YPF y Arcos Dorados —el operador de McDonald's en Argentina y gran parte de Latinoamérica— formalizaron este martes una alianza estratégica que llevará los arcos dorados a las estaciones de servicio de la petrolera estatal a lo largo y ancho del territorio argentino. El acuerdo fue suscripto por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el Executive Chairman de Arcos Dorados, Woods Staton, en la Torre de YPF en Puerto Madero.

El convenio prevé la instalación de locales bajo tres modalidades: freestanding (tienda independiente dentro del predio), integrada con salón compartido con la tienda YPF Full, e integrada sin salón compartido. Las tres opciones contemplan la posibilidad de sumar el servicio AutoMac (Drive Thru) para pedidos desde el vehículo. La primera apertura está proyectada para el segundo semestre del año, aunque las empresas no precisaron el cronograma detallado ni la cantidad de estaciones que serán alcanzadas por el plan.

El "sueño personal" de Marín y la paradoja de la segunda hamburguesería del país

"Es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald's a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país", declaró Horacio Marín tras la firma. El CEO de la petrolera estatal no ocultó su entusiasmo por lo que definió como "un paso clave en la estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente".

Pero lo que Marín presenta como un sueño personal es también una decisión de política comercial con consecuencias concretas. YPF Full es, según datos de la propia empresa, el segundo mayor vendedor de hamburguesas del país, además de ser el principal vendedor de café por encima de marcas como Havanna. La petrolera vendió en los primeros siete meses de 2025 más de 20 millones de cafés y 4,5 millones de hamburguesas. En promedio, YPF comercializa 22.000 hamburguesas y 95.000 cafés por día. Construyó en los últimos años una división gastronómica competitiva que le permitió competir de igual a igual con las cadenas tradicionales.

La paradoja es inevitable: la empresa estatal que logró posicionarse como la segunda mayor hamburguesería del país ahora se alía con su principal competidor y, como parte del acuerdo, deberá modificar aquellos productos que representen una competencia directa para McDonald's. Dicho en criollo: YPF tendrá que sacar de sus menús las hamburguesas que hoy vende para no pisarle el negocio a la multinacional estadounidense. Un socio que, en la práctica, impone condiciones sobre qué puede y qué no puede vender su socio.

Una red de 1.600 estaciones al servicio de una multinacional

El acuerdo no es menor en términos de escala. YPF cuenta con más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, una capilaridad territorial que ninguna otra empresa energética posee. Esa red, construida con inversión estatal y con el esfuerzo de los trabajadores de la compañía, queda ahora a disposición de una corporación que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que responde a los intereses de sus accionistas globales.

Arcos Dorados, cabe recordar, es el mayor franquiciado independiente de McDonald's en el mundo, con operaciones en 21 países de América Latina y el Caribe, más de 2.500 restaurantes y más de 100.000 empleados. No es una pyme local que busca crecer: es un gigante global que acaba de conseguir acceso privilegiado a la red de estaciones de servicio más extensa del país.

Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados, celebró el acuerdo como "una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos", en el marco de los 40 años de McDonald's en el país. "Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina", afirmó.

El negocio detrás del sueño

Más allá de las declaraciones rimbombantes, el acuerdo responde a una lógica de negocios precisa para ambas partes. Para YPF, la alianza forma parte de la reconversión de su red en tres segmentos: YPF Black (premium, con McDonald's como protagonista de la experiencia gastronómica), YPF tradicional/Full (que mantendrá su oferta actual y sumará opciones de la cadena) y Refiplus (low cost, para zonas de menor demanda).

La petrolera ya había avanzado en esta dirección con la apertura de una YPF Black en Nordelta —donde no se venderá nafta súper para concentrarse en productos de mayor valor agregado— y una RefiPlus en Salta. Pero el acuerdo con McDonald's profundiza la estrategia de tercerización de su propuesta gastronómica, delegando en una marca externa un servicio que la propia empresa había desarrollado con éxito.

El interrogante que queda flotando es: ¿por qué una empresa estatal, que ya demostró capacidad para competir en el mercado de alimentos, decide ceder ese espacio a una multinacional extranjera? ¿No hay acaso un conflicto entre el "sueño personal" de un CEO y los intereses de una empresa que pertenece a todos los argentinos?

Empleo y comunidades: lo que el comunicado no dice

Arcos Dorados señaló que la iniciativa se vincula con "el desarrollo de las comunidades donde opera mediante la generación de nuevos puestos de trabajo". Es un dato positivo, sin duda, pero que no debería opacar la pregunta de fondo: qué significa para el mercado laboral gastronómico argentino que una empresa estatal se convierta en socia de una de las cadenas de comida rápida más poderosas del mundo, con todas las implicancias que eso tiene en términos de condiciones de trabajo, precarización y concentración económica.

Tampoco se informó qué pasará con los trabajadores de YPF Full que hoy producen y venden hamburguesas bajo la marca de la petrolera. ¿Serán reconvertidos? ¿Perderán sus puestos? ¿La producción propia será reemplazada por la de la multinacional? Son preguntas que el comunicado oficial no responde.

