La Argentina volvió de lleno a la política con un anuncio que el Gobierno difundió a todo volumen. Este miércoles, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, comunicó en sus redes sociales que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, visitará el país a fin de julio. La invitación la cursó el presidente Javier Milei y el objetivo es tan visible como concreto: venderle cara a cara la gestión económica y garantizar que el organismo siga girando los fondos que el Ejecutivo necesita para mantener a flote su hoja de ruta.

Caputo eligió la red social X para dar la noticia y lo hizo con un mensaje que combinó agradecimiento, autobombo y una promesa de continuidad. “Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, escribió el titular del Palacio de Hacienda. Y enseguida agregó una definición que es, también, una declaración de principios: “Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este Gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

Las palabras no son casuales. Cada adjetivo que eligió el ministro —“excelente”, “constructivo”, “exitoso”— funciona como un intento de blindar la gestión frente a los ruidos internos y las dudas externas. La foto de Georgieva con Milei y Caputo dentro de tres semanas está pensada para mostrar sintonía política en un momento donde el Gobierno necesita que el Fondo avale sin reparos el rumbo económico. Pero sobre todo, necesita que destrabe los desembolsos atados al “Programa Financiero 2026-2027” que el propio Ejecutivo presentó el lunes pasado.

Ese programa es la llave de la negociación. Fuentes oficiales aseguran que ya tiene el visto bueno del staff técnico del FMI, pero para que se transforme en dólares contantes y sonantes hace falta que el directorio lo apruebe y que Georgieva le ponga la firma. La visita de la economista búlgara, entonces, es la oportunidad de Milei y Caputo para mostrarle en persona los números fiscales, la desaceleración inflacionaria que celebran y el orden macroeconómico que dicen haber conseguido. En criollo: es la chance de convencerla de que la Argentina merece más crédito.

Lo que el anuncio no dice es qué pedirá el FMI a cambio. Porque el “apoyo para consolidar los avances” que mencionó Caputo no es gratis. En la historia reciente, cada desembolso del organismo vino atado a condiciones que incluyeron ajuste del gasto, suba de tarifas, devaluación o reformas estructurales. “Continuar profundizando el trabajo conjunto”, en la jerga del Fondo, suele significar más exigencias para el país que recibe la asistencia. Y esas exigencias, más temprano que tarde, impactan en la vida cotidiana de los que no llegan a fin de mes.

La invitación a Georgieva tiene, además, una lectura política inevitable. Con un año y medio de gestión, el Gobierno libertario busca mostrar que su plan económico no solo es respaldado por los mercados, sino también por el organismo que durante décadas fue sinónimo de ajuste en la Argentina. Caputo, que conoce los pasillos del Fondo desde su paso por el gobierno de Mauricio Macri, necesita ese espaldarazo para legitimar un programa que genera tensiones puertas adentro del oficialismo y un desgaste social que se mide en las calles, en los comercios que cierran y en los hogares que recortan gastos esenciales.

Queda claro que la visita de fines de julio será mucho más que un gesto protocolar. Será la puesta en escena de una negociación que definirá si la Argentina consigue los dólares que necesita para transitar la segunda mitad del año sin sobresaltos cambiarios. Y será, también, la prueba de fuego para la “excelente relación” que Caputo dice tener con la jefa del FMI. Porque en la diplomacia financiera, las buenas migas ayudan, pero lo único que abre la billetera del Fondo son los números que cierran y las reformas que se cumplen. Lo demás, es espuma.

Fuente original: Diagonales, 8 de julio de 2026

Enlace: https://www.diagonales.com/nacion/milei-invito-a-georgieva-a-la-argentina-para-venderle-la-gestion-de--toto--caputo_a6a4eb66e2d57206f26a1f541

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#FMI #KristalinaGeorgieva #JavierMilei #LuisCaputo #DeudaExterna #Argentina

El fútbol tiene sus mandamientos, y uno de los más viejos dice que el jugador expulsado se pierde el partido siguiente sin chistar. No hay grises, no hay atenuantes. Roja directa, un partido afuera. Punto. Así fue durante todo el Mundial 2026 hasta que este domingo, a 24 horas del cruce entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle, la FIFA decidió que esa regla se podía torcer. El motivo no está en ningún manual: alcanzó con que Donald Trump levantara el teléfono.

El beneficiario de la maniobra tiene nombre y apellido: Folarin Balogun, delantero centro de la selección estadounidense y su principal carta de gol. El miércoles pasado, contra Bosnia y Herzegovina, vio la tarjeta roja. La sanción automática por expulsión lo dejaba afuera del partido de octavos de final de este lunes. Cualquiera que siga el fútbol lo sabe: no hace falta que un tribunal lo confirme; es una consecuencia directa e inmediata. Sin embargo, la FIFA anunció este domingo una resolución inédita: le suspendió la sanción por un año bajo la figura de “período de prueba” y lo habilitó para jugar.

Para justificar semejante voltereta, el organismo invocó el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a sus órganos judiciales suspender la ejecución de una pena. El problema es que la propia normativa se encarga de desmentir esa interpretación. El artículo 66.4 del mismo código establece con todas las letras que toda expulsión conlleva de manera automática la suspensión para el encuentro siguiente. Y el artículo 10.5 del Reglamento de Competición del Mundial 2026 es todavía más explícito: no hay excepción. Hasta este domingo, se había aplicado sin matices a todos los jugadores que se fueron expulsados en lo que va del torneo. Todos, menos uno.

¿Qué cambió? La respuesta hay que rastrearla en una llamada telefónica. El mismo miércoles de la roja, el presidente estadounidense se comunicó personalmente con Gianni Infantino, titular de la FIFA. Lo reveló The New York Times y lo confirmaron después otros medios de ese país. Según un funcionario citado en la investigación periodística, Trump quería entender los motivos de la expulsión y por qué eso derivaba en una sanción. Traducido del eufemismo diplomático: llamó para que revisaran el caso. Cuatro días después, la FIFA le concedió el gusto.

Ni bien se conoció la decisión, Trump celebró en su red social con un agradecimiento explícito a la FIFA por “hacer lo correcto” y por “revertir una gran injusticia”. Injusticia, en su diccionario, es que las reglas alcancen también a su propio equipo.

El episodio no es un rayo en cielo sereno. La relación entre Trump e Infantino viene aceitándose al calor de la organización del Mundial que Estados Unidos coorganiza con México y Canadá. El año pasado, la FIFA le entregó al mandatario su primer “Premio a la Paz”, una distinción insólita que aterrizó justo cuando Trump buscaba sin éxito el Nobel de la Paz. Ahora, la misma FIFA que se reclama guardiana del juego limpio le resuelve una baja clave a horas de un partido eliminatorio.

