Manuel Adorni se quebró. No fue una metáfora: se derrumbó literalmente en su despacho de la Casa Rosada, entre sollozos, con la mirada extraviada y sin permitir que nadie lo sacara de allí, minutos después de que Karina Milei le transmitiera el mensaje que pulverizó su carrera política. "Está destruido", describió el periodista Eduardo Feinmann. "No para de llorar. Está completamente desbordado", agregó un funcionario que presenció la escena. El mismo hombre que hasta hoy era jefe de Gabinete de la Nación se desmoronó porque la hermana del Presidente, en nombre de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, le bajó el pulgar sin anestesia.

La orden fue un pedido de renuncia indeclinable. Ni más, ni menos. La comunicación fue directa, sin vueltas, y desató una crisis nerviosa que tomó por sorpresa incluso a sus colaboradores más cercanos. "Él pensaba que tenía el apoyo de Milei, pero Karina se lo comunicó y se vino abajo", confió un estrecho colaborador que siguió los hechos minuto a minuto. En Casa de Gobierno primero intentaron calmarlo; después, persuadirlo de que abandonara la oficina. No lo lograron en horas.

La caída de Adorni no es solo el final de un funcionario. Es la crónica de una entrega política que se cocinó fuera de la vista del público. Macri y Bullrich forzaron la salida. Milei la acató. El argumento formal fue el desgaste judicial: Adorni acumula denuncias por presunto enriquecimiento ilícito a costa del Estado, una situación que se volvió insostenible en medio del brutal ajuste que golpea a la sociedad. Pero lo que aceleró todo fue el miedo a que ese escándalo salpicara al Presidente y arrastrara lo poco que queda del experimento libertario puro. La intervención macrista fue quirúrgica: pidieron la cabeza de Adorni y pusieron a un hombre propio en el centro del poder.

Ese hombre es Diego Santilli. El ministro del Interior asumirá en las próximas horas como nuevo jefe de Gabinete, formalizando el desembarco definitivo del PRO en las entrañas del Gobierno. Santilli reporta a Karina Milei, pero su designación es leída como un punto de equilibrio en la feroz interna libertaria: mantiene buena relación con Santiago Caputo y su objetivo explícito es no meterse en esa pelea. Con todo, el mensaje hacia afuera es inequívoco: La Libertad Avanza ya no controla la gestión. El PRO gobierna desde las sombras y ahora lo hace formalmente.

El dato más explosivo, sin embargo, es el costo humano y político de esta decisión. El desplante a Adorni expone el método de conducción de Karina Milei y la fragilidad de los vínculos dentro del oficialismo. Quien fuera la voz del Gobierno durante la campaña y los primeros meses de gestión terminó aislado, llorando a puertas cerradas, sin que el Presidente moviera un dedo para sostenerlo. La imagen de un funcionario destruido emocionalmente, sin capacidad de reacción, es también un síntoma de cómo se toman las decisiones en la cima del poder: con frialdad quirúrgica y lealtades que se rompen sin previo aviso.

Para la sociedad, el cambio implica un giro concreto. Santilli asume con la responsabilidad de ordenar la relación con las provincias, pilotear la agenda legislativa y contener las tensiones que atraviesan los ministerios. Su llegada reubica las prioridades del gasto y la obra pública, justo cuando la calle empieza a mostrar los primeros signos de agotamiento. Las consecuencias se medirán en las próximas semanas, pero una cosa es clara: el Gobierno ya no es lo que era.

Lo que queda por delante es si este movimiento alcanza para contener la hemorragia política o si, por el contrario, acelera la descomposición de un oficialismo que entregó su identidad a cambio de supervivencia. La interna entre libertarios y macristas no terminó: apenas cambió de forma. Y en el medio, un hombre quebrado por la orden de quien él creía que lo respaldaba, llora sin consuelo en el despacho que ya no le pertenece.

Fuentes originales: Portal Noticias Argentinas, junio de 2026, y relatos de colaboradores y Eduardo Feinmann.

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#Adorni #Santilli #CrisisNerviosa #Macri #GobiernoArgentino #ArgentinaDesigual

No hay presupuesto que los registre ni factura que los persiga. Los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mueven en efectivo, en mochilas, y desde hace meses alimentan una batalla sorda entre los dos sectores que se disputan el control real del Gobierno. Esta semana el conflicto sumó un nuevo capítulo: la pelea entre los hermanos Santiago y Francisco Caputo por un botín que, según fuentes con acceso directo a la Casa Rosada, treparía a los 27 millones de dólares. La discusión no fue abstracta: fue a los gritos, en el primer piso de Balcarce 50, y tuvo como telón de fondo la financiación del acto que la Fundación Faro organiza para el próximo martes 23 de junio.

Ese día Agustín Laje, presidente formal de Faro, dará inicio a una conferencia titulada “Ideas para una sociedad libre”, que se transmitirá en vivo por YouTube. La figura central será Javier Milei, acompañado por el anarcocapitalista estadounidense David Friedman, hijo del ídolo presidencial Milton Friedman. También hablarán Alberto Benegas Lynch —el referente que otorgó a Milei el doctorado honoris causa y que es padre de un diputado y un senador libertarios— y Martín Krause, el economista que durante la campaña de 2023 debió renunciar a su candidatura para el área de educación luego de preguntar en una charla si “no hubiera sido mejor” que la Gestapo hubiera sido argentina, “porque en vez de matar seis millones de judíos, hubieran sido menos”. Pese al repudio explícito de la DAIA, Milei lo defendió entonces en redes sociales y ahora compartirá escenario con él.

El acto será también la vidriera para la presentación del libro “La batalla por la macroeconomía”, del flamante vocero presidencial Adrián Ravier. Hasta hace pocos años, Milei lo había fustigado en Twitter con calificativos como “idiota”, “chanta” y “pésimo economista”. Hoy, Ravier es diputado nacional por La Pampa, dirige la Fundación Faro y responde a Santiago Caputo, que con ese nombramiento le acaba de ganar una pulseada a Karina Milei, partidaria de ungir a alguien alineado con los Menem.

