La fiscalía boliviana confirmó que en el celular de Fernando Cerimedo hay una anotación que cambia el tono de la causa. El texto, encontrado en el block de notas, dice: “Nos vendió Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer ese trabajo?”. La confirmación llegó después de que el abogado de Nadia Beller, la mujer baleada en la puerta del hotel SwissHotel de Santa Cruz de la Sierra, presentara una captura de pantalla. Ahora Cerimedo está detenido y este viernes un juez debe definir si sigue preso mientras avanza la investigación.

La audiencia que debía resolver su situación se hizo el jueves, pero terminó en escándalo. Cerimedo llegó esposado, con un buzo con capucha, y al ver a los periodistas se quebró. Lloró contra la puerta de un ascensor, acurrucado en un rincón, mientras los policías permitían que las cámaras se acercaran. No respondió casi nada: negó con la cabeza cuando le preguntaron si había citado a Beller al hotel y asintió cuando le dijeron que la causa era política. El juez suspendió todo, pidió una revisación médica y postergó la decisión para este viernes a las 14.30, hora boliviana.

El mensaje que ahora está en el expediente no es el único. Hay una serie de textos entre Cerimedo y Beller que muestran una relación atravesada por la violencia y la presión. En uno, él le dice: “Vos publicás eso y me arruinás la vida. Me pego un corchazo, no me interesa nada”. Ella contesta que no lo va a manipular más y que todos van a saber la verdad. Después, Cerimedo insiste: “Nos vas a cagar la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos”. Para la fiscalía, ese mensaje confirma que el consultor sabía del embarazo de Beller y lo reconocía como propio.

La anotación más comprometedora aparece en un diálogo con una persona no identificada. El texto completo dice: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique. ¿Te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”. La referencia a “negocios” vinculados a la minería y a la construcción de torres forma parte de la investigación. Que un consultor deje semejante frase escrita en su propio teléfono sorprendió incluso a los investigadores.

Mientras tanto, en La Paz, el fiscal Carlos Torres allanó una casa en un country exclusivo. Encontró el equivalente a 50.000 dólares en moneda boliviana, dólares y euros. También secuestró una granja de bots: un sistema con cientos de cuentas falsas creadas para publicar miles y miles de mensajes en redes sociales. Torres investiga a Cerimedo por enriquecimiento ilícito y anunció que había dos allanamientos más en marcha. La pista de los bots y del dinero apareció después de las declaraciones de Nadia Beller.

La acusación central, sin embargo, es por tentativa de femicidio. La fiscalía presentó un escrito de 22 páginas ante el Juzgado de Instrucción Penal número 20 de Santa Cruz de la Sierra. Sostiene que Beller recibió tres disparos en la puerta del SwissHotel, adonde había ido por insistencia de Cerimedo. Según la acusación, ambos participaban de una operación de la derecha: una adolescente de 13 años y su familia iban a denunciar un abuso sexual contra Evo Morales. Beller esperaba a esos testigos en la puerta del hotel cuando aparecieron los sicarios. “Todo indica que Cerimedo coordinó remotamente la emboscada”, dice el texto fiscal.

El móvil, para la fiscalía, fue el embarazo. Cerimedo no quería asumir la paternidad. La acusación también menciona agresiones físicas previas, en junio y julio, que la defensa reconoce aunque las califica como “hechos personales”. Y hay otro dato que pesa: Cerimedo fue detenido a la una de la mañana en el aeropuerto de Santa Cruz, cuando salía un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires a las dos. La defensa niega que intentara huir y asegura que llegaba desde La Paz. La fiscalía ya pidió a la aerolínea que confirme el pasaje.

Este viernes, el juez debe resolver si dicta prisión preventiva por 180 días. La fiscalía insiste en que Cerimedo tiene poder suficiente para alterar la investigación si queda libre. La defensa, encabezada por Ernesto Giraldes y Margarita Arce, habla de un “show político-mediático” y sostiene que no hay pruebas que vinculen al consultor con los dos sicarios que atacaron a Beller. Esos dos hombres, que actuaron vestidos de delivery, todavía no aparecieron.

Lo que deja esta causa es una combinación difícil de ignorar: un mensaje que habla de eliminar a una mujer, una granja de bots para instalar relatos falsos y una casa con 50.000 dólares en efectivo. Mientras la audiencia define el futuro inmediato de Cerimedo, la pregunta de fondo es cuántas operaciones de este tipo funcionan sin que nadie las investigue. Y cuántas personas consumen como información lo que en realidad es una construcción armada desde una habitación con dinero y cuentas falsas.

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Fuente original: Página/12, 21 de agosto de 2026

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#Cerimedo #NadiaBeller #Bolivia #GranjaDeBots #Femicidio #JusticiaBoliviana

Nadia Beller, abogada boliviana de 33 años, está internada en el Hospital Las Américas de Santa Cruz de la Sierra. El lunes recibió cuatro disparos en la puerta de un hotel y sobrevivió fingiendo estar muerta. Este miércoles, desde la cama, lanzó una acusación directa contra el corazón del Gobierno argentino: según su relato, Fernando Cerimedo le dijo que los fondos desviados de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, tenían como destinataria a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia.

