El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches presentaron ante la Justicia federal informes que documentan sobreprecios de hasta 1.972% en la adquisición de insumos médicos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los documentos, incorporados a una causa que tramita el fiscal federal Franco Picardi, detallan pagos duplicados, compras con valores muy superiores a los de otras reparticiones públicas y productos que figuraban como entregados sin que los beneficiarios los hubieran recibido.

Válvulas, prótesis y diferencias de hasta 711%

Los informes analizaron adquisiciones de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimuladores. Según la documentación presentada, una válvula bicaval fue abonada por la ANDIS a $425 millones, cuando el PAMI había comprado el mismo sistema por $124,2 millones. Otras operaciones registraron diferencias de hasta 711%, y un neuroestimulador resultó 219% más caro que el precio de referencia comparado.

Implantes cocleares y una factura pagada dos veces

Las compras de implantes cocleares a la Droguería Floresta arrojaron un precio promedio de US$ 62.613 por unidad, frente a una referencia de mercado cercana a los US$ 16.975. El documento calculó una brecha del 269%. Los informes también identificaron que una factura emitida por la firma Indecomm por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades.

Equipamiento importado y entregas sin constancia

La denuncia sostiene que la agencia utilizó módulos importados con sobreprecios de entre 300% y 1.000%, aun cuando existía equipamiento de producción nacional a menor costo y con, según los informes, "superior durabilidad y ajuste anatómico". En la provincia de Río Negro, una prótesis figuraba en los registros como entregada, aunque el beneficiario declaró no haberla recibido. El expediente incluye además el caso de un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%, si bien la empresa proveedora aseguró que esa factura se encontraba impaga.

La causa judicial y el foco en las licitaciones

La investigación reúne los informes elaborados por Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también detectó diferencias de precios en las contrataciones. El fiscal Picardi centró su análisis en un esquema de licitaciones que, según la pesquisa, habría operado con un número reducido de oferentes. La causa examina si esos procedimientos se apartaron de las normas vigentes para las compras del Estado.

La ANDIS es el organismo descentralizado encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad en todo el territorio nacional. Su presupuesto incluye partidas destinadas a la provisión de ayudas técnicas, órtesis, prótesis e insumos médicos de alta complejidad.

Fuente: Clarín clar.in/4rCpPI3

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, lanzaron este miércoles el Corredor Andes-Atlántico en el marco de la Asamblea General de la ONU. La iniciativa bilateral busca modernizar la infraestructura de transporte, energía y sector digital para conectar los sectores económicos clave de Argentina con los puertos atlánticos y los mercados occidentales.

Integración de cadenas de suministro y financiamiento estatal

Según detalla la declaración conjunta de ambos gobiernos, el corredor apunta a asegurar las cadenas de suministro estratégicas del Hemisferio Occidental. Para concretar las inversiones en ferrocarriles, vías navegables, puertos y oleoductos, Estados Unidos desplegará herramientas de financiamiento y asistencia técnica.

El documento especifica que se utilizarán recursos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA). A estos mecanismos públicos se suma la participación directa del sector privado estadounidense para movilizar capital y equipos.

Desarrollo energético y minería crítica

En el área de energía, el acuerdo establece el desarrollo comercial de los recursos de Vaca Muerta. La cartera estadounidense facilitará la operación mediante préstamos directos, garantías y productos de seguros, indica el comunicado oficial.

Respecto a los minerales, la iniciativa se apoya en el Acuerdo Marco de Minerales Críticos bilateral. El objetivo explícito es respaldar la extracción y el procesamiento para diversificar las cadenas de suministro globales, añade el texto.

Compromisos regulatorios y sector digital

Para atraer este capital extranjero, Argentina asumió el compromiso de fortalecer su entorno legal y regulatorio. El gobierno nacional se comprometió a establecer marcos transparentes, predecibles y efectivos que rijan las concesiones de infraestructura, según consta en la declaración.

En el plano digital, el corredor contempla el apoyo al uso de tecnología confiable y la colaboración en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera. Esta medida se alinea con el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre ambas naciones.

