Luis Caputo acaba de revelar dónde guarda realmente su confianza. No es en la moneda que él mismo administra. Según su declaración jurada patrimonial de cierre de 2025, el 97% de sus depósitos bancarios está fuera de la Argentina. De los $12.730 millones que declara en ese rubro, $12.422 millones descansan en el extranjero, y la abrumadora mayoría, $11.739 millones, se concentra en una única cuenta en Estados Unidos. Para el funcionario que diseña las reglas de juego de nuestra economía, este movimiento no es un detalle administrativo; es una señal contundente sobre dónde protege su propio esfuerzo.

• Los números fríos dibujan un salto patrimonial que llama la atención. En doce meses, su fortuna declarada pasó de $11.851 millones a $19.209 millones. Hablamos de un crecimiento del 62% en pesos y de un 15% medido en dólares, elevando su valuación total a unos 13 millones de dólares. Si sumamos inmuebles y acciones, casi dos tercios de todo lo que posee (64%) tiene domicilio legal fuera del país. El contraste con lo que deja en el mercado local es abismal: cuentas de pesos con montos residuales, un plazo fijo de $248 millones y apenas 15.600 dólares en una caja de ahorro local, junto a un efectivo declarado de poco más de 122 mil pesos y un simbólico centavo de dólar.
• Más allá de los saldos, el detalle de sus inversiones expone nudos políticos sensibles. Caputo mantiene acciones por $61 millones en Anker Latinoamericana, la consultora que fundó junto a Santiago Bausili, hoy presidente del Banco Central. El ministro aseguró en público que esa firma dejó de operar en noviembre de 2023, antes de su asunción, pero el papel dice otra cosa: las acciones siguen figurando en su patrimonio. A esto se suma una participación en Ancora Investments LP, registrada en Canadá, que según su propia declaración perdió más de la mitad de su valor (53%) durante el último año, conviviendo con otras tenencias en sociedades familiares y campos millonarios adquiridos mayoritariamente antes de su ingreso a la función pública.

¿Qué lee un trabajador que cobra en pesos y enfrenta restricciones para acceder a divisas cuando ve estos números? La percepción de desigualdad se dispara. El mensaje implícito es demoledor: mientras se pide a la población que sostenga la moneda local y acepte las condiciones de un acuerdo con el FMI que limita el ahorro en dólares, quien tiene la lapicera en la mano blinda sus activos en jurisdicciones extranjeras. No se trata solo de cuánto tiene, sino de que su estrategia de supervivencia financiera es exactamente la opuesta a la que se promueve desde el discurso oficial.

Esta declaración se suma a un escrutinio creciente sobre el enriquecimiento de funcionarios del actual gobierno, con causas judiciales en curso que ya marcan la agenda política y electoral de cara al futuro. Lo que queda en juego no es solo la transparencia de un funcionario, sino la credibilidad de todo un modelo económico. Cuando los arquitectos de la estabilidad fiscal construyen sus propios refugios lejos del sistema que defienden, la sociedad tiene todo el derecho a preguntarse si las reglas del juego están diseñadas para todos por igual, o si hay un tablero distinto para quienes lo escriben.

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Fuente: El Argentino Diario, 31 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/31/08/2026/el-953-de-los-depositos-de-caputo-esta-en-el-exterior-us-13-millones-y-un-patrimonio-que-crecio-62-en-un-ano/

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#Caputo #DeclaraciónJurada #EconomíaArgentina #Transparencia #ArgentinaDesigual #CuentasEnElExterior

Si pensás que el presupuesto de un hospital público se gasta exclusivamente en camillas, remedios y sueldos, la realidad que acaba de salir a la luz te va a cambiar la perspectiva. Tras dos años de negativas y opacidad, un fallo judicial obligó a la dirección del Hospital Garrahan a abrir sus libros. El resultado de esa auditoría forzada confirma lo que el personal de salud venía denunciando en los pasillos: 58.107 millones de pesos destinados a la atención de niños y adolescentes fueron apartados de su función sanitaria para ser colocados en bonos del Estado y fondos de inversión.