Un acuerdo que reconfigura el mapa y el sentido de lo estatal

La primera estación con McDonald's aún no tiene ubicación definida, pero el acuerdo ya está firmado y el proceso de transformación de la red ya está en marcha. Para Marín, es el cumplimiento de un sueño. Para Staton, una oportunidad de crecimiento. Para los argentinos, es una decisión que redefine no solo el mapa de las estaciones de servicio, sino también el sentido de lo que significa que el Estado tenga una empresa de bandera en el sector energético.

Porque una cosa es diversificar servicios y modernizar la red. Otra muy distinta es ceder a una corporación extranjera un activo comercial construido con recursos públicos, y hacerlo además en términos que implican resignar la propia oferta para no competir con el socio. En tiempos donde se discute el rol del Estado y la soberanía económica, este acuerdo merece más preguntas que celebraciones.

El Estado cede su red, su marca y su menú. El sueño de Marín, ¿o la entrega?

Fuente original: información de La Nación, Clarín, Bloomberg Línea y declaraciones públicas de las empresas involucradas.

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La narrativa oficial es impecable: San Juan, con cinco de los diez proyectos de cobre más importantes del país, se perfila como proveedor clave para la transición energética global. Las cifras marean —20.000 millones de dólares de inversión, 3.000 millones anuales en exportaciones hacia 2030— y los gobernadores viajan a Europa a vender estabilidad y oportunidades. Pero esa postal idílica se resquebraja cuando se mira de cerca cómo se están tomando las decisiones en el terreno. La adjudicación del campamento Batidero para Josemaría, el buque insignia de la minería cuprífera local, acaba de demostrar que la promesa de derrame económico y trabajo argentino es, por ahora, solo un argumento de marketing.

El dato es quirúrgico: la consultora Fluor, gerente técnica de la obra y auditora internacional del proceso, recomendó adjudicar el campamento a Modular Homes, empresa argentina que presentó una oferta técnicamente superior, con mayores estándares de calidad y seguridad, y por 70 millones de dólares. Frente a ella competía un consorcio chino integrado por PowerChina y Beijing Chengdong, que ofertó 52 millones. A simple vista, la diferencia de precio podría inclinar la balanza, pero la auditoría fue explícita: la propuesta argentina era mejor. Lo que ocurrió después es un manual de cómo el RIGI, pensado para atraer inversiones, puede convertirse en una herramienta de desindustrialización sin que nadie dé explicaciones. El gobierno nacional presionó y la cancha se inclinó hacia China. Resultado: 50 operarios para tareas básicas en lugar de los 500 trabajadores calificados y la red de 50 PyMEs que estaban listas para arrancar si ganaba la oferta local.

• No es un detalle menor. El campamento Batidero es la primera gran contratación que se define bajo el paraguas del RIGI en San Juan. Y lo que deja ver es que los mecanismos de control técnico pueden ser ignorados cuando hay una decisión política de por medio. La pregunta inevitable es quién va a garantizar que los próximos contratos —los que vienen con Filo del Sol, Altar, Los Azules o El Pachón— no sigan el mismo camino. Porque si el estándar que se instala es este, la provincia corre el riesgo de convertirse en una plataforma de extracción que genera divisas y regalías, pero que deja afuera a su propia gente y a su entramado productivo.

• El gobernador Orrego viajó a Alemania a promocionar San Juan como destino minero confiable. Es lógico que lo haga. Pero la credibilidad de ese discurso se construye con hechos concretos, no con powerpoints. Y lo concreto hasta ahora es que la primera gran obra complementaria de Josemaría se está levantando con trabajo chino, no argentino, en contra de lo que dictaminaron los técnicos. Eso no es atraer inversiones: es abrir la puerta para que otros hagan el negocio mientras acá se reparten las sobras.

La transición energética necesita cobre, es cierto. Pero la pregunta que San Juan —y la Argentina— no deberían eludir es qué tipo de minería quieren: una que funcione como enclave exportador con poco arraigo local, o una que deje capacidades instaladas, trabajo genuino y desarrollo de proveedores. La primera es más rápida y tiene menos resistencias políticas; la segunda requiere fiscalización, coraje y la decisión de no regalar lo que los informes técnicos dicen que vale.

El caso Batidero no es una anécdota. Es un testeo del modelo que viene. Y si la muestra marca tendencia, los 3.000 millones de dólares de exportación que se proyectan para 2030 pueden terminar siendo un número vacío para la mayoría de los sanjuaninos. Porque una cosa es que la plata entre al país y otra muy distinta es que se quede donde se genera.

Fuente original: Documentos de la auditoría de Fluor y relevamiento de fuentes del sector minero, Argentina Desigual, 23 de junio de 2026.

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#MineríaArgentina #SanJuan #Cobre #RIGI #China #ArgentinaDesigual

El femicidio de Agostina Vega conmocionó al país no sólo por la brutalidad del crimen —la adolescente desapareció el sábado 23 de mayo y sus restos desmembrados fueron hallados entre el viernes 29 y el sábado 30 en un predio de 250 hectáreas de barrio Ampliación Ferreyra— sino también por lo que destapó: una trama de complicidades entre el poder político y la noche cordobesa que lleva años funcionando bajo la lógica del amiguismo, los dedazos y los negociados.

