El expresidente Alberto Fernández volvió a meterse en el centro del debate político con una declaración que no pasó desapercibida. En el streaming Crónicas del futuro, aseguró que Cristina Kirchner fue condenada “injustamente” y dejó abierta la puerta a un indulto si no aparece otra alternativa. No fue una frase suelta: fue una toma de posición en un momento donde el peronismo discute liderazgos, candidaturas y estrategias judiciales.

“A Cristina hay que encontrarle una solución”, planteó Fernández. Su argumento fue directo: como hombre de derecho, dijo creer en el estado de derecho y no tener ninguna duda de que la exvicepresidenta recibió una condena injusta. “Está soportando una detención una persona inocente y lo que debería preocuparnos es esto”, afirmó.

Aunque reconoció que siempre estuvo en contra del indulto, el exmandatario lo mencionó como una posibilidad concreta. Si el camino de Naciones Unidas no prospera, el indulto puede ser un remedio, siempre que se expliquen las razones jurídicas. Para respaldar su postura, señaló que conoce la causa y citó al juez Jorge Gorini, quien suele criticar a quienes opinan sin leer el expediente. “Yo sí la conozco”, remarcó Fernández, y agregó que los abusos cometidos contra Cristina fueron increíbles y que sus argumentos nunca fueron escuchados.

Las críticas al juez Ercolini fueron contundentes. Lo calificó como “una mácula en la justicia argentina” y pidió: “Basta. Paremos un poco y pongamos las cosas en orden”. Luego amplió su mirada más allá del caso Kirchner: aseguró que si a Mauricio Macri lo condenaran injustamente y sin pruebas, también pediría por su libertad. “El problema no es un problema ideológico, es un problema institucional”, sostuvo.

Sobre el peronismo, Fernández fue igual de categórico. “Peronismo hay uno solo, después hay distorsiones”, lanzó. Definió al movimiento como una fuerza progresista que supo contener desde sectores conservadores hasta espacios más de izquierda. Sin embargo, admitió que su propia mirada podría no ser la correcta y que la única forma de resolver qué es el peronismo hoy es escuchando a la gente. “Que la gente determine qué es el peronismo y diga qué quiere representar”, pidió.

En esa línea, defendió que los próximos candidatos del espacio surjan de una PASO. Mencionó como posibles referentes a Axel Kicillof, Sergio Massa, Ricardo Quintela, Sergio Uñac y Jorge Capitanich. Aclaró que la renovación generacional no implica salir a buscar figuras desconocidas, como un futbolista, un cantante, un actor o un pastor, sino promover a dirigentes municipales y nacionales que puedan dar el salto a la escena nacional y exponer sus posiciones.

El expresidente también habló de su propio lugar en esa etapa. “Me voy a morir haciendo política”, dijo, pero aclaró que no quiere ser candidato a nada. Se definió como parte de quienes deben decir “vení vos, subite al escenario y yo me bajo”. Esa frase resume su apuesta por un recambio generacional que empiece a hacerse cargo.

Fernández aprovechó la entrevista para defender su gestión. Afirmó que cuando se desmientan las mentiras que, según él, le metieron en la cabeza a la gente, será bien recordado. Mencionó la advertencia sobre una inflación del 17.000% que, aseguró, lanzó “el delirante este” cuando ganó el actual presidente. También se refirió a la causa por violencia de género en su contra y a los rumores de romances que circularon: “Cuando todo eso quede en claro, la gente va a decir ‘no, pero este tipo no fue lo que dijeron’”.

Las definiciones de Fernández tocan tres temas sensibles: la suerte judicial de Cristina Kirchner, la conducción del peronismo y el mecanismo para elegir candidaturas. Para cualquier votante del espacio, no se trata de una discusión abstracta: define quiénes competirán en las próximas elecciones y bajo qué reglas. La mención del indulto introduce una herramienta que hasta ahora no estaba en la agenda explícita de los dirigentes peronistas y obliga a tomar posición.

Si el peronismo resuelve su interna a través de una PASO, los afiliados y simpatizantes podrían tener más incidencia que si los candidatos se definen en una mesa chica. La renovación generacional, de concretarse, cambiaría la oferta electoral. Y una eventual decisión sobre el indulto impactaría en el clima institucional, más allá de las preferencias partidarias.