Del otro lado del mostrador, Bélgica no ocultó su furia. La Real Federación Belga de Fútbol calificó la medida de “asombrosa” y puso el dedo en la llaga: mientras el fallo se escuda en el artículo 27, el artículo 66.4 del mismo código ordena lo contrario. Señalaron además la incompatibilidad frontal con el artículo 10.5 del reglamento del Mundial. Bélgica confirmó que analiza “todas las opciones posibles”, una fórmula que en diplomacia deportiva equivale a anunciar una apelación antes de que ruede la pelota.

Pero las palabras más filosas llegaron desde Europa. La UEFA emitió este lunes un comunicado durísimo. Sostuvo que la FIFA “cruzó una línea roja” y manifestó su “incredulidad” ante una resolución que definió como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”. El texto advierte que la certeza del reglamento es la base de cualquier competencia que aspire a ser leal y transparente, y que cuando los encargados de garantizarla dejan de hacerlo, lo que entra en zona de riesgo es la integridad misma del juego. La UEFA fue más allá y alertó sobre el precedente: en lo que resta del torneo, situaciones idénticas van a reclamar un trato idéntico. Cualquier otro jugador expulsado tendrá ahora el argumento perfecto para pedir que un llamado presidencial le borre la sanción.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Estados Unidos eligió el perfil bajo. Se limitó a decir que “acepta la decisión” del Comité Disciplinario y que su foco está puesto en el partido. El laconismo no es casual: saben que cualquier palabra de más puede agravar el incendio.

Esta noche, en Seattle, Balogun va a estar adentro de la cancha. No debería. El reglamento lo excluía, pero un presidente decidió que el reglamento no corre para su país. Lo que está en juego no es solo un pase a cuartos de final que Estados Unidos no consigue desde 2002. Lo que se pone en duda es si el fútbol va en serio cuando dice que sus reglas son iguales para todos. Hoy la excepción fue para el anfitrión. Mañana, quién sabe. 

Fuente original: Pausa, 6 de julio de 2026

Enlace: https://www.pausa.com.ar/2026/07/escandalo-la-fifa-levanto-la-sancion-a-un-jugador-de-eeuu-tras-la-intervencion-de-trump/

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#Mundial2026 #FIFA #Trump #Balogun #FútbolArgentino #ArgentinaDesigual

Mientras millones de argentinos cuentan los pesos para llegar a fin de mes, la Embajada de Estados Unidos montó una fiesta de cumpleaños en pleno Palermo. Fue el sábado 4 de julio, en la Plaza Dr. Benjamín A. Gould, justo enfrente del Planetario Galileo Galilei. Cuatro horas de música en vivo, comida, actividades para chicos y un cierre con 250 drones iluminando el cielo porteño. Todo gratis para el público. Todo pagado con plata que, según estimaciones del sector, superó los 100 mil dólares.

El evento se llamó Freedom 250 y celebró los 250 años de la independencia estadounidense. Fue la primera vez en la historia que la Ciudad de Buenos Aires alojó un festejo oficial del 4 de julio con esta magnitud. Durante la tarde, miles de personas se acercaron al espacio público, atraídas por la propuesta inusual: un pedazo de Estados Unidos plantado en el corazón de uno de los barrios más caros de la capital argentina.

Pero detrás de las banderas y la música gospel, hay números que conviene mirar. El show de drones fue la partida más cara. Según empresas especializadas en espectáculos con aeronaves no tripuladas, un despliegue de 250 unidades en Argentina ronda los 50 mil dólares. A eso hay que sumarle el escenario, el sistema de sonido profesional, los músicos en vivo, la logística de montar y desmontar todo en un espacio público, los permisos municipales, la seguridad privada y el personal técnico. Cuando se suman todos esos componentes, la cuenta llega fácilmente a los seis cifras en dólares.

• Cien mil dólares no son cualquier cosa en Argentina. Son el equivalente a más de 100 millones de pesos al tipo de cambio actual. Con esa plata se podrían comprar insumos médicos para decenas de hospitales públicos, financiar becas estudiantiles para cientos de pibes de barrios populares, o arreglar calles destruidas en múltiples municipios del conurbano. Pero la elección fue otra: montar una fiesta diplomática en el barrio donde el metro cuadrado de vivienda supera los cinco mil dólares.

La polémica no tardó en llegar. En redes sociales, la oposición criticó duramente lo que consideró un acto de "cipayismo" por parte de las autoridades argentinas. El argumento es simple: ¿por qué ceder un espacio público emblemático como el Planetario para festejar el cumpleaños de otro país? ¿Qué mensaje se le manda a la propia población cuando se despliega una producción de ese nivel mientras la economía local se cae a pedazos?

• Desde el oficialismo, la respuesta fue que se trata de un evento cultural abierto a toda la comunidad, sin costo para el contribuyente argentino porque lo paga la Embajada. Pero ese argumento esquivó la pregunta de fondo: ¿por qué el gobierno de la Ciudad facilitó el uso de un espacio público tan significativo para una celebración extranjera en medio de una crisis económica profunda?

El contexto importa. Argentina atraviesa uno de sus peores momentos económicos en décadas. La inflación devora los salarios, la pobreza supera el 40 por ciento de la población, y los programas de asistencia social se recortan mes a mes. En ese escenario, ver cómo se monta una fiesta de 100 mil dólares para celebrar la independencia de la potencia más rica del mundo genera un ruido incómodo.

No es que esté prohibido hacer eventos culturales o celebrar relaciones diplomáticas. El problema es la óptica. Es la desconexión entre lo que se gasta y lo que se necesita. Es la imagen de drones formando banderas estadounidenses en el cielo de Buenos Aires mientras en los comedores populares falta comida. Es el contraste entre la sofisticación tecnológica del show y la precariedad de la vida cotidiana para la mayoría.

El festival terminó a las 19 horas. La gente se fue a sus casas, algunos maravillados por el espectáculo de luces, otros preguntándose quién pagó la cuenta. La Embajada no difundió el presupuesto oficial, pero los números del mercado no mienten: una producción así no sale barato. Y en un país donde cada peso cuenta, gastar 100 mil dólares en una fiesta ajena dice mucho sobre qué prioridades tiene quien gobierna.

• Queda la pregunta flotando: si la plata la puso Estados Unidos, ¿qué ganó Argentina con ceder el espacio? ¿Fue un gesto de buena voluntad diplomática o simplemente una forma de mostrar alineamiento político a cambio de nada? Mientras los drones se guardaban en sus cajas y el escenario se desarmaba, miles de argentinos volvían a sus barrios con la misma pregunta de siempre: ¿cuándo va a ser el próximo festejo para nosotros?