La mochila que no era para él

La interna explotó cuando se supo que Francisco Caputo —el hermano mayor, que no tiene cargo oficial pero entra a la Rosada como si fuera su casa y funge de tesorero en Faro— habría tomado de los fondos reservados de la SIDE una tajada considerable para organizar el evento de la fundación y otros gastos. La suma en disputa, 27 millones de dólares, estaba destinada originalmente a amortiguar lo que en el oficialismo llaman el “aluvión anti Adorni”. La superposición de cajas desató la furia de Santiago, que veía cómo su hermano le desfinanciaba una operación política sensible.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, quedó en el ojo de la tormenta luego del escándalo por sus inversiones inmobiliarias y su tren de vida. El Senado postergó por una semana el debate de la moción de censura en su contra, gracias a una negociación en la que Patricia Bullrich logró sumar a la UCR, el PRO y bloques provinciales para no dar quorum el jueves pasado. Ahora la interpelación quedó para el 2 de julio, con posibilidades ciertas de remoción.

Para llegar a los 38 votos necesarios, el oficialismo se mueve en arenas movedizas. Los 21 senadores de Unión por la Patria, los dos de Gerardo Zamora y los dos de Justicia Social Federal le ponen un piso de 25. Si se acoplan los tres de Convicción Federal y los dos de MOVERE, más los dos de Provincias Unidas —que ya pidieron la renuncia de Adorni—, el número crece. Los gobernadores que responden a Llaryora, Schiaretti, Passalaqcua, Jaldo, Sáenz, Nacho Torres y Figueroa son la llave. Pero Sáenz empezó a dudar con el argumento de que echar a Adorni le daría a Milei la oportunidad de “victimizarse”. Esa postura se habría conversado en una reunión que Sergio Camacho, jefe de Gabinete salteño, mantuvo en la oficina de Santiago Caputo hace pocos días. Los mal pensados dicen que Camacho salió del edificio con mucho menos peso en el bolso del que entró: el color de las mochilas habría hecho juego con su ambo azul oscuro.

Una fundación sin donantes y un presupuesto que estalla

La Fundación Faro, concebida por el propio Milei y Santiago Caputo, declara que promueve los valores libertarios. En la práctica, según fuentes de la SIDE, funciona como “la caja de pago de los operadores digitales del espacio”. Su dominio en internet, fundacionfaro.org.ar, todavía está registrado a nombre de Fundación Valorar, su denominación anterior.

Los números son un volcán. En apenas dos meses de actividad durante 2024 recaudó $4.961 millones. El balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ), con once meses de atraso, no identifica a ningún donante. La justificación fue “razones de seguridad”. Hay cuatro irregularidades contables sin explicación: movimientos de dinero sin justificar, préstamos sin documentar y erogaciones sin correlato en actividades reales. El patrimonio pasó de $12 millones a multiplicarse 356 veces. No hubo servicio ni producto que explique ese salto.

La IGJ, bajo la órbita de Karina Milei, intimó a Faro el 1° de junio de 2026 para que en diez días hábiles revele la identidad completa de sus donantes. Hasta el cierre de esta nota, la fundación no había respondido.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Faro gastó $1.079 millones en publicidad política a través de Meta, bajo el sello “Ratio Oficial”. Fue el segundo mayor anunciante del país en la categoría. Más de 15.000 publicaciones. Todo sin que aparezca un peso en el presupuesto oficial.

La ruta del dinero y el control sin control

Los fondos reservados de la SIDE se manejan con un ritual casi artesanal: un funcionario autorizado retira el efectivo en el tercer subsuelo del Banco Nación con un sobre y un cheque. El rastro, cero. La Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia recibe apenas un papelito. “Nunca jamás controló los fondos”, dijo una fuente con acceso directo.

Cuando Milei llegó al poder, los fondos reservados de la SIDE rondaban los $640 millones anuales. En julio de 2024, el DNU 656 les inyectó $100.000 millones adicionales. El incremento fue de aproximadamente 15.625%, no del 5.000% como se repite. El Parlamento rechazó ese decreto, pero ya se había gastado el 80% en los primeros 30 días.

Durante 2025 se aprobaron tres ampliaciones más: el DNU 186 ($7.366 millones), la Decisión Administrativa 10 ($25.250 millones) y el DNU 849 ($26.118 millones). La suma correcta de esas ampliaciones de 2025 es de $58.734 millones, y no de $105.196 millones como erróneamente se consignó. En lo que va de 2026, el presupuesto del organismo ya superó los $97.135 millones, con $19.000 millones específicos para gastos reservados. En solo dos semanas de junio se ejecutaron $3.500 millones. Desde el inicio de la gestión, en términos reales, la SIDE creció un 34% mientras el resto del Estado se contraía un 31%.

Parte de ese dinero habría financiado sobresueldos en efectivo, gastos de la vocería de Adorni y, según las mismas fuentes, eventuales “facilidades” a legisladores en coyunturas clave.

Los hermanos Caputo, sin cargo y con mochila

Santiago Caputo no tiene nombramiento oficial. Francisco Caputo, menos. Sin embargo, es él quien maneja el día a día de la fundación, recibe donaciones y coordina las finanzas del armado libertario. Hasta julio de 2024 ni siquiera estaba inscripto en la AFIP (hoy ARCA). Aparece como empleado de Camalu S.A., una firma vinculada a Pablo Costa, el mismo empresario que tiene a Santiago registrado en Zefico. Ambos hermanos tienen el mismo empleador formal.

Cristian Auguadra, el titular de la SIDE, es un hombre sin experiencia en inteligencia y con un conflicto de interés estructural: el mismo DNU que lo designó lo convirtió en auditor de los fondos que él mismo ejecuta. Su historial empresarial incluye una red de al menos nueve compañías en jurisdicciones offshore que entre 2017 y 2021 movieron cerca de 5 millones de dólares. A dos semanas del escándalo por los departamentos en Miami, Auguadra partió a Madrid y, según supo Data Clave, planeaba volar luego a Marruecos. La debilidad política del “Señor 5” preocupa a los dos bandos del círculo de guerra: los Caputo y los Milei‑Menem.