Queda por ver cómo reaccionan los dirigentes mencionados y el kirchnerismo más cercano a Cristina. La posición de Fernández no cierra ninguna discusión: la reabre en un momento donde el PJ necesita ordenarse. El tiempo dirá si sus palabras se traducen en un debate real o si se diluyen antes de las próximas definiciones.

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Fuente original: Clarín, 15 de agosto de 2026

Enlace: https://clar.in/4qlz0vG

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#AlbertoFernandez #CristinaKirchner #Peronismo #Indulto #Justicia #ArgentinaDesigual

La noticia empezó a circular con fuerza en las últimas horas: Tecnópolis, el predio que durante años concentró la vitrina de la ciencia, la cultura y la tecnología estatal, cambiará de manos. Según la denuncia que ya recorrió redes sociales y medios alternativos, el gobierno nacional, a través de la Secretaría General que conduce Karina Milei, resolvió entregarle la concesión del espacio al Grupo La Nación por un cuarto de siglo.

El plazo es clave: 25 años no son un número caprichoso. Asegura una estabilidad contractual que excede largamente el mandato actual y cualquier recambio electoral previsible. Para los críticos de la medida, esa extensión temporal es la prueba más contundente de que no se trata de una simple desregulación administrativa, sino de una jugada política de largo aliento.

¿El objetivo declarado por las fuentes que impulsan la denuncia? Construir un mecanismo de blindaje mediático. La lógica es cruda: alinear al multimedio más influyente del país con la gestión de Javier Milei para desactivar cualquier posibilidad de críticas periodísticas incómodas. En otras palabras, usar un bien del Estado como moneda de cambio para comprar silencio o, directamente, complicidad editorial.

El gobierno, por ahora, no emitió un comunicado oficial desmintiendo la operación ni explicando los términos del contrato. El hermetismo alimenta aún más las sospechas entre quienes siguen el expediente. En los pasillos de la Casa Rosada, fuentes consultadas prefirieron no hacer declaraciones, pero tampoco negaron la existencia de las negociaciones.

Los sectores que salieron a dar la voz de alarma sostienen que esta maniobra representa mucho más que una transferencia inmobiliaria. Advierten que el control informativo que se busca instalar generaría un apagón de noticias. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la realidad cotidiana del argentino de a pie —la inflación que no cede, la pérdida del poder adquisitivo, el cierre de fábricas— quedaría deliberadamente oculta tras un manto de propaganda oficial.

La denuncia va aún más lejos. Señala que al uniformar el relato de los principales medios de comunicación, el régimen —tal como lo califican los denunciantes— silenciaría la crisis para que solo se replique la voz del poder. La estrategia, en este relato crítico, representa una domesticación absoluta de la agenda pública: lo que se discute, cómo se discute y quién lo discute quedaría filtrado por los intereses del grupo concesionario y el gobierno de turno.

El efecto directo, si esta lectura es correcta, sería un debilitamiento severo del debate democrático. Sin diversidad de voces, sin espacios que cuestionen las decisiones oficiales, el derecho a la información de la ciudadanía quedaría restringido por completo. Las voces disidentes, ya sea de organizaciones sociales, de la oposición política o de periodistas independientes, quedarían marginadas en un ecosistema donde el relato hegemónico lo impone un solo actor.

El nombre de Karina Milei aparece en el centro de la operación. La hermana del Presidente, secretaria general de la Presidencia, es señalada como la principal articuladora de esta entrega. No es la primera vez que se la vincula con decisiones estratégicas que trascienden lo administrativo para meterse de lleno en el terreno de la comunicación política. Su rol, desde que asumió su hermano, fue siempre el de guardiana de la narrativa oficial.

El Grupo La Nación, por su parte, mantiene un silencio que resulta ensordecedor. El multimedio no desmintió las versiones ni aclaró si piensa mantener el perfil cultural y científico del predio o si proyecta un uso comercial o inmobiliario. La falta de información clara es, para los críticos, otra prueba de que el acuerdo se cocinó lejos de la transparencia que exige un bien de semejante magnitud.

El trasfondo político de esta decisión es inevitable. En un país donde la grieta es moneda corriente, ceder el control de un espacio emblemático a un grupo económico con intereses editoriales explícitos es una declaración de principios. Para el oficialismo, podría ser una muestra de eficiencia y desregulación. Para la oposición, un acto de complicidad que mancha la independencia del cuarto poder.