No fue una insinuación. Ante la consulta de si los fondos de discapacidad iban a la hermana del mandatario, Beller respondió “correcto”. Antes había reproducido la frase que le atribuye a Cerimedo: “Sí, cuando yo la cuestioné la moral de ella como corrupta, él me dijo que la corrupta era la hermana de Javier Milei”.

La declaración tiene un peso específico. La ANDIS administra pensiones y asistencias para personas con discapacidad. Hablar de desvíos en ese organismo es hablar de plata que no llegó a quienes no pueden esperar una discusión política.

Beller convivió con Cerimedo y, según su testimonio, escuchó múltiples conversaciones vinculadas a presuntos negociados en el poder argentino. Contó que el consultor le explicó el origen y el destino de los audios que comprometieron a Diego Spagnuolo, el entonces director de la ANDIS. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, declaró.

La mujer a la que se refiere es Natalia Basil, ex directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS y exesposa de Cerimedo. Basil renunció en noviembre de 2025, antes del estallido judicial de la causa.

Beller dijo no saber cómo se realizaron las grabaciones ni quién era el interlocutor de Spagnuolo. “Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación”, señaló. También reprodujo las palabras que Cerimedo le habría dicho sobre su entonces esposa: “Yo le dije a esta pelotuda que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota”.

La acusación no se agota en la ANDIS. Beller aseguró que Cerimedo le confió que su relación más cercana dentro del Gobierno de Milei era con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones del área. También reveló que uno de los encargos que habría realizado para la gestión libertaria fue una campaña orientada a “anular” a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Son afirmaciones que provienen exclusivamente del testimonio de Beller y que no fueron confirmadas ni desmentidas por las partes mencionadas.

Cerimedo también le habría contado por qué se alejó del Presidente. “Me dijo que se alejó de Javier Milei porque tenía un entorno demasiado podrido”, declaró Beller. El quiebre habría ocurrido en torno a la filtración de los audios de Spagnuolo y las consecuencias para Natalia Basil.

Hay más. Beller describió un nivel de vida que no condice con ingresos declarables. “Yo sé que él era parte y testaferro y él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero”, denunció. Dijo que Cerimedo afirmaba facturar 800.000 dólares mensuales. Que en el departamento compartido había mucho dinero, que una vez atinó a sacarle fotos a uno de los cajones y que también guardaba plata en maletas.

La mujer vinculó al consultor con la corrupción del actual gobierno boliviano de Rodrigo Paz. “Recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina”, aseguró, a través de distintas empresas, entre ellas una de truchas y otra de construcción de casas prefabricadas. Son versiones que no fueron corroboradas de manera independiente.

El ataque del lunes también tiene un relato detallado. Cerimedo le pidió que se reuniera con un grupo de personas que supuestamente le entregarían información sobre Evo Morales y le prometió protección policial. “Él me da la seguridad de que yo vaya al hotel porque supuestamente él me estaba resguardando y me dice: ‘Además, nadie va a hacer nada en un hotel, que hay cámaras, que hay harta gente, anda tranquila’”, relató. En la puerta, dos sicarios le dispararon cuatro veces. Sobrevivió fingiendo estar muerta. Los atacantes le robaron el teléfono celular, que contenía información comprometedora.

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Según los investigadores bolivianos, intentaba volar a La Paz para luego escapar a la Argentina. Se negó a declarar ante la fiscalía. La causa avanza con la imputación formal de feminicidio en grado de tentativa.

Beller afirma cursar un embarazo de cuatro meses, fruto de la relación con Cerimedo. Su diagnóstico es contundente: “Tengo la plena certeza de que fue todo mentira, de que nunca hubo amor. Me quiso matar.”

La acusación llega en un momento político delicado para el oficialismo. No se trata de una denuncia anónima ni de una filtración. Sale de una mujer baleada que sigue internada y que acaba de señalar al círculo más íntimo del Presidente como posible destinatario de fondos públicos. La pregunta que queda flotando es simple: ¿dónde terminó la plata que faltó de la ANDIS?

Por ahora, la Justicia boliviana tiene a Cerimedo detenido. La Justicia argentina tiene una causa en marcha. Y en el medio hay personas con discapacidad que esperaban una asistencia que, según la denuncia, nunca llegó.

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Fuente original: El Argentino Diario, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/19/08/2026/tras-ser-atacada-por-sicarios-nadia-beller-apunto-a-karina-cerimedo-me-dijo-que-la-corrupta-era-la-hermana-de-milei/

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#NadiaBeller #KarinaMilei #ANDIS #FernandoCerimedo #ArgentinaDesigual #Bolivia

El pedido lleva la firma de la diputada nacional Marcela Pagano y apunta a Nadia Shirley Beller Delgado, expareja de Fernando Cerimedo, el consultor político que ya declaró como testigo en este mismo expediente en septiembre de 2025. La solicitud es concreta: que Lijo cite a Beller con carácter urgente, que declare por videoconferencia desde Bolivia y que se resguarden de inmediato las grabaciones que ella asegura conservar.