Francisco quiere que Auguadra se vaya ya y que asuma su segundo, José Lago Rodríguez. Santiago duda, porque si se abre esa puerta, Karina podría meter allí a alguien propio —se menciona a “Corcho” Anzorreguy— y arrebatarle el control de la caja más codiciada del Estado.

Un entramado global con epicentro en Balcarce 50

La Fundación Faro forma parte de una red internacional que incluye a la Heritage Foundation, que participó en el “Encuentro por la Libertad” en Buenos Aires en abril de 2025, y a la CPAC, donde Laje fue orador. Barry Bennett, el lobbista ligado a campañas de Trump, articula la relación entre Faro, la SIDE y el aparato conservador norteamericano. En Europa, los vínculos alcanzan a la Fundación Disenso, de Vox, y a organizaciones cercanas a Viktor Orbán.

En noviembre de 2024, Faro se presentó en sociedad en el Yacht Club de Puerto Madero. La entrada por cubierto costaba 25.000 dólares. Asistieron Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, Miguel Galuccio, Alejandro Bulgheroni y Jorge Neuss, entre otros. Días antes había nacido “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Daniel Parissini, “El Gordo Dan”, como el brazo armado de la fundación.

¿Qué reciben esos empresarios a cambio? La pregunta flota sobre los contratos de la Hidrovía que acaban de quedar, en parte, en manos de sociedades ligadas a los Neuss. Todo, en este ecosistema, parece tener que ver con todo.

Lo que queda abierto

Mientras la SIDE engorda sus partidas, el Congreso fue burlado en su intento de control, la IGJ espera respuestas que no llegan y los hermanos Caputo se pelean por mochilas que entran y salen de la Rosada, el Presidente sigue siendo la figura decorativa de un esquema en el que otros fijan las prioridades. La fiesta anarcocapitalista del martes será la puesta en escena de esa grieta profunda. Quién la pagó, con qué dinero y a quién le debe favores son las preguntas que, por ahora, nadie quiere responder

Fuente original: Data Clave, junio de 2026

https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/la-disputa-entre-karina-y-santiago-caputo-suma-un-nuevo-escandalo--las--mochilas--que-entran-y-salen-de-la-rosada-con-destino-incierto_a6a36e93825b6752bb569a87b

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#ArgentinaDesigual #FondosReservados #SIDE #FundaciónFaro #InternaLibertaria #Transparencia

Oficialismo, negocios y venganzas. Con más de 50 nombramientos en un solo día, el gobierno de Javier Milei reconfiguró buena parte del Poder Judicial a su medida, pero dejó afuera a la jueza María Verónica Michelli por su parentesco con uno de los periodistas que más incomoda a la Casa Rosada. La movida, apoyada en una mayoría circunstancial del Senado, completa vacantes clave que estaban frenadas hace años y expone sin disimulo la decisión del Presidente de usar los mecanismos institucionales para premiar lealtades y ajustar cuentas con quienes considera adversarios. Mientras los tribunales federales y nacionales reciben una inyección masiva de magistrados alineados con la nueva administración, la exclusión de Michelli —que ya contaba con el acuerdo parlamentario— confirma que en este plan de colonización judicial no hay lugar para vínculos incómodos con la prensa crítica.

La catarata de decretos que va del 492 al 545 se convirtió en el mayor recambio de jueces de los últimos años. El Senado había allanado el camino el 4 de junio, cuando con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones aprobó en un paquete cerrado más de 74 pliegos enviados por el Ejecutivo. El acuerdo, trabajado en labor parlamentaria con bloques dialoguistas, le permitió a Milei cubrir juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales en todo el país. En el fuero civil de Capital Federal quedaron designados, entre otros, Santos Enrique Cifuentes (Juzgado Nacional Nº 25) y Lucila Inés Córdoba (Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones). En el ámbito penal hicieron lo propio Laura Fabiana Kvitko (Juzgado Nº 23) y Santiago Alberto Poncio (Juzgado Nº 13). El impacto federal se materializó con Gerardo Daniel Cacace en el Tribunal Federal de Juicio de Formosa y Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta. La puesta a punto incluyó también cuatro defensores públicos, un fiscal y la nueva vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera, en una renovación administrativa sin precedentes.

Pero es el nombre ausente el que convierte esta oleada de designaciones en un acto deliberado de disciplinamiento. María Verónica Michelli había sido propuesta por el propio Milei para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata. Cuando se reveló su parentesco con Hugo Alconada Mon —periodista de investigación de La Nación que viene publicando revelaciones incómodas para el oficialismo—, el Ejecutivo intentó frenar su pliego en el Senado. No lo consiguió: la Cámara Alta le dio luz verde igual. Sin embargo, a la hora de firmar los decretos que convierten un acuerdo legislativo en un cargo efectivo, el Presidente borró a Michelli de la lista. Con eso dejó a la jueza en un limbo institucional inédito: tiene todas las aprobaciones técnicas y políticas, pero carece de la rúbrica presidencial, un castigo que no se explica por razones de idoneidad sino por su árbol genealógico.

El argumento oficial de la eficiencia se cae a pedazos cuando se observa la selectividad con la que se manejan los nombramientos. La cantidad de vacantes que se cubrieron en un mismo acto demuestra que el Gobierno contaba con los recursos políticos para hacerlo desde hace tiempo y que decidió mover las piezas todas juntas cuando el tablero le fue favorable. Ese apuro revela menos una preocupación genuina por el servicio de justicia que una vocación refundacional sobre la arquitectura de los tribunales. La exclusión de Michelli, lejos de ser una anécdota menor, expone la matriz de funcionamiento del poder libertario: quienes no encajan en el molde ideológico o tienen vínculos con periodistas incómodos quedan afuera, sin importar los avales parlamentarios. El lawfare no se ejerce solo por acción —persiguiendo adversarios con causas armadas— sino también por omisión, cuando se niega el nombramiento de un juez que ya pasó todos los filtros legales por el solo hecho de ser familiar de alguien que incomoda.