Los antecedentes internacionales no ayudan a calmar los ánimos. En varios países de la región, los gobiernos utilizaron la pauta publicitaria o la concesión de bienes públicos para condicionar a los medios. Lo que se denuncia ahora es un paso adicional: la entrega directa de un activo físico, tangible, con un valor que excede lo económico y se instala en lo simbólico. Tecnópolis no es un galpón cualquiera; es el lugar donde se mostró al mundo el potencial industrial y científico argentino.

La pregunta que queda flotando es si los argentinos sabremos alguna vez los detalles de este contrato. ¿Cuánto pagará el Grupo La Nación por la concesión? ¿Qué cláusulas de rescisión se pactaron? ¿Se garantiza el acceso público al predio? ¿Se mantendrán las actividades educativas y científicas? Son todas incógnitas que, por ahora, solo alimentan la desconfianza.

El blindaje mediático que se critica desde las redes y las organizaciones civiles no es una teoría conspirativa. Es una hipótesis verificable si se accede al texto del acuerdo. Por eso, la presión sobre el gobierno para que publique el contrato íntegro será creciente en los próximos días. La transparencia, en este caso, no es un gesto de buena voluntad: es una exigencia democrática.

Mientras tanto, el predio espera. Y con él, los argentinos que alguna vez recorrieron sus pasillos, que llevaron a sus hijos a ver experimentos o que disfrutaron de sus espectáculos. Esa experiencia, ese lugar que sintieron propio, ahora pasa a ser parte de una estrategia política que nadie votó ni discutió en el Congreso. La decisión se tomó por decreto, en el escritorio de una funcionaria, sin debate parlamentario ni consulta popular.

El tiempo dirá si la operación logra su objetivo de silenciar las críticas o si, por el contrario, el propio intento de acallar genera un ruido todavía mayor. Lo que es seguro es que el tablero de la comunicación argentina acaba de moverse una ficha pesada. Y el impacto, como todo movimiento brusco en el periodismo, se sentirá en cada editorial, en cada tapa y en cada noticia que los argentinos consumamos de ahora en adelante.

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Fuente original: Argentina Desigual, 15 de agosto de 2026

Enlace: https://www.msn.com/es-ar/pol%C3%ADtica/gobierno/el-decreto-est%C3%A1-listo-karina-milei-le-entrega-tecn%C3%B3polis-a-los-saguier-sin-pedir-perd%C3%B3n/ar-AA29WrHp 

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#Tecnopolis #BlindajeMediatico #KarinaMilei #LaNacion #PeriodismoIndependiente

La reforma electoral volvió a tensar la política argentina, pero esta vez el peronismo golpeó antes. Mientras La Libertad Avanza insiste con eliminar o suspender las PASO, la principal fuerza opositora reunió a sus figuras de mayor peso y salió a marcar rechazo. La consecuencia es concreta: el proyecto del Gobierno sigue trabado en el Senado y no aparecen los votos para destrabarlo.

En las últimas horas hubo dos encuentros que ordenaron la previa del año electoral. Por un lado, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se sentaron a definir una postura común. Por el otro, la cúpula de La Libertad Avanza recibió en Casa Rosada a la del PRO. El cónclave peronista terminó con un alineamiento para resistir la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, sin embargo, no depende solo de la voluntad oficialista: está frenada por la falta de acompañamiento de gobernadores y bloques aliados en la Cámara alta.

La reunión entre el oficialismo y el PRO no fue un hecho aislado. Esta mañana se juntaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el titular de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo; y el secretario General del PRO, Fernando de Andreis. El encuentro fue consecuencia directa del contacto que habían mantenido el lunes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ex presidente Mauricio Macri.

Después de la reunión, Santilli lo explicó con una frase pensada para mostrar unidad: “Esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”. Las palabras sugieren que el Gobierno y el PRO buscan un nuevo entendimiento electoral para 2025. Sin embargo, fuentes al tanto de lo conversado aclararon que, en ese cónclave puntual, la reforma electoral no estuvo sobre la mesa.

Mientras tanto, el oficialismo necesita a los gobernadores. Y los gobernadores no se regalan. Hubo una tercera reunión, más rutinaria, entre Santilli y mandatarios del norte. El jefe de Gabinete es el encargado de negociar con los jefes provinciales para que muevan a sus senadores. Pero el tema electoral apenas se tocó al pasar. “Se lo tocó al pasar al tema pero sin mucho énfasis”, contaron desde el entorno de un gobernador del norte.