Fuente: Argentina Desigual, 6 de julio de 2026

Enlace: https://www.droneshowsoftware.com/es/news/cuanto-cuesta-el-drone-show

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#PeriodismoDeInvestigación #GastoPúblico #Desigualdad #BuenosAires #Freedom250 #Prioridades

A horas del arranque del Mundial, una denuncia penal y una intimación formal de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) contra Mercado Pago volvieron a dejar al desnudo un circuito que hace rato dejó de ser un juego de amigos. La sección "Fixture 2026" con su modalidad "Torneos con Amigos" encendió las alarmas de los organismos de control porque, más allá de que la empresa de Marcos Galperín insista en que se trata de una actividad gratuita y ya haya retocado la app, el daño cultural ya está hecho: miles de adolescentes familiarizados con la billetera virtual desde los 13 años encontraron allí una pasarela directa hacia la mecánica de apostar.

La jugada de Mercado Pago es la punta del iceberg. El programa TLN Denuncia, conducido por Tomás Méndez, le puso voz y rostro a una realidad que los pibes viven en silencio. El envío exhibió testimonios desgarradores de jóvenes que relataron haber empezado a jugar en la adolescencia temprana, haber mentido y robado a sus familias, y haber destrozado la economía del hogar para financiar una adicción que no da tregua. Méndez fue tajante al afirmar que ya se habrían registrado casos de chicos que tomaron la trágica decisión de quitarse la vida a causa de esta adicción. El periodista calificó el fenómeno como "la próxima gran pandemia social" y advirtió que, a diferencia de otras crisis sanitarias, aquí no existe vacuna que pueda frenarla. La crudeza de esa definición dimensiona un problema que, según el conductor, ya no admite más demoras.

Lo que está probado es el entramado comercial que une al fútbol argentino con el negocio del juego online. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene contratos con al menos seis empresas del sector: Smartsoft, Khi, Bet Panda, Coin Poker, Bet Warrior y, en el lugar más visible, Betano, que estampa su logo en la camiseta de la Selección Nacional. Mientras los chicos se ilusionan con los goles de Messi, el mismo dispositivo en el que miran los partidos recibe sin pausa notificaciones publicitarias de esas mismas casas de apuestas, sin que ningún control estatal detenga el bombardeo en plena madrugada ni distinga si del otro lado hay un menor de edad. La prohibición formal de acceso para menores, según quedó demostrado en la investigación, es letra muerta.

La investigación periodística puso nombres propios sobre la mesa. Señaló a figuras como Susana Giménez y Guillermo Francella por su participación en campañas vinculadas a plataformas de juego, y también apuntó contra los herederos de Diego Maradona por la utilización comercial de la imagen del ídolo en promociones del rubro. La sola mención alcanza para instalar una pregunta urgente: ¿qué nivel de responsabilidad les cabe a los referentes culturales en la normalización del juego entre los más jóvenes?

Al analizar las herramientas financieras, Méndez fue contundente: el prode de Mercado Pago representaría "una puerta de entrada sin salida", una iniciativa que se promociona como gratuita pero que terminaría incentivando nuevas formas de interacción económica dentro del ecosistema digital. El informe traza además un paralelo entre el mercado de las apuestas y otras economías ilegales por el volumen de dinero que movilizan, y sostiene que detrás de este fenómeno existiría un negocio multimillonario cuya expansión requiere necesariamente de marcos regulatorios y controles estatales que hasta ahora no aparecen.

El contexto económico agrava el cuadro. La crisis persistente convierte a la promesa de ganancias rápidas en un anzuelo imbatible para familias vulnerables y para pibes que ven en el celular la única posibilidad de torcer un destino que la calle les niega. Las consultas por juego compulsivo en efectores de salud mental crecen de manera sostenida, y las organizaciones especializadas en consumos problemáticos insisten en que la ludopatía digital ya es una epidemia silenciosa que la pandemia aceleró y que el Mundial terminó de disparar. Méndez cerró su informe con una advertencia directa a los padres para que presten atención al comportamiento de sus hijos, y advirtió que esta adicción podría generar consecuencias comparables a las de otros consumos problemáticos.

Lo que está en discusión ya no es solo el prode de Mercado Pago. Lo que está en juego es la capacidad del Estado argentino de ponerles límites a plataformas que facturan millones mientras los pibes se quedan sin ahorros, sin salud mental y, según los testimonios recogidos por la fuente, sin vida. La pelota empezó a rodar, pero el debate regulatorio sigue sin salir del vestuario.

Fuente original: Confidencial.ar, 25 de junio de 2026.

Enlace: https://confidencial.ar/nota/1832/el-mundial-mercado-pago-y-la-bomba-silenciosa-de-las-apuestas-que-amenaza-a-millones-de-jovenes/

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#ApuestasOnline #Mundial2026 #LudopatíaDigital #AFA #MercadoPago #SaludMental

El 25 de junio de 2026, la administración británica de las Islas Malvinas presentó su presupuesto para el ejercicio que arranca el 1° de julio. La cifra global asciende a 216,3 millones de libras esterlinas y vuelve a confirmar un dato que la diplomacia argentina no logra traducir en acciones concretas: la ocupación se financia enteramente con la explotación de los recursos del Atlántico Sur, en especial con la venta de permisos de pesca que la Argentina considera una actividad unilateral e ilegítima.

El desglose oficial muestra que el área de Recursos Naturales del gobierno isleño aportará 40,7 millones de libras en ingresos durante el próximo año fiscal. De ese monto, 36,5 millones salen de un solo departamento: el de Protección Pesquera y Control Marítimo. Esa dependencia apenas gasta 5,2 millones para funcionar. El resto, más de 31 millones de libras, es superávit puro que va a las arcas de la administración colonial.

Traducido a términos concretos: las licencias que otorgan los kelpers a flotas extranjeras para faenar en las aguas circundantes al archipiélago generan los fondos con los que se pagan sueldos, servicios, obras y hasta campañas de prensa internacionales. La pesca, motor de la economía isleña, permite que la ocupación no le cueste un centavo al Tesoro británico.

Las proyecciones oficiales indican que los ingresos operativos totales alcanzarán los 120,6 millones de libras, mientras que los gastos corrientes se mantendrán en 120,4 millones. Ese equilibrio casi perfecto evita el endeudamiento y libera otros 98,1 millones para un Fondo de Ecualización de Capital, creado exclusivamente para obras de infraestructura y proyectos estratégicos.