Contexto geopolítico y declaraciones oficiales

El Corredor Andes-Atlántico se integra en la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global. El proyecto replica el modelo de otros corredores económicos estratégicos respaldados por Estados Unidos, como la Ruta Comercial Transcaspiana y el Corredor de Lobito en África.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, celebró la concreción de la iniciativa. "El compromiso del presidente Donald Trump y el liderazgo de Javier Milei se traducen hoy en algo concreto", afirmó el diplomático en su declaración pública.

La iniciativa bilateral sienta las bases para que las empresas estadounidenses compitan en licitaciones o actúen como subcontratistas en los proyectos de infraestructura prioritarios identificados por la administración argentina. El acuerdo formaliza la cooperación en seguridad y valores compartidos para garantizar la eficiencia óptima y la ciberseguridad de las operaciones.

Fuente: Declaración conjunta de los gobiernos de Argentina y Estados Unidos; declaraciones del embajador Peter Lamelas (El Destape).

#CorredorAndesAtlantico #RelacionesBilaterales #VacaMuerta #InversiónExtranjera

El Congreso de la Nación sancionó una norma impulsada por el Poder Ejecutivo que condona una deuda de aproximadamente 750 millones de dólares a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. La medida, incorporada en el artículo 4 de un paquete de modificaciones al mercado energético, exige a las empresas el desistimiento total de sus reclamos judiciales y administrativos contra el Estado por ingresos no percibidos durante los históricos congelamientos tarifarios.

• Conforme a los registros de regularización de pasivos, Edenor mantiene compromisos con Cammesa por unos 450 millones de dólares, mientras que Edesur adeuda 300 millones de dólares. Estos montos habían sido previamente reconocidos y reestructurados mediante planes de pago con plazos de hasta ocho años.

Condiciones del desistimiento judicial

La operatoria legislativa establece una compensación cruzada condicionada. Para acceder al beneficio, las compañías deberán presentar un desistimiento expreso de la totalidad de las acciones judiciales o administrativas vinculadas a las emergencias tarifarias, incluyendo eventuales demandas contra el Estado o el organismo mayorista.

Informes del sector energético estiman que los planteos por ingresos dejados de percibir podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares entre ambas firmas, aunque los cálculos presentados por las empresas son considerablemente menores. La reglamentación de la ley habilitará al Estado a calcular las diferencias de ingresos reclamadas antes de formalizar la baja contable de la deuda.

Contexto regulatorio e impacto en usuarios

• El Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de cerrar una controversia que se extiende por más de dos décadas, evitando litigios que resultarían más onerosos para las arcas públicas. La norma se aprobó en el mismo paquete que modificó el régimen de Zona Fría, afectando a 4,1 millones de usuarios de gas y los subsidios podrán ser reducidos o eliminados bajo la nueva normativa.

La decisión contrasta con los mecanismos de cobro aplicados a los usuarios residenciales, quienes enfrentan intereses, planes de pago y riesgo de corte de servicio ante la acumulación de facturas impagas. La instrumentación definitiva del perdón cruzado quedará sujeta a la reglamentación del Poder Ejecutivo y al cumplimiento efectivo de las renuncias litigiosas por parte de las concesionarias.

Fuente: Clarín, de ley aprobado por el Congreso de la Nación, registros de regularización de pasivos con Cammesa y estimaciones del sector energético sobre reclamos tarifarios.

Enlace: https://clar.in/4AvzwMg

#Edenor #Edesur #DeudaEnergética #Congreso #CAMMESA #Tarifas #ZonaFría #DerechoAdministrativo

El anuncio de un paquete financiero por 7.000 millones de dólares entre Argentina y Estados Unidos se vende oficialmente como un motor para la infraestructura energética. Sin embargo, un análisis de las variables macroeconómicas revela que el monto no responde a un plan de inversión pública, sino a una fría ecuación de supervivencia política: el volumen exacto de divisas que el Palacio de Hacienda estima necesario para evitar un desbordo del tipo de cambio en la recta final de la campaña electoral de 2027.