El panorama para la Casa Rosada se complica porque arrastra un desgaste previo. En la misma semana, La Libertad Avanza detonó puentes con aliados durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Un senador oficialista lo resumió en off the record: “se te unen los gobernadores que tienen senadores y se hacen mucho más fuertes”. El texto enviado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, ya había cosechado rechazo de senadores que responden a gobernadores alineados con el Gobierno, como Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Hugo Passalacqua, de Misiones, quien rompió hace poco con su ex jefe político Carlos Rovira.

La reunión con los gobernadores del norte incluyó a varios de los que la Casa Rosada necesita convencer. Y las posiciones no son uniformes. Fuentes cercanas a Passalacqua afirman que está en contra de eliminar las PASO. Jalil, en cambio, quiere eliminarlas, mientras que Jaldo busca sostenerlas. La misma contradicción aparece dentro del radicalismo: Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quiere la suspensión, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, consideró a las primarias “un gasto innecesario”. En la bancada de senadores radicales prima la postura del jujeño. En el PRO, en tanto, insisten con una variante intermedia: una interna partidaria sin carácter obligatorio, una PAS.

El peronismo, con su reunión de cúpula, se anticipó a la jugada del oficialismo. El proyecto de la Casa Rosada está en punto muerto, y en el Gobierno creen que la eliminación o suspensión de las PASO puede ser la llave para dirimir las internas de la principal fuerza opositora. Por lo pronto, el sostenimiento de las primarias logró algo poco habitual: juntar a Kicillof y a Máximo Kirchner en una misma mesa.

Germán Martínez, jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, lo explicó en el streaming Carnaval con una definición que marca la postura de su espacio: “Milei está dispuesto a todo para tratar de eliminarlas o suspenderlas y nosotros creemos que es una herramienta importante a sostener para generar el diseño de una estrategia electoral amplia, potente y convocante, que lejos de buscar un carácter monocolor, que podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político”.

La discusión no es abstracta. Define cuántas veces se vota, cómo se ordenan las internas y qué margen tiene la ciudadanía para incidir en las listas. Por eso la pelea por las PASO se convirtió en una disputa por el control de la agenda electoral. Y, por ahora, el peronismo consiguió lo que buscaba: que el Gobierno no pueda activar su iniciativa en el Senado.

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Fuente original: El Destape, agosto de 2026

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#PASO #Senado #ReformaElectoral #LaLibertadAvanza #Peronismo #ArgentinaDesigual

Una multitud tomó las calles de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, para reclamar la renuncia inmediata del gobernador Claudio Vidal y del presidente Javier Milei. La protesta, encabezada por trabajadores municipales, puso el grito de “¡que se vayan todos!” en el centro de una ciudad con los servicios locales interrumpidos por el paro municipal total.

El pedido de la masa enardecida es directo y no deja lugar a interpretaciones: renuncia de Vidal, renuncia de Milei. La columna avanzó con dureza hacia la Casa de Gobierno provincial para exigir respuestas frente al avance del hambre y la indigencia.

¿Qué encendió la mecha? Las boletas de luz y gas que llegan con montos que superan los dos millones de pesos por factura. Para quienes viven bajo una ola polar agobiante y un frío patagónico despiadado, esa cifra se volvió completamente impagable. La comida, en paralelo, se transformó en un gasto imposible de afrontar.

Las familias que marchan lo explican sin vueltas: los ingresos quedaron pulverizados y ya no pueden elegir entre calentarse o comer. Ese límite, repetido en los hogares, es el motor de una furia colectiva que se siente en cada rincón de la ciudad.

La gigantesca columna está encabezada por los trabajadores municipales, que mantienen un paro total. La ausencia de servicios locales agravó el conflicto y amplió el alcance del reclamo: la protesta une a pueblos del interior provincial en esta pelea común.

Río Gallegos se convirtió esta jornada en el escenario de una exigencia contundente. El frío patagónico no frenó la movilización; al contrario, la empujó. Las boletas de más de dos millones de pesos son la prueba concreta de un ajuste que, según denuncian los manifestantes, deja a la gente en total desamparo.