El principal acusado es Claudio Barrelier, un patovica de 33 años vinculado a Las 62 Organizaciones Peronistas, que ingresó como becario a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora. Su llegada al municipio fue posible gracias a la sugerencia de Sergio Fittipaldi —en esa época líder de Las 62— y por la gestión del abogado penalista Ricardo Moreno, quien asumió como concejal suplente en diciembre de 2023 y renunció hace pocos días, tras el escándalo por el femicidio y el dedazo para incorporar a Barrelier al Estado sin concurso alguno.

Pero el caso no termina en el patovica. La investigación también puso el foco en Wachitas Bar, el local nocturno ubicado en Ituzaingó 521, pleno centro de Córdoba, donde trabajaba Soledad Andreani, la encargada y ex pareja de Barrelier, detenida el 8 de junio por el fiscal Raúl Garzón bajo la acusación de encubrimiento agravado. Andreani está actualmente internada con custodia en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio General Paz, y se hizo conocida en la causa por ser la propietaria del Ford Ka negro con el que, según la investigación, Barrelier habría trasladado el cuerpo mutilado de Agostina desde su vivienda de barrio Cofico hasta el descampado donde aparecieron los restos.

La fachada de Nicole Waiss

Lo que sorprendió a los investigadores fue que, según los registros oficiales de la Municipalidad de Córdoba, la titular de Wachitas Bar es Nicole Waiss, una joven de apenas 22 años, desconocida en el ambiente bolichero, que vive en la calle Ushuaia 1.889 de barrio Ampliación Cabildo. Pese a su corta edad y a su condición de monotributista categoría A —la más baja—, Waiss posee un patrimonio que despierta sospechas: una camioneta Toyota Hilux 4x4 modelo 2017 valuada en unos 50 mil dólares, adquirida el 28 de enero de 2025, y un Fiat Siena 1.4 modelo 2014, comprado en septiembre de 2022.

Además, según su informe financiero, la joven tiene una capacidad de crédito de 1,7 millones de pesos mensuales y registra una deuda total de 9,2 millones de pesos con bancos y tarjetas, con compromisos mensuales de 3,1 millones. Una cifra imposible de sostener para una monotributista de la categoría más baja. También figura como dueña de un comercio de "Frutas y Verduras" en calle Carlos Giménez 53, barrio Centro América, a pocas cuadras de donde vivía Agostina Vega.

El padrastro y la fortuna oculta

Detrás de Nicole Waiss aparece la figura de Luis Alberto Molina, su padrastro, un monotributista social de 37 años, casado con Daniela Regueira, madre de Nicole. Según los registros oficiales de la Municipalidad, Molina fue el anterior responsable de Wachitas Bar, con una habilitación otorgada el 1 de agosto de 2019 por la Dirección de Comercio e Industria.

El 8 de junio pasado, horas antes de la detención de Soledad Andreani, Molina envió una Carta Documento al periodista Lázaro Llorens, autor de la investigación publicada en Striptease del Poder, en la que se presentaba como "titular y/o propietario" de Wachitas Bar y lo intimaba a cesar la difusión de información que vinculara el local con el crimen. Lo llamativo es que Molina no figura como propietario en los registros oficiales de la Municipalidad. Y la dirección que consignó en la carta documento, Ushuaia 2.889, no existe: en ese lugar hay una tapia larga cuyo ingreso es por otra calle.

La vivienda de Molina, en Ushuaia 1.889, ha experimentado una transformación radical desde 2014, cuando era una modesta casa de plan social de color amarillo, a convertirse en 2026 en una gran propiedad de dos plantas con pileta, balcón, dos grandes chimeneas, galería de tejas que ocupa toda la superficie del terreno y cochera donde estacionan vehículos de alta gama. Vecinos de barrio Ampliación Cabildo confiaron a Striptease del Poder que la vivienda de Molina habría sido allanada hace un año atrás, y que en otra ocasión, delincuentes habrían vaciado la caja fuerte del monotributista social, llevándose un botín cercano a los 100 millones de pesos entre pesos y dólares.

La red de habilitaciones y clausuras

Wachitas Bar, que funcionaba en pleno centro de Córdoba, era promocionado por la propia Municipalidad en su sitio de turismo como "bar de referencia para los amantes del rock nacional", con una imagen bizarra de lo que alguna vez fue una verdulería. Dos horas después de su divulgación por parte del periodista Llorens, el link fue dado de baja.

El 2 de junio pasado, el autor de la investigación publicó en exclusiva un video que mostraba a inspectores de Espectáculos Públicos de la Municipalidad recorriendo el bar junto a sus dueños. La filmación, que alcanzó 700 mil visitas, mostraba a los inspectores recorriendo el subsuelo del local, el mismo lugar donde, según la foto de la web municipal, funcionó una verdulería. La inspección terminó con la clausura del local.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que, según consta en el expediente municipal, hasta el 1 de junio, Wachitas Bar no cumplimentaba los requisitos para funcionar y había sido clausurado media docena de veces. Sin embargo, el local seguía funcionando. Para tapar esta irregularidad, la Dirección de Espectáculos Públicos del Ente de Control, a cargo de Florencia Ponce, lo habilitó y lo clausuró de manera preventiva el mismo 2 de junio, después de la difusión del video. Ante la creciente polémica, el municipio decidió la clausura definitiva.