La administración isleña no está pensando únicamente en el año próximo. Los documentos presentados contemplan inversiones por más de 363 millones de libras en la próxima década, un número descomunal para una población que no llega a los 4.000 habitantes. Para 2026/27, los desembolsos incluyen 46,3 millones en desarrollo económico, 42,8 millones en infraestructura y mantenimiento, y otros 8,9 millones en programas sociales. Ampliaciones portuarias, redes energéticas y conectividad figuran entre los proyectos.

Los servicios públicos también se sostienen con esos ingresos. El presupuesto asigna 17,5 millones de libras a Salud y Servicios Sociales —incluyendo más de un millón solo en traslados de pacientes al Reino Unido— y 11,3 millones a Educación, con becas y formación técnica. Mantener ese estándar de bienestar en un territorio remoto es costoso, pero las cuentas cierran gracias al flujo ininterrumpido de la pesca.

Un dato que suele pasar desapercibido es que el presupuesto también financia el "Plan de las Islas", una estrategia de diplomacia pública destinada a promover el principio de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas. Con esos fondos, la administración kelper instala globalmente la narrativa de que su voluntad está por encima de las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía. Para la Argentina, ese principio no es aplicable porque la población actual fue implantada luego de la ocupación británica de 1833.

Mientras la Argentina insiste con reclamos diplomáticos que no modifican la realidad sobre el terreno, la administración isleña consolida su autonomía económica con una fuente de ingresos que no depende ni de Londres ni de los vaivenes financieros globales. La pesca no solo cubre los gastos del día a día: genera los excedentes que blindan la ocupación para la próxima década.

Lo que está en juego no es un debate jurídico abstracto, sino la capacidad real del Estado argentino para impedir que recursos naturales propios —localizados en un área que la ONU considera en disputa— sigan financiando la presencia colonial británica en el Atlántico Sur.

Fuente original: Realpolitik, 25 de junio de 2026.

https://realpolitik.com.ar/nota/72731/islas-malvinas-la-pesca-financia-un-presupuesto-record-para-los-kelpers/

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#Malvinas #AtlánticoSur #SoberaníaArgentina #Pesca #RecursosNaturales #ArgentinaDesigual

YPF y Arcos Dorados —el operador de McDonald's en Argentina y gran parte de Latinoamérica— formalizaron este martes una alianza estratégica que llevará los arcos dorados a las estaciones de servicio de la petrolera estatal a lo largo y ancho del territorio argentino. El acuerdo fue suscripto por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el Executive Chairman de Arcos Dorados, Woods Staton, en la Torre de YPF en Puerto Madero.

El convenio prevé la instalación de locales bajo tres modalidades: freestanding (tienda independiente dentro del predio), integrada con salón compartido con la tienda YPF Full, e integrada sin salón compartido. Las tres opciones contemplan la posibilidad de sumar el servicio AutoMac (Drive Thru) para pedidos desde el vehículo. La primera apertura está proyectada para el segundo semestre del año, aunque las empresas no precisaron el cronograma detallado ni la cantidad de estaciones que serán alcanzadas por el plan.

El "sueño personal" de Marín y la paradoja de la segunda hamburguesería del país

"Es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald's a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país", declaró Horacio Marín tras la firma. El CEO de la petrolera estatal no ocultó su entusiasmo por lo que definió como "un paso clave en la estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente".

Pero lo que Marín presenta como un sueño personal es también una decisión de política comercial con consecuencias concretas. YPF Full es, según datos de la propia empresa, el segundo mayor vendedor de hamburguesas del país, además de ser el principal vendedor de café por encima de marcas como Havanna. La petrolera vendió en los primeros siete meses de 2025 más de 20 millones de cafés y 4,5 millones de hamburguesas. En promedio, YPF comercializa 22.000 hamburguesas y 95.000 cafés por día. Construyó en los últimos años una división gastronómica competitiva que le permitió competir de igual a igual con las cadenas tradicionales.

La paradoja es inevitable: la empresa estatal que logró posicionarse como la segunda mayor hamburguesería del país ahora se alía con su principal competidor y, como parte del acuerdo, deberá modificar aquellos productos que representen una competencia directa para McDonald's. Dicho en criollo: YPF tendrá que sacar de sus menús las hamburguesas que hoy vende para no pisarle el negocio a la multinacional estadounidense. Un socio que, en la práctica, impone condiciones sobre qué puede y qué no puede vender su socio.

Una red de 1.600 estaciones al servicio de una multinacional

El acuerdo no es menor en términos de escala. YPF cuenta con más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, una capilaridad territorial que ninguna otra empresa energética posee. Esa red, construida con inversión estatal y con el esfuerzo de los trabajadores de la compañía, queda ahora a disposición de una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que responde a los intereses de sus accionistas globales.

Arcos Dorados, cabe recordar, es el mayor franquiciado independiente de McDonald's en el mundo, con operaciones en 21 países de América Latina y el Caribe, más de 2.500 restaurantes y más de 100.000 empleados. No es una pyme local que busca crecer: es un gigante global que acaba de conseguir acceso privilegiado a la red de estaciones de servicio más extensa del país.

Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados, celebró el acuerdo como "una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos", en el marco de los 40 años de McDonald's en el país. "Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina", afirmó.

El negocio detrás del sueño

Más allá de las declaraciones rimbombantes, el acuerdo responde a una lógica de negocios precisa para ambas partes. Para YPF, la alianza forma parte de la reconversión de su red en tres segmentos: YPF Black (premium, con McDonald's como protagonista de la experiencia gastronómica), YPF tradicional/Full (que mantendrá su oferta actual y sumará opciones de la cadena) y Refiplus (low cost, para zonas de menor demanda).

La petrolera ya había avanzado en esta dirección con la apertura de una YPF Black en Nordelta —donde no se venderá nafta súper para concentrarse en productos de mayor valor agregado— y una RefiPlus en Salta. Pero el acuerdo con McDonald's profundiza la estrategia de tercerización de su propuesta gastronómica, delegando en una marca externa un servicio que la propia empresa había desarrollado con éxito.

El interrogante que queda flotando es: ¿por qué una empresa estatal, que ya demostró capacidad para competir en el mercado de alimentos, decide ceder ese espacio a una multinacional extranjera? ¿No hay acaso un conflicto entre el "sueño personal" de un CEO y los intereses de una empresa que pertenece a todos los argentinos?