El dato central de la jornada es la exigencia de renuncia simultánea a un gobernador y a un presidente. La protesta no distingue jurisdicciones: apunta contra los dos niveles de Gobierno y concentra la bronca contra el ajuste económico.

La decisión de salir a la calle con frío extremo y el estómago vacío muestra el punto al que llegó el malestar. Las familias que participan aseguran que ya no hay margen para esperar. Las facturas impagables, el paro municipal y la consigna de “que se vayan todos” marcan una jornada de alta tensión en Santa Cruz. Queda por verse si las autoridades provinciales y nacionales responden o si el silencio profundiza un conflicto que ya une a distintos puntos de la provincia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente original)

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#RioGallegos #QueSeVayanTodos #Tarifazo #SantaCruzEnLucha #ArgentinaDesigual #CrisisSocial

El presidente Javier Milei permanece aislado en la residencia de Olivos. La orden la impartió su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según la información difundida por Portal Noticias Argentinas, la funcionaria impuso “un cepo total a la agenda presidencial”, decidió “sacarlo de escena y blindarlo de forma absoluta” y escondió por completo al mandatario.

La comunicación describe la medida como una respuesta a las “sucesivas crisis, frentes de conflicto político y brotes de inestabilidad” que sufre el mandatario ante la exposición mediática. La finalidad explicitada es neutralizar esos frentes y reducir la exposición pública del jefe de Estado.

El despacho presidencial funciona hoy como un “búnker de máxima clausura”. El acceso directo al jefe de Estado quedó totalmente prohibido y bloqueado. Ningún ministro, legislador o funcionario puede mantener reuniones de alto nivel con el Presidente de la Nación sin la autorización explícita de Karina Milei.

La botonera del Estado, ese circuito de decisiones administrativas, quedó “secuestrada” bajo un “filtro impenetrable”, según la descripción difundida. La información indica que toda la gestión técnica y las decisiones operativas del Gobierno están virtualmente congeladas a la espera del filtro de Karina Milei.

Javier Milei permanece aislado del entorno político, recluido y sin trato directo con sus propios colaboradores. La difusión no precisa plazos ni condiciones para levantar la restricción. Tampoco detalla si existen excepciones para algún funcionario o área del Gobierno.

El impacto de una medida de este tipo no se limita a los despachos. Si la gestión técnica y las decisiones operativas quedan congeladas, los expedientes y programas que dependen del Ejecutivo pueden demorarse. Los sectores más vulnerables, que necesitan respuestas administrativas y asistencia estatal, suelen ser los primeros en sentir cualquier freno en la cadena de decisiones.

La concentración de la autorización en una sola persona también modifica el circuito de poder. Un ministro que necesite resolver un tema urgente depende de la autorización de la hermana del Presidente. Un legislador que quiera llevar una propuesta tiene que pasar por el mismo filtro. La información difundida no aclara si hay excepciones.

Queda en suspenso cómo seguirá la gestión cotidiana. Si el filtro se sostiene en el tiempo, la administración pública puede continuar demorada. Si se flexibiliza, habrá que observar cómo se recompone el acceso al Presidente y qué rol conserva Karina Milei en la cadena de decisiones.

Esta nota reproduce los hechos publicados por Portal Noticias Argentinas. Argentina Desigual no verificó de forma independiente los datos difundidos.

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Fuente original: Página 12/ Portal Noticias Argentinas 

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/08/11/milei-recluido-en-olivos-y-karina-manejando-la-rosada/

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#JavierMilei #KarinaMilei #Olivos #GobiernoNacional #PolíticaArgentina #ArgentinaDesigual

Buenos Aires, agosto de 2026. — En una Argentina donde conseguir trabajo depende muchas veces de quién te ve, y donde hacer visible un negocio puede costar fortunas en publicidad tradicional, Argentina Desigual decidió abrir su comunidad a las personas reales: desde hoy, cualquier persona puede publicar su búsqueda laboral o su servicio profesional y hacerlo llegar a decenas de miles de personas por $15.000.

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Un curso de idioma no suele ser noticia. Pero cuando una fuerza de seguridad federal decide capacitar a sus agentes en hebreo, algo más está pasando. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) puso en marcha el Curso Básico de Idioma Hebreo, una instancia de formación pensada para mejorar la comunicación con pasajeros israelíes y para reforzar la respuesta en tareas de control, seguridad y asistencia. La medida se explica, en gran parte, por la próxima conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que operará la aerolínea israelí EL AL.