El circuito cerrado de los fondos

La primera verdad oculta del acuerdo radica en la naturaleza de los fondos. No se trata de un desembolso de liquidez neta que engrosará las reservas del Banco Central. Los instrumentos del Exim Bank y la DFC operan como créditos condicionados: el dinero se desembolsa directamente a proveedores estadounidenses de tecnología y equipamiento. En la práctica, se establece un circuito cerrado donde los dólares entran y salen del país casi simultáneamente para financiar compras externas, sin dejar un colchón de divisas disponible para el Tesoro o la autoridad monetaria.

La matemática del bache electoral

El origen de la cifra de 7.000 millones de dólares es puramente contingente. Los modelos de riesgo del Ministerio de Economía proyectan un "bache" o demanda adicional de divisas de aproximadamente 7.090 millones de dólares en los cuatro meses previos a las elecciones. Este déficit se compone de la aceleración en la compra de dólares por parte de personas humanas y el adelanto de importaciones por parte del sector productivo ante la incertidumbre política. El acuerdo con Washington es, en esencia, un seguro de cambio para blindar la cotización monetaria cuando el consumo de divisas se estacionaliza por el ciclo electoral.

El efecto esponja sobre las reservas

Este parche financiero intenta mitigar un fenómeno estructural: la incapacidad del Banco Central para retener los dólares que ingresan al mercado. La formación de activos externos en el sector privado actúa como una esponja que absorbe la totalidad de los ingresos genuinos. Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, la fuga de capitales y la dolarización de ahorros ya superaron el superávit comercial acumulado en toda la gestión. El agro exporta y liquida, pero la demanda privada evapora esos ingresos en el mercado mayorista, dejando al BCRA con una capacidad de intervención marginal.

El costo geopolítico de la operación

Más allá de lo monetario, el acuerdo implica una reconfiguración de las alianzas comerciales. La exigencia de utilizar proveedores "confiables" marginará definitivamente a los capitales chinos de las cadenas de valor locales, como la explotación de litio o los proyectos de gas. Argentina queda así integrada en la arquitectura de semiconductores y minerales críticos diseñada por Washington, asumiendo un costo de oportunidad en sus relaciones con el bloque asiático a cambio de un respaldo financiero que, en los hechos, solo sirve para ordenar la plaza cambiaria local en año electoral.

Fuente: Análisis de mercado / Datos del Ministerio de Economía / Informes de comercio exterior.

#Macroeconomía #FugaDeCapitales #EximBank #TipoDeCambio

Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, declaró este miércoles por videoconferencia ante el fiscal Franco Picardi que su excompañero le refirió la existencia de pagos ilegales y maniobras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) canalizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El testimonio se enmarca en la investigación judicial por presunto direccionamiento de contratos, sobreprecios y coimas durante los primeros dos años de la gestión libertaria.

Alcance referencial del testimonio y material probatorio

Según la reconstrucción del testimonio obrante en la causa, Beller sostuvo que Cerimedo describió hechos de corrupción en el organismo como “escandalosos” y mencionó a la funcionaria como destinataria de fondos ilícitos. La declarante precisó ante el Ministerio Público Fiscal que su conocimiento sobre estos extremos es de carácter “referencial”, sin poder especificar montos, fechas o mecanismos concretos de las transferencias.

La testigo informó que posee grabaciones de conversaciones mantenidas con el consultor, realizadas ante la desconfianza generada en la relación. Estos registros audiovisuales se encuentran en un dispositivo móvil incautado por la justicia boliviana, donde Cerimedo enfrenta un proceso penal por intento de femicidio. Beller manifestó su disposición a facilitar el desdoblamiento de dicho material para su incorporación al expediente argentino, una vez que las autoridades de Bolivia completen las copias pertinentes.

Disputa procesal y contexto de seguridad

La declaración, que se extendió por aproximadamente 45 minutos, generó cuestionamientos de las defensas de los imputados Diego Spagnuolo y Miguel Calvete. El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, solicitó la nulidad absoluta de la diligencia al ser excluido del enlace remoto. La fiscalía boliviana justificó la reserva del acto en la Cámara Gesell por la condición de víctima de Beller, mientras que Picardi habilitó la presencia de las defensas de manera presencial en la Procuración General, pero sin acceso directo a la videoconferencia.

