El abogado Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional, presentó este miércoles una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del decreto 467/2026 del Poder Ejecutivo. La presentación, ingresada en el fuero federal, busca frenar la norma que modificó de raíz el histórico decreto 222/2003, el régimen que desde hace más de veinte años ordenaba cómo el Presidente de la Nación debía proponer a los candidatos para integrar el máximo tribunal.

El planteo judicial sostiene que la reforma convierte el proceso de nominación en un mecanismo “más cerrado y opaco”, al eliminar dos pilares que garantizaban apertura y control social: la obligación de tener en cuenta la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia federal de los postulantes, y la instancia en la que ciudadanos, colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales podían hacer observaciones sobre los aspirantes antes de que el Ejecutivo girara los pliegos al Senado.

Para Gil Domínguez, la modificación implica una “regresión normativa” que restringe derechos de participación democrática, petición y deliberación, y desprotege el derecho a la no discriminación por motivos de género en el acceso a la Corte. “La integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ser el resultado de una decisión presidencial cerrada, opaca o inmune al escrutinio público, sino que debe estar precedida por reglas de apertura, publicidad, participación, control social y justificación institucional”, argumentó en el escrito al que accedió este medio.

El decreto 467/2026, firmado en las últimas semanas, derogó puntualmente las disposiciones que desde 2003 obligaban a que la presidencia considerara criterios de equilibrio regional, especialidad en distintas ramas del derecho y paridad de género al momento de armar la lista de candidatos. Esa exigencia funcionaba, según el demandante, como una acción positiva para corregir una desigualdad histórica: entre 1863 y 2005 la Corte estuvo compuesta casi exclusivamente por varones. Ahora, sin ese parámetro, advierte que se habilita un retroceso “constitucionalmente inadmisible”.

La presentación también objeta la supresión del mecanismo de observaciones ciudadanas. La norma original permitía que cualquier persona u organización presentara por escrito opiniones, adhesiones o cuestionamientos sobre los candidatos antes de que el Presidente definiera la propuesta final. El Gobierno justificó esa eliminación con el argumento de que el Senado ya realiza un control durante el tratamiento de los pliegos. La demanda rechaza esa lectura: “No existe duplicación, sino complementariedad”. Para el constitucionalista, una cosa es controlar la formación de la propuesta y otra, controlar la prestación o denegación del acuerdo legislativo. “Suprimir esa instancia importa desplazar a la ciudadanía del momento en que la decisión comienza a configurarse”, remarcó.

Con el nuevo esquema, la selección de los integrantes de la Corte quedaría en manos de una discrecionalidad presidencial sin la obligación de pasar por ese filtro público previo. Gil Domínguez lo definió como un retroceso desde “un modelo de nominación presidencial abierta hacia un modelo de nominación presidencial cerrada; desde una discrecionalidad reglada por transparencia hacia una discrecionalidad liberada de control ciudadano previo”.

Además de pedir la declaración de inconstitucionalidad, el abogado solicitó una medida cautelar urgente para que se suspenda la aplicación del artículo 11 del decreto mientras se tramita el expediente. La urgencia se apoya en un riesgo concreto: que el Poder Ejecutivo avance con nuevas designaciones para cubrir vacantes bajo las nuevas reglas antes de que la Justicia resuelva el fondo de la cuestión. “Participar después de cerrado el momento institucional relevante equivale a no participar eficazmente”, sostuvo.

El debate de fondo toca uno de los dispositivos más sensibles del sistema republicano argentino: cómo se elige a quienes ocupan el tribunal que controla los actos de los otros poderes y define derechos fundamentales. En los últimos años, la legitimidad de la Corte se puso a prueba en contextos de fuerte tensión política, y cualquier modificación en su proceso de integración genera impacto inmediato en la confianza ciudadana sobre el Poder Judicial.

La resolución que tome la justicia federal no solo definirá si el nuevo decreto sigue vigente o se frena de manera provisoria, sino que pondrá a prueba los límites que la Constitución impone a la facultad presidencial de nombrar jueces cuando esa potestad se ejerce sin contrapesos de transparencia y participación social. Mientras el expediente avanza, queda abierta la discusión sobre si la Argentina se mueve hacia una mayor apertura o vuelve a un esquema en el que la integración de la Corte se decide a puertas cerradas.