• La urgencia no es una formalidad. Beller está internada en Bolivia después de haber sido atacada a balazos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió el lunes 17 de agosto. Al día siguiente, la Policía boliviana detuvo a Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar. La investigación en Bolivia analiza su eventual responsabilidad en el ataque, aunque la presentación de Pagano incorpora ese dato sin acusarlo y bajo el principio de presunción de inocencia.

• ¿Qué tiene que ver esto con la causa ANDIS? Todo, si se confirma lo que Beller dijo públicamente. En una entrevista con Radio Rivadavia, la mujer sostuvo que conserva registros de conversaciones con Cerimedo. Su frase fue directa: “Eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”. Según la versión que Pagano quiere incorporar al expediente, Cerimedo le habría contado a Beller que él y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios con el objetivo de exponer presuntos hechos de corrupción que involucrarían al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.

Por ahora, esa afirmación es exactamente eso: una versión atribuida por Beller a Cerimedo. No está probada. La Justicia deberá determinar si las grabaciones existen, si son auténticas y si su contenido se corresponde con lo que la testigo declaró. Pero el solo planteo alcanza para abrir una línea de investigación que puede incomodar a más de un actor político.

• El momento no es casual. La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad está cerca de una instancia decisiva: el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo. La Gendarmería Nacional tiene previsto analizar la autenticidad, el origen y la integridad de esas grabaciones. Los peritos deberán determinar si fueron editadas, manipuladas, alteradas o si existe algún indicio de uso de inteligencia artificial. Si ese material fue intervenido, parte del expediente podría quedar en problemas.

No es un debate teórico. Las defensas de los imputados ya cuestionaron el origen de los audios y plantearon que, si se comprobara una obtención ilícita o una manipulación, podría quedar comprometida la validez de la investigación. La Cámara Federal ordenó avanzar sobre el origen y la veracidad de las grabaciones. En julio, Lijo rechazó un pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender el peritaje y sostuvo que no correspondía frenar una medida destinada precisamente a esclarecer la autenticidad de los registros.

En ese contexto, las supuestas grabaciones de Beller no reemplazarían la pericia, pero podrían sumar una pieza independiente para reconstruir la cadena de circulación de los audios. Si existieran conversaciones previas en las que Cerimedo explicara cómo se obtuvieron o filtraron los registros, los investigadores podrían confrontar ese contenido con su declaración de 2025 y con los resultados del análisis técnico.

El pedido de Pagano también es detallado en materia probatoria. No alcanza con que Beller declare: la diputada solicita que entregue los archivos originales, sus metadatos y los dispositivos o soportes en los que se encuentren, o que permita una extracción forense. Pide además una copia forense, el cálculo de valores de integridad como el hash SHA-256 y una cadena de custodia estricta.

La razón es simple y preocupante: Beller denunció que durante el ataque le sustrajeron el teléfono celular. Si ese teléfono contenía las grabaciones, el riesgo de pérdida, destrucción o borrado es alto. Pagano solicitó que las autoridades bolivianas remitan también cualquier elemento que Beller haya aportado en la investigación del ataque y que pueda resultar útil para la causa argentina.

Hay un punto jurídico más. La presentación dedica un apartado a sostener que Beller puede declarar contra Cerimedo aunque hayan sido pareja. Según el planteo, las excepciones del Código Procesal Penal alcanzan al cónyuge y a determinados familiares, pero no contemplan a una persona que mantuvo una relación extramatrimonial o paralela. Es un detalle técnico que puede definir si su testimonio ingresa al expediente o queda afuera.

Mientras tanto, la causa sigue girando alrededor de una pregunta sin respuesta definitiva: quién puso en circulación los audios que desencadenaron una investigación por presuntas coimas y de qué manera llegaron al conocimiento público. La Justicia deberá responder con pruebas, no con versiones. Si el material que menciona Beller logra ser recuperado, preservado con garantías técnicas y supera los controles de autenticidad, podría convertirse en una pieza clave para explicar el origen del escándalo.

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Fuente original: Noticias La Insuperable, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://noticiaslainsuperable.com.ar/2026/08/19/causa-andis-piden-citar-a-nadia-beller-y-preservar-las-grabaciones-que-podrian-revelar-el-origen-de-los-audios/

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#CausaANDIS #NadiaBeller #Discapacidad #JusticiaArgentina #Transparencia #ArgentinaDesigual

Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof salió a responderle a Clarín y al periodista Daniel Santoro por una nota que presentó a Albertina Mangini como “funcionaria de Kicillof”. La mujer está detenida en una causa que investiga un circuito de lavado de unos $27.000 millones. El mandatario no dejó lugar a dudas: Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y nunca tuvo una vinculación laboral con el Ministerio de Justicia. La aclaración importa porque se dio en medio de una investigación con datos sensibles y de un cruce entre el gobierno provincial y uno de los medios de mayor alcance del país.

Kicillof usó su cuenta de X para denunciar que la información se publicó “sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial” y exigió una rectificación pública. Acusó al diario y a Santoro de actuar “maliciosamente”. Fue más allá: sostuvo que, pese a la desmentida oficial, Clarín decidió continuar titulando en tapa “de manera ambigua para sostener la mentira”. Cerró con una frase corta: “Se nota mucho, Clarín”.