Al finalizar la audiencia, Beller concurrió ante los medios con un chaleco antibalas, medida de seguridad que solicitó por la falta de garantías de protección. La testigo ironizó ante la prensa sobre su integridad física y ratificó que su intervención buscó poner a disposición la extracción de datos de su celular, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue al operador digital en Bolivia.

Antecedentes de la investigación y vínculos comerciales

El testimonio arrojó luz sobre el rol de Natalia Basil, exesposa de Cerimedo y exdirectora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS entre abril y noviembre de 2024. Según el relato de Beller, Basil habría denunciado irregularidades mediante un correo electrónico y filtrado audios del exdirector Spagnuolo, quien aludía a un reparto de porcentajes de la facturación de medicamentos de alto costo a favor de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Asimismo, la declarante mencionó comunicaciones telefónicas entre Cerimedo y el empresario Vicente Quintanal, socio en diversas compañías junto al consultor y a Basil. Este vínculo es observado por la investigación como un posible nexo del operador con estructuras del Gobierno. El dispositivo utilizado para dichas llamadas, un teléfono iPhone, permanece secuestrado sin que su propietario haya suministrado la clave de desbloqueo.

Contexto oficial y resoluciones judiciales. La causa recibió este martes el respaldo de la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas. El tribunal dio por probada la existencia de una estructura destinada al desvío de fondos para tratamientos de alta complejidad y el reparto de sobreprecios que oscilaron entre el 2.000 y el 4.000 por ciento, en paralelo a los recortes presupuestarios del área bajo el argumento del déficit cero.

Fuente: / Actuaciones fiscales en la causa ANDIS.

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El coronel Fernando Tereso, segundo jefe de la Casa Militar, recibió la instrucción presidencial de reorganizar el personal de la Quinta de Olivos y sustituir gradualmente al plantel civil por efectivos de las Fuerzas Armadas. La disposición se ejecuta en la residencia oficial como respuesta a denuncias legislativas sobre presuntas irregularidades en licitaciones y compras, las cuales motivaron el despido del personal civil a cargo de la administración del inmueble.

Denuncias legislativas y presuntas irregularidades contractuales

La intervención castrense se produce en el marco de las presentaciones efectuadas por la diputada Marcela Pagano, quien denunció un direccionamiento en una licitación de 700 millones de pesos para tareas de mantenimiento y jardinería en la residencia. Los informes legislativos señalan la presunta participación de Franco Castelli, vinculado a la exsubsecretaria de Planificación General de la Nación, Belén Agudiez, recientemente desplazada de sus funciones.

Asimismo, las denuncias documentales indican que se utilizó a un jubilado sin patrimonio registrado como proveedor oficial de la Presidencia para facturar más de 600 millones de pesos al Estado. Las mismas fuentes imputan el uso de la estructura y los insumos de la cocina presidencial para abastecer un emprendimiento de catering privado, lo que explicaría la adquisición de 500 millones de pesos en cortes de carne y productos específicos para eventos. Javier Sosa, cuñado de Agudiez y exintendente de la Quinta, también figura en estas imputaciones.

Reemplazo de personal y reticencia en las Fuerzas Armadas

Fuentes castrenses confirmaron que la operativización de los destinos bajo la órbita de la Casa Militar recae directamente en el coronel Tereso, quien se desempeñó anteriormente como jefe de prensa del Ejército y segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su misión consiste en asignar perfiles militares a tareas logísticas tradicionales, incluyendo peluquería, jardinería y cocina, tras el desplazamiento de Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria, quien estaba a cargo del área gastronómica.

Informes internos de las Fuerzas Armadas registran reticencia entre los efectivos designados para estas funciones en Olivos. Los registros de conversaciones citados por medios especializados reflejan preocupación en la carrera de los militares asignados, debido a la exigencia de cumplir con protocolos de servicio en horarios atípicos y bajo estándares de supervisión directa de la primera magistratura.