Empleo y comunidades: lo que el comunicado no dice

Arcos Dorados señaló que la iniciativa se vincula con "el desarrollo de las comunidades donde opera mediante la generación de nuevos puestos de trabajo". Es un dato positivo, sin duda, pero que no debería opacar la pregunta de fondo: qué significa para el mercado laboral gastronómico argentino que una empresa estatal se convierta en socia de una de las cadenas de comida rápida más poderosas del mundo, con todas las implicancias que eso tiene en términos de condiciones de trabajo, precarización y concentración económica.

Tampoco se informó qué pasará con los trabajadores de YPF Full que hoy producen y venden hamburguesas bajo la marca de la petrolera. ¿Serán reconvertidos? ¿Perderán sus puestos? ¿La producción propia será reemplazada por la de la multinacional? Son preguntas que el comunicado oficial no responde.

Un acuerdo que reconfigura el mapa y el sentido de lo estatal

La primera estación con McDonald's aún no tiene ubicación definida, pero el acuerdo ya está firmado y el proceso de transformación de la red ya está en marcha. Para Marín, es el cumplimiento de un sueño. Para Staton, una oportunidad de crecimiento. Para los argentinos, es una decisión que redefine no solo el mapa de las estaciones de servicio, sino también el sentido de lo que significa que el Estado tenga una empresa de bandera en el sector energético.

Porque una cosa es diversificar servicios y modernizar la red. Otra muy distinta es ceder a una corporación extranjera un activo comercial construido con recursos públicos, y hacerlo además en términos que implican resignar la propia oferta para no competir con el socio. En tiempos donde se discute el rol del Estado y la soberanía económica, este acuerdo merece más preguntas que celebraciones.

El Estado cede su red, su marca y su menú. El sueño de Marín, ¿o la entrega?

Fuente original: información de La Nación, Clarín, Bloomberg Línea y declaraciones públicas de las empresas involucradas.

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#YPF #McDonalds #ArcosDorados #EstacionesDeServicio #EmpresasEstatales #ArgentinaDesigual

La narrativa oficial es impecable: San Juan, con cinco de los diez proyectos de cobre más importantes del país, se perfila como proveedor clave para la transición energética global. Las cifras marean —20.000 millones de dólares de inversión, 3.000 millones anuales en exportaciones hacia 2030— y los gobernadores viajan a Europa a vender estabilidad y oportunidades. Pero esa postal idílica se resquebraja cuando se mira de cerca cómo se están tomando las decisiones en el terreno. La adjudicación del campamento Batidero para Josemaría, el buque insignia de la minería cuprífera local, acaba de demostrar que la promesa de derrame económico y trabajo argentino es, por ahora, solo un argumento de marketing.

El dato es quirúrgico: la consultora Fluor, gerente técnica de la obra y auditora internacional del proceso, recomendó adjudicar el campamento a Modular Homes, empresa argentina que presentó una oferta técnicamente superior, con mayores estándares de calidad y seguridad, y por 70 millones de dólares. Frente a ella competía un consorcio chino integrado por PowerChina y Beijing Chengdong, que ofertó 52 millones. A simple vista, la diferencia de precio podría inclinar la balanza, pero la auditoría fue explícita: la propuesta argentina era mejor. Lo que ocurrió después es un manual de cómo el RIGI, pensado para atraer inversiones, puede convertirse en una herramienta de desindustrialización sin que nadie dé explicaciones. El gobierno nacional presionó y la cancha se inclinó hacia China. Resultado: 50 operarios para tareas básicas en lugar de los 500 trabajadores calificados y la red de 50 PyMEs que estaban listas para arrancar si ganaba la oferta local.

• No es un detalle menor. El campamento Batidero es la primera gran contratación que se define bajo el paraguas del RIGI en San Juan. Y lo que deja ver es que los mecanismos de control técnico pueden ser ignorados cuando hay una decisión política de por medio. La pregunta inevitable es quién va a garantizar que los próximos contratos —los que vienen con Filo del Sol, Altar, Los Azules o El Pachón— no sigan el mismo camino. Porque si el estándar que se instala es este, la provincia corre el riesgo de convertirse en una plataforma de extracción que genera divisas y regalías, pero que deja afuera a su propia gente y a su entramado productivo.

• El gobernador Orrego viajó a Alemania a promocionar San Juan como destino minero confiable. Es lógico que lo haga. Pero la credibilidad de ese discurso se construye con hechos concretos, no con powerpoints. Y lo concreto hasta ahora es que la primera gran obra complementaria de Josemaría se está levantando con trabajo chino, no argentino, en contra de lo que dictaminaron los técnicos. Eso no es atraer inversiones: es abrir la puerta para que otros hagan el negocio mientras acá se reparten las sobras.

La transición energética necesita cobre, es cierto. Pero la pregunta que San Juan —y la Argentina— no deberían eludir es qué tipo de minería quieren: una que funcione como enclave exportador con poco arraigo local, o una que deje capacidades instaladas, trabajo genuino y desarrollo de proveedores. La primera es más rápida y tiene menos resistencias políticas; la segunda requiere fiscalización, coraje y la decisión de no regalar lo que los informes técnicos dicen que vale.

El caso Batidero no es una anécdota. Es un testeo del modelo que viene. Y si la muestra marca tendencia, los 3.000 millones de dólares de exportación que se proyectan para 2030 pueden terminar siendo un número vacío para la mayoría de los sanjuaninos. Porque una cosa es que la plata entre al país y otra muy distinta es que se quede donde se genera.

Fuente original: Documentos de la auditoría de Fluor y relevamiento de fuentes del sector minero, Argentina Desigual, 23 de junio de 2026.

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#MineríaArgentina #SanJuan #Cobre #RIGI #China #ArgentinaDesigual

El femicidio de Agostina Vega conmocionó al país no sólo por la brutalidad del crimen —la adolescente desapareció el sábado 23 de mayo y sus restos desmembrados fueron hallados entre el viernes 29 y el sábado 30 en un predio de 250 hectáreas de barrio Ampliación Ferreyra— sino también por lo que destapó: una trama de complicidades entre el poder político y la noche cordobesa que lleva años funcionando bajo la lógica del amiguismo, los dedazos y los negociados.

El principal acusado es Claudio Barrelier, un patovica de 33 años vinculado a Las 62 Organizaciones Peronistas, que ingresó como becario a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora. Su llegada al municipio fue posible gracias a la sugerencia de Sergio Fittipaldi —en esa época líder de Las 62— y por la gestión del abogado penalista Ricardo Moreno, quien asumió como concejal suplente en diciembre de 2023 y renunció hace pocos días, tras el escándalo por el femicidio y el dedazo para incorporar a Barrelier al Estado sin concurso alguno.