¿Quién es Albertina Mangini y por qué su detención escaló hasta la tapa? La causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, describe una organización que usó identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad. La modalidad incluía ofrecer $80.000 a cambio de entregar documentos, sacarse fotografías y someterse a un escaneo del ojo. Con esos datos se abrían cuentas en billeteras virtuales para operar con identidades ajenas. A Mangini le imputaron asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Su condición de abogada e integrante de la Procuración General bonaerense podría funcionar como agravante, según la acusación.

El punto central del cruce fue la adscripción institucional de la mujer. Clarín la presentó como funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Kicillof respondió con una distinción precisa: “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”. Es decir, no se trata de una empleada del Ejecutivo ni de una funcionaria de su gestión.

Junto con Mangini fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Marchioni ya estaba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, tiene vínculos con el presidente de la AFA. Los allanamientos incluyeron domicilios en La Plata y Córdoba, con secuestro de millones de pesos en efectivo y un BMW. En las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar; Marchioni dijo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.

El cruce ocurre en un escenario electoral que ya muestra temperatura alta. Para el kirchnerismo, la publicación de Clarín sin verificación de fuentes oficiales es un patrón repetido de los medios del Grupo Clarín, históricamente alineados con sectores opositores al peronismo. Más allá de la lectura política, el hecho concreto es que el gobernador salió a corregir públicamente una información que, de confirmarse, hubiera tenido costo directo para su administración.

¿Y a vos por qué te importa? Porque la causa describe una maniobra que usó los datos biométricos de personas vulnerables. Esas personas entregaron su documento, su rostro y su iris por $80.000, sin saber que con esa información se podían abrir cuentas y operar en el sistema financiero a su nombre. La confusión sobre el lugar de trabajo de una detenida no es un detalle administrativo: si se la presenta como parte del gobierno cuando no lo es, la agenda pública se desvía de las víctimas y de los responsables.

Lo que queda en juego es la verificación. La causa seguirá su curso y los investigadores tendrán que demostrar quién operaba y quién se beneficiaba. En paralelo, la disputa entre el gobierno bonaerense y Clarín deja una enseñanza: publicar sin chequear una adscripción institucional puede instalar una mentira durante horas y obligar a un gobernador a aclarar lo que debería haber estado claro desde el primer renglón. La rectificación no repara el daño, pero al menos deja a la vista qué se publicó, cómo se respondió y qué se intentó instalar.

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Fuente original: El Argentino Diario, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/19/08/2026/kicillof-desmintio-operacion-de-clarin-la-detenida-en-la-causa-de-27-000-m-no-es-funcionaria-provincial/

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#Kicillof #Clarin #Causa27MilMillones #LavadoDeActivos #PoderJudicial #ArgentinaDesigual

Sandra Pettovello cumplió con la Oficina Anticorrupción antes del 31 de agosto, la fecha límite para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. No fue la única, pero sí integra el grupo reducido de integrantes del Gabinete que ya tiene los papeles al día: el presidente Javier Milei, su hermana Karina y la mayoría de los ministros todavía no presentaron.

• Al cierre de 2025, la ministra de Capital Humano declaró bienes, depósitos y dinero por $194.345.904,27. Para entender el número, tenés que mirar hacia atrás. En su primera declaración anual, correspondiente al cierre de 2023, había informado $60.159.721,82. La diferencia es un aumento nominal del 223%. Como la inflación acumulada en ese período fue del 186,5%, el crecimiento en términos reales fue del 12,7%. Dicho de otra manera: su patrimonio no sólo se mantuvo, sino que ganó poder de compra.

¿Qué hay detrás de esa cifra? Pettovello declaró tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires: uno de 70 metros cuadrados y dos de 46. En conjunto, los inmuebles pasaron de $66.566.749,36 a $87.567.893,09, un salto de unos $21 millones en un año.

• También informó dos vehículos. El Mini Cooper Sedan modelo 2012 figura con un valor de $15.280.000, el mismo monto que había declarado en 2024. El otro, un Volkswagen Fox modelo 2017, aparece con un valor de $0. ¿Te llama la atención? La razón es técnica: al tener más de cinco años de antigüedad, se considera amortizado en términos patrimoniales y se declara sin valor. No es una irregularidad, pero el número genera preguntas sobre los criterios de valuación que se aplican.

Fijate que el cambio más fuerte está en el dinero en efectivo. Al cierre de 2024, Pettovello declaraba apenas $63.500. Un año después, pasó a declarar $66 millones en efectivo y US$6.000 en billetes. También mantiene dinero en cuentas bancarias: una caja de ahorro con $6,65 millones y otra con $28.509,83.

• Además, conserva una inversión de $668.483,31 en el fondo Alpha, que en 2024 valía $461.022,96. Sus créditos, en cambio, bajaron de $1.339.085,62 a $381.084,24, sumando saldos a favor y un crédito frente a MercadoLibre. Los bienes del hogar pasaron de $2.780.122,28 a $8.145.657,18.

Durante 2025, la ministra declaró ingresos brutos por su trabajo de $46.592.078, más $22.500.000 por alquileres y $16.800.000 recibidos por herencia, legado o donación. En total, los ingresos netos del trabajo, alquileres y otras rentas alcanzaron los $49.701.382,66, a los que se suman $15.657.937,47 de ingresos no alcanzados por Ganancias y los $16,8 millones por la herencia.