Situación de los edecanes y antecedentes de la Casa Militar

El cambio de gestión generó un estado de alerta entre los edecanes asignados al presidente. Según revelaciones de fuentes de las Fuerzas, los tres edecanes solicitaron instrucciones formales a sus respectivas fuerzas sobre los protocolos de actuación ante situaciones calificadas como anómalas dentro de la residencia, reportando episodios que exceden sus funciones protocolares habituales.

Este escenario se enmarca en un contexto de escrutinio previo sobre la conducción de la Casa Militar, a cargo del brigadier Sebastián Ibáñez. Registros judiciales dan cuenta de una denuncia por espionaje presentada por dicha jefatura contra periodistas, la cual fue desestimada por inexistencia de delito. De manera paralela, Ibáñez enfrenta investigaciones periodísticas con repercusión fiscal por presuntas coimas del 10 por ciento en la compra de repuestos y el mantenimiento de la flota aérea presidencial.

Antecedentes y contexto oficial

La reestructuración en la Quinta de Olivos coincide con un distanciamiento reportado entre el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, quien no acompañó al mandatario en su reciente viaje a Manhattan. El desplazamiento de Belén Agudiez y la militarización de los servicios de la residencia representan la respuesta oficial del gobierno para garantizar la trazabilidad de los recursos estatales, a la espera de las resoluciones definitivas sobre las denuncias presentadas en el ámbito legislativo.

Fuente: La Política Online (LPO), denuncias legislativas de la diputada Marcela Pagano, registros judiciales y fuentes de las Fuerzas Armadas.

Enlace: https://www.lapoliticaonline.com/politica/el-coronel-tereso-el-elegido-para-la-peligrosa-mision-de-ordenar-olivos-4037/

#QuintaDeOlivos #CasaMilitar #CoronelTereso #DenunciasLegislativas #JavierMilei

El diputado Máximo Kirchner presentó este martes un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación que plantea crear un nuevo Impuesto a la Transferencia Internacional de Capital (ITIC) para desalentar los giros de dinero de tipo "especulativos" al exterior. El tributo gravaría con una alícuota del 3% las salidas de divisas contempladas por la normativa. La propuesta busca reformar el sistema de recaudación federal y destinar los fondos recolectados a obras en provincias y municipios, salud, discapacidad, jubilaciones y PAMI.

Características del tributo

El texto presentado en la Cámara de Diputados establece en su artículo primero la creación del impuesto destinado a gravar "todas las operaciones que impliquen, de manera directa o indirecta, la salida al exterior de divisas, valores negociables o activos virtuales". De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el tributo operaría exclusivamente sobre transferencias de índole "especulativa". La normativa aclara que no alcanza a las transacciones cotidianas ni a las operaciones individuales destinadas al consumo y la actividad productiva.

Distribución de la recaudación

La medida impulsada por el dirigente camporista tiene el objetivo de operar como una herramienta de recaudación que permitiría conseguir unos $3 billones. La distribución de los fondos detallada en el proyecto asigna el 60% para financiar obras en provincias y municipios para infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de viviendas y vial, así como para recomponer salarios en salud y educación. El 10% se destinaría a salud y discapacidad; otro 10% a educación; un 10% a jubilaciones y pensiones; y el 10% restante a medicamentos y atención de PAMI a nivel nacional.

Justificación oficial

• Máximo Kirchner remarcó que el ITIC gravará "cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado". El diputado sostuvo que esas operaciones representan "una pérdida de la capacidad soberana" y que "deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural". El legislador detalló que el impuesto no plantea "penalizar la inversión ni el comercio legítimo", sino frenar la "expatriación de recursos".

Contexto

La iniciativa busca reformar el sistema de recaudación federal mediante un mecanismo que permita "que quienes canalizan su patrimonio fuera del país contribuyan solidariamente al sostenimiento del sistema económico que les permitió generarlo". La presentación del proyecto se produce en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Fuente: Diagonales / H. Cámara de Diputados de la Nación

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El secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, fue echado de su cargo este lunes 21 de septiembre, un día después de que se hiciera público un informe que reveló un desfasaje de $158.717.131.557,63 en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Vilches, quien asumió como interventor del área el año pasado en reemplazo de Diego Spagnuolo, había encargado la auditoría que destapó el faltante multimillonario correspondiente a la gestión anterior.