Pero el caso no termina en el patovica. La investigación también puso el foco en Wachitas Bar, el local nocturno ubicado en Ituzaingó 521, pleno centro de Córdoba, donde trabajaba Soledad Andreani, la encargada y ex pareja de Barrelier, detenida el 8 de junio por el fiscal Raúl Garzón bajo la acusación de encubrimiento agravado. Andreani está actualmente internada con custodia en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio General Paz, y se hizo conocida en la causa por ser la propietaria del Ford Ka negro con el que, según la investigación, Barrelier habría trasladado el cuerpo mutilado de Agostina desde su vivienda de barrio Cofico hasta el descampado donde aparecieron los restos.

La fachada de Nicole Waiss

Lo que sorprendió a los investigadores fue que, según los registros oficiales de la Municipalidad de Córdoba, la titular de Wachitas Bar es Nicole Waiss, una joven de apenas 22 años, desconocida en el ambiente bolichero, que vive en la calle Ushuaia 1.889 de barrio Ampliación Cabildo. Pese a su corta edad y a su condición de monotributista categoría A —la más baja—, Waiss posee un patrimonio que despierta sospechas: una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2017 valuada en unos 50 mil dólares, adquirida el 28 de enero de 2025, y un Fiat Siena 1.4 modelo 2014, comprado en septiembre de 2022.

Además, según su informe financiero, la joven tiene una capacidad de crédito de 1,7 millones de pesos mensuales y registra una deuda total de 9,2 millones de pesos con bancos y tarjetas, con compromisos mensuales de 3,1 millones. Una cifra imposible de sostener para una monotributista de la categoría más baja. También figura como dueña de un comercio de "Frutas y Verduras" en calle Carlos Giménez 53, barrio Centro América, a pocas cuadras de donde vivía Agostina Vega.

El padrastro y la fortuna oculta

Detrás de Nicole Waiss aparece la figura de Luis Alberto Molina, su padrastro, un monotributista social de 37 años, casado con Daniela Regueira, madre de Nicole. Según los registros oficiales de la Municipalidad, Molina fue el anterior responsable de Wachitas Bar, con una habilitación otorgada el 1 de agosto de 2019 por la Dirección de Comercio e Industria.

El 8 de junio pasado, horas antes de la detención de Soledad Andreani, Molina envió una Carta Documento al periodista Lázaro Llorens, autor de la investigación publicada en Striptease del Poder, en la que se presentaba como "titular y/o propietario" de Wachitas Bar y lo intimaba a cesar la difusión de información que vinculara el local con el crimen. Lo llamativo es que Molina no figura como propietario en los registros oficiales de la Municipalidad. Y la dirección que consignó en la carta documento, Ushuaia 2.889, no existe: en ese lugar hay una tapia larga cuyo ingreso es por otra calle.

La vivienda de Molina, en Ushuaia 1.889, ha experimentado una transformación radical desde 2014, cuando era una modesta casa de plan social de color amarillo, a convertirse en 2026 en una gran propiedad de dos plantas con pileta, balcón, dos grandes chimeneas, galería de tejas que ocupa toda la superficie del terreno y cochera donde estacionan vehículos de alta gama. Vecinos de barrio Ampliación Cabildo confiaron a Striptease del Poder que la vivienda de Molina habría sido allanada hace un año atrás, y que en otra ocasión, delincuentes habrían vaciado la caja fuerte del monotributista social, llevándose un botín cercano a los 100 millones de pesos entre pesos y dólares.

La red de habilitaciones y clausuras

Wachitas Bar, que funcionaba en pleno centro de Córdoba, era promocionado por la propia Municipalidad en su sitio de turismo como "bar de referencia para los amantes del rock nacional", con una imagen bizarra de lo que alguna vez fue una verdulería. Dos horas después de su divulgación por parte del periodista Llorens, el link fue dado de baja.

El 2 de junio pasado, el autor de la investigación publicó en exclusiva un video que mostraba a inspectores de Espectáculos Públicos de la Municipalidad recorriendo el bar junto a sus dueños. La filmación, que alcanzó 700 mil visitas, mostraba a los inspectores recorriendo el subsuelo del local, el mismo lugar donde, según la foto de la web municipal, funcionó una verdulería. La inspección terminó con la clausura del local.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que, según consta en el expediente municipal, hasta el 1 de junio, Wachitas Bar no cumplimentaba los requisitos para funcionar y había sido clausurado media docena de veces. Sin embargo, el local seguía funcionando. Para tapar esta irregularidad, la Dirección de Espectáculos Públicos del Ente de Control, a cargo de Florencia Ponce, lo habilitó y lo clausuró de manera preventiva el mismo 2 de junio, después de la difusión del video. Ante la creciente polémica, el municipio decidió la clausura definitiva.

Los funcionarios y sus vínculos

La Directora de Espectáculos Públicos, Florencia Ponce, de sólo 31 años, es hija de Luis Alberto Ponce, un ex inspector municipal condenado en 2025 en un juicio abreviado por cobrar coimas en el marco de la mega causa Bomberos. Florencia ingresó a la Municipalidad como becaria en 2022, y mientras su padre estaba preso en el complejo penitenciario de Bouwer, fue designada en 2025 como Directora de Espectáculos Públicos Masivos, Eventuales y Deportivos. Su hermano Javier, de 23 años, también ingresó como becario en el área de Revisión de Documentación del Ente de Control y Fiscalización.

El Ente de Control y Fiscalización de la Municipalidad está a cargo de Ezequiel Hormaeche, otro funcionario que ingresó a la política y al municipio a dedo como becario, apadrinado por Olga Riutort y su yerno, el actual ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. Hormaeche saltó luego a presidente del Ente, convirtiéndose en el responsable máximo de controlar la noche cordobesa.

Los dueños del inmueble y la trama empresarial

El contrato de alquiler del local de Ituzaingó 521 lo firmó Luis Molina el 1 de octubre de 2022, con el propósito de "discoteca y/o públicos espectáculos o bailes y/o bar y/o verdulería y/o despensa". Los propietarios del inmueble son Sergio, Renis y Karina Huespe, todos socios en CEDRAL H100 S.A.S., quienes también alquilan inmuebles a la Municipalidad y la Provincia de Córdoba.

Sergio Huespe tiene en Miami una offshore, MAGO BLACK LLC, junto al empresario Javier Adrián Katz, a su vez socio de Federico Máscolo, señalado como contratista del Estado en el gobierno de Juan Schiaretti y presunto testaferro del ex intendente radical Ramón Javier Mestre. Katz fue detenido a fines de agosto de 2025 por vender dos departamentos en Miami mientras estaba imputado en una causa de lavado de activos. Máscolo estuvo preso entre diciembre de 2023 y julio de 2024 tras pagar una fianza de 50 millones de pesos, y sigue imputado con restricción para viajar al exterior.