Los números detallados en la documentación revelan la magnitud de la maniobra. De ese total, 40.899 millones fueron a parar a conceptos de “bonos, títulos y letras”, mientras que otros 17.208 millones fueron derivados a un Fondo Común de Inversión. Esta decisión se toma en paralelo a un recorte presupuestario del 37% para la institución. Mientras la administración justifica la medida como una forma de cubrir “gastos operativos y compromisos con ejecución futura”, los trabajadores del nosocomio señalan la brutal contradicción: se niegan recursos para salarios e insumos básicos, pero se mantiene el dinero inmovilizado en instrumentos financieros a largo plazo, algunos con vencimientos a 13 años.

Este movimiento no es un hecho aislado, sino parte de una lógica de gestión que prioriza el resultado fiscal sobre el destino legal de los recursos. El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció recientemente que los fondos fiduciarios acumularon un superávit cercano a los 3.000 millones de dólares en los primeros dos años de la gestión de Javier Milei. Dinero que, por ley, estaba atado a obras de infraestructura. El patrón se repite en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde la especulación financiera supera ampliamente a la ejecución real de obras. Incluso un préstamo de 400 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pensado originalmente para modernizar el tren San Martín, fue redirigido hacia un programa de sostenibilidad fiscal.

Para una familia que viaja desde el interior del país buscando una cirugía de alta complejidad para su hijo, o para el médico que debe improvisar con materiales escasos en la guardia, esta cifra de 58.000 millones no es un dato macroeconómico abstracto. Es la evidencia de que la caja del hospital funciona como una entidad financiera. El ajuste no lo paga el mercado; lo pagan los salarios congelados, la falta de insumos y la salud de los pacientes más vulnerables del sistema público.

La pregunta que queda abierta no es solo sobre la legalidad de estos movimientos, sino sobre el futuro del modelo. Cuando los recursos de un hospital de alta complejidad se convierten en herramienta para maquillar superávits, la estabilidad de la institución deja de depender de las necesidades de sus pacientes y pasa a estar supeditada al vaivén de los mercados.

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Fuente: Diario Hoy, 2026

Enlace: https://diariohoy.net/politica/el-gobierno-desvio-fondos-del-garrahan-para-las-finanzas-287480

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#Garrahan #SaludPública #Transparencia #ArgentinaDesigual #FinanzasPúblicas #DerechoALaSalud

La abogada y activista Nadia Beller aseguró que conserva documentos que prueban la relación del consultor argentino Fernando Cerimedo con estructuras del Estado boliviano, y anunció que los entregará al Ministerio Público. La revelación se produjo este sábado 29 de agosto en La Paz, cuando Beller difundió conversaciones privadas en las que Cerimedo le pide recuperar una bolsa con papeles de su propiedad.

En el intercambio de mensajes, Beller le envió a Cerimedo fotografías del contenido de esa bolsa. Según ella, entre esos documentos aparecen referencias a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). "Esos papeles aún los tengo en mi poder y es parte de las pruebas que entregaré al Ministerio Público", afirmó la activista.

Beller cuestionó directamente la versión pública de Cerimedo sobre su vínculo con el gobierno boliviano. "No puede enredarse tanto en sus mentiras, su injerencia en el Estado es innegable y nunca fue altruista", declaró. Para ella, estos documentos demuestran que la participación del consultor en estructuras estatales fue mayor a la que él reconoció.

El mismo sábado, Cerimedo compareció en una audiencia de medidas cautelares por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Allí negó haber ocupado un cargo formal en el gobierno y sostuvo que sus vínculos con el presidente Rodrigo Paz se limitaron a "conversaciones y asesorías que finalmente no se concretaron como parte de la estructura estatal". Según su declaración, solo daba "consejos de amigo".

Cerimedo permanece detenido preventivamente en el penal de Palmasola por una investigación relacionada con un ataque contra Beller. Paralelamente, enfrenta el proceso por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía boliviana investiga otros hechos vinculados con el consultor argentino y deberá incorporar y valorar la documentación mencionada por Beller para establecer su origen, contenido y eventual relevancia penal.