Los funcionarios y sus vínculos

La Directora de Espectáculos Públicos, Florencia Ponce, de sólo 31 años, es hija de Luis Alberto Ponce, un ex inspector municipal condenado en 2025 en un juicio abreviado por cobrar coimas en el marco de la mega causa Bomberos. Florencia ingresó a la Municipalidad como becaria en 2022, y mientras su padre estaba preso en el complejo penitenciario de Bouwer, fue designada en 2025 como Directora de Espectáculos Públicos Masivos, Eventuales y Deportivos. Su hermano Javier, de 23 años, también ingresó como becario en el área de Revisión de Documentación del Ente de Control y Fiscalización.

El Ente de Control y Fiscalización de la Municipalidad está a cargo de Ezequiel Hormaeche, otro funcionario que ingresó a la política y al municipio a dedo como becario, apadrinado por Olga Riutort y su yerno, el actual ministro de Vinculación, Miguel Siciliano. Hormaeche saltó luego a presidente del Ente, convirtiéndose en el responsable máximo de controlar la noche cordobesa.

Los dueños del inmueble y la trama empresarial

El contrato de alquiler del local de Ituzaingó 521 lo firmó Luis Molina el 1 de octubre de 2022, con el propósito de "discoteca y/o públicos espectáculos o bailes y/o bar y/o verdulería y/o despensa". Los propietarios del inmueble son Sergio, Renis y Karina Huespe, todos socios en CEDRAL H100 S.A.S., quienes también alquilan inmuebles a la Municipalidad y la Provincia de Córdoba.

Sergio Huespe tiene en Miami una offshore, MAGO BLACK LLC, junto al empresario Javier Adrián Katz, a su vez socio de Federico Máscolo, señalado como contratista del Estado en el gobierno de Juan Schiaretti y presunto testaferro del ex intendente radical Ramón Javier Mestre. Katz fue detenido a fines de agosto de 2025 por vender dos departamentos en Miami mientras estaba imputado en una causa de lavado de activos. Máscolo estuvo preso entre diciembre de 2023 y julio de 2024 tras pagar una fianza de 50 millones de pesos, y sigue imputado con restricción para viajar al exterior.

Entre los garantes del contrato figuran Guillermo Lautaro Regueira, hermano de Daniela Regueira, esposa de Molina, y Guillermo Omar Fernández, empleado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. El Estado, una vez más, presente de una u otra manera.

Las cuentas pendientes

El femicidio de Agostina Vega, la quinta víctima de femicidio en la provincia de Córdoba en el primer semestre de 2026, dejó al descubierto una estructura donde los nombres se prestan, las habilitaciones se otorgan sin control y los funcionarios ingresan al Estado sin mérito alguno, solo por recomendación de quienes detentan el poder.

Las preguntas que quedan flotando son varias: ¿cómo pudo funcionar durante años un local clausurado media docena de veces? ¿Por qué el municipio lo promocionaba como atractivo turístico? ¿Quién está realmente detrás de los negocios de Molina y Waiss? ¿Por qué Molina, un monotributista social, tiene una mansión con pileta y vehículos de alta gama?

Lo que parece claro es que el caso Agostina no es sólo un femicidio. Es la foto de un sistema donde el poder político, la noche y los negocios ilegales se entrelazan, y donde los nombres se ponen y se sacan como fichas de un tablero para ocultar a los verdaderos dueños

Fuente: Striptease del Poder, 17 de junio de 2026

Enlace: https://stripteasedelpoder.com/2026/06/exclusivo-caso-agostina-el-verdadero-dueno-de-wachitas-bar-detras-de-la-joven-nicole-waiss-sus-negocios-y-vinculos-politicos/

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#CasoAgostina #Femicidio #Córdoba #CorrupciónPolítica #WachitasBar #Justicia

¿Sabés por qué no podés ver los partidos del Mundial en la TV Pública como siempre los viste? Porque Manuel Adorni, el mismo que se llena la boca diciendo que defiende los impuestos de los argentinos, acaba de entregar el negocio del fútbol a un puñado de empresarios amigos. El Estado desembolsó 4 millones de dólares para que la señal estatal transmita 10 partidos, pero la pantalla pública es apenas un repetidor de DirecTV. No hay relatores propios, no hay periodistas argentinos en el campo de juego, no hay producción nacional. Y, para rematar, la TV Pública no puede vender ni un segundo de publicidad. Todo se lo lleva un privado.

El contrato, rubricado entre Radio y Televisión Argentina y Torneos S.A., fue impulsado desde la cartera que conduce el propio Adorni —quien además se desempeñó como secretario de Comunicación y Medios— y contó con la participación activa de su vicejefa de Gabinete, Aimé "Meme" Vázquez. El resultado es un papel que, leído con atención, revela un verdadero escándalo en tiempo real: el Estado paga, pero el que cobra es otro.