Hallazgos de la auditoría y derivación judicial

El resultado del relevamiento contable fue divulgado el domingo por el diario La Nación. El documento detalla una discrepancia patrimonial que abarca pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

Según indicó el matutino, ese monto corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas en la estructura del organismo. Por esta razón, las actuaciones se encuentran actualmente bajo la mira de la Justicia federal para determinar las responsabilidades correspondientes.

Antecedentes del escándalo de coimas

• La gestión de Diego Spagnuolo concluyó con su renuncia en medio de un escándalo por coimas en la ANDIS, hecho por el cual fue procesado en la justicia federal. La salida estruendosa del exfuncionario salpicó directamente a Karina Milei y a la familia Menem.

De acuerdo con las actuaciones fiscales, estos actores quedaron sospechados de participar en un presunto circuito de coimas entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.

Reacción oficial y disputa presupuestaria

Un día después de la revelación del informe, el presidente Javier Milei dispuso el echado de Vilches. Paralelamente, atacó a través de la red social Twitter a la familia Saguier, propietaria del grupo editorial dueño de La Nación.

La salida de Vilches se produce en medio de una disputa interna entre Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo por el ajuste que el ministro incluyó para esa área en el Presupuesto 2027. Bullrich cuestionó públicamente la semana pasada dicha medida, lo que desató una crisis en la mesa política y obligó al gobierno a anunciar que darían marcha atrás.

Contexto político y visita papal

Fuentes gubernamentales señalaron que el Ejecutivo busca una “diagonal” para ajustar de todos modos el área y no poner en riesgo el superávit fiscal. Esta situación genera preocupación ante la inminente visita del papa León XIV.

La agenda papal incluye una recorrida por el Cottollengo Don Orione, un emblema del área de discapacidad. El gobierno viene castigando presupuestariamente a esta institución pese a la existencia de leyes y fallos judiciales adversos a dicha política.

Fuente: La Política Online (LPO).

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Al filo del plazo establecido por el juez Ariel Lijo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito de 77 páginas para responder al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es justificar las inconsistencias halladas en sus declaraciones juradas, de las cuales se desprende un incremento patrimonial del 119% entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, con divergencias detectadas por 43 millones de pesos y 400.000 dólares.

La hipótesis de las criptomonedas

El núcleo de la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, replica los argumentos que Adorni ya había esbozado en entrevistas previas a su renuncia: el crecimiento patrimonial proviene de la compra y venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.

Según el escrito, en las declaraciones de 2023 y 2024 figuraban fondos como “venta de activos” que correspondían, en realidad, a la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin por montos cercanos a los 600.000 dólares. La defensa detalla que estas operaciones se realizaron de manera personal y en efectivo. Para acreditar la titularidad, Adorni habría firmado mensajes con las claves privadas de dichas billeteras y las habría entregado a la Justicia en un sobre "cerrado y lacrado".

“Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad”, sostiene el texto, que asegura que la evolución patrimonial "encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica".

El argumento del "ahorro informal"

Para explicar por qué estos fondos no fueron declarados oportunamente, los letrados apelaron al "contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años". Argumentan que mantener ahorros en efectivo y moneda extranjera, fuera del sistema bancario y del radar de la ARCA, "no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo".

De la austeridad al gasto inmobiliario

La presentación aborda el punto más cuestionado: por qué, si los fondos existían desde 2018, el gasto en inmuebles y viajes comenzó recién en 2023. Los abogados afirman que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, "optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’", priorizando el ahorro para la educación de sus hijos y su jubilación.

Esta dinámica cambió al asumir la función pública por "razones de seguridad", lo que motivó el abandono del departamento de la calle Asamblea. "Lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá [...] que les permitiese disfrutar, junto a los niños, del aire libre", indica el escrito.

