El femicidio de Agostina Vega destapa al verdadero dueño de Wachitas Bar y la trama de poder en la Municipalidad de Córdoba
El femicidio de Agostina Vega conmocionó al país no sólo por la brutalidad del crimen —la adolescente desapareció el sábado 23 de mayo y sus restos desmembrados fueron hallados entre el viernes 29 y el sábado 30 en un predio de 250 hectáreas de barrio Ampliación Ferreyra— sino también por lo que destapó: una trama de complicidades entre el poder político y la noche cordobesa que lleva años funcionando bajo la lógica del amiguismo, los dedazos y los negociados.
El principal acusado es Claudio Barrelier, un patovica de 33 años vinculado a Las 62 Organizaciones Peronistas, que ingresó como becario a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora. Su llegada al municipio fue posible gracias a la sugerencia de Sergio Fittipaldi —en esa época líder de Las 62— y por la gestión del abogado penalista Ricardo Moreno, quien asumió como concejal suplente en diciembre de 2023 y renunció hace pocos días, tras el escándalo por el femicidio y el dedazo para incorporar a Barrelier al Estado sin concurso alguno.
Pero el caso no termina en el patovica. La investigación también puso el foco en Wachitas Bar, el local nocturno ubicado en Ituzaingó 521, pleno centro de Córdoba, donde trabajaba Soledad Andreani, la encargada y ex pareja de Barrelier, detenida el 8 de junio por el fiscal Raúl Garzón bajo la acusación de encubrimiento agravado. Andreani está actualmente internada con custodia en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio General Paz, y se hizo conocida en la causa por ser la propietaria del Ford Ka negro con el que, según la investigación, Barrelier habría trasladado el cuerpo mutilado de Agostina desde su vivienda de barrio Cofico hasta el descampado donde aparecieron los restos.
La fachada de Nicole Waiss
Lo que sorprendió a los investigadores fue que, según los registros oficiales de la Municipalidad de Córdoba, la titular de Wachitas Bar es Nicole Waiss, una joven de apenas 22 años, desconocida en el ambiente bolichero, que vive en la calle Ushuaia 1.889 de barrio Ampliación Cabildo. Pese a su corta edad y a su condición de monotributista categoría A —la más baja—, Waiss posee un patrimonio que despierta sospechas: una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2017 valuada en unos 50 mil dólares, adquirida el 28 de enero de 2025, y un Fiat Siena 1.4 modelo 2014, comprado en septiembre de 2022.
Además, según su informe financiero, la joven tiene una capacidad de crédito de 1,7 millones de pesos mensuales y registra una deuda total de 9,2 millones de pesos con bancos y tarjetas, con compromisos mensuales de 3,1 millones. Una cifra imposible de sostener para una monotributista de la categoría más baja. También figura como dueña de un comercio de "Frutas y Verduras" en calle Carlos Giménez 53, barrio Centro América, a pocas cuadras de donde vivía Agostina Vega.
El padrastro y la fortuna oculta
Detrás de Nicole Waiss aparece la figura de Luis Alberto Molina, su padrastro, un monotributista social de 37 años, casado con Daniela Regueira, madre de Nicole. Según los registros oficiales de la Municipalidad, Molina fue el anterior responsable de Wachitas Bar, con una habilitación otorgada el 1 de agosto de 2019 por la Dirección de Comercio e Industria.
El 8 de junio pasado, horas antes de la detención de Soledad Andreani, Molina envió una Carta Documento al periodista Lázaro Llorens, autor de la investigación publicada en Striptease del Poder, en la que se presentaba como "titular y/o propietario" de Wachitas Bar y lo intimaba a cesar la difusión de información que vinculara el local con el crimen. Lo llamativo es que Molina no figura como propietario en los registros oficiales de la Municipalidad. Y la dirección que consignó en la carta documento, Ushuaia 2.889, no existe: en ese lugar hay una tapia larga cuyo ingreso es por otra calle.
La vivienda de Molina, en Ushuaia 1.889, ha experimentado una transformación radical desde 2014, cuando era una modesta casa de plan social de color amarillo, a convertirse en 2026 en una gran propiedad de dos plantas con pileta, balcón, dos grandes chimeneas, galería de tejas que ocupa toda la superficie del terreno y cochera donde estacionan vehículos de alta gama. Vecinos de barrio Ampliación Cabildo confiaron a Striptease del Poder que la vivienda de Molina habría sido allanada hace un año atrás, y que en otra ocasión, delincuentes habrían vaciado la caja fuerte del monotributista social, llevándose un botín cercano a los 100 millones de pesos entre pesos y dólares.