Fuente: APF Digital, 17 de junio de 2026.

https://www.apfdigital.com.ar/noticias/2026/06/17/460057-presentan-una-accion-judicial-para-frenar-el-decreto-que-cambio-las-reglas-para-nombrar-jueces-de-la-corte

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#CorteSuprema #Decreto467 #JusticiaArgentina #ParticipaciónCiudadana #Transparencia #AndrésGilDomínguez

A veces las películas de mafiosos parecen exageradas. Pero la realidad argentina muestra que la ficción se queda corta, sobre todo cuando los que tienen que cuidarnos terminan jugando para el otro bando. El caso del prefecto Gustavo Vargas, un ayudante de tercera de la Prefectura Naval que trabajaba en Inteligencia, expone cómo funciona en la frontera norte una matriz de impunidad que castiga a los oficiales honestos mientras protege el negocio del narcotráfico.

Desarrollo de los hechos:

Todo comenzó durante una recorrida en lancha por la Isla Pacurí, en el río Paraná, en la provincia de Corrientes. El grupo de patrullaje divisó un campamento clandestino. Allí encontraron a Federico “Morenita” Marín, un capo narco de Itatí que manejaba el tráfico de toneladas de marihuana y cocaína. Junto a él había armas, documentación falsa, droga y una agenda personal. En esa libreta, Marín anotaba nombres y apodos de supuestos uniformados cómplices. Aparecían frases como “gendarme amigo de Hilda”, “gendarme hermano de Bola Valencia” y también el nombre del ayudante de segunda Luis Aguirre, miembro de la propia Prefectura.

La reacción institucional fue reveladora. A Luis Aguirre no lo echaron ni lo procesaron. Lo jubilaron con retiro obligatorio. Tiempo después fue detenido manejando una camioneta con once kilos de marihuana, pero siguió en libertad. Para Vargas, en cambio, el hallazgo de la libreta fue el comienzo de una pesadilla. Según declaró más tarde, sus propios compañeros le advirtieron que se sacara “el chip de policía” porque, de lo contrario, le iba a ir mal dentro de la institución.

Y así fue. Cuando Vargas elevó sus denuncias ante el entonces jefe de Inteligencia de Posadas, el prefecto mayor Rubén Farrus, la respuesta fue desprecio y silencio. Lo trasladaron a Puerto San Julián y después a Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Allí descubrió que la corrupción se repetía. Algunos jefes definían la zona como una “mina de oro”. Vargas denunció maniobras de apropiación de mercadería secuestrada y llegó a fotografiar cómo se trasladaban bienes desde los depósitos oficiales.

Cuando decidió denunciar esos hechos, la respuesta institucional fue inmediata: le abrieron sumarios administrativos, le intervinieron las comunicaciones personales y lo mantuvieron cuarenta y cinco días arrestado. Antes de terminar preso por denunciar, había coordinado una reunión con el jefe del área, Guillermo Jiménez Pérez. Allí le expuso que el contrabando y el narcotráfico existían por la connivencia entre distintas fuerzas de seguridad.

Contexto clave:

El operativo que había puesto al descubierto esta trama se llamó Sapucay. Incluyó la detención del intendente y el viceintendente de Itatí, además de setenta arrestos. A “Morenita” Marín lo condenaron a doce años de prisión, pero la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Más tarde escapó durante una salida médica. En un documento fílmico de su arresto original, se observa que los uniformados lo trataban como si fuera el jefe, lejos de ponerle las esposas.

Impacto real y persecución:

El abogado de Vargas, el exprefecto Juan Saucedo, sostuvo que su cliente cometió el pecado de enfrentar a sus superiores. La respuesta que recibió fue que “haga la plancha” y una advertencia: podían enviarlo a miles de kilómetros de su hogar. Hoy Vargas presta servicios en Bahía Blanca, lejos de su familia.

Pero el hostigamiento fue más allá del plano laboral. Saucedo denunció que desde la delegación de Inteligencia de Itatí habrían planeado montar un procedimiento en la casa de la madre del prefecto para involucrarla en una causa por drogas. Según el abogado, los métodos utilizados replican los códigos de las organizaciones mafiosas: o les sacan dinero, o les roban, o los involucran con droga para obligarlos a callar.

Toda la responsabilidad de estas maniobras apunta al prefecto nacional naval Guillermo Jiménez Pérez, a quien se le atribuye haber montado una red de contrainteligencia destinada a silenciar al personal subordinado que intentaba actuar conforme a la ley. La causa por amenazas coactivas y persecución se tramita en el Juzgado Federal de Orán.