Detalle de las operaciones

El documento precisa el origen de los fondos para las adquisiciones específicas

• Inmueble en calle Miró 550: Ante la pregunta del fiscal por el pago en efectivo, el escrito responde que proviene de los "dólares ahorrados y disponibles". Adorni adquirió la propiedad a dos jubiladas abonando 30.000 dólares en efectivo (nota: la fuente original presenta un error tipográfico indicando "30.00 dólares"), con el compromiso de saldar los 200.000 dólares restantes en un año, sin intereses.
• Casa en Indio Cuá: Adorni rechazó la cifra de 245.000 dólares para la remodelación, estimada por el contratista Matías Tabar, sosteniendo que el costo fue de 175.000 dólares pagados con "ahorros". La compra del lote, por 120.000 dólares, se financió con un mutuo con garantía hipotecaria de 100.000 dólares sobre el inmueble de Asamblea 1132, abonando el saldo de 20.000 dólares en efectivo bajo la custodia de Angeletti

Rectificaciones y ausencia de dolo

Finalmente, la defensa busca desarmar la presunción de ocultamiento. El escrito destaca que el patrimonio que el fiscal tuvo a la vista ya correspondía a las declaraciones juradas rectificadas. Citando declaraciones públicas de su asistido, califican las omisiones iniciales como "un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario".

Como prueba de buena fe, el texto resalta que Adorni "abonó las obligaciones tributarias resultantes de las declaraciones rectificadas", una conducta que, a criterio de sus abogados, resulta "incompatible con el propósito de ocultar".

Fuente: Basado en la información publicada por Página 12.

Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, pero el Estado sigue pagando la cuenta de su movilidad y su seguridad. A casi tres meses de su renuncia, el exfuncionario mantiene una custodia de las fuerzas federales y circula en una camioneta oficial que acumula multas millonarias. La urgencia del caso estalla este miércoles: vence el plazo fatal que la Justicia le concedió para justificar su evolución patrimonial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Los números no mienten. El vehículo, una Toyota SW4 2022, pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), ente que preside Daniel Scioli. Según el registro público, acumula más de 50 infracciones de tránsito. En la Ciudad de Buenos Aires figuran cuatro multas recientes por 1,8 millones de pesos, y en la Provincia hay 27 boletas que suman 1,3 millones, ocho de ellas emitidas después de que Adorni dejara el cargo. El detalle más llamativo ocurrió esta semana: tras ser fotografiado por la prensa en la vía pública, un registro previo que mostraba 144 multas porteñas por 61 millones de pesos desapareció del sistema, para ser reemplazado horas después por un puñado de infracciones vigentes.

¿Cómo se sostiene este esquema? El Inprotur formalizó un permiso de uso a favor de la Jefatura de Gabinete en enero de 2025, cuando el área estaba a cargo de Guillermo Francos. La dependencia turística aclara que todos los gastos corren por cuenta de esa jurisdicción. Sin embargo, el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, no utiliza el vehículo. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, defiende la custodia policial como un protocolo estándar de seis meses para exfuncionarios de alto rango, basado en una evaluación de riesgo, aunque fuentes del ámbito admiten que es una medida poco habitual para un exjefe de Gabinete.

La pregunta que te tenés que hacer es simple: ¿quién banca este gasto? Cada día que ese vehículo circula y cada peso destinado a mantener un esquema de seguridad extendido sale del presupuesto público. En una economía donde los recursos se ajustan al centavo para los sectores más vulnerables, que el Estado subsidie los traslados y las infracciones de quien ya no ejerce una función activa profundiza la brecha de desigualdad y erosiona la confianza en la administración de lo común.

• El reloj judicial no perdona. El fiscal Gerardo Pollicita espera la documentación que respalde los movimientos de dinero de Adorni, un desafío mayor tras su propia admisión en junio sobre ahorros no declarados en criptomonedas. Lo que se define en los próximos días no es solo un trámite administrativo; es la prueba de fuego sobre si las prerrogativas del poder tienen un límite real o si la ley opera con distintos criterios para quienes ocuparon la cúspide del Estado.

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Fuente: LA NACION, 18 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/adorni-mantiene-la-custodia-se-mueve-en-auto-oficial-y-prepara-la-justificacion-de-su-patrimonio-nid18092026/

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