La gravedad de esta maniobra no se limita al caso Michelli. La reconfiguración de la Justicia en manos de un oficialismo que no oculta su desprecio por la independencia judicial afecta a toda la sociedad. Los nuevos jueces federales y nacionales van a decidir sobre causas de corrupción, derechos humanos, conflictos laborales y previsionales, y lo harán con la marca de origen de haber sido ungidos en una operación política masiva. La percepción de parcialidad que esto genera va a erosionar todavía más la confianza en un sistema que ya arrastraba un déficit de legitimidad. Mientras tanto, la jueza Michelli queda esperando un decreto que el Presidente se niega a firmar, convertida en una pieza de exhibición sobre cómo funciona el verdadero "cambio" que Milei prometió: favores para los propios, ostracismo para los que huelen a disidencia, y un mensaje clarísimo para el periodismo independiente.

Fuente original: El Destape web, 25 de junio de 2026

Si te gusta un periodismo que se anime a llamar las cosas por su nombre, seguime, compartí esta nota y dejá tu opinión. La desigualdad también se construye desde los tribunales.

#Milei #Justicia #AlconadaMon #Lawfare #ArgentinaDesigual #NombramientosJudiciales

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el 30 de junio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La convocatoria es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero provino de una firma vinculada al empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude financiero. La citación alcanza también al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El origen de los 200.000 dólares

De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta de Espert en Estados Unidos recibió 200.000 dólares desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, según la acusación, integraba la estructura utilizada por Machado. Para el fiscal, esos fondos tenían origen ilícito y fueron canalizados a través de un contrato que, siempre de acuerdo al expediente, nunca tuvo sustento real.

• Ese contrato fue firmado entre Espert y la minera Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. En los papeles, el acuerdo contemplaba pagos por un millón de dólares a cambio de supuestas asesorías financieras. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún elemento que respalde esa operatoria: no hay registros de viajes de Espert a Guatemala antes ni después de la firma, no hay constancias de visitas a la explotación minera ni de contrataciones de especialistas para llevar adelante las tareas previstas. A esto se agrega un dato central: de acuerdo con la fiscalía, Minas del Pueblo no registraba actividad real en ese momento. Para Domínguez, el contrato funcionó únicamente como una cobertura para justificar la transferencia original.

El ingreso del dinero a la Argentina

• Según consta en el expediente, una parte de esos 200.000 dólares ingresó al circuito argentino. Durante 2020, Espert realizó dos transferencias de 50.000 dólares cada una a una cuenta del banco BBVA en el país. Con esos fondos, la investigación sostiene que el exlegislador compró en efectivo un BMW M240i por 47.800 dólares. Más tarde, ese vehículo fue vendido y el dinero se reinvirtió en una camioneta Lexus de alta gama cuyo valor rondó los 130.000 dólares. Para los investigadores, esa secuencia de compra y venta formó parte del mecanismo para ocultar el rastro de los fondos.

Reuniones de urgencia y una cuenta sin declarar

Cuando la situación judicial de Machado empeoró —fue detenido en abril de 2021 y luego extraditado desde Río Negro—, el entorno de Espert se movió rápido. De acuerdo con el análisis de teléfonos secuestrados a colaboradores del exdiputado, se organizaron reuniones urgentes para evaluar los riesgos penales y tributarios de la relación con el empresario.

• En esos encuentros, según el dictamen fiscal, se discutió cómo evitar que salieran a la luz 118.271 dólares que Espert mantenía depositados en una cuenta del Morgan Stanley. La fiscalía detectó que esos activos no fueron incluidos en las declaraciones juradas que el entonces candidato a diputado presentó en julio de 2021. Documentos digitales secuestrados al contador Cosentino reflejan que la omisión fue deliberada: se argumentó que declarar ese dinero podía provocar un “pánico impositivo” y dañar la carrera política de Espert. Los papeles también mencionan el temor a que el kirchnerismo —que ocupaba el gobierno nacional en ese momento— accediera a la información y la utilizara “en forma distorsionada”. En los mismos registros quedó asentado que explicar públicamente la transferencia y el contrato con la minera guatemalteca durante la campaña de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política”.

La respuesta del fiscal

El fiscal Domínguez rechazó la defensa de Espert, que alegaba desconocer las actividades ilícitas de Machado —quien, además, había financiado sus campañas electorales—. En su dictamen, Domínguez afirmó que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

En cuanto al contador Cosentino, la acusación lo ubica como partícipe necesario. Siempre según el fiscal, fue quien confeccionó certificaciones falsas sobre el origen de los fondos que se usaron para justificar la compra de los vehículos y para incorporar a la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

Lo que viene

La indagatoria del 30 de junio será el momento en que Espert deberá dar su versión ante el juez Mirabelli. El caso dejó al descubierto una madeja de operaciones financieras que la fiscalía considera incompatibles con una actividad económica lícita y que, de comprobarse, abrirían otro capítulo en las investigaciones sobre el financiamiento de la política. Por ahora, las pruebas acumuladas alcanzaron para que el juez convoque al exdiputado a declarar como imputado.

Fuente original: dataclave.com.ar, 23 de junio de 2026.

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/la-justicia-federal-cito-a-indagatoria-a-jose-luis-espert-en-la-causa-por-lavado-de-activos_a6a3abb7210621587c1015752

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#JoséLuisEspert #LavadoDeActivos #JusticiaFederal #FredMachado #ArgentinaDesigual #PolíticaArgentina

El expediente por el colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta tensión judicial. La querella representada por el abogado Martín Romeo solicitó formalmente la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos empresarios que estuvieron al frente del Tech Forum Argentina y que oficiaron como anfitriones del polémico lanzamiento del activo digital que terminó desplomándose y dejando pérdidas millonarias en todo el mundo.

• El pedido de captura se apoya en dos ejes centrales: el riesgo de fuga—ya que ambos cuentan con documentación y pasaportes extranjeros—y una presunta obstrucción a la investigación. Según consta en la requisitoria, los imputados habrían borrado archivos de los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados y vaciado cuentas bancarias en el tiempo que medió entre la solicitud de congelamiento de fondos y la efectiva notificación judicial.