¿Quién es ese otro? Detrás de DirecTV está el Grupo Werthein, uno de los holding económicos más poderosos de la Argentina, con negocios en agroindustria, energía, seguros, alimentos y, por supuesto, medios. Los hermanos Darío, Adrián y Daniel Werthein son los dueños del 100% de Vrio Corp., la empresa que opera DirecTV en toda América Latina. Y el dato no es menor: Gerardo Werthein, bisnieto del fundador del grupo, fue designado por Javier Milei como embajador argentino en Estados Unidos. Es decir, el mismo gobierno que firmó este acuerdo con DirecTV tiene al dueño de la empresa como su representante diplomático en Washington. Negocio entre conocidos, con tu plata, y ya está en marcha.

El convenio establece que la TV Pública debe "subirse" a la señal de DirecTV cinco minutos antes de cada partido y mantenerse en espejo hasta cinco minutos después del pitazo final. Durante todo ese lapso, el canal estatal no puede hacer nada más que replicar lo que emite el operador satelital: las imágenes, los relatos, los comentarios y, lo más grave, las tandas publicitarias que DirecTV decide colocar. El Estado no puede comercializar ni un espacio, ni siquiera en el entretiempo. Todo el negocio publicitario queda en manos del privado.

Pero la cosa no termina ahí. Al estar la TV Pública vedada para vender publicidad durante los partidos de la selección, las empresas y los propios organismos estatales que quieren pautar en esos horarios se ven obligados a derivar sus presupuestos al sector privado. El Estado, entonces, no solo perdió la oportunidad de recuperar la inversión de 4 millones de dólares, sino que además termina alimentando a sus competidores con recursos que podrían engrosar sus propias arcas.

¿Y qué pasa con los argentinos que queremos ver el Mundial como siempre lo hicimos? La promesa de Adorni era que los partidos iban a ser transmitidos por la TV Pública sin costo para el contribuyente. Mentira. El dinero ya salió de las arcas estatales. Y encima, el canal público, que históricamente produjo sus propias transmisiones con relatores, comentaristas y periodistas en campo de juego, es apenas un simple repetidor. La calidad informativa, la identidad nacional, el trabajo de los profesionales argentinos: todo sacrificado en el altar del negocio privado.

Durante el Mundial de Qatar, la TV Pública superó en rating a DGO y TyC Sports en todos los partidos de la selección. Esa masa de espectadores, que en cualquier negocio televisivo se traduce en millones de dólares en pauta publicitaria, ahora es explotada comercialmente por DirecTV. El operador satelital no solo vende su señal original, sino que además se lleva como complemento la enorme ventana de difusión que es la TV Pública. ¿El resultado? Un negocio redondo para los Werthein y un pésimo negocio para el Estado.

Fuentes del mercado coinciden en que lo que el canal estatal pueda recaudar con publicidad por fuera de esos horarios —es decir, en franjas mucho menos valiosas— difícilmente alcanza para cubrir el desembolso inicial. "Además de tener que rezarle a Messi y a Scaloni para que la selección llegue lo más lejos posible y no perder plata, el gobierno firmó este acuerdo en un contexto de fuerte retracción publicitaria", señala un analista del sector.

El propio Adorni celebró el acuerdo en sus redes sociales, pero los términos del contrato revelan una operación que, como mínimo, merece explicaciones. El funcionario que se jacta en cada conferencia de prensa de cuidar cada peso de los impuestos entregó el momento más rentable de la televisión argentina a un puñado de empresarios con vínculos directos con el poder. Mientras tanto, los argentinos miramos a Messi y compañía en la tele pública, sí, pero con la señal de un privado, con la publicidad de un privado y con el negocio en manos de los amigos del gobierno.

Esto pasa ahora. Mientras el Mundial se juega, el Estado ya giró los fondos, DirecTV ya colocó su publicidad y la TV Pública ya es un repetidor. Nadie dio explicaciones. Y el tiempo corre.

Fuente original: Página/12, 26 de marzo de 2026

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/03/26/el-negocio-detras-del-mundial-de-futbol-en-la-tv-publica/

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#Mundial2026 #Adorni #TVPublica #GrupoWerthein #PolíticaArgentina #Milei

Qué tristeza sentiría el Diego, el que decía que "la pelota no se mancha", al ver todo esto.

Porque aunque el fútbol insista en presentarse como un territorio supuestamente ajeno a la política, cuesta sostener esa fantasía cuando la FIFA dedicó buena parte del año a ensalzar a Donald Trump hasta el punto de entregarle el premio de la paz en diciembre de 2025. Sí, la FIFA, esa organización siempre tan preocupada por los valores universales, la fraternidad entre los pueblos y, por supuesto, las cuentas bancarias perfectamente saludables.

Un premio de la paz en medio de bombardeos

El 5 de diciembre de 2025, durante el sorteo del Mundial en Washington, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, creó un galardón exprofeso: el "Premio FIFA de la Paz". El destinatario fue Donald Trump, a quien Infantino consideró merecedor por sus acciones para "promover la paz y la unidad en todo el mundo". Trump recibió un trofeo dorado y una medalla que él mismo se colgó del cuello.