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Fuente: La Razón, 29 de agosto de 2026

Enlace: https://larazon.bo/nacional/2026/08/29/252005/

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#politica #asesoria #investigacion #transparencia #Bolivia #justicia

La carrera por la gobernación de Tucumán ya arrancó, y lo hizo con una denuncia penal que pone en jaque la unidad del espacio libertario. Este martes 18 de agosto, el concejal de Yerba Buena Dante Mauricio Argiró, de Cambia Tucumán, presentó una querella en la Justicia federal contra Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, y el diputado nacional Federico Pelli. La acusación es grave: presunta falsificación de domicilio con fines electorales, violando la normativa que exige dos años de residencia efectiva en el distrito. Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo fija las elecciones provinciales desdobladas para el 9 de mayo de 2027, la oposición no peronista parece más ocupada en litigar entre sí que en presentar una alternativa de gobierno creíble.

La reacción de los denunciados no se hizo esperar, pero tomó un giro inesperado. Lejos de limitarse a desmentir las irregularidades en sus domicilios, Catalán y Pelli salieron a apuntar directamente contra Mariano Campero, el diputado nacional que saltó del radicalismo al bloque de La Libertad Avanza. Desde el entorno de Catalán lo acusaron de orquestar la presentación judicial y lo tildaron de "oposición servil al oficialismo de Tucumán". Campero, conocido en los pasillos como el "radical con peluca" y cercano a Patricia Bullrich, negó haber sido bien recibido por la conducción local y aseguró que Catalán busca silenciarlo. La tensión subió de tono cuando Catalán, en una entrevista radial, admitió: "Todas las semanas, cuando vengo a Tucumán y tengo que dejar mi familia... estoy acá porque quiero". Una frase que la oposición no dudó en tomar como una confesión implícita de que no reside permanentemente en la provincia, validando el núcleo de la querella.

Para entender la magnitud de este quiebre, hay que mirar el tablero completo. Campero ya adelantó que también irá por el gobierno provincial en 2027: "No quiero volver a ser intendente o legislador, quiero ser gobernador", declaró, asegurando que en la Casa Rosada conocen sus planes. Por su lado, el sector de Catalán sostiene que cuenta con "la bendición de Karina" Milei para la candidatura. Sin embargo, desde Balcarce 50 bajan un mensaje de cautela. El vocero Adrián Ravier y el entorno de la secretaria general de la Presidencia dejaron en claro que, por el momento, "da la sensación de que no se jugaría por ninguno". El foco del Gobierno nacional sigue puesto en asegurar los consensos legislativos en el Congreso, delegando en Diego Santilli las reuniones con las provincias, pero sin definiciones anticipadas.

¿Y a vos qué te importa esta pelea de egos? Mucho más de lo que parece. Cuando los referentes políticos dedican su energía a litigar sobre direcciones postales y a lanzarse acusaciones de manipulación de documentos, se desvía la atención de lo urgente. La ciudadanía tucumana no necesita saber en qué calle duerme un dirigente; necesita saber por qué los servicios básicos siguen siendo un lujo inalcanzable y cómo se administran los recursos públicos. Cada día que el debate público se convierte en un juicio por domicilios, es un día perdido para fiscalizar la gestión y exigir respuestas concretas ante la postergación histórica de los sectores más vulnerables.

Lo que está en juego en Tucumán no es solo una interna partidaria, sino la credibilidad de un proyecto que llegó prometiendo acabar con los privilegios de la casta. Si la disputa se resuelve en los tribunales y no en las propuestas, el daño a la confianza pública será irreversible. La Justicia electoral tendrá la palabra para determinar si hubo maniobra ilegítima, pero el veredicto más duro ya lo está emitiendo la calle: mientras los dirigentes pelean por el trono, el pueblo sigue esperando que alguien gobierne de verdad.

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Fuente: Clarín, 29 de agosto de 2026

Enlace: https://www.clarin.com/politica/karina-milei-deja-correr-interna-libertad-avanza-tucuman-denuncias-carrera-gobernacion_0_DtDBW1X4Ei.html

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#Tucumán #InternaLLA #PeriodismoDeInvestigación #ArgentinaDesigual #Transparencia #Elecciones2027

Este jueves 27 de agosto de 2026, la Cámara de Diputados bonaerense dio un golpe de timón legislativo. Con el respaldo de las familias que llevan meses en la calle, se aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 24.901. No es un simple trámite de escritorio: es la herramienta que obliga al distrito más poblado del país a hacerse cargo de las prestaciones básicas de salud y asistencia para personas con discapacidad, justo cuando el financiamiento de estos derechos se convirtió en el epicentro de una disputa a nivel nacional.