Pero lo que realmente puso en alerta a los investigadores fue el hallazgo de una billetera digital que operaría como nexo financiero entre los socios argentinos y el estadounidense Hayden Davis, el creador del token y el gran ausente en el proceso local. La identificación del monedero, conocido bajo la sigla FL6P, fue posible gracias al cruce de información que la Comisión Investigadora del Congreso obtuvo de la plataforma Binance, combinado con el análisis de la cadena de bloques.

• El dato escalofriante que aportó Romeo en su presentación es que esa billetera no solo recibió fondos de manera reiterada, sino que mostró un patrón de comportamiento "típico de una financiera", aplicando comisiones del 1% en cada transferencia de USDT. El movimiento más sensible detectado hasta ahora data del 30 de enero de 2025, jornada en la que Hayden Davis transfirió exactamente 1.015.000 dólares en criptoactivos hacia esa dirección. Esa fecha no es menor: coincide con la reunión que el propio Davis mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, apenas semanas antes del lanzamiento oficial de $LIBRA.

En simultáneo, la causa no se detiene en las fronteras argentinas. En los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, los abogados que llevan adelante una acción paralela incorporaron pruebas frescas proporcionadas por un denunciante anónimo (whistleblower). Ese testimonio describe un entramado de manipulación de tokens y pagos a influencers orquestado por Davis en connivencia con el empresario Benjamin Chow, lo que podría reactivar el intercambio de información con la Justicia argentina y eventualmente unificar los expedientes que investigan otras criptomonedas vinculadas a la misma estructura.

Mientras el Congreso avanza con sus citaciones y el Poder Judicial define si hace lugar a las detenciones, el silencio de Novelli y Terrones Godoy se vuelve cada vez más ensordecedor. Lo que hasta hace unos meses era un proyecto tech con bendición presidencial, hoy se debate entre maniobras financieras en la frontera, billeteras electrónicas rastreables y un pedido de captura que podría ponerlos tras las rejas.

Fuente original: LA NACION, 23 de junio de 2026.

 https://www.lanacion.com.ar/politica/de-libra-al-negocio-automotor-dos-protagonistas-del-caso-rearman-su-entramado-societario-desde-la-nid23062026/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#LIBRA #Milei #Criptoestafa #Justicia #Davis #NovelliTerronesGodoy #Investigación

Mirá el partido, pero no pierdas de vista el decreto. Mientras la Selección saltaba a la cancha, Javier Milei firmaba una de las medidas financieras más polémicas de los últimos meses. Sin conferencia de prensa, sin debate en el Congreso, el Presidente habilitó al Tesoro a tomar hasta 5.000 millones de dólares de deuda bajo una condición que duele leer: cualquier quilombo legal se resuelve en los tribunales de Nueva York, y el Estado argentino renuncia, de antemano, a la inmunidad de jurisdicción.

El Decreto 478/2026, que lleva las rúbricas de Milei, Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo, no es un préstamo firmado, pero sí es el permiso para firmarlo. Con la excusa de bajar el costo financiero, le dieron luz verde al "Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera" para cerrar acuerdos con garantías de organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF). Pero el diablo, como siempre, está en la letra chica: el decreto ordena que los contratos incluyan sí o sí la prórroga de jurisdicción a favor de los jueces de Estados Unidos.

¿Qué significa esto en criollo? Que si el día de mañana Argentina no paga, los acreedores no van a tener que pelearse con la Justicia argentina ni con el fuero Contencioso Administrativo. Van directo a Nueva York, con un juez que no le debe nada a Cristina ni a Milei, y que va a fallar a favor del que puso la guita. Encima, el Estado renuncia a la "defensa de inmunidad de jurisdicción", la herramienta clásica que usan los países para zafar de embargos cuando la cosa se pone fea.

Si La "protección" que no protege nada

El propio Gobierno sabe que está regalando la soberanía judicial, por eso metió un párrafo en el artículo 3° para hacerse el vivo: dicen que no renuncian a la inmunidad de ejecución sobre las reservas del BCRA, los bienes públicos, los servicios esenciales o el patrimonio cultural. O sea, cuidan los ahorros del Central y los cuadros de Bellas Artes, pero dejan en banda el resto del Estado. ¿Qué pasa con la recaudación futura? ¿Y con los fondos coparticipables? Esa guita queda a merced del juez de turno en Manhattan. Es una confesión de parte: saben que los juicios van a llegar, y ya están blindando lo que les importa políticamente, dejando el resto de las finanzas públicas en la picadora.

El contexto que nadie quiere mirar

La movida no es casualidad. El 9 de julio Argentina tiene un vencimiento de capital de bonos Globales y Bonares por 4.350 millones de dólares, la mayoría en manos de fondos de inversión. Con reservas líquidas que no dan abasto, el Gobierno necesita oxígeno. Pero este oxígeno viene con una soga al cuello. En lugar de renegociar en igualdad de condiciones, Milei optó por el atajo: someterse a la ley extranjera, tal como hizo en los '90 con el blindaje, y tal como nos salió carísimo en el 2001.

Los mercados festejaron con una baja del riesgo país, pero en el barrio de la economía real nadie está saltando de alegría. Históricamente, aceptar el fuero de Nueva York terminó en juicios millonarios contra el Estado (los famosos fondos buitre), embargos de buques escuela y hasta de aviones presidenciales. Hoy, Milei le está entregando la llave del candado a Wall Street antes de que termine el partido.

Lo que se viene

El decreto ya está publicado en el Boletín Oficial. Esto habilita a Caputo a cerrar las operaciones sin volver a firmar otro papel. La promesa oficial es que servirá para "reducir el costo de financiamiento", pero la realidad es que Argentina pasa a deber en dólares bajo una jurisdicción donde el 80% de las veces fallan a favor del acreedor. El Gobierno dice que es práctica estándar, pero en un país con default serial, someterse a la justicia yanqui no es una decisión técnica; es una decisión política que entrega soberanía.

¿La plata alcanza para pagar los vencimientos? Tal vez. ¿Vale la pena hipotecar la defensa jurídica del Estado por un respiro financiero? Eso, para los argentinos de a pie, queda en el aire. Mientras la pelota rueda, la deuda rueda más rápido. Y el juez que decidirá nuestro futuro ya no está en la Corte Suprema argentina; está en el bajo Manhattan, esperando el primer incumplimiento.