Entre los garantes del contrato figuran Guillermo Lautaro Regueira, hermano de Daniela Regueira, esposa de Molina, y Guillermo Omar Fernández, empleado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. El Estado, una vez más, presente de una u otra manera.

Las cuentas pendientes

El femicidio de Agostina Vega, la quinta víctima de femicidio en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2026, dejó al descubierto una estructura donde los nombres se prestan, las habilitaciones se otorgan sin control y los funcionarios ingresan al Estado sin mérito alguno, solo por recomendación de quienes detentan el poder.

Las preguntas que quedan flotando son varias: ¿cómo pudo funcionar durante años un local clausurado media docena de veces? ¿Por qué el municipio lo promocionaba como atractivo turístico? ¿Quién está realmente detrás de los negocios de Molina y Waiss? ¿Por qué Molina, un monotributista social, tiene una mansión con pileta y vehículos de alta gama?

Lo que parece claro es que el caso Agostina no es sólo un femicidio. Es la foto de un sistema donde el poder político, la noche y los negocios ilegales se entrelazan, y donde los nombres se ponen y se sacan como fichas de un tablero para ocultar a los verdaderos dueños

Fuente: Striptease del Poder, 17 de junio de 2026

Enlace: https://stripteasedelpoder.com/2026/06/exclusivo-caso-agostina-el-verdadero-dueno-de-wachitas-bar-detras-de-la-joven-nicole-waiss-sus-negocios-y-vinculos-politicos/

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¿Sabés por qué no podés ver los partidos del Mundial en la TV Pública como siempre los viste? Porque Manuel Adorni, el mismo que se llena la boca diciendo que defiende los impuestos de los argentinos, acaba de entregar el negocio del fútbol a un puñado de empresarios amigos. El Estado desembolsó 4 millones de dólares para que la señal estatal transmita 10 partidos, pero la pantalla pública es apenas un repetidor de DirecTV. No hay relatores propios, no hay periodistas argentinos en el campo de juego, no hay producción nacional. Y, para rematar, la TV Pública no puede vender ni un segundo de publicidad. Todo se lo lleva un privado.

El contrato, rubricado entre Radio y Televisión Argentina y Torneos S.A., fue impulsado desde la cartera que conduce el propio Adorni —quien además se desempeñó como secretario de Comunicación y Medios— y contó con la participación activa de su vicejefa de Gabinete, Aimé "Meme" Vázquez. El resultado es un papel que, leído con atención, revela un verdadero escándalo en tiempo real: el Estado paga, pero el que cobra es otro.

¿Quién es ese otro? Detrás de DirecTV está el Grupo Werthein, uno de los holding económicos más poderosos de la Argentina, con negocios en agroindustria, energía, seguros, alimentos y, por supuesto, medios. Los hermanos Darío, Adrián y Daniel Werthein son los dueños del 100% de Vrio Corp., la empresa que opera DirecTV en toda América Latina. Y el dato no es menor: Gerardo Werthein, bisnieto del fundador del grupo, fue designado por Javier Milei como embajador argentino en Estados Unidos. Es decir, el mismo gobierno que firmó este acuerdo con DirecTV tiene al dueño de la empresa como su representante diplomático en Washington. Negocio entre conocidos, con tu plata, y ya está en marcha.

El convenio establece que la TV Pública debe "subirse" a la señal de DirecTV cinco minutos antes de cada partido y mantenerse en espejo hasta cinco minutos después del pitazo final. Durante todo ese lapso, el canal estatal no puede hacer nada más que replicar lo que emite el operador satelital: las imágenes, los relatos, los comentarios y, lo más grave, las tandas publicitarias que DirecTV decide colocar. El Estado no puede comercializar ni un espacio, ni siquiera en el entretiempo. Todo el negocio publicitario queda en manos del privado.

Pero la cosa no termina ahí. Al estar la TV Pública vedada para vender publicidad durante los partidos de la selección, las empresas y los propios organismos estatales que quieren pautar en esos horarios se ven obligados a derivar sus presupuestos al sector privado. El Estado, entonces, no solo perdió la oportunidad de recuperar la inversión de 4 millones de dólares, sino que además termina alimentando a sus competidores con recursos que podrían engrosar sus propias arcas.

¿Y qué pasa con los argentinos que queremos ver el Mundial como siempre lo hicimos? La promesa de Adorni era que los partidos iban a ser transmitidos por la TV Pública sin costo para el contribuyente. Mentira. El dinero ya salió de las arcas estatales. Y encima, el canal público, que históricamente produjo sus propias transmisiones con relatores, comentaristas y periodistas en campo de juego, es apenas un simple repetidor. La calidad informativa, la identidad nacional, el trabajo de los profesionales argentinos: todo sacrificado en el altar del negocio privado.

Durante el Mundial de Qatar, la TV Pública superó en rating a DGO y TyC Sports en todos los partidos de la selección. Esa masa de espectadores, que en cualquier negocio televisivo se traduce en millones de dólares en pauta publicitaria, ahora es explotada comercialmente por DirecTV. El operador satelital no solo vende su señal original, sino que además se lleva como complemento la enorme ventana de difusión que es la TV Pública. ¿El resultado? Un negocio redondo para los Werthein y un pésimo negocio para el Estado.

Fuentes del mercado coinciden en que lo que el canal estatal pueda recaudar con publicidad por fuera de esos horarios —es decir, en franjas mucho menos valiosas— difícilmente alcanza para cubrir el desembolso inicial. "Además de tener que rezarle a Messi y a Scaloni para que la selección llegue lo más lejos posible y no perder plata, el gobierno firmó este acuerdo en un contexto de fuerte retracción publicitaria", señala un analista del sector.

El propio Adorni celebró el acuerdo en sus redes sociales, pero los términos del contrato revelan una operación que, como mínimo, merece explicaciones. El funcionario que se jacta en cada conferencia de prensa de cuidar cada peso de los impuestos entregó el momento más rentable de la televisión argentina a un puñado de empresarios con vínculos directos con el poder. Mientras tanto, los argentinos miramos a Messi y compañía en la tele pública, sí, pero con la señal de un privado, con la publicidad de un privado y con el negocio en manos de los amigos del gobierno.

Esto pasa ahora. Mientras el Mundial se juega, el Estado ya giró los fondos, DirecTV ya colocó su publicidad y la TV Pública ya es un repetidor. Nadie dio explicaciones. Y el tiempo corre.