Cierre abierto:

La investigación del periodista Tomás Méndez, publicada en Confidencial.ar, concluye que los mecanismos de control no fallan por negligencia. Operan para proteger el negocio ilegal. Cuando las fuerzas encargadas de custodiar las fronteras replican las lógicas de las organizaciones criminales, la estructura se invierte: no se expulsa al delincuente, se destierra al honesto. El costo final de este sistema lo pagan las familias destruidas por la adicción, los jóvenes abandonados y una sociedad que mira cómo el narcotráfico avanza mientras quienes se animan a denunciar quedan a merced de las mismas estructuras que deberían protegerlos.

Fuente original: Confidencial.ar

Enlace: https://confidencial.ar/nota/1686/complicidad-narco-la-trama-de-las-fuerzas-de-seguridad-para-silenciar-las-denuncias/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#Narcotráfico #CorrupciónPolicial #PrefecturaNaval #ArgentinaDesigual #Justicia #FronteraNorte

Pasaron más de quince meses desde el estallido del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que en febrero de 2025 dejó pérdidas por más de 250 millones de dólares entre pequeños y grandes inversores. Y la causa penal que investiga a Javier Milei, a su hermana Karina, al empresario estadounidense Hayden Davis y a otros acusados sigue sin encontrar una salida. En las últimas semanas, un nuevo intento por cerrar el caso sin condenas comenzó a gestarse, esta vez impulsado por el abogado mediático Fernando Burlando.

El letrado recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondéo los pasillos del poder con una idea precisa: usar la figura de “reparación integral del daño” que prevé el Código Penal. Si los responsables pagan una indemnización que cubra la totalidad del perjuicio económico a los damnificados, la acción penal podría extinguirse. Pero el plan se estrelló casi de inmediato.

El primero en cerrarle la puerta fue el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación. Burlando se acercó a su despacho y no logró siquiera que lo atendieran. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió el abogado ante sus allegados, según reconstruyó el diario LA NACION a partir del testimonio de cinco fuentes oficiales y privadas. En los pasillos judiciales, Burlando ya se refiere a Taiano como “el fiscal anti víctimas” por su negativa a recibir a los damnificados por el colapso de la criptomoneda.

Dos obstáculos que frenan cualquier acuerdo

Pero más allá de la resistencia del fiscal, el intento de Burlando chocó con dos condiciones de fondo. La primera: Hayden Davis, el empresario estadounidense que participó del lanzamiento de $LIBRA, sostiene —a través de sus abogados— que no hubo fraude. Sin reconocer el ilícito, difícilmente acceda a resarcir a los inversores. La segunda: cualquier arreglo que involucre una reparación económica exigiría que antes sean exculpados el presidente Javier Milei y su hermana Karina, ambos imputados en la causa.

Esa última condición no es menor. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION recordaron que el Código Penal no permite la extinción de la acción penal por reparación integral del daño cuando hay funcionarios públicos imputados en el expediente. Y en esta causa, los Milei están en esa lista, junto con el empresario Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy, entre otros.

El actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, ya había marcado el terreno el año pasado durante un intento similar. Según reveló LA NACION en noviembre pasado, Viola transmitió como condición innegociable que, para que una salida de ese tipo prospere, las querellas deben primero despegar a Javier y Karina Milei de la investigación.

El problema de la representación y el “fronting”

A los escollos legales se suma una dificultad práctica: Burlando no habla en nombre de todos los damnificados. El expediente penal contempla al menos dos grupos de inversores, y el patrocinio del abogado mediático es cuestionado por algunos de ellos. “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner”, admitió una fuente oficial al tanto de los vaivenes.

Burlando, por su parte, insiste en que los acusados no dimensionan la gravedad del asunto. “Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial”, les planteó a los damnificados. Y agregó: “Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar”. El abogado califica esa actitud como una “miopía” difícil de comprender.

Del lado de las defensas, la postura de Davis es tajante. Sus abogados sostienen que probar un fraude será muy difícil y que, por lo tanto, el empresario estadounidense no tendría obligación de resarcir a nadie. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral pierde su motor. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció el propio Burlando.

Tres intentos fallidos y un mismo problema

Este es el tercer intento por cerrar el caso $LIBRA en la Argentina. El primero ocurrió en junio de 2025, cuando la defensa de Davis sondéo la posibilidad de depositar cerca de 100 millones de dólares en una cuenta judicial para extinguir la acción penal. El segundo fue una audiencia de mediación civil que mantuvieron los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá —que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los 4,5 millones de dólares— con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV Sergio Morales. Esa audiencia también quedó trunca. En ese contexto, un colaborador de Burlando incluso sondéo sin éxito al abogado penalista de Davis en Buenos Aires, Marcos Salt.

El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”: nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. En las conversaciones llegó a barajarse la posibilidad de que una plataforma del mercado cripto actuara como intermediaria, pero la propuesta generó rechazo por los riesgos legales y reputacionales.

Una advertencia con fecha electoral

Burlando, mientras tanto, sostiene que el tiempo juega en contra del Gobierno. “Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente”, afirmó. Y dejó una advertencia con fecha concreta en el horizonte: “Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos”.

Por ahora, el fiscal Taiano no da señales de querer recibir a los damnificados, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi —que estaba de licencia cuando Burlando hizo su movida— aún no ha impulsado ninguna salida de este tipo. La causa sigue abierta, con más de 250 millones de dólares en pérdidas, inversores frustrados y un laberinto judicial que, por tercera vez, no encuentra la puerta de salida.

Fuente original: LA NACION, 15 de junio de 2026 –

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-un-nuevo-intento-por-cerrar-la-causa-penal-en-la-argentina-choca-con-desconfianzas-y-nid15062026

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#CasoLibra #JavierMilei #EscándaloCripto #JusticiaArgentina #FernandoBurlando #ArgentinaDesigual

No hay gesto de lealtad que explique lo inexplicable. La permanencia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete ya no se discute en términos de confianza: se interpreta como un síntoma de descomposición interna. Una encuesta de Management & Fit acaba de ponerle número a lo que era un secreto a voces: el 42,1% de los argentinos está convencido de que Javier Milei no lo echa porque el exvocero guarda información capaz de hacer estallar la gestión. Dicho sin eufemismos: cree que el Presidente tiene miedo de lo que Adorni pueda contar.

El dato es letal. Casi la mitad de la población sospecha que en la cúspide del Gobierno no se toman decisiones por el bien público sino para evitar que los trapitos sucios salgan a la luz. Y no hablamos de un ministerio menor: hablamos del jefe de Gabinete, el hombre que administra la caja política del Estado, el mismo que promocionaba con entusiasmo la criptomoneda Libra antes de que se desmoronara llevándose puestos miles de ahorristas.

En ese contexto, la encuesta muestra que apenas un 19,6% compra el relato de la inocencia. Ni siquiera dos de cada diez argentinos están dispuestos a creer que Adorni es ajeno al desastre. El resto se reparte entre los que atribuyen su blindaje a la amistad con los hermanos Milei (21,9%) y un 6,8% que apunta sin vacilar a Karina Milei como la verdadera dueña de la lapicera que frena cualquier despido. La cifra es menor en términos absolutos, pero enorme en términos simbólicos: confirma que una parte de la sociedad ya naturalizó que las riendas del país se manejan en una mesa familiar, sin controles ni contrapesos.

El foro donde se cocinó el desastre

Para entender por qué la sospecha es tan profunda alcanza con seguir el hilo de los hechos. Adorni no miró el escándalo Libra desde afuera: fue invitado al Tech Forum 2024, el evento internacional donde se gestó el lanzamiento del token fraudulento. Pero hay más: su nombre figuraba como figura estelar de la edición 2025, que nunca llegó a realizarse porque el castillo de naipes se vino abajo antes, cuando el activo digital se desplomó y las denuncias empezaron a llover sobre el círculo íntimo del poder.

Esa presencia repetida en el lugar exacto donde se parió la estafa no es un detalle de color: es la prueba de que el entonces vocero estaba en la cocina del desprestigio. Por eso, en Balcarce 50 ya nadie discute si Adorni sabía o no; discuten cómo contener el daño. Y la respuesta, según la encuesta, es que eligieron el camino de la protección mutua, esa lógica de silencio que la política argentina conoce de memoria.

El costo de gobernar con miedo

Lo más grave no es lo que dice la encuesta, sino lo que revela del oficialismo. Cuando un gobierno que se presentó como la antítesis de la casta termina atrincherado en las mismas prácticas que decía combatir —proteger a los propios, ocultar información, decidir en las sombras—, el relato se cae a pedazos. La encuesta de Management & Fit no mide solamente la credibilidad de Adorni: mide la credibilidad entera de un proyecto político que se está quedando sin coartada moral.

El presidente Milei puede seguir mirando para otro lado, pero el veredicto social ya está escrito. La gente no cree en la inocencia de su jefe de Gabinete y, peor aún, cree que el propio Milei tampoco cree en ella. Lo sostiene por conveniencia, por miedo o por mandato familiar, tres razones que pintan de cuerpo entero un gobierno que cambió la motosierra por el blindaje. Mientras Adorni siga en su cargo, la pregunta será cada vez más incómoda: ¿qué secreto vale tanto como para poner en riesgo la promesa de transparencia?

Fuente: La Política Online, 12 de junio de 2026.

https://www.lapoliticaonline.com/politica/encuesta-la-mayoria-cree-que-milei-no-echa-a-adorni-por-miedo-a-lo-que-puede-contar-5567/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#Milei #Adorni #LibraGate #Encuesta #ArgentinaDesigual #Transparencia

La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento de prueba con peso procesal. Personal especializado logró extraer la totalidad de los datos almacenados en el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado trabajos de remodelación en una casa del funcionario y haber percibido por esa tarea aproximadamente 245.000 dólares en efectivo.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, al frente de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del actual jefe de Gabinete. El objetivo de la medida es verificar si el relato de Tabar encuentra respaldo en conversaciones, documentos o archivos almacenados en su dispositivo móvil.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron que el análisis del material ya está en marcha. Los peritos revisan mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, archivos intercambiados y cualquier otro rastro digital que permita reconstruir la relación entre el contratista y Adorni. La atención se concentra en posibles intercambios que refuercen o contradigan la versión testimonial.

Tabar declaró ante la Justicia que mantuvo contactos preliminares con Adorni y que el propio jefe de Gabinete le habría manifestado su intención de conversar sobre distintos temas, entre ellos, supuestas gestiones vinculadas a su defensa en el proceso judicial. Ese punto específico intensificó el interés de los investigadores por acceder a los mensajes y llamadas registrados en el celular.

En su testimonio, el contratista también detalló que las refacciones en la vivienda de Adorni fueron pagadas completamente en billetes, sin facturación ni registros bancarios. Esa modalidad de puso bajo la lupa del fiscal Pollicita, que ya anticipó que solicitará una justificación patrimonial formal. El objetivo es determinar si los ingresos declarados por el funcionario permitían afrontar ese tipo de erogaciones.

La causa, además, comenzó a expandirse hacia otras áreas del patrimonio del entorno de Adorni. Los investigadores indagan movimientos de activos, gastos vinculados a viajes y otras intervenciones inmobiliarias. La evidencia digital rescatada del celular de Tabar podría aportar pistas sobre el origen de los fondos utilizados en esas operaciones.

El equipo fiscal no descarta, en función de los resultados de los peritajes, avanzar hacia una instancia de indagatoria. Por lo pronto, el análisis del teléfono continúa y se espera un dictamen técnico en los próximos días.

Desde el Gobierno confirmaron que Adorni presentará su declaración jurada esta semana, aunque hasta el momento no se refirieron específicamente a las acusaciones vinculadas a las refacciones señaladas por Tabar.

Fuente original: El Cordillerano, 9 de junio de 2026

Enlace: https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2026/06/09/244175-causa-contra-adorni-la-justicia-extrajo-los-datos-del-celular-del-contratista-matias-tabar

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#Adorni #EnriquecimientoIlícito #JusticiaFederal #PolíticaArgentina #CausaAdorni #ArgentinaDesigual

Agustín Laje, politólogo, escritor y referente del mileísmo, vuelve a convertirse en centro de atención debido a que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación Argentina y es el encargado de registrar, regular y fiscalizar a las empresas y organizaciones civiles, acaba de intimar formalmente a Fundación Faro para que revele el origen de los casi 5.000 millones de pesos (equivalentes a 4,8 millones de dólares según la cotización de ese momento) en donaciones recibidas durante 2024.

El organismo otorgó un plazo de 10 días hábiles a partir del 1 de junio de 2026 para que la fundación identifique a los aportantes anónimos, tras detectar que su patrimonio se multiplicó por 356 en apenas un año sin declarar la identidad de los financistas.