Fuente: Argentina Desigual, en base al Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial el 22 de junio de 2026.

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión. Porque si no nos damos cuenta ahora, después nos vamos a enterar en el fallo judicial.

#Milei #DeudaMillonaria #JusticiaYanqui #PolíticaArgentina #Economía #ArgentinaDesigual

• El cronograma electoral 2027 en la Argentina ya tiene un actor inesperado pero de peso pesado. Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal y Palantir Technologies, aterrizó en Buenos Aires en abril pasado con su familia y una agenda que trasciende los negocios: su objetivo estratégico sería blindar al oficialismo de cara a los comicios presidenciales del año que viene, según distintas versiones que circulan en ámbitos políticos y digitales.

• La movida coincide con un informe del diario The New York Times publicado el 28 de mayo de 2026, que destapó el desembarco definitivo del magnate en territorio argentino. Thiel, cuya fortuna personal oscila entre los 9.000 y los 30.000 millones de dólares según distintas mediciones, compró una mansión de seis habitaciones en el exclusivo Barrio Parque por unos 12 millones de dólares y mantuvo reuniones de alto nivel en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y el jefe de la SIDE, Santiago Caputo.

El plan: datos, inteligencia artificial y estrategia electoral

El 23 de abril de 2026, Thiel se reunió en la Casa Rosada con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo estricta reserva. El propio Milei calificó el encuentro como "maravilloso" y reveló que la conversación giró en torno a cómo sostener en el tiempo el proyecto libertario. "Me preguntó qué estábamos haciendo para sentar las bases del liberalismo, independientemente de si yo estoy en la Presidencia o no", declaró el mandatario. Su respuesta fue contundente: "la batalla cultural es lo que garantiza el resultado a largo plazo".

Apenas 24 horas después de que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, bloqueara un contrato de 50 millones de libras entre Scotland Yard y Palantir por fallas de privacidad, el gobierno argentino lanzó el 22 de mayo el programa "Gemelo Digital Social". Presentado por la ministra Sandra Pettovello, se trata de una plataforma de inteligencia artificial que integrará grandes volúmenes de datos personales sobre salud, movilidad y hasta participación en protestas, con el objetivo de simular escenarios sociales y predecir su impacto. La herramienta operaría bajo cuatro capacidades analíticas: descriptiva, explicativa, predictiva y prescriptiva.

La paradoja de Polymarket

El círculo financiero que orbita a Thiel también arroja datos contradictorios. Polymarket, la plataforma de apuestas políticas más conocida del mundo, cuenta entre sus principales inversores a Thiel, quien a través de su firma Founders Fund invirtió 45 millones de dólares en la compañía durante una ronda de financiación en mayo de 2024. Sin embargo, las cotizaciones actuales del mercado muestran al gobernador bonaerense Axel Kicillof como favorito para ganar las elecciones de 2027, con una probabilidad implícita cercana al 48%, mientras que Javier Milei se ubica detrás con alrededor del 44%. El mercado ya acumula cerca de 100.000 dólares apostados, una cifra que sigue creciendo.

La red intelectual que rodea a Thiel

Detrás del magnate se teje una red de influencias intelectuales y políticas que opera en Estados Unidos, Canadá y Europa, conocida como el "Círculo BAP". Entre sus figuras más visibles aparecen Bronze Age Pervert (cuyo nombre real es Costin Alamariu), Captive Dreamer y Raw Egg Nationalist: autores, conferencistas y creadores de contenido con millones de visualizaciones que vienen ganando protagonismo en los debates políticos internacionales. Gran parte de estas redes convergen alrededor del Claremont Institute, un think tank estadounidense que cuestiona aspectos del orden liberal contemporáneo.

Integrantes de este espacio participaron activamente en la difusión de contenidos durante la campaña que llevó a Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y respaldan la proyección política de J.D. Vance para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. El propio Thiel mencionó a Bronze Age Pervert en un discurso reciente.

Una alianza que despierta alertas

La llegada de Thiel y el interés de Palantir en Argentina alimentan el debate sobre soberanía, privacidad y el uso de tecnologías de inteligencia de datos por parte del Estado. Palantir, financiada originalmente por In-Q-Tel —el brazo de riesgo de la CIA—, vende herramientas de análisis de información a gran escala y sus servicios son contratados por diferentes gobiernos y ejércitos alrededor del mundo. La empresa también estuvo detrás de la captura y traslado a Estados Unidos del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y de los procedimientos contra migrantes por parte del ICE.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional ya advirtieron el posible peligro de que Palantir facilite la vigilancia masiva de los ciudadanos y se inmiscuya en futuros procesos electorales. El politólogo Gustavo Marangoni señala que "en muchos aspectos, Argentina parece estar convirtiéndose en un laboratorio, en una suerte de espacio de experimentos". El experto en inteligencia artificial Sebastián Di Doménica coincide: "Thiel está en Argentina e incluso ha tenido reuniones con Milei y con ministros, lo que genera muchos interrogantes".

Lo que está en juego

• La Argentina se perfila como el laboratorio de un experimento geopolítico donde la tecnología, los datos y el poder político se entrelazan de manera inédita. La pregunta que Thiel le planteó a Milei en la Casa Rosada —"¿cómo se sostiene esto en el tiempo?"— resuena ahora como el interrogante que atraviesa todo el tablero electoral. Mientras el oficialismo busca asegurar su continuidad más allá del 2027, la oposición y las organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos para la democracia y las libertades individuales. El desenlace de esta partida, que combina inteligencia artificial, estrategia electoral y un multimillonario con agenda propia, recién comienza a escribirse.

Fuente original: Publicaciones en redes sociales y artículos periodísticos de diversos medios nacionales e internacionales, relevados entre abril y junio de 2026.

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#PeterThiel #Milei2027 #PolíticaArgentina #Elecciones2027 #Palantir #GemeloDigital

Dos organizaciones especializadas en derecho penal y criminalidad económica formalizaron un planteo que hasta ahora ningún otro actor de la causa había elevado: que el presidente Javier Milei sea citado a indagatoria por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido ingresó al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi el mismo día en que el lobista Mauricio Novelli intentó remover a los inversores querellantes, lo que expuso dos estrategias contrapuestas dentro del mismo expediente.