Fuente original: Página/12, 26 de marzo de 2026

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/03/26/el-negocio-detras-del-mundial-de-futbol-en-la-tv-publica/

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Qué tristeza sentiría el Diego, el que decía que "la pelota no se mancha", al ver todo esto.

Porque aunque el fútbol insista en presentarse como un territorio supuestamente ajeno a la política, cuesta sostener esa fantasía cuando la FIFA dedicó buena parte del año a ensalzar a Donald Trump hasta el punto de entregarle el premio de la paz en diciembre de 2025. Sí, la FIFA, esa organización siempre tan preocupada por los valores universales, la fraternidad entre los pueblos y, por supuesto, las cuentas bancarias perfectamente saludables.

Un premio de la paz en medio de bombardeos

El 5 de diciembre de 2025, durante el sorteo del Mundial en Washington, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, creó un galardón exprofeso: el "Premio FIFA de la Paz". El destinatario fue Donald Trump, a quien Infantino consideró merecedor por sus acciones para "promover la paz y la unidad en todo el mundo". Trump recibió un trofeo dorado y una medalla que él mismo se colgó del cuello.

La Federación Noruega de Fútbol presentó una queja formal ante los investigadores de ética de la FIFA, acusando a Infantino de fallar en su "deber de neutralidad".

El problema: Trump había ordenado bombardeos contra Irán, desplegado fuerzas militares para forzar la salida de Nicolás Maduro en Venezuela y mantenía una política migratoria que organizaciones civiles ya denunciaron como violatoria del debido proceso.

El sueño mundialista que se volvió pesadilla migratoria

La política migratoria estadounidense golpeó el torneo antes del primer silbatazo. Agentes migratorios interrogaron durante horas en el aeropuerto de Miami al árbitro somalí Omar Abdulcadir Artán, considerado el mejor árbitro de África y el primer somalí seleccionado para un Mundial. Lo devolvieron a Estambul.

No fue el único. Protocolos de seguridad especiales se aplicaron a las selecciones de Senegal y Uzbekistán, tratadas más como amenaza potencial que como delegaciones deportivas. El delantero iraquí Aimén Hussein fue interrogado durante siete horas en Chicago y finalmente se le permitió ingresar.

El caso más emblemático: la selección de Irán. Tenía previsto entrenar en Arizona, pero las autoridades iraníes solicitaron el traslado a México por la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad. La FIFA aprobó el cambio. Los iraníes entrenarán en Tijuana, en el Centro Xoloitzcuintle de los Xolos de la Liga MX, y cruzarán la frontera para jugar sus partidos en Estados Unidos. Bombardean su país y además los humillan haciéndoles dormir en otro país.

Y entonces la pregunta se impone solita: ¿qué clase de Mundial es este? ¿Un Mundial de fútbol o un Mundial bajo régimen de excepción migratoria? ¿Una fiesta global o una vitrina del nuevo orden trumpista? Habrá agentes de ICE con porras a la salida de los estadios revisando pieles, acentos, pasaportes y apellidos.

Claro, nos dirán que no mezclemos fútbol y política. El problema es que el deporte ya está politizado. La FIFA lo politizó cuando convirtió a Trump en figura central de la narrativa mundialista, cuando expulsó a Rusia de sus competiciones pero no hizo lo mismo con otros países que atacan a sus vecinos. Estados Unidos lo politizó cuando colocó sus políticas migratorias por encima del carácter universal del torneo. Los patrocinadores lo politizaron cuando aceptaron envolver en publicidad una estructura de violencia.

El negocio detrás de la adicción

El otro lado oscuro del Mundial es la explosión de las apuestas deportivas. En los últimos ocho años, esta industria creció hasta convertirse en un negocio global que mueve más de 100 mil millones de dólares anuales. La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la prohibición en 2018 y desde entonces más de 30 estados legalizaron las apuestas.

América Latina es uno de los mercados que crece más rápido. Brasil, México, Argentina y Colombia concentran el 60% del mercado continental. Según proyecciones, el volumen global de apuestas asociado al Mundial podría alcanzar los 50 mil millones de dólares. El 19% de quienes participarán durante el torneo realizarán su primera apuesta deportiva.

El dato más alarmante en Argentina: según un estudio de la Cruz Roja, el 16% de los menores de edad apostó alguna vez, y la mayoría fueron ayudados por un adulto.

Las plataformas usan inteligencia artificial para personalizar promociones, seguir el comportamiento del usuario en tiempo real y diseñar experiencias lo más adictivas posible. La modalidad "Inplay" o "Live Betting" permite apostar mientras el partido se desarrolla: quién hará el próximo gol, qué jugador será expulsado, cuántos corners habrá.

Las empresas clasifican a los usuarios según su desempeño. Cuando detectan a alguien que gana más que el promedio, reducen sus límites y le bloquean promociones. Como un casino con la ruleta arreglada.

Flutter Entertainment, la mayor empresa del sector, con 27.345 empleados y dueña de decenas de plataformas como FanDuel o Betfair, reportó ingresos por 16.383 millones de dólares en 2025. Cotiza en Wall Street.

En Brasil, el dato es escalofriante: el dinero movido por apuestas a través del sistema de pagos Pix representa cerca del 1% del total diario de la plataforma, y el volumen de transferencias a casas de apuestas online puede haber alcanzado los 21 mil millones de reales.

Salud mental: la factura que nadie quiere pagar

El Instituto Brasileño de Estudios para Políticas de Salud reveló que la demanda de tratamientos por adicción al juego se duplicó en solo un año durante 2025. Los estudios establecen correlaciones directas entre las apuestas, la ansiedad, la depresión y las tasas de suicidio.

Jugadores profesionales de altísimo rendimiento —que necesitaron años de entrenamiento, disciplina estricta y cuerpos sanos para llegar donde están— se prestan a cambio de cifras millonarias para impulsar un modelo de negocios que necesita crear adictos para maximizar ganancias. Devolver el cariño de los hinchas con incentivos para generar adicciones tal vez no sea la mejor forma de honrarlo.

¿Qué clase de Mundial es este?

Mañana rueda la pelota. Habrá goles, cánticos, banderas, emoción y momentos hermosos. Pero también habrá una pregunta flotando sobre cada estadio: ¿podemos hablar de fiesta cuando la pelota está manchada?

La FIFA lo politizó. Estados Unidos lo politizó. Los patrocinadores lo politizaron. Y ahora pretenden que millones de personas miremos el espectáculo sin preguntarnos qué hay detrás.

El Mundial arranca con una contradicción enorme: celebrar la unión del mundo bajo la sombra de uno de los gobiernos más violentos del planeta.

Fuente original: https://www.bbc.com/mundo/articles/cd0mgg47ry3o

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