La Federación Noruega de Fútbol presentó una queja formal ante los investigadores de ética de la FIFA, acusando a Infantino de fallar en su "deber de neutralidad".

El problema: Trump había ordenado bombardeos contra Irán, desplegado fuerzas militares para forzar la salida de Nicolás Maduro en Venezuela y mantenía una política migratoria que organizaciones civiles ya denunciaron como violatoria del debido proceso.

El sueño mundialista que se volvió pesadilla migratoria

La política migratoria estadounidense golpeó el torneo antes del primer silbatazo. Agentes migratorios interrogaron durante horas en el aeropuerto de Miami al árbitro somalí Omar Abdulcadir Artán, considerado el mejor árbitro de África y el primer somalí seleccionado para un Mundial. Lo devolvieron a Estambul.

No fue el único. Protocolos de seguridad especiales se aplicaron a las selecciones de Senegal y Uzbekistán, tratadas más como amenaza potencial que como delegaciones deportivas. El delantero iraquí Aimén Hussein fue interrogado durante siete horas en Chicago y finalmente se le permitió ingresar.

El caso más emblemático: la selección de Irán. Tenía previsto entrenar en Arizona, pero las autoridades iraníes solicitaron el traslado a México por la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad. La FIFA aprobó el cambio. Los iraníes entrenarán en Tijuana, en el Centro Xoloitzcuintle de los Xolos de la Liga MX, y cruzarán la frontera para jugar sus partidos en Estados Unidos. Bombardean su país y además los humillan haciéndoles dormir en otro país.

Y entonces la pregunta se impone solita: ¿qué clase de Mundial es este? ¿Un Mundial de fútbol o un Mundial bajo régimen de excepción migratoria? ¿Una fiesta global o una vitrina del nuevo orden trumpista? Habrá agentes de ICE con porras a la salida de los estadios revisando pieles, acentos, pasaportes y apellidos.

Claro, nos dirán que no mezclemos fútbol y política. El problema es que el deporte ya está politizado. La FIFA lo politizó cuando convirtió a Trump en figura central de la narrativa mundialista, cuando expulsó a Rusia de sus competiciones pero no hizo lo mismo con otros países que atacan a sus vecinos. Estados Unidos lo politizó cuando colocó sus políticas migratorias por encima del carácter universal del torneo. Los patrocinadores lo politizaron cuando aceptaron envolver en publicidad una estructura de violencia.

El negocio detrás de la adicción

El otro lado oscuro del Mundial es la explosión de las apuestas deportivas. En los últimos ocho años, esta industria creció hasta convertirse en un negocio global que mueve más de 100 mil millones de dólares anuales. La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la prohibición en 2018 y desde entonces más de 30 estados legalizaron las apuestas.

América Latina es uno de los mercados que crece más rápido. Brasil, México, Argentina y Colombia concentran el 60% del mercado continental. Según proyecciones, el volumen global de apuestas asociado al Mundial podría alcanzar los 50 mil millones de dólares. El 19% de quienes participarán durante el torneo realizarán su primera apuesta deportiva.

El dato más alarmante en Argentina: según un estudio de la Cruz Roja, el 16% de los menores de edad apostó alguna vez, y la mayoría fueron ayudados por un adulto.

Las plataformas usan inteligencia artificial para personalizar promociones, seguir el comportamiento del usuario en tiempo real y diseñar experiencias lo más adictivas posible. La modalidad "Inplay" o "Live Betting" permite apostar mientras el partido se desarrolla: quién hará el próximo gol, qué jugador será expulsado, cuántos corners habrá.

Las empresas clasifican a los usuarios según su desempeño. Cuando detectan a alguien que gana más que el promedio, reducen sus límites y le bloquean promociones. Como un casino con la ruleta arreglada.

Flutter Entertainment, la mayor empresa del sector, con 27.345 empleados y dueña de decenas de plataformas como FanDuel o Betfair, reportó ingresos por 16.383 millones de dólares en 2025. Cotiza en Wall Street.

En Brasil, el dato es escalofriante: el dinero movido por apuestas a través del sistema de pagos Pix representa cerca del 1% del total diario de la plataforma, y el volumen de transferencias a casas de apuestas online puede haber alcanzado los 21 mil millones de reales.

Salud mental: la factura que nadie quiere pagar

El Instituto Brasileño de Estudios para Políticas de Salud reveló que la demanda de tratamientos por adicción al juego se duplicó en solo un año durante 2025. Los estudios establecen correlaciones directas entre las apuestas, la ansiedad, la depresión y las tasas de suicidio.

Jugadores profesionales de altísimo rendimiento —que necesitaron años de entrenamiento, disciplina estricta y cuerpos sanos para llegar donde están— se prestan a cambio de cifras millonarias para impulsar un modelo de negocios que necesita crear adictos para maximizar ganancias. Devolver el cariño de los hinchas con incentivos para generar adicciones tal vez no sea la mejor forma de honrarlo.

¿Qué clase de Mundial es este?