Se trata del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), cuyos directores, Julián Alfie y Pedro Biscay, firman la presentación. Ambas entidades ya habían sido aceptadas como “amicus curiae”, figura que les permite colaborar con la Justicia sin ser parte directa del conflicto. Ahora dieron un paso más: le pidieron al magistrado que deslinde el objeto procesal y concentre la investigación sobre la conducta presidencial sin esperar que se completen otras diligencias que llevan meses trabadas.

¿Por qué piden acelerar? Porque, según advierten, las pericias sobre la trazabilidad de los fondos continúan demoradas por las limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal, y esa parálisis podría derivar en impunidad si no se toma una decisión inmediata. Para sostener el planteo, Inecip y Cipce apelaron a estándares internacionales de lucha contra la corrupción que la Argentina está obligada a cumplir y que exigen una “debida diligencia reforzada” cuando el paso del tiempo juega en contra de la pesquisa.

En paralelo, Novelli había solicitado la exclusión de los inversores que figuran como querellantes. Su argumento fue que, a más de quince meses del lanzamiento de $LIBRA, nadie logró demostrar la existencia de una estafa ni de víctimas concretas. El lobista calificó la instrucción como un intento de convertir una pérdida especulativa en una maniobra fraudulenta sin identificar una sola afirmación falsa, un engaño típico o un perjuicio patrimonial real.

Para Inecip y Cipce, esa interpretación choca de frente con el material probatorio acumulado hasta ahora. La presentación enumera dos informes que, a su criterio, justifican que el Presidente preste declaración. El primero fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado: al analizar los metadatos de una imagen incautada del teléfono de Novelli, los peritos encontraron un mensaje en inglés que mencionaba un acuerdo final por US$ 5 millones. Según las entidades, ese texto supeditaba parte del pago a que Milei anunciara en la red social X que Hayden Davis se convertía en su asesor, y otra parte a que ambos firmaran un contrato de asesoramiento estatal en blockchain e inteligencia artificial.

El segundo informe corresponde a la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal. Sus conclusiones indican que el token $LIBRA se originó en una única billetera de la red Solana y que la totalidad de la emisión inicial quedó concentrada en esa dirección, rasgo típico de un control absoluto por parte de un solo emisor. A partir de ese hallazgo, Inecip y Cipce remarcan que la dirección del contrato que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 no había circulado antes en foros o canales abiertos. Ese dato, sostienen, no prueba por sí solo un delito, pero configura un indicio de acceso anticipado a información que la ciudadanía no poseía y que el juez está obligado a esclarecer.

El fiscal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi deberán resolver si aceptan el pedido de indagatoria o si, por el contrario, consideran que todavía resta producir pruebas antes de dar ese paso. Mientras tanto, la causa suma una tensión institucional que la coloca en un terreno poco transitado por la Justicia argentina: la posibilidad de que un presidente en funciones declare como imputado por hechos ocurridos durante su propio Gobierno.

Fuente: Hugo Alconada Mon, LA NACION, 18 de junio de 2026.

https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-dos-entidades-piden-que-se-indague-a-milei-por-negociaciones-incompatibles-con-la-funcion-nid18062026/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#CasoLIBRA #JavierMilei #Criptomonedas #JusticiaArgentina #DelitosEconómicos #Transparencia

La causa que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero sumó este miércoles un avance significativo. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dominguez, solicitó formalmente que el economista sea citado a indagatoria, al igual que el contador Mariano Cosentino y los representantes de la empresa Varianza, señalada como la posible estructura societaria utilizada para mover los fondos bajo sospecha. El juez Lino Mirabelli todavía no fijó las audiencias, pero ya tomó una decisión que limita los movimientos del dirigente: dispuso una medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, que les impide vender, transferir o modificar su patrimonio mientras avanza la investigación.

El magistrado quiere ir paso por paso y con las pruebas ordenadas. Por eso, antes de resolver las indagatorias, sumó al expediente una instrucción concreta: que se incorporen todos los audios intercambiados entre las personas investigadas y que se analicen en detalle los correos electrónicos que puedan reconstruir cómo se movió el dinero. En un tramo de la resolución a la que accedió El Destape, Mirabelli pidió examinar las comunicaciones "que hayan mantenido presuntamente José Luis Espert, Mariano Cosentino, Mercedes Armendares y/o Fernando Escobar, entre sí o con terceras personas, durante el espectro temporal de interés", y sumar aquellas que resulten útiles para la pesquisa.

Un financista detenido y una campaña bajo la lupa

El eje de la causa es el vínculo de Espert con Fred Machado, un empresario que hace más de seis meses está preso en Estados Unidos después de declararse culpable de fraude y lavado de dinero ante la justicia de ese país. Fue el propio Machado quien admitió haber financiado la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. No solo aportó efectivo: también le facilitó dos aviones de su propiedad, una camioneta y otros recursos.

La investigación comenzó a tomar forma en septiembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta bancaria estadounidense que, según la fiscalía, está directamente vinculada a Machado. A partir de esa pista, Dominguez empezó a seguir el rastro de otras operaciones: movimientos por 135.000 dólares, 230 millones de pesos, compras de inmuebles y la adquisición de vehículos de alta gama que, para los investigadores, no se explican con la evolución patrimonial anterior del exdiputado.

La revelación del caso tuvo un costo político inmediato. La información se hizo pública apenas veinte días antes de las elecciones legislativas de 2025, y la presión mediática y partidaria forzó a Espert a renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Era una de las figuras de mayor peso simbólico para el oficialismo: apenas unos meses antes, en junio de 2025, había sido el encargado de presentar el proyecto de ley de Inocencia Fiscal que finalmente se sancionó con el apoyo de los bloques aliados al Gobierno.

El pedido de "inocencia fiscal" que ahora lo alcanza

Esa misma ley volvió a cobrar notoriedad en los últimos días, cuando trascendió que una extensa lista de funcionarios del Ejecutivo iniciaron los trámites para acogerse a sus beneficios. Entre ellos figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —sacudido por un escándalo de enriquecimiento ilícito— y el propio Espert. El régimen permite sincerar incrementos patrimoniales de ejercicios fiscales ya cerrados mediante una simple declaración de ingresos, sin necesidad de justificar el origen de los fondos.

