suma el desmantelamiento institucional. Bajo la batuta de figuras como Federico Sturzenegger, se impulsa la fusión de la Armada con la Prefectura Naval. El objetivo confeso es degradar nuestra defensa militar estratégica a una mera comisaría marítima. Como advirtió el dirigente Claudio Lozano al empujar el reclamo de juicio político, no es un desarme casual ni producto de la austeridad: es un "creciente proceso de ocupación" que abarca desde el Atlántico Sur hasta la injerencia del Comando Sur en la vía troncal del Río Paraná.
Y la contradicción alcanza niveles grotescos. Mientras los cuarteles no tienen plata para pagar la luz ni com bustible para salir a patrullar el mar, el Gobierno encuentra millones para endeudarse en dólares. Se comprometieron 400 millones de dólares con el contratista Raytheon para comprar misiles AMRAAM. La ironía es tan reveladora como indignante: esos misiles están condicionados y controlados por el software de Washington, y son exactamente los mismos que Estados Unidos le provee a los británicos que nos ocupan las Islas Malvinas.
El corolario de esta operatoria es un cerrojo legal perfecto a favor de Gran Bretaña. Al plegarse a la doctrina estadounidense de "Protección de los Bienes Comunes Globales", el Gobierno acepta que el Mar Argentino sea supervisado operativamente por una potencia extranjera. Si el Atlántico Sur pasa a ser un "bien común" administrado en conjunto por la Cuarta Flota y una Armada degradada a fuerza auxiliar, la base militar de la OTAN en Monte Agradable y el saqueo pesquero británico dejan de ser una ocupación colonial ilegal. Pasan a ser un componente más de la "gestión compartida" del espacio marítimo.
La causa que hoy tramita en Comodoro Py no juzga solo la violación formal de una ley de ingreso de tropas. Lo que está en juego es la entrega planificada del mar, el cielo y el suelo argentino a la estrategia global de Washington. Se juzga la conversión de la Argentina en un protectorado que amarra, tal vez para siempre, el futuro de nuestra soberanía nacional.
Fuente original: Agenda Malvinas, 5 de julio de 2026
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