Mañana rueda la pelota. Habrá goles, cánticos, banderas, emoción y momentos hermosos. Pero también habrá una pregunta flotando sobre cada estadio: ¿podemos hablar de fiesta cuando la pelota está manchada?

La FIFA lo politizó. Estados Unidos lo politizó. Los patrocinadores lo politizaron. Y ahora pretenden que millones de personas miremos el espectáculo sin preguntarnos qué hay detrás.

El Mundial arranca con una contradicción enorme: celebrar la unión del mundo bajo la sombra de uno de los gobiernos más violentos del planeta.

Fuente original: https://www.bbc.com/mundo/articles/cd0mgg47ry3o

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#Mundial2026 #FIFA #Trump #ApuestasDeportivas #PolíticaMigratoria #ArgentinaDesigual

El gobierno de Javier Milei prometió mano dura contra la corrupción, transparencia cero y un ajuste sin contemplaciones para "la casta". Pero mientras el Presidente arenga contra los privilegios, su círculo más cercano —periodistas estrella, ministros, asesores, legisladores y hasta el jefe del organismo recaudador— se anota en masa al régimen de blanqueo de capitales para regularizar fondos que mantenían ocultos al fisco. La foto ya no es un caso aislado. Es una postal de familia.

El diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) destapó primero la olla con los comunicadores. Documentos en mano, el legislador peronista reveló que Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Luis Gasulla —tres de las plumas más aceitadas del oficialismo mediático— solicitaron adherirse al Régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el propio Gobierno de Milei. El mismo mecanismo que permite lavar dinero sucio sin hacer preguntas incómodas.

Pero esa lista se quedó corta. Muy corta. Porque mientras el escándalo inicial giraba en torno a Manuel Adorni —el vocero presidencial convertido en jefe de Gabinete— y su esposa Bettina Angeletti, nuevas filtraciones ampliaron el baile de beneficiarios hasta convertirlo en una verdadera procesión libertaria frente a la ventanilla del perdón fiscal.

La lista de los "inocentes": de Sturzenegger a Espert, pasando por el jefe de ARCA

Según documentación que circuló en los últimos días, la nómina de funcionarios y personas muy cercanas al Gobierno que adhirieron al régimen incluye a:

· Federico Sturzenegger: ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El hombre que hizo de la poda del Estado una religión civil también habría pedido cobijo bajo el régimen. La ironía viene servida: motosierra para los otros, sombrilla administrativa para casa.

· Aimé Ayelén "Meme" Vázquez: jefa de asesores del universo Adorni y figura del armado comunicacional libertario. Su constancia de ARCA figura con fecha del 20 de mayo de 2026, período fiscal 2025. Sin monto público, claro.

· Felipe Núñez: uno de los llamados "Caputo boys", asesor del ministro de Economía. Ya venía con otra polémica: un crédito hipotecario del Banco Nación por 373 millones de pesos. Ahora suma el blanqueo. Crédito blando de un lado, inocencia fiscal del otro.

· Federico Furiase: secretario de Finanzas, hombre de confianza de Luis Caputo. También beneficiario de un crédito hipotecario del Banco Nación por más de 367 millones de pesos. También anotado en el régimen que reduce la exposición fiscal.

· Santiago Oría: el documentalista oficial de Milei, productor de la épica audiovisual de Casa Rosada. Su adhesión data del 6 de abril de 2026. Mucho relato, poca planilla abierta.

· Guillermo Francos: ex jefe de Gabinete. Se fue del Gobierno, pero no se perdió la fila de la inocencia. Su constancia tiene fecha del 17 de abril de 2026. El retiro fue político. La ventanilla fiscal siguió abierta.

· Juan Pazo: ex titular de ARCA (el organismo recaudador), hombre de máxima confianza de Toto Caputo. Solicitó su incorporación el 20 de febrero. Es decir: el funcionario que puso la llave en la puerta del régimen después pasó por esa misma puerta.

· Andrés Edgardo Vázquez: actual titular de ARCA. Su solicitud tiene fecha del 14 de marzo. El dato pesa porque Vázquez asumió con cuestionamientos públicos por una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, vinculada a inmuebles en el exterior sin declarar. El recaudador pide inocencia.

· José Luis Espert: ex diputado, uno de los defensores públicos de la iniciativa en el Congreso. Realizó el trámite para adherirse el mismo martes en que se difundió la noticia. El sermón de la inocencia venía con asiento reservado.

· Bertie Benegas Lynch: reemplazante de Espert en la Comisión de Presupuesto. Su solicitud figura con fecha del 24 de marzo. La comisión que debía discutir el diseño fiscal terminó aportando dos nombres propios a la lista de beneficiarios.

Periodistas y funcionarios: la misma cola, la misma hipocresía

Lo que empezó como un caso de "los periodistas estrella de Milei" se fusiona ahora con la larga lista de funcionarios libertarios. Feinmann, Novaresio y Gasulla ya no son anomalías. Son parte de una misma trama: la de aquellos que construyeron un discurso implacable contra la corrupción, la casta y el Estado, pero que al primer soplo de viento corren a refugiarse en un paraguas fiscal que el propio Estado les ofrece.