La paradoja es elocuente: quien impulsó la norma con el argumento de "blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco" ahora busca protegerse con esa misma herramienta mientras la justicia penal intenta determinar si ese ahorro que se quiere blanquear fiscalmente fue posible gracias a una maniobra de lavado.

Mientras el pedido administrativo de Espert sigue su trámite, en el expediente penal los tiempos los maneja Mirabelli. La causa ya tiene los bienes del exlegislador inmovilizados, la confesión de Machado en Estados Unidos y una serie de comunicaciones pendientes de análisis que pueden ser determinantes para definir si el financista fue un simple aportante de campaña o la pata local de un circuito de dinero sucio.

Fuente: El Destape web, 17 de junio de 2026.

Seguime en la redes, compartí esta información y dejá tu comentario.

#Narcoescándalo #Espert #LavadoDeDinero #InocenciaFiscal #JusticiaArgentina #ArgentinaDesigual

Mauricio Novelli eligió un momento de máxima atención pública para mover una ficha decisiva en la causa que lo tiene como protagonista. Horas antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el lobista presentó un escrito de 46 páginas donde pide que la Justicia aparte del expediente a los inversores que motorizan la investigación por el lanzamiento y derrumbe del token $LIBRA. Si el planteo prospera, la pesquisa perderá a quienes vienen empujando medidas de prueba, solicitando indagatorias y manteniendo viva la hipótesis de una estafa millonaria.

El argumento central es técnico pero contundente: pasaron más de quince meses de instrucción y, según la defensa, no aparece ningún elemento que encaje en la definición penal de estafa. Novelli planteó una "excepción de falta de acción" y sostiene que la causa se transformó en un intento de convertir pérdidas especulativas en un fraude, sin identificar una sola afirmación falsa concreta, un error inducido ni víctimas que hayan sido engañadas en términos jurídicos. El texto lleva la firma de su abogado, Daniel Rubinovich.

La mira está puesta sobre cinco nombres: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo —este último vocero de más de 200 damnificados ante la comisión investigadora de Diputados—. Todos ellos fueron aceptados como querellantes en una etapa inicial del proceso. Novelli reconoce esa admisión pero la califica de provisoria: dice que la Cámara Federal los habilitó cuando no podía descartarse una hipótesis delictiva, y que hoy, con el expediente avanzado, esa posibilidad se desvaneció sin que apareciera ninguno de los elementos típicos de la estafa: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio causalmente vinculados.

La defensa de Milei y la naturaleza del token

El escrito también blinda al presidente Javier Milei. La defensa de Novelli analiza el posteo que el entonces mandatario hizo en X con el código alfanumérico para adquirir la memecoin y lo desliga por completo de cualquier maniobra engañosa. "Los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior", sostiene el texto presentado. La defensa subraya que ese mensaje tuvo contenido político y no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.

Rubinovich lo sintetizó con una distinción de fondo: una cosa es que una publicación genere atención pública o impacto político, y otra completamente distinta es que configure una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar que alguien ponga plata. "La confusión entre ambos planos atraviesa buena parte de las acusaciones", remató.

La estrategia se apoya en la naturaleza misma de $LIBRA: un activo descentralizado, no regulado y de volatilidad extrema, donde —plantea la defensa— no rige el principio de confianza de los mercados tradicionales sino el de "autorresponsabilidad" de quien decide apostar. Para reforzar ese punto, el escrito detalla el perfil de los querellantes: Vega operó seis veces con una billetera Phantom, Marchetto compró por unos 950 dólares mediante Jupiter, Quintero declaró estar en el mundo cripto desde 2016 y Paris operaba en la sección de alta volatilidad de Ripio. No eran principiantes, sugiere la defensa, y eso vuelve menos plausible que hayan sido inducidos a error.

El desplazamiento hacia delitos de la administración pública

El abogado remarcó además un giro en el expediente: varios querellantes fueron desplazando su reclamo hacia la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. El dato más concreto es que el propio Marchetto pidió en marzo de este año citaciones a indagatoria exclusivamente por esa figura, ya no por estafa. Para Rubinovich, ese corrimiento elimina el presupuesto que justificaba la intervención de los querellantes como damnificados directos.

Sobre la figura del "rug pull" —esa maniobra donde los desarrolladores inflan artificialmente el precio y luego retiran todo dejando a los compradores con pérdidas—, Novelli la niega de plano. Argumenta que los impulsores del proyecto están identificados, que el token siguió operativo y que incluso se creó un fideicomiso para canalizar fondos. Sostiene también que una caída de cotización no convierte por sí sola una inversión fallida en delito penal, sino que forma parte de la lógica de mercados altamente especulativos.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que el lobista intenta sacar a los inversores del expediente. Ya en 2025 lo había planteado y el rechazo fue en cascada: la Cámara Federal confirmó la participación de los querellantes y el caso llegó hasta la Corte Suprema, que dejó firme esa decisión. Ahora insiste con el argumento de que aquella admisión inicial "jamás implicó una validación definitiva".

La pelota queda en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá correr traslado al fiscal Eduardo Taiano antes de resolver. De fondo, la causa intenta determinar si el episodio que movilizó a unas 74.000 personas, con ganancias millonarias para nueve cuentas fundadoras que retiraron alrededor de 286 millones de dólares y pérdidas para miles de inversores, fue un negocio especulativo que salió mal o una maniobra fraudulenta con responsables identificables. La respuesta, por ahora, sigue en manos de la Justicia.

Fuente: La Nación, 17 de junio de 2026.

Link: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-mauricio-novelli-pide-excluir-a-los-inversores-que-impulsan-la-investigacion-penal-y-nid17062026/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión. La transparencia en causas que involucran a funcionarios públicos y miles de damnificados es un tema que nos compete a todos.

#CasoLIBRA #MauricioNovelli #Criptomonedas #JusticiaArgentina #Estafa #JavierMilei