Hay un antecedente clave que tenés que conocer: la declaración de 2024 de Pettovello no fue la original. El 22 de agosto de 2025 presentó una rectificación en la que incorporó una caja de ahorro con $34.645.361,28. Ese movimiento explica casi toda la diferencia entre los $96 millones que figuraban en la presentación original y los $130,7 millones que terminó declarando tras la corrección.

El contexto político también pesa. Las declaraciones juradas quedaron bajo la lupa después del escándalo por las inconsistencias patrimoniales del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y por la decisión del Gobierno de extender los plazos para que los funcionarios se pongan al día. En ese marco, la presentación anticipada de Pettovello llama la atención, aunque no despeja todas las dudas.

Las declaraciones juradas son una aproximación: los bienes se declaran según criterios de valuación fiscal y no según precios de mercado. Por eso suelen aparecer datos como el auto en $0 o rectificaciones posteriores. Lo que queda claro es que la ministra de Capital Humano, el ministerio que maneja las políticas sociales más sensibles, logró que su patrimonio le ganara a la inflación en un período en el que millones de argentinos perdieron poder de compra.

• La Oficina Anticorrupción deberá controlar si los valores declarados se ajustan a la realidad. Lo que está en juego es la confianza pública en un momento donde cada dato patrimonial de un funcionario se mira con desconfianza.

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Fuente original: Perfil, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://www.perfil.com/noticias/politica/sandra-pettovello-presento-su-declaracion-jurada-la-ministra-declaro-un-vehiculo-valuado-en-0-y-le-gano-a-la-inflacion.phtml

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#Pettovello #DeclaracionJurada #CapitalHumano #ArgentinaDesigual #Patrimonio #Inflacion

Randazzo se presentó este 18 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 7. No fue una comparecencia más: por primera vez declaró como testigo en la Causa Cuadernos, el expediente que investiga presuntas maniobras irregulares entre el Estado y empresarios durante los gobiernos kirchneristas. Y su testimonio generó un contraste directo con la hipótesis que sostiene la acusación.

El exministro del Interior y de Transporte, hoy diputado nacional, aseguró que jamás recibió una instrucción política para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios. La afirmación no fue al pasar: la pronunció ante preguntas del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. “Nunca, jamás”, respondió.

Randazzo no es un testigo periférico. Asumió como ministro del Interior en diciembre de 2007 y, tras la tragedia ferroviaria de Once, en 2012 se sumó la órbita de Transporte bajo su control. Es decir, tuvo bajo su responsabilidad dos áreas sensibles para cualquier investigación sobre obra pública, subsidios y vínculo con empresas. Por eso su palabra tiene peso específico en este juicio.

Durante su declaración, explicó el circuito de aprobación de subsidios. Contó que el Ministerio de Economía participaba en la programación de esos fondos y debía autorizar la disponibilidad del dinero. También dijo que había una discusión permanente sobre cómo controlar la inflación y que el costo del pasaje jugaba un rol central. “Había una decisión política de la presidenta de adquirir material rodante”, sostuvo. Y aportó un dato concreto: “Compramos 1140 coches, desde ese momento a ahora no se compró un solo vagón. Se sigue subsidiando el transporte público”.

El exfuncionario no esquivó el pasado. Recordó que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” de la tragedia de Once y citó el caso Siemens: la empresa cobró un anticipo del 20 por ciento por obras de señalización que no cumplió y fue obligada a devolverlo. También mencionó la tarjeta SUBE, que había iniciado Juan Pablo Schiavi y que él terminó de implementar. Esa herramienta, explicó, permitió saber cuántos pasajeros viajaban y cuánto combustible se usaba, datos que antes dependían de lo que declaraban los empresarios.

Cuando la fiscal Fabiana León le preguntó si esas medidas servían para evitar hechos de corrupción, Randazzo respondió que avanzaron muchísimo. Mencionó una página web donde todos los meses se publicaba cuántos recursos recibía cada línea y cómo se desglosaban. Esa página, afirmó, se dejó de usar durante la gestión de Mauricio Macri.

El testimonio incluyó también una crítica a la dirigencia sindical ferroviaria. “Tal vez no sea políticamente correcto, pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, declaró. No fue una frase menor: puso sobre la mesa un actor que suele quedar afuera del debate público sobre el transporte.

Para explicar la lógica de los subsidios, Randazzo dio cifras que conectan directamente con la vida cotidiana. En los años 90, el sueldo promedio de un ferroviario equivalía a unos 900 boletos mínimos. Después de la salida de la convertibilidad y el congelamiento de tarifas entre 2002 y 2008, se necesitaban 6.000 boletos para cubrir ese salario. En 2014, la cifra llegó a 12.000. El subsidio estatal fue creciendo hasta cubrir el 90 por ciento del valor del pasaje.

¿Y a vos qué te importa? Porque explica por qué el boleto de tren o colectivo cuesta lo que cuesta y por qué cualquier ajuste en los subsidios impacta de lleno en los sectores más vulnerables. Según su relato, el actual gobierno acumuló una inflación del 300 por ciento y aumentó el pasaje un 1.000 por ciento. Hoy hacen falta 6.000 boletos mínimos para pagar el salario de un ferroviario. “El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”, afirmó.