La iniciativa, impulsada por el senador provincial Emmanuel González Santalla, completó su recorrido tras haber obtenido previamente la media sanción en el Senado. El texto legal es claro: incorpora formalmente a la Provincia al sistema nacional, garantizando un piso de derechos que abarca prevención, asistencia, promoción y protección. Para el legislador, este cierre del circuito es "una victoria colectiva" que busca blindar coberturas que son un derecho y no una dádiva.

Esta sanción no cae en el vacío. Llega con una tensión palpable, tras los reclamos sostenidos durante los últimos meses por familias, prestadores de salud y organizaciones del sector, hartos de la incertidumbre financiera que rodea a las terapias y los apoyos. En ese clima, González Santalla marcó una línea política dura: llamó a reconstruir un Estado que no le dé la espalda a la discapacidad y que defienda su autonomía, trazando una comparación explícita con el modelo de garantías que, según su visión, existió en el país hasta el año 2015.

¿Qué significa esto para una familia en el conurbano o en el interior que hoy pelea un turno o un elemento de ayuda técnica? Significa que la Provincia deja de ser un espectador pasivo. Al adherir a la norma, el gobierno provincial asume la responsabilidad directa de garantizar el acceso a lo que la ley nacional ya contempla. Se cierra la puerta a las excusas burocráticas que solían derivar la responsabilidad de un organismo a otro, transformando la cobertura integral en una obligación jurisdiccional exigible.

Ahora bien, la firma en un expediente no garantiza terapias por sí sola. El verdadero desafío comienza con la reglamentación de la norma y la asignación presupuestaria concreta. La historia legislativa argentina está llena de leyes loables que naufragaron en la falta de ejecución. La vigilancia de las organizaciones y las familias será el único antídoto para asegurar que este marco legal no termine siendo un parche de buena voluntad, sino una política de Estado efectiva y financiada.

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Fuente: Prisma Noticias, 27 de agosto de 2026.

Enlace: https://prismanoticias.com.ar/es-ley-el-proyecto-de-emmanuel-santalla-para-garantizar-prestaciones-a-personas-con-discapacidad-en-pba/

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#Discapacidad #DerechosHumanos #BuenosAires #Ley24901 #PeriodismoDeInvestigacion #ArgenatinaDesigual

Mientras Fernando Cerimedo cumple prisión preventiva en el penal de Palmasola, su celular peritado por la justicia boliviana sigue hablando. Y lo que dice no tiene nada que ver con estrategias de marketing político: expone una billetera de criptomonedas que movió más de 44 millones de dólares en solo seis meses. Este hallazgo, revelado por el senador opositor Leonardo Roca a partir del informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), transforma una causa por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, en la punta del ovillo de una red financiera que cruza fronteras y sacude los cimientos del gobierno de Rodrigo Paz.

El peritaje detectó un código de acceso en el dispositivo secuestrado tras el ataque de dos sicarios a Beller el 17 de agosto. Esa secuencia no era una anotación al azar: funcionaba como nodo central entre depósitos anónimos y una red de al menos diez cuentas de destino, una de las cuales movió varios millones en el mismo período. Según el rastreo, el dinero, originado en actividades de criptominería, fluía de una "billetera fría" (diseñada para almacenamiento seguro) a una "billetera caliente" (habilitada para liquidar activos en efectivo). El dato más inquietante es el saldo actual: menos de 9 dólares. La cuenta fue vaciada justo después de que Cerimedo quedara incomunicado, lo que indica que alguien más, con acceso a las claves, sigue operando la red desde la libertad.

• Este movimiento de fondos no ocurre en el vacío. Roca trazó una línea directa entre esta operatoria cripto y una casa de cambios allanada la semana pasada por la Justicia boliviana. Las cámaras de seguridad captaron al representante legal del local, identificado como Fritz Junior G.A., huyendo con un bolso que presuntamente contenía 700.000 dólares en efectivo. Mientras este hombre enfrenta prisión preventiva alegando haber "perdido" el dinero y defendiendo la legalidad de sus operaciones, el presidente Rodrigo Paz intentó poner distancia. En un video de cuatro minutos, admitió que Cerimedo colaboró en su campaña y arranque de gestión, pero juró que jamás hubo contrato, relación laboral ni autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia.

La versión oficial choca de frente con las denuncias de Beller, quien describe a Cerimedo como un "presidente en la sombra". Según su relato, el consultor manejaba desde sobreprecios en la distribución de combustible hasta la creación de equipos policiales de élite que le respondían directamente, además de orquestar pagos a legisladores para garantizar la aprobación de leyes. Este entramado es el núcleo de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en La Paz, donde Beller ya fue citada como testigo.

• Más allá de las cifras astronómicas, la gravedad del esquema radica en su costo humano y social. En Bolivia, Cerimedo no solo enfrenta la tentativa de feminicidio, sino también un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento de narcotráfico, a partir de indicios de vuelos irregulares detectados por la Fiscalía de Beni. En Argentina, la sombra se proyecta sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Beller aguarda declarar como testigo protegida ante el juez Ariel Lijo, asegurando tener grabaciones que vinculan a Cerimedo con el desvío de recursos que deberían asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Cuando los fondos se manejan en la opacidad de una billetera digital, el perjudicado final es siempre el ciudadano que depende de un Estado que, en lugar de proteger, se presta a ser vaciado.

La investigación ahora depende de la velocidad de dos sistemas judiciales. Roca ya pidió al fiscal a cargo que audite la cadena de custodia del celular y exhorte a los exchanges para identificar a los titulares finales de esas diez cuentas. Con Cerimedo bajo tres procesos penales simultáneos en Bolivia y una causa abierta en la Argentina, el reloj corre. La pregunta que queda sobre la mesa no es solo quién dio la orden de vaciar la billetera, sino cuántos otros nodos de esta red siguen operando en la impunidad mientras la justicia intenta alcanzarlos.

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Fuente: El Argentino Diario, 27 y 28 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentino.com.ar (Nota: enlace reconstruido basado en el dominio y fecha del medio proporcionado)

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#Cerimedo #Criptomonedas #InvestigaciónPeriodística #Bolivia #ANDIS #ArgentinaDesigual

El martillo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cayó sobre el patrimonio de la familia Kirchner y de Lázaro Báez con una precisión de relojería suiza. El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el embargo preventivo de 111 bienes —y sumando— con un objetivo claro: asegurar el cobro de los $684.990.350.139,86 que la causa Vialidad fijó como decomiso. La lista es un mapa del poder económico kirchnerista: el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria, los dúplex del Complejo Madero Center en Puerto Madero, el Hotel La Aldea del Chaltén, terrenos en El Calafate sobre la avenida que lleva el nombre de su marido, y las sociedades Hotesur y Los Sauces, a nombre de Máximo y Florencia.

La medida responde al pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, después de que los condenados no depositaran ni un peso de la cifra millonaria. Hasta acá, la versión oficial del fallo. Pero si uno se corre del titular y lee el expediente con lupa, aparecen las preguntas incómodas que ningún comunicado judicial se anima a responder.

Las pruebas que se tambalean

• La causa Vialidad llegó a esta instancia de ejecución patrimonial con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner, y sentencias similares para el resto de los implicados. Sin embargo, amplios sectores del mundo jurídico, académicos y observadores independientes han señalado, a lo largo de los años, que el cimiento probatorio del juicio tiene grietas profundas. Peritajes discutidos, testimonios que no terminan de cerrar, una interpretación extensiva del delito de asociación ilícita y un relato acusatorio que, para muchos especialistas, estira las reglas del derecho penal hasta romperlas.

Cuando las pruebas no son blindadas, la condena deja de ser un acto de justicia para convertirse en un acto de fe. Y cuando esa fe se apoya en un contexto político donde el gobierno nacional ha hecho de la persecución a la dirigencia anterior su bandera identitaria, la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar. La justicia debe ser ciega, pero cuando sus tiempos parecen sincronizados con los del debate electoral, la desconfianza deja de ser una opinión para convertirse en una lectura razonable de los hechos.

Un mecanismo peligroso que nos alcanza a todos

Acá es donde la historia deja de ser un capítulo más de la grieta política y se vuelve un problema de todos. Si el Estado puede embargar y eventualmente rematar bienes bajo el paraguas de sentencias cuya base probatoria es cuestionable, se abre una puerta que después es muy difícil de cerrar. Hoy el blanco son una ex presidenta, sus hijos y un empresario ligado al poder anterior. Mañana, ese mismo mecanismo ágil de "embargo preventivo y remate exprés" puede aplicarse sobre viviendas de planes sociales, tierras comunitarias o pequeños contribuyentes, usando la misma lógica de eficiencia por sobre las garantías de un juicio justo.

No es una hipótesis remota. En un país donde el Poder Judicial ha demostrado históricamente que sus herramientas se usan con distinta intensidad según el color político del acusado, normalizar ejecuciones patrimoniales sobre sentencias dudosas es regalarle un arma al poder de turno. Y ese arma, tarde o temprano, termina apuntando hacia los que menos tienen.

Qué queda en juego? 

La defensa de Cristina Kirchner ya llevó la cuestión del decomiso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras esa instancia se define, los bienes quedan atrapados en un limbo: no se pueden vender, no se pueden hipotecar, no se pueden tocar. El tribunal insiste en que no se trata de garantizar una condena futura, sino de ejecutar una decisión ya adoptada. Pero si la decisión ya adoptada se sostiene sobre pruebas que se tambalean con el viento, la ejecución se convierte en un despojo con sello oficial.

Los $685 mil millones en pesos, en un país con inflación crónica, se licúan todos los meses. Los inmuebles embargados, en cambio, se ajustan al dólar y preservan su valor. El Estado corre una carrera que ya perdió en la largada: persigue ladrillos que valen mucho, para cobrar una deuda en papel que vale cada vez menos. Mientras tanto, 111 propiedades esperan el martillo del tasador, y la pregunta sigue flotando: ¿esto es justicia, o es otra forma de hacer política con los bienes ajenos?

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Fuente: PERFIL

Enlace: www.perfil.com

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#CausaVialidad #CristinaKirchner #LázaroBáez #JusticiaArgentina #ArgentinaDesigual #EmbargoKirchner

Más de 1,84 millones de bonaerenses figuran hoy en mora, asfixiados por créditos con tasas que escalan sin control. Mientras desde el Gobierno nacional se suele desestimar esta realidad como un mero conflicto "entre privados", en La Plata la Legislatura intenta construir un dique de contención. Ya hay diez proyectos de ley en discusión que buscan frenar el ahogo financiero de los hogares, marcando una fractura política clara entre la provincia y la Nación sobre cómo proteger el bolsillo de la gente.

El núcleo de esta respuesta legislativa apunta a desactivar la trampa del crédito abusivo. La diputada Ana Luz Balor (Unión por la Patria), con respaldo del gobernador Axel Kicillof, impulsa dos medidas clave. La primera busca blindar a las familias incorporando la figura del "sobreendeudamiento" en la Ley Provincial de Defensa del Consumidor (N° 13.133). Esto habilitaría una mediación administrativa obligatoria y congelaría embargos y ejecuciones judiciales por 90 días para quienes demuestren esta condición. Su segunda propuesta ataca directamente el hostigamiento: busca prohibir y sancionar el acoso telefónico, las amenazas y la exposición pública por parte de las empresas de cobranza, un vacío legal que se expandió tras la derogación de normativas nacionales que regulaban a estos estudios.

Esta ofensiva no nace en el vacío. Responde a un deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia. "Las familias no se endeudan para comprar televisores o viajar, sino para pagar servicios y comprar alimentos", señaló Balor. En paralelo, el Senado analiza propuestas como el "Régimen Extraordinario de Regularización" del bloque HECHOS, impulsado por Marcelo Leguizamón, para deudas con más de 90 días de mora. A esto se suma la iniciativa de Sofía Vannelli para declarar un "mínimo vital protegido" inembargable con rehabilitación judicial gratuita en las OMIC, y el proyecto de Noelia Saavedra para poner freno a la selva de los créditos desregulados que operan a través de aplicaciones móviles.

