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El proyecto de Karen Reichardt, la diputada de Milei, que castiga al que cuida un animal y premia al que lo vende
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El proyecto de Karen Reichardt, la diputada de Milei, que castiga al que cuida un animal y premia al que lo vende

El proyecto 3401-D-2026, presentado el 24 de julio de 2026 por la diputada de La Libertad Avanza Karen Reichardt (nombre real Karina Vázquez Bustelo), impone un Registro Nacional para todos los establecimientos con animales de compañía, desde criaderos hasta refugios. Obliga a auditorías periódicas y permite la venta online solo a inscriptos. Iguala por ley al negocio con la solidaridad

Imaginá esta escena: rescatás un perro de la calle, lo curás con tu plata, lo tenés en tránsito en el living de tu casa hasta que aparece un adoptante responsable. Ahora sumale que el Estado te obliga a registrarte igual que a un criadero comercial, a pasar auditorías periódicas y a cumplir requisitos administrativos que no podés pagar. Eso exactamente es lo que propone un proyecto de ley presentado el 24 de julio de 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación por una legisladora del espacio de Javier Milei.


La autora de la iniciativa es Karina Celia Vázquez Bustelo, aunque en los pasillos del Congreso se hace llamar Karen Reichardt. Pertenece al bloque de La Libertad Avanza y acaba de encender una mecha que ya recorre refugios, grupos de rescate y redes sociales. El expediente 3401-D-2026 pretende crear un “marco regulatorio” para todas las actividades vinculadas a animales de compañía en la Argentina, y lo que desvela a los proteccionistas es que mete en la misma bolsa al negocio de la cría y a la solidaridad más pura.


El corazón del proyecto es el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC). Su inscripción sería obligatoria no solo para criaderos, pensionados, guarderías y prestadores de servicios, sino también para refugios, centros de tránsito y espacios de rehabilitación. Cualquier persona u organización que aloje perros, gatos o especies consideradas de compañía quedaría alcanzada. Y la habilitación no sería un trámite de una sola vez: el texto aclara que la continuidad del permiso dependerá de auditorías periódicas.


La propuesta incluye reglas para la reproducción en criaderos, fija condiciones para el traslado de animales en vehículos, establece criterios para promover la adopción y hasta lineamientos sobre animales en situación de calle. También pone la lupa sobre el comercio digital: prohíbe la difusión y venta de animales por redes sociales, plataformas virtuales o sitios de comercio electrónico si no hay habilitación, pero —y acá está el guiño para los criadores— permite ofrecer y comercializar sin problemas siempre que el establecimiento figure inscripto y con autorización vigente en el famoso RNEAC.


Es decir, si tenés un criadero con papeles al día, podés seguir vendiendo cachorros por Instagram. Si rescatás perros de la vía pública y los publicás para buscarles un hogar sin estar anotado en ese registro nacional, quedás en falta.


Las organizaciones proteccionistas leyeron la letra chica y explotaron. Denuncian que el proyecto coloca bajo un mismo régimen a los criaderos comerciales y a los grupos de rescate que funcionan de manera solidaria, con realidades, objetivos y estructuras completamente diferentes. No es lo mismo lucrar con la venta de animales que dedicar tiempo, casa y ahorros a recuperar a un ser vivo que alguien abandonó. Sin embargo, la ley que impulsa la diputada libertaria los pone a todos en el mismo escalón burocrático.


El temor concreto es que las nuevas exigencias administrativas y los controles periódicos asfixien a quienes sostienen el rescate, el tránsito y la rehabilitación a pulmón. En la Argentina de 2026, donde los programas estatales de castración y tenencia responsable son una lotería según el municipio, miles de proteccionistas trabajan sin un peso del Estado. Muchas son mujeres que financian de su bolsillo alimento, castraciones y tratamientos veterinarios, que prestan su propia vivienda como hogar de paso y que publican en redes para conseguir donaciones o un adoptante. Ahora, el mismo Estado que no les dio nada podría exigirles una inscripción con auditorías incluidas.


Los proteccionistas también advierten que la iniciativa puede abrir la puerta a más maltrato animal, por más que el discurso oficial hable de “bienestar”. ¿Por qué? Porque al facilitarle la habilitación a los criaderos comerciales —les da un registro nacional y la chance de vender en plataformas digitales, algo que hoy está en una zona gris— se estaría legalizando y fomentando un circuito de cría intensiva que ellos consideran una forma de explotación. Mientras tanto, los refugios y tránsitos que rescatan sin fines de lucro quedarían ahogados bajo un sistema pensado para fiscalizar emprendimientos económicos.


Hay un detalle que vale la pena mirar: el proyecto establece que los refugios no podrán mantener animales en condiciones de hacinamiento, “salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas”. Esa excepción deja un margen de discrecionalidad enorme. Un refugio colapsado por la demanda, que recibe animales todo el tiempo porque el Estado no castra ni controla, ¿podría ser sancionado por hacinamiento o quedar amparado en esa ventana “excepcional”? La letra no lo aclara y eso, en un país donde la administración pública no se caracteriza por la empatía con el sector, es un peligro.


El proyecto llegó en un momento político delicado. La Libertad Avanza viene de imponer un discurso de “desregulación y libertad”, pero acá propone justo lo contrario: un registro nacional, una autoridad de aplicación con poder de auditoría y sanciones, un andamiaje estatal que cae sobre los hombros más frágiles de la cadena. Los rescatistas sienten que les quieren cobrar con burocracia lo que el propio Estado abandona en la calle.


Desde el oficialismo todavía no hubo una defensa pública encendida del texto, pero el expediente ya está disponible en el sitio de la Cámara de Diputados y empezó a circular con fuerza entre abogados animalistas, proteccionistas de base y legisladores de otros bloques. El debate recién arranca y promete ser uno de esos que dividen aguas, no por izquierda o derecha, sino entre quienes ponen el cuerpo para salvar a un animal y quienes quieren reglamentarles la vida a fuerza de papeles.


Mientras el Congreso se toma su tiempo, en los grupos de WhatsApp de rescatistas ya corre una certeza: si esta ley avanza, muchos van a tener que elegir entre volverse ilegales o cerrar. Y en esa disyuntiva, los que más pierden son los que no votan, los que no tienen cuit ni abogado: los animales que duermen en las esquinas esperando que alguien los mire con amor.


Fuente original: InfoSalta, 24 de julio de 2026

Enlace: https://diarioinfosalta.com/2026/07/24/proteccionistas-denuncian-que-una-diputada-libertaria-presento-un-proyecto-que-favorece-los-criaderos-aumenta-el-maltrato-animal-y-perjudica-el-rescate/


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#ProteccionAnimal #LaLibertadAvanza #Rescatistas #Criaderos #NoAlMaltrato #ArgentinaDesigual


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