La apertura de la capacitación reunió a Carlos Tonelli Banfi, director nacional de la PSA, y a Julia Cordero, vicerrectora del ISSA. También estuvieron presentes Federico Nemetzky, presidente de la Organización Sionista Argentina, y Gustavo Sakkal, prosecretario de la DAIA, la entidad que representa a la comunidad judía en el país. Que una fuerza federal convoque a dirigentes de la comunidad judía para abrir un curso de idioma no es un detalle menor: muestra que la cooperación institucional dejó de ser discurso y se volvió una herramienta concreta de trabajo.

• El encargado de dictar las clases es Ariel Merszon. El contenido del curso está orientado a que los agentes puedan manejarse en hebreo en situaciones reales de aeropuerto: un control migratorio, una consulta de equipaje, una emergencia médica. En esos momentos, entender lo que dice un pasajero en su idioma puede hacer la diferencia entre resolver rápido o depender de un traductor que no siempre está disponible.

• Desde la PSA lo resumieron así: “una Fuerza profesional se construye con formación, experiencia y compromiso”. Y agregaron que hoy se preparan para los desafíos de mañana. La frase no es casual: el “mañana” tiene una fecha aproximada en el calendario: la llegada del vuelo directo de EL AL. Esa conexión transformará la dinámica del principal aeropuerto internacional del país, porque concentrará en un solo punto operaciones que hoy se reparten en escalas y tránsitos. Para una fuerza de seguridad aeroportuaria, eso significa más pasajeros, más controles y menos margen para la improvisación.

¿Quiénes sienten el impacto? En primer lugar, los pasajeros israelíes que lleguen a la Argentina sin hablar español. Si en el control de pasaportes o en el despacho de equipaje encuentran a un agente que los entiende, su experiencia cambia por completo. También cambia para el personal de la PSA, que suma una habilidad concreta y deja de depender de la buena voluntad de un tercero. Y cambia para el sistema aeroportuario en su conjunto, que empieza a prepararse para un escenario internacional más intenso.

La información oficial, sin embargo, no detalla cuántos agentes participan del curso, cuántas horas de formación incluye ni si la capacitación se replicará en otros aeropuertos del país. Tampoco aclara si es obligatoria u optativa. Esos datos serán determinantes para saber si la iniciativa se transforma en una política sostenida o si queda como un anuncio puntual sin continuidad.

El contexto bilateral también importa. La relación entre Argentina e Israel viene mostrando señales de acercamiento, y la participación de la Organización Sionista Argentina y la DAIA en un acto oficial de la PSA refuerza esa tendencia. La seguridad aeroportuaria no está ajena a ese vínculo: se prepara para una ruta aérea que promete acercar a ambos países de manera directa, sin escalas intermedias.

Resta conocer si el curso básico de hebreo alcanzará para cubrir la demanda real de comunicación una vez que EL AL comience a operar. Si la aerolínea confirma frecuencias regulares, la exigencia sobre los agentes será mayor y la formación inicial podría quedar corta. En ese caso, la PSA tendrá que ampliar la capacitación, sumar práctica real y actualizar contenidos. Si no lo hace, el esfuerzo puede diluirse y la barrera idiomática volver a aparecer en el peor momento.

La decisión de anticiparse es un primer paso concreto. La PSA no esperó a que el vuelo directo estuviera operando para empezar a formar a su gente. Ahora la pregunta es si esa preparación será suficiente para sostener el ritmo de una conexión que promete cambiar la rutina de los aeropuertos argentinos. Por lo pronto, los agentes que participan del curso ya tienen una herramienta más para hacer su trabajo. Y los pasajeros israelíes, una razón menos para sentirse perdidos en tierra argentina.