El régimen de "Inocencia Fiscal" —nombre de un cinismo perfecto— permite presentar una declaración jurada más liviana ante ARCA. El contribuyente queda bajo una presunción de exactitud y obtiene efecto liberatorio sobre el período declarado. En criollo: menos detalle, menos lupa y una puerta más amable para ordenar el pasado. Sobre todo si ese pasado incluye dólares no declarados.

El problema no es que la ley lo permita. El problema es que quienes la usan son exactamente las personas que durante años señalaron con el dedo a la dirigencia política por "evasora" y "corrupta". El problema es que el propio Milei ha calificado a estos mismos periodistas como "ensobrados" —acusación directa de recibir pagos encubiertos— y ahora ellos blanquean fondos sin dar explicaciones.

La contradicción legal y política: cuando el recaudador pide inocencia

El dato clave es que las constancias no muestran montos. No dicen cuánto se regularizó, qué patrimonio se ordenó, qué ingresos quedaron bajo el paraguas ni si hubo activos omitidos. Sólo muestran la adhesión. Por eso la discusión no es únicamente tributaria. Es política.

La Ley de Inocencia Fiscal parte de una idea amable: el contribuyente es inocente y el Estado no debe perseguirlo por defecto. Pero el régimen de Persona Expuesta Políticamente parte de la idea contraria: cuando alguien maneja poder público, presupuesto, información privilegiada o influencia estatal, el sistema tiene que mirarlo mejor. Uno baja la persiana. El otro levanta la linterna.

No necesariamente hay delito. Conviene decirlo. La ley, tal como está, no prohíbe que funcionarios ingresen al régimen. Ese es precisamente el agujero. La escena puede ser legal y, al mismo tiempo, políticamente escandalosa. Porque el Gobierno que exige sacrificio, transparencia y austeridad aparece anotado en masa en una herramienta que reduce explicaciones.

Como resume un tributarista que trabaja con sujetos obligados: "El problema no es que puedan entrar. El problema es que quieran entrar". Porque si un funcionario necesita pedir una presunción de exactitud ante ARCA, la pregunta pública no desaparece. Se agranda. ¿Qué buscó simplificar? ¿Qué prefirió no detallar? ¿Qué parte del pasado fiscal necesita una frazada?

La casta era el otro. La inocencia era propia.

Milei llegó al poder prometiendo que "no hay plata". Que había que ajustar a los jubilados, a los pobres, a los trabajadores. Que el déficit cero era sagrado. Pero parece que para los periodistas amigos, los funcionarios leales y sus familiares, el Estado sí tiene recursos: les alcanza para abrir un régimen de blanqueo a medida y para otorgar créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación mientras se anotan en el perdón fiscal.

Esto es la casta, señores. No la que inventó el marketing libertario. La real. La que habla de transparencia mientras esconde dólares. La que acusa de corruptos a los demás mientras hace cola para regularizar su propia plata negra. La diferencia es que antes esa casta usaba traje y corbata en el Congreso. Ahora usa micrófono y cámara en A24, escritorio en el ministerio de Desregulación o silla en la comisión de Presupuesto.

Queda una certeza: esos dólares que Feinmann, Novaresio, Gasulla, Adorni, Sturzenegger, Espert, Pazo y toda la lista están blanqueando no estaban declarados. No estaban en blanco. Y la única razón por la que hoy pueden dormir tranquilos es porque el gobierno de Milei les puso la alfombra roja. Mientras tanto, al resto de los mortales, el mismo gobierno les ajusta el sueldo, les congela las jubilaciones y les saca el subsidio al transporte.

Al final, la frase se escribe sola. No era sólo Adorni. Eran todos Adornis. O casi todos. En el país de la motosierra, la inocencia fiscal se volvió el nuevo perfume del poder: tapa poco, dura menos y cuando se mezcla con patrimonio público deja olor raro.

Fuentes originales:

· El Patagónico, 12 de junio de 2025

· Información adicional del 10 de junio de 2026

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Jorge Eduardo Adorni murió el 21 de agosto de 2002. Tenía 62 años. Dejó una viuda, dos hijos —uno de ellos, Manuel, hoy jefe de Gabinete de Javier Milei— y un patrimonio reducido. Pero también arrastraba deudas, embargos y juicios. Nada en esos papeles hacía pensar que detrás de esa muerte hubiera un hallazgo inesperado.

Sin embargo, esta semana, en una entrevista con LN+, Manuel Adorni contó otra historia. Dijo que el “primer dinero” que tuvo en su vida lo encontró con su hermano Francisco en el departamento de su padre, en el centro de La Plata, después del fallecimiento. No dio montos. No precisó si ese efectivo formó parte de los 200.000 dólares que declaró haber usado para comprar criptomonedas. Tampoco informó aquel hallazgo ante la Oficina Anticorrupción.

Los registros judiciales cuentan una realidad diferente.

Un departamento chico y tres embargos

El padre de Manuel Adorni era dueño de un departamento de 52 metros cuadrados, ubicado en el piso 9 de un edificio en avenida 53 y calle 4, en el centro platense. Ese inmueble, comprado en 1972 cