El gobierno oficialista le entregó a China la primera gran obra del cobre sanjuanino, ignorando un informe técnico que favorecía a la industria argentina
La narrativa oficial es impecable: San Juan, con cinco de los diez proyectos de cobre más importantes del país, se perfila como proveedor clave para la transición energética global. Las cifras marean —20.000 millones de dólares de inversión, 3.000 millones anuales en exportaciones hacia 2030— y los gobernadores viajan a Europa a vender estabilidad y oportunidades. Pero esa postal idílica se resquebraja cuando se mira de cerca cómo se están tomando las decisiones en el terreno. La adjudicación del campamento Batidero para Josemaría, el buque insignia de la minería cuprífera local, acaba de demostrar que la promesa de derrame económico y trabajo argentino es, por ahora, solo un argumento de marketing.
El dato es quirúrgico: la consultora Fluor, gerente técnica de la obra y auditora internacional del proceso, recomendó adjudicar el campamento a Modular Homes, empresa argentina que presentó una oferta técnicamente superior, con mayores estándares de calidad y seguridad, y por 70 millones de dólares. Frente a ella competía un consorcio chino integrado por PowerChina y Beijing Chengdong, que ofertó 52 millones. A simple vista, la diferencia de precio podría inclinar la balanza, pero la auditoría fue explícita: la propuesta argentina era mejor. Lo que ocurrió después es un manual de cómo el RIGI, pensado para atraer inversiones, puede convertirse en una herramienta de desindustrialización sin que nadie dé explicaciones. El gobierno nacional presionó y la cancha se inclinó hacia China. Resultado: 50 operarios para tareas básicas en lugar de los 500 trabajadores calificados y la red de 50 PyMEs que estaban listas para arrancar si ganaba la oferta local.
- No es un detalle menor. El campamento Batidero es la primera gran contratación que se define bajo el paraguas del RIGI en San Juan. Y lo que deja ver es que los mecanismos de control técnico pueden ser ignorados cuando hay una decisión política de por medio. La pregunta inevitable es quién va a garantizar que los próximos contratos —los que vienen con Filo del Sol, Altar, Los Azules o El Pachón— no sigan el mismo camino. Porque si el estándar que se instala es este, la provincia corre el riesgo de convertirse en una plataforma de extracción que genera divisas y regalías, pero que deja afuera a su propia gente y a su entramado productivo.
- El gobernador Orrego viajó a Alemania a promocionar San Juan como destino minero confiable. Es lógico que lo haga. Pero la credibilidad de ese discurso se construye con hechos concretos, no con powerpoints. Y lo concreto hasta ahora es que la primera gran obra complementaria de Josemaría se está levantando con trabajo chino, no argentino, en contra de lo que dictaminaron los técnicos. Eso no es atraer inversiones: es abrir la puerta para que otros hagan el negocio mientras acá se reparten las sobras.
La transición energética necesita cobre, es cierto. Pero la pregunta que San Juan —y la Argentina— no deberían eludir es qué tipo de minería quieren: una que funcione como enclave exportador con poco arraigo local, o una que deje capacidades instaladas, trabajo genuino y desarrollo de proveedores. La primera es más rápida y tiene menos resistencias políticas; la segunda requiere fiscalización, coraje y la decisión de no regalar lo que los informes técnicos dicen que vale.
El caso Batidero no es una anécdota. Es un testeo del modelo que viene. Y si la muestra marca tendencia, los 3.000 millones de dólares de exportación que se proyectan para 2030 pueden terminar siendo un número vacío para la mayoría de los sanjuaninos. Porque una cosa es que la plata entre al país y otra muy distinta es que se quede donde se genera.
Fuente original: Documentos de la auditoría de Fluor y relevamiento de fuentes del sector minero, Argentina Desigual, 23 de junio de 2026.
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