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Fuente original: LA Nación - oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/policias-aeroportuarios-argentinos-estan-aprendiendo-hebreo-ante-la-llegada-de-los-vuelos-que-nid12082026/

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#PSA #Hebreo #SeguridadAeroportuaria #ELAL #ArgentinaIsrael #ArgentinaDesigual

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, organizó un sistema de encuentros rotativos con los ministros para evitar las reuniones formales con su hermano, el presidente Javier Milei. La nueva disposición prohíbe los cara a cara con el mandatario y establece que cada funcionario deberá rendir cuentas sobre su gestión ante ella. El primero en pasar por ese filtro fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este martes, la propia Karina Milei comunicó que, a partir de ahora, convocará de manera sucesiva a los integrantes del gabinete para que expliquen el estado de sus áreas. La modalidad instala reuniones de gabinete “en paralelo”, sin la presencia del Presidente. En los papeles no son encuentros formales; en los hechos, funcionan exactamente como una reunión de gabinete, con la diferencia de que ya no la dirige Javier Milei sino su hermana.

Durante la primera de estas citas, Sturzenegger tuvo que detallar cada uno de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo. También se repasaron la agenda parlamentaria y los principales asuntos económicos y de administración del Gobierno. La dinámica dejó una definición concreta: los ministros ya no responden ante el Presidente, responden ante la secretaria general.

La decisión generó un malestar inmediato en el oficialismo. Un referente de Las Fuerzas del Cielo que participó de la reunión no ocultó su bronca. “La tarotista ya es la presidenta de hecho, por si quedaba alguna duda”, sostuvo ofuscado. La frase, descargada en el círculo íntimo del poder, refleja la tensión que provoca un esquema que no admite mediaciones.

El control que concentra Karina Milei sobre la gestión cotidiana del Gobierno es casi absoluto y profundiza el aislamiento del jefe de Estado. Voces del propio gabinete confirman que Javier Milei se desentiende cada vez más de los asuntos diarios de la administración. Mientras la secretaria general asume de hecho la coordinación ministerial, el Presidente se corre de la escena y las decisiones que afectan a millones de personas quedan en manos de un circuito cerrado que no rinde cuentas ante el electorado.

El nuevo esquema deja una pregunta inevitable: si los ministros tienen prohibido reunirse con el Presidente y es su hermana quien los convoca, los examina y centraliza la agenda parlamentaria y económica, ¿quién está gobernando realmente la Argentina? La imagen de un ministro rindiendo cuentas ante una funcionaria que no fue elegida por el voto popular marca un giro inédito en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

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Fuente original: La política online, 11 de agosto de 2026.

Enlace: https://www.argentinadesigual.com.ar

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El jueves pasado, mientras la agenda pública se peleaba a gritos por otros temas, el Senado metió media sanción a un proyecto que puede cambiarte la vida de un día para el otro si alquilás. La ley se llama “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, bajo ese título que suena a defensa legítima, esconde un mecanismo que en la práctica deja al inquilino en el lugar más débil que tuvo en décadas. La votación fue ajustada: 37 votos a favor contra 33 en contra, con el oficialismo negociando hasta último momento para arrancar los números que necesitaba.

Para conseguir la aprobación, el Gobierno tuvo que resignar dos capítulos completos que traban la reforma de la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. Pero el núcleo duro del proyecto sobrevivió intacto y ahora viaja a la Cámara de Diputados, donde se va a definir si se convierte en ley o si encuentra un freno. Ese núcleo que ya es media sanción se organiza en tres ejes que conviene mirar con lupa: un nuevo régimen de expropiaciones más restrictivo y con mayores garantías de indemnización para los propietarios, una reforma registral para agilizar el saneamiento de títulos de dominio, y el capítulo más explosivo: la reforma del proceso de desalojo, que es el que te toca directo si alquilás.

El Capítulo II de la media sanción desarma las pocas protecciones procesales que le quedaban a quien alquila. La primera estocada es que todos los juicios de desalojo —no importa si es una vivienda familiar en un barrio o un campo en la provincia— van a tramitar por la vía más rápida del Código Procesal: el juicio sumarísimo, que en criollo es juicio exprés. Traducción: los plazos para contestar una demanda, presentar pruebas o apelar se comprimen a niveles récord. La consecuencia directa es que los desalojos se van a poder concretar en 72 horas, tres días corridos desde que el propietario acciona. Para cualquier inquilino que no tenga un contrato escrito con la firma certificada y todos los recibos al día, ese tiempo es una trampa.

Pero la letra del proyecto va más allá. Incorpora la posibilidad de que el locador encuadre al inquilino como “tenedor precario” en lugar de locatario. ¿Qué significa eso? Que te pueden tratar como intruso, no como inquilino con derechos. Para aplicar ese atajo, el juez puede ordenar la entrega inmediata del inmueble en cualquier etapa del juicio, sin esperar una sentencia firme, apenas con que el reclamo del propietario suene verosímil y con que el dueño jure bajo “caución juratoria” que tiene razón. La caución juratoria no es otra cosa que la palabra jurada del propietario. Si vos, como inquilino, no podés demostrar en ese tiempo mínimo que sos locatario y no un ocupante sin más, quedás afuera sin condena de por medio. La base de todo el mecanismo es la apariencia de derecho respaldada por una declaración del que te quiere echar.

Y para rematar, el proyecto prohíbe la prueba testimonial en los juicios por falta de pago o vencimiento de contrato. En buen romance: si pagaste el alquiler en efectivo y nunca te dieron un recibo, la ley te saca la única forma humana de demostrarlo. No vas a poder llamar a un vecino, a un familiar o a quien haya visto que entregaste la plata. La única defensa que te queda es tener un respaldo escrito, una transferencia bancaria o algún documento que pruebe el pago. Sin eso, podés pasar de inquilino a desalojado en tres días. Lo mismo ocurre si no podés acreditar que un deterioro del inmueble ya existía antes de tu contrato: en 72 horas podés estar en la calle. Y para que no queden dudas sobre la velocidad, el plazo no espera a que te enteres de la demanda: empieza a correr desde que el propietario avisa al juzgado, aunque el papel todavía no haya llegado a tu puerta.

El proyecto incluye una sola contemplación para los casos más extremos: si en la vivienda viven menores, personas con discapacidad o adultos mayores, y eso se puede certificar con documentación, la ley otorga diez días para buscar una salida habitacional transitoria. Diez días, en un mercado inmobiliario donde conseguir un nuevo alquiler puede llevar meses y requiere adelantar fortunas, no son una solución: son un plazo simbólico que no modifica la lógica de fondo.

Para entender por qué esto sacude el tablero, hay que mirar el punto de partida. Hace apenas un año, el Congreso derogó la Ley de Alquileres que había regido desde 2020 y dejó las contrataciones libradas al Código Civil y Comercial. Ese vacío disparó una catarata de acuerdos informales, sin contratos registrados ni recibos firmados, y un goteo de desalojos que los juzgados civiles ya no podían absorber. Buena parte del mercado inmobiliario se mueve justamente en ese territorio sin papeles. Ahora, con la media sanción, ese mismo universo de inquilinos que no tiene un contrato prolijo —porque la realidad del mercado no se los permitió— pasa a ser el blanco directo de un sistema que no les da margen de defensa.

El análisis que difundió Inquilinos Agrupados apenas se conoció la votación es lapidario: “Si no puede demostrar rápidamente que es locatario y no un simple ocupante, se le puede aplicar este desalojo exprés, sin sentencia firme, basado solo en la apariencia de derecho y la palabra jurada del propietario”. La organización subraya que el proyecto no solamente acelera trámites: altera la estructura de garantías históricas que, aún con todas sus fallas, ponían un freno mínimo a la discrecionalidad.

El cambio que se debate no es abstracto. Toca de lleno a los más de 9 millones de personas que alquilan en el país, pero golpea con más fuerza a los sectores que ya están en la cuerda floja. Cualquiera que haya alquilado sin contrato escrito, que haya pagado alguna vez en efectivo, que no tenga un familiar con título de propiedad para salir de garante, o que viva con chicos y un ingreso irregular, sabe que la diferencia entre tener un techo y quedar en la calle puede reducirse a un trámite de tres días. La media sanción no resuelve el problema de la vivienda ni garantiza seguridad jurídica a las dos partes: inclina la cancha hasta borrar la línea de cal.

La pelota está ahora en la Cámara de Diputados. Lo que suceda en ese recinto va a definir si la Argentina da ese paso hacia un régimen donde la propiedad se defiende a costa de vaciar de garantías a quien necesita un lugar donde vivir. La discusión recién empieza, y lo que está en juego no es un tecnicismo legal: es la posibilidad concreta de que en 72 horas, sin sentencia y sin testigos, una familia se quede en la calle.

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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2026

Enlace: https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/08/11/argentina-desalojos-expres-y-fin-de-garantias-la-media-sancion-sobre-propiedad-privada-que-pone-en-jaque-a-los-inquilinos/

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