Randazzo también contó que se reunía todas las semanas con los concesionarios del servicio y que algunos se sintieron maltratados por la exigencia. Mencionó los nombres de Gabriel Romero y Aldo Roggio, dos empresarios del sector. La relación, según su versión, no era de complicidad sino de control.

Ante una pregunta del defensor Manuel Ubeira sobre si advirtió algún tipo de actividad oscura entre funcionarios y empresarios durante su gestión, la respuesta fue tajante: “No me consta eso, mi experiencia demuestra lo contrario”.

El juicio continuará con más testigos. La declaración de Randazzo no cierra la causa, pero deja un interrogante incómodo para la fiscalía. Si quien tuvo el control directo del transporte y los subsidios afirma que no recibió directivas irregulares y que no vio actividad ilegal, la acusación enfrenta un testimonio que no confirma el relato central. Queda en juego la solidez de un expediente que arrastra años sin definición y que, mientras tanto, mantiene en vilo a la política argentina.

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Fuente original: C5N, 18 de agosto de 2026

Enlace: https://www.c5n.com/politica/causa-cuadernos-declaracion-randazzo-cristina-kirchner-18-agosto-2026

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#CausaCuadernos #Randazzo #CristinaKirchner #JusticiaArgentina #Subsidios #ArgentinaDesigual

Una encuesta de alcance nacional difundida por Encuesta&Política reveló que el 85 por ciento de las personas consultadas rechaza la reelección de Javier Milei para las elecciones de 2027. El relevamiento no se limitó a medir la intención de voto: también apuntó contra figuras del entorno presidencial y puso en el centro de la escena denuncias vinculadas al manejo de fondos destinados a pensiones por discapacidad. El dato aparece en un momento de malestar social por el rumbo económico y la política de venta de activos públicos.

Un informe señala que la mayoría de los encuestados identifica a ciertos integrantes de la administración de los hermanos Milei como responsables de prácticas irregulares. Las denuncias se concentran en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Según el material, el cobro de comisiones ilegales y el desvío de recursos que debían llegar a personas vulnerables generan sospechas sobre la transparencia de la gestión. La publicación menciona los nombres de Karina Milei y Patricia Bullrich en relación con ese organismo, aunque no detalla responsabilidades individuales.

La encuesta plantea una comparación con “los viejos métodos del clan Menem” para describir el modus operandi que se atribuye a esos manejos. Esa referencia remite a una etapa de la política argentina marcada por escándalos de corrupción y pérdida de confianza en las instituciones. Su presencia en el relevamiento indica que parte del electorado asocia la gestión actual con prácticas que creía superadas.

El rechazo social que refleja la encuesta no se limita a la corrupción. La caída del poder adquisitivo y el aumento de tarifas aparecen como dos de los motivos centrales del descontento. Los consultados hablan de asfixia económica y de una pérdida sostenida de ingresos reales. Ese malestar ya se expresa en las calles con protestas que exigen un cambio urgente de rumbo. La fuente menciona que las movilizaciones se multiplican mientras la mayoría de los hogares ajusta sus gastos para llegar a fin de mes.

En paralelo, el relevamiento aborda el capítulo de las privatizaciones. La aceleración en la entrega de activos estatales despierta críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de vender recursos estratégicos. Las concesiones a capitales extranjeros y la venta de patrimonio público alimentan la idea de un vaciamiento del Estado. Según el informe, esa política compromete la soberanía y pone en riesgo sectores productivos clave.

El impacto concreto de estos tres frentes —corrupción, ajuste económico y privatizaciones— recae sobre los sectores más vulnerables. Si se confirman las irregularidades en la ANDIS, las personas con discapacidad que dependen de una pensión habrían sido directamente perjudicadas por el desvío de fondos. A la vez, la suba de tarifas golpea a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos. La venta de activos públicos reduce la capacidad del Estado para intervenir en la economía y proteger a quienes no pueden defenderse solos.

Lo que queda en juego es la credibilidad de la gestión y la posibilidad de sostener un proyecto político más allá de 2027. El 85 por ciento de rechazo que arroja la encuesta es un dato contundente, pero también un límite para cualquier intento de reelección. El Gobierno enfrenta denuncias que tocan a personas de su entorno más cercano, un malestar económico que no cede y una política de privatizaciones que divide aguas. La combinación de esos factores define un escenario de alta conflictividad para lo que resta del mandato.

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Fuente original: Encuesta&Política, sin fecha especificada en el material suministrado.

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#CasoANDIS #CorrupcionMilei #PatrimonioNacional #RechazoSocial #Milei2027 #ArgentinaDesigual

Veinte chicos con indicadores compatibles con desnutrición. Uno de ellos, con un cuadro severo. En cuatro jornadas de evaluación. Los datos surgen de un operativo que la Fundación CONIN realizó en Los Hornos los días 7, 8, 12 y 13 de agosto en la Vicaría de 78 entre 147 bis y 148. La actividad se coordinó con la Municipalidad de La Plata, el gobierno bonaerense y Cáritas. De los 71 menores controlados, 20 presentaron señales que encendieron la alarma. La mayoría fueron casos leves o moderados, pero también apareció un caso grave.