El sitio Chequeado había publicado oportunamente los montos de las donaciones y el aumento patrimonial de Fundación Faro durante 2024, aunque sin acceder a esos valores discriminados por donante. A partir de esta intimación formulada por la IGJ, quedará por verse si el organismo logra esclarecer el origen de los aportes que explican ese crecimiento patrimonial.

La trama vinculada a esta asociación civil no termina en lo local. Existen registros del Estado de Florida, Estados Unidos, a los que REALPOLITIK pudo acceder, que muestran que Agustín Laje también figura como manager de Tecnopolitea LLC, una Limited Liability Company (LLC), figura societaria estadounidense similar a una SRL. Esta LLC se encuentra asociada a la academia online Tecnopolitea que conducen Agustín Laje y el profesor universitario e intelectual peruano Miklós Lukács de Pereny. La sociedad fue constituida en noviembre de 2021.

Esta "tecnoacademia", cuyo lanzamiento e incluso nombre fue anunciado por Agustín Laje durante una transmisión en el canal oficial de YouTube de Miklós Lukács, continúa activa y, según los registros mencionados, mudó su domicilio desde 759 SW Federal Highway, Stuart, Florida 34994, a un departamento ubicado en 460 NE 28th St, unidad 2304, Miami, dirección que corresponde al complejo residencial Icon Bay.

Los registros públicos muestran una secuencia temporal concreta. El 29 de septiembre de 2025, Tecnopolitea LLC registró un proceso de reinstatement —una reinstalación formal ante el registro estatal—. Meses después, el 1 de mayo de 2026, la sociedad modificó su domicilio, trasladándose al edificio Icon Bay de Miami. Un mes más tarde, el 1 de junio de 2026, la Inspección General de Justicia intimó a Fundación Faro para que identificara el origen de los aportes que explican el fuerte crecimiento patrimonial registrado durante 2024. Estas circunstancias no demuestran por sí mismas ninguna relación entre ambos hechos, aunque muestran que ocurrieron dentro de una misma secuencia temporal.

Con este movimiento, Tecnopolitea también designó como nuevo agente registrado a Julmas LLC, una sociedad radicada en la misma dirección de Miami y administrada por Julián Massa. Según la información que el propio Massa publica en sus perfiles profesionales y redes sociales, su actividad se encuentra vinculada a áreas como blockchain, finanzas, análisis financiero, gestión de proyectos y marketing digital.

Los datos muestran que Julmas LLC no opera exclusivamente para Tecnopolitea. La firma figura asociada a múltiples compañías activas radicadas en Florida, de rubros diversos, actuando como agente registrado de distintas estructuras empresariales (más de 30). Ese dato resulta relevante, ya que se advierte que la LLC forma parte de una estructura de servicios corporativos más amplia y no únicamente vinculada a la tecnoacademia de la que Laje forma parte.

Si bien los registros analizados no muestran ninguna conexión económica directa entre Tecnopolitea y Fundación Faro más allá de los registros societarios vinculados a Agustín Laje y Miklós Lukács de Pereny, sí permiten observar que Tecnopolitea pasó a utilizar una estructura que presta servicios a múltiples sociedades radicadas en Florida. Es decir, una cosa es una academia online que dicta cursos, armada sobre una estructura simple, incluso hasta necesaria, y otra bastante distinta es una empresa que pasa a compartir domicilio y representación registral con una estructura que brinda servicios a decenas de compañías dentro de una misma jurisdicción.

En sí, las sociedades comerciales suelen modificar domicilios, representantes y estructuras administrativas de manera frecuente. Lo relevante es que los cambios ocurrieron en simultáneo con una etapa de fuerte exposición pública de Agustín Laje y con el requerimiento de la IGJ a Fundación Faro para que identifique el origen de aportes millonarios.

Por ahora, los registros públicos muestran piezas aisladas que conviven en un mismo momento y lugar, con los mismos protagonistas. Determinar si existe algo más que una coincidencia es una pregunta que, al menos por ahora, continúa abierta.

Fuente original: Realpolitik – junio 2026

Enlace: https://realpolitik.com.ar/nota/72621/fundacion-faro-los-movimientos-offshore-de-agustin-laje-previo-a-la-intimacion-de-la-igj/

Seguime, compartí esta información y dejá tu opinión.

#ArgentinaDesigual #AgustínLaje #FundaciónFaro #IGJ #Offshore #PolíticaArgentina