La red de habilitaciones y clausuras
Wachitas Bar, que funcionaba en pleno centro de Córdoba, era promocionado por la propia Municipalidad en su sitio de turismo como "bar de referencia para los amantes del rock nacional", con una imagen bizarra de lo que alguna vez fue una verdulería. Dos horas después de su divulgación por parte del periodista Llorens, el link fue dado de baja.
El 2 de junio pasado, el autor de la investigación publicó en exclusiva un video que mostraba a inspectores de Espectáculos Públicos de la Municipalidad recorriendo el bar junto a sus dueños. La filmación, que alcanzó 700 mil visitas, mostraba a los inspectores recorriendo el subsuelo del local, el mismo lugar donde, según la foto de la web municipal, funcionó una verdulería. La inspección terminó con la clausura del local.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que, según consta en el expediente municipal, hasta el 1 de junio, Wachitas Bar no cumplimentaba los requisitos para funcionar y había sido clausurado media docena de veces. Sin embargo, el local seguía funcionando. Para tapar esta irregularidad, la Dirección de Espectáculos Públicos del Ente de Control, a cargo de Florencia Ponce, lo habilitó y lo clausuró de manera preventiva el mismo 2 de junio, después de la difusión del video. Ante la creciente polémica, el municipio decidió la clausura definitiva.
Los funcionarios y sus vínculos
La Directora de Espectáculos Públicos, Florencia Ponce, de sólo 31 años, es hija de Luis Alberto Ponce, un ex inspector municipal condenado en 2025 en un juicio abreviado por cobrar coimas en el marco de la mega causa Bomberos. Florencia ingresó a la Municipalidad como becaria en 2022, y mientras su padre estaba preso en el complejo penitenciario de Bouwer, fue designada en 2025 como Directora de Espectáculos Públicos Masivos, Eventuales y Deportivos. Su hermano Javier, de 23 años, también ingresó como becario en el área de Revisión de Documentación del Ente de Control y Fiscalización.
El Ente de Control y Fiscalización de la Municipalidad está a cargo de Ezequiel Hormaeche, otro funcionario que ingresó a la política y al municipio a dedo como becario, apadrinado por Olga Riutort y su yerno, el actual ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. Hormaeche saltó luego a presidente del Ente, convirtiéndose en el responsable máximo de controlar la noche cordobesa.
Los dueños del inmueble y la trama empresarial
El contrato de alquiler del local de Ituzaingó 521 lo firmó Luis Molina el 1 de octubre de 2022, con el propósito de "discoteca y/o públicos espectáculos o bailes y/o bar y/o verdulería y/o despensa". Los propietarios del inmueble son Sergio, Renis y Karina Huespe, todos socios en CEDRAL H100 S.A.S., quienes también alquilan inmuebles a la Municipalidad y la Provincia de Córdoba.
Sergio Huespe tiene en Miami una offshore, MAGO BLACK LLC, junto al empresario Javier Adrián Katz, a su vez socio de Federico Máscolo, señalado como contratista del Estado en el gobierno de Juan Schiaretti y presunto testaferro del ex intendente radical Ramón Javier Mestre. Katz fue detenido a fines de agosto de 2025 por vender dos departamentos en Miami mientras estaba imputado en una causa de lavado de activos. Máscolo estuvo preso entre diciembre de 2023 y julio de 2024 tras pagar una fianza de 50 millones de pesos, y sigue imputado con restricción para viajar al exterior.
Entre los garantes del contrato figuran Guillermo Lautaro Regueira, hermano de Daniela Regueira, esposa de Molina, y Guillermo Omar Fernández, empleado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. El Estado, una vez más, presente de una u otra manera.
Las cuentas pendientes
El femicidio de Agostina Vega, la quinta víctima de femicidio en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2026, dejó al descubierto una estructura donde los nombres se prestan, las habilitaciones se otorgan sin control y los funcionarios ingresan al Estado sin mérito alguno, solo por recomendación de quienes detentan el poder.
Las preguntas que quedan flotando son varias: ¿cómo pudo funcionar durante años un local clausurado media docena de veces? ¿Por qué el municipio lo promocionaba como atractivo turístico? ¿Quién está realmente detrás de los negocios de Molina y Waiss? ¿Por qué Molina, un monotributista social, tiene una mansión con pileta y vehículos de alta gama?
Lo que parece claro es que el caso Agostina no es sólo un femicidio. Es la foto de un sistema donde el poder político, la noche y los negocios ilegales se entrelazan, y donde los nombres se ponen y se sacan como fichas de un tablero para ocultar a los verdaderos dueños
Fuente: Striptease del Poder, 17 de junio de 2026
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