Yolanda Di Sarli, directora ejecutiva de CONIN La Plata, lo explicó sin vueltas: la desnutrición crece año tras año. Hace 16 años, los chicos entraban al programa por vulnerabilidad social. Hoy, con la demanda en alza, solo ingresan quienes ya tienen diagnóstico de desnutrición.

Cada una de las 20 familias detectadas en este operativo fue incorporada al programa Nutrir la Vida, que la fundación desarrolla en la ciudad desde agosto de 2010. El acompañamiento está pensado para extenderse al menos dos años. No se trata solo de recuperar peso: se busca que el chico y su familia salgan fortalecidos.

El operativo con la unidad móvil no fue el primero. Ya había pasado por La Plata en 2017 y en 2022. Ahora la lógica cambió. Graciela Ferrara, directora ejecutiva de Cáritas La Plata, contó que casi no hacen relevamientos porque la demanda llega sola a los centros de 73 y 152, El Mercadito y Barrio Nuevo.

CONIN tiene sedes en Los Hornos y Ringuelet. No recibe subsidios y se mantiene con donaciones de particulares. Por eso, la participación del Municipio y de la Provincia en el operativo fue un punto valorado por la organización. La Municipalidad entrega una tarjeta para comprar alimentos, que se suma al bolsón nutricional semanal. También hay negociaciones para que el Estado local cubra los servicios de luz, gas e internet de los centros.

Las familias que ingresan al programa concurren una vez por semana al centro de 73 y 152. Allí los chicos son atendidos por pediatra, nutricionista, trabajadora social y psicopedagoga. Las madres participan de talleres de oficio —costura, cocina, tejido, carpintería básica, reciclado, artesanías— y de espacios sobre salud, alimentación y acceso a la justicia. Mientras tanto, los chicos tienen actividades de estimulación: juegos, dibujos, cuentos, canto, títeres, teatro y manualidades.

La alimentación es central. Cada familia recibe un bolsón semanal con leche, azúcar, aceite, cereales, legumbres, polenta, arroz, fideos y harina. Si los recursos alcanzan, se agregan frutas, verduras y carne. Algunos chicos reciben además complementos alimentarios y leches especiales cuando el equipo profesional lo indica.

Según los propios registros de CONIN, hoy hay 50 familias y 92 chicos bajo seguimiento formal. Si se cuentan los hermanos, la asistencia supera los 140 menores. La capacidad de atención está exigida: el tratamiento es costoso y los fondos provienen de donantes individuales.

Detrás de cada número hay una familia que llega al centro con lo que puede. La desnutrición infantil no aparece de un día para el otro: se construye con platos que se achican, lácteos que se reemplazan por mates, frutas que desaparecen de la mesa. Cuando se instala, deja marcas en el crecimiento, el aprendizaje y la salud. Un caso severo, como el detectado en Los Hornos, no es una rareza: es la punta de un problema más profundo.

Lo que dejó el operativo es una foto incómoda y, al mismo tiempo, una posibilidad. La coordinación entre CONIN, la Municipalidad y la Provincia permitió identificar y empezar a atender a 20 chicos. La pregunta que sigue es si ese trabajo conjunto se sostendrá en el tiempo o si se agotará en un operativo aislado. La demanda, como advierten las organizaciones, no se detiene. Y la desnutrición tampoco.

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Fuente original: Diario Hoy (nota publicada en agosto de 2026)

Enlace: https://diariohoy.net/politica/escala-la-desnutricion-infantil-en-los-barrios-de-la-plata-286923

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#DesnutriciónInfantil #LaPlata #LosHornos #CONIN #ArgentinaDesigual #PeriodismoIndependiente

Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con una presentación que prometía solidez académica: doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencias de desarrollo de software de Inteligencia Artificial. La noticia duró lo que tardó en verificarse un detalle: esa carrera no existe. El título que respaldaba su designación fue emitido por una entidad virtual en Honolulu que vende diplomas falsos por internet.

La confirmación no dejó margen para la duda. La flamante funcionaria no tiene título universitario ni es doctora en absolutamente nada. El “doctorado trucho” que presentó desató el escándalo y puso a la oposición en alerta. El pedido de interpelación no tardó en llegar. La interpelación es el mecanismo que obliga a una funcionaria a presentarse ante los legisladores para dar explicaciones formales sobre su designación y sus antecedentes.

Ante esa presión, el Gobierno reaccionó de una manera elocuente: bajó el comunicado de la página oficial y dejó el nombramiento en la nada. El anuncio que presentaba a Baravalle desapareció de los canales institucionales. Actualmente, el Ejecutivo solo dejó la referencia a su supuesto paso como investigadora en un laboratorio de la Universidad Austral. Nada más.

La decisión de retirar el comunicado sin ofrecer una aclaración pública profundiza la incertidumbre. El área de ciencia, tecnología e innovación vuelve a quedar bajo una nube de dudas. Una designación cuestionada, un título falso y una carrera que no existe son el cóctel perfecto para que la polémica se instale en la agenda pública.