Aquí es necesario marcar una línea divisoria que el debate público suele difuminar: no todas las deudas responden a la misma lógica. Mientras el paquete de leyes mencionado busca proteger al consumidor de la voracidad del mercado financiero, existe un frente legislativo paralelo que aborda la morosidad alimentaria. Iniciativas como la del diputado Ricardo Lissalde, que propone negar beneficios fiscales (como descuentos en Inmobiliario o Patentes) a deudores de alimentos, operan bajo una lógica de sanción y garantía de derechos, no de alivio económico. Esta medida se articula con la reciente actualización de la Ley 13.074, que permite inscribir a los deudores en el Registro de Morosos desde el primer incumplimiento, eliminando la antigua espera de tres cuotas. Presentar ambas realidades como parte de una misma "respuesta" contra la crisis de endeudamiento genera una falsa equivalencia: en un caso, el Estado intenta poner un límite al abuso del mercado; en el otro, busca garantizar el sustento de niños, niñas y adolescentes mediante la presión fiscal.

La definición de estas normas en las cámaras determinará si la provincia logra establecer mecanismos efectivos de protección o si la regulación del crédito seguirá fragmentada. La ventana de acción se estrecha a medida que los plazos de mora se acumulan, y el resultado final definirá qué tipo de red de seguridad tendrá la población bonaerense frente a la presión financiera en los próximos años.

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Fuente: DataClave, 2024

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/en-la-legislatura-bonaerense-ya-hay-10-proyectos-que-buscan-frenar-la-crisis-por-las-deudas-de-las-familias_a6a8ef133f2f309cbd3c19516

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Decir que el Presidente actúa por un "brote" o una enfermedad mental parece el ataque más feroz que se le puede hacer. Sin embargo, es un regalo envenenado. Al convertir sus decisiones políticas en meros síntomas clínicos, le estamos quitando responsabilidad. Lo transformamos en una víctima de su propia neurología, mientras su gobierno avanza con una agenda que sabe, a ciencia cierta, que va a lastimar. La pregunta urgente que nos debemos hacer hoy no es si está sano o enfermo, sino cuánto hay de voluntad consciente, cálculo frío y consentimiento en un poder que conoce el daño y decide perseverar.

• Los hechos están sobre la mesa y no necesitan de inventos. Cuando Javier Milei calificó a estudiantes, periodistas e investigadores como "terroristas disfrazados", la reacción de su propia coalición no fue marcar un límite ético. Victoria Villarruel salió a hablar de "persecuciones imaginarias" y, días después, el ministro bonaerense Carlos Bianco confesó haber consultado a una inteligencia artificial para trasladar al debate un supuesto diagnóstico de "delirio persecutorio". Así, una declaración de un jefe de Estado contra comunidades enteras dejó de tratarse como un acto político para ser medicalizado como un síntoma.

Esta narrativa se alimenta de rumores que ya fueron desmentidos. En 2023 circuló una falsa historia clínica atribuida al FLENI que mencionaba esquizofrenia y clozapina. En febrero de 2025, otra operación de relato intentó instalar un supuesto brote psicótico en Olivos con un traslado en helicóptero de Karina Milei; la imagen era vieja y el propio autor de la publicación admitió que solo buscaba repercusión.

Pero que esas pruebas sean falsas no blanquea la conducta. Lo que sí está documentado es la consulta a Celia Melamed, vinculada al reiki, el chamanismo y la comunicación empática con animales, durante el duelo por su perro Conan, incluyendo su posterior clonación. Más grave aún: en febrero de 2025 se confirmó una "limpieza energética" con palo santo, vinagre y hierbas en un despacho de la Casa Rosada, una práctica impulsada por su entorno íntimo dentro de la sede misma del Poder Ejecutivo.

• Esto no es una excentricidad de pasillo. Es una pedagogía política con un objetivo claro. El vocabulario presidencial no es un desborde casual; es una herramienta. Llamar "degenerados fiscales" a legisladores, hablar de "parásitos mentales" que convierten a la gente en zombis o etiquetar a la comunidad universitaria como infiltrados cumple una función precisa: deshumanizar.

Cuando el adversario deja de ser alguien que piensa distinto para convertirse en una "contaminación" que debe ser extirpada, el insulto se transforma en justificación. Y no son palabras al viento. En el conflicto por el financiamiento universitario, el veto presidencial fue rechazado por el Parlamento, la aplicación de la ley fue reclamada judicialmente y la controversia escaló hasta la Corte Suprema. Persistir en ese camino no es falta de información; es una voluntad política que calcula costos, conoce el conflicto y sostiene su dirección a pesar de las advertencias institucionales.

¿Y a vos qué te importa esto? Porque cuando el poder define a jubilados, científicos o estudiantes como "parásitos" o "terroristas", el daño material que reciben deja de ser una injusticia para ser narrado como un "saneamiento necesario".

El recorte presupuestario, la represión o la estigmatización ya no se ven como ataques a derechos, sino como medidas de "defensa" del orden. La eficiencia se convierte en una contabilidad fría que registra números mientras borra personas. Para los sectores más vulnerables, esta lógica es una sentencia: su sufrimiento se reduce a una variable estadística, una molestia colateral en una misión que se cree por encima de cualquier corrección moral. La libertad se vuelve licencia del fuerte y el equilibrio fiscal, un fetiche desconectado de la justicia.

El verdadero peligro no reside en un diagnóstico médico inexistente, sino en una voluntad activa que organiza el daño. Una conducción que deshumaniza, que invierte el sentido de bienes como la justicia y que incorpora prácticas vinculadas al ocultismo en la esfera estatal construye una atmósfera de oscurantismo.

La responsabilidad no es solo de quien ocupa el sillón de Rivadavia. Es compartida por el círculo íntimo que valida esta visión del mundo y protege su aislamiento; por los ministros y legisladores que traducen esos impulsos en decretos y recortes; y por aquellos que, sin creer del todo, colaboran mientras les conviene. Reducir todo esto a "locura" es conceder una inocencia que los hechos no autorizan. La historia no juzgará los síntomas, sino las consecuencias.

Si esta situación te toca de cerca, si contás con videos, documentos o una denuncia sobre cómo estas políticas afectan tu comunidad, tu barrio o tu lugar de trabajo, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta y desarmar los relatos que buscan ocultar la realidad.

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Fuente: KontraInfo / Noticias Holísticas, 18 de agosto de 2026

Enlace: https://noticiasholisticas.com.ar/la-coartada-de-la-locura-por-ivone-alves-garcia/

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Este martes trascendió una versión sobre un eventual reordenamiento interno en el peronismo con vistas a las elecciones de 2027. Según la información difundida, Axel Kicillof sería considerado como posible candidato presidencial, mientras que Sergio Massa se perfilaría como eventual postulante a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado, este supuesto entendimiento habría sido tratado durante una reunión reservada en la Ciudad de Buenos Aires. De concretarse, el objetivo de esta estrategia sería evitar una competencia electoral directa entre ambos dirigentes y distribuir sus candidaturas entre el ámbito nacional y el provincial.

En este marco, se observa que Kicillof está profundizando su construcción política con proyección nacional, ampliando su presencia fuera de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, Massa ha reactivado la estructura del Frente Renovador y su organización territorial en el distrito bonaerense.

Esta posibilidad surge en un momento en el que el Partido Justicialista busca ordenar sus distintos sectores y definir el mecanismo para la selección de candidaturas de cara a 2027. Dentro de estas discusiones, la continuidad de las elecciones PASO y la dinámica entre las distintas corrientes internas ocupan un lugar central en la agenda del espacio.

Hasta el momento, ni Axel Kicillof ni Sergio Massa han confirmado públicamente esta versión sobre un supuesto acuerdo, por lo que el escenario político al respecto permanece abierto y sujeto a definiciones futuras.

Fuente: Última Noticia BA, 25 de agosto de 2026

Enlace: https://ultimanoticiaba.com/2026/08/25/kicillof-y-massa-reordenan-el-tablero-del-peronismo-rumbo-a-2027-una-version-los-ubica-en-la-carrera-presidencial-y-bonaerense/

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