El hecho no es menor para quienes miran la gestión del Estado. Si una persona puede asumir un cargo de esa jerarquía sin que nadie verifique su formación académica, queda expuesta una falla en los controles previos a las designaciones. La confianza en las instituciones no se sostiene solo con discursos: se construye con actos administrativos que garanticen idoneidad.

La oposición pidió explicaciones, el Gobierno respondió borrando. Esa secuencia deja más preguntas que respuestas. ¿Qué antecedentes se revisaron antes de anunciar a Baravalle? ¿Quién validó el doctorado? ¿La baja del comunicado implica una marcha atrás en la designación o solo un cambio en la comunicación? El silencio oficial no resuelve ninguna de esas dudas.

Lo que queda en juego es el funcionamiento de una secretaría que, por su nombre, debería ser ejemplo de rigor. La ciencia exige método, evidencia y verificación. La política, en cambio, a veces premia la improvisación. Que una funcionaria haya presentado un título inexistente para ocupar un despacho público obliga a revisar cómo se nombra y cómo se controla a quienes administran áreas sensibles para el desarrollo del país.

La incertidumbre no es gratis: cada día sin definiciones es un día en el que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene una conducción legitimada. Para los sectores que dependen de sus decisiones, la espera se vuelve insostenible. Y para la ciudadanía, el episodio refuerza una sensación de que las designaciones públicas no siempre pasan por los filtros mínimos de verificación.

El caso Baravalle no se cierra con la eliminación de un comunicado. Recién empieza. La oposición mantiene su pedido de interpelación, la funcionaria queda envuelta en un escándalo de títulos falsos y el Gobierno no ha dado una versión oficial que explique el error. La ciencia, en todo esto, no es la única que queda en evidencia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente)

Enlace: https://www.ambito.com/politica/cambios-el-gabinete-adriana-baravalle-fue-designada-como-secretaria-innovacion-ciencia-y-tecnologia-la-nacion-n6310237

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#Escandalo #CienciaYTecnologia #Gobierno #TitulosFalsos #Política #ArgentinaDesigual

Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con una presentación que prometía solidez académica: doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencias de desarrollo de software de Inteligencia Artificial. La noticia duró lo que tardó en verificarse un detalle: esa carrera no existe. El título que respaldaba su designación fue emitido por una entidad virtual en Honolulu que vende diplomas falsos por internet.

La confirmación no dejó margen para la duda. La flamante funcionaria no tiene título universitario ni es doctora en absolutamente nada. El “doctorado trucho” que presentó desató el escándalo y puso a la oposición en alerta. El pedido de interpelación no tardó en llegar. La interpelación es el mecanismo que obliga a una funcionaria a presentarse ante los legisladores para dar explicaciones formales sobre su designación y sus antecedentes.

Ante esa presión, el Gobierno reaccionó de una manera elocuente: bajó el comunicado de la página oficial y dejó el nombramiento en la nada. El anuncio que presentaba a Baravalle desapareció de los canales institucionales. Actualmente, el Ejecutivo solo dejó la referencia a su supuesto paso como investigadora en un laboratorio de la Universidad Austral. Nada más.

La decisión de retirar el comunicado sin ofrecer una aclaración pública profundiza la incertidumbre. El área de ciencia, tecnología e innovación vuelve a quedar bajo una nube de dudas. Una designación cuestionada, un título falso y una carrera que no existe son el cóctel perfecto para que la polémica se instale en la agenda pública.

El hecho no es menor para quienes miran la gestión del Estado. Si una persona puede asumir un cargo de esa jerarquía sin que nadie verifique su formación académica, queda expuesta una falla en los controles previos a las designaciones. La confianza en las instituciones no se sostiene solo con discursos: se construye con actos administrativos que garanticen idoneidad.

La oposición pidió explicaciones, el Gobierno respondió borrando. Esa secuencia deja más preguntas que respuestas. ¿Qué antecedentes se revisaron antes de anunciar a Baravalle? ¿Quién validó el doctorado? ¿La baja del comunicado implica una marcha atrás en la designación o solo un cambio en la comunicación? El silencio oficial no resuelve ninguna de esas dudas.

Lo que queda en juego es el funcionamiento de una secretaría que, por su nombre, debería ser ejemplo de rigor. La ciencia exige método, evidencia y verificación. La política, en cambio, a veces premia la improvisación. Que una funcionaria haya presentado un título inexistente para ocupar un despacho público obliga a revisar cómo se nombra y cómo se controla a quienes administran áreas sensibles para el desarrollo del país.

La incertidumbre no es gratis: cada día sin definiciones es un día en el que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene una conducción legitimada. Para los sectores que dependen de sus decisiones, la espera se vuelve insostenible. Y para la ciudadanía, el episodio refuerza una sensación de que las designaciones públicas no siempre pasan por los filtros mínimos de verificación.

El caso Baravalle no se cierra con la eliminación de un comunicado. Recién empieza. La oposición mantiene su pedido de interpelación, la funcionaria queda envuelta en un escándalo de títulos falsos y el Gobierno no ha dado una versión oficial que explique el error. La ciencia, en todo esto, no es la única que queda en evidencia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente)

Enlace: https://www.ambito.com/politica/cambios-el-gabinete-adriana-baravalle-fue-designada-como-secretaria-innovacion-ciencia-y-tecnologia-la-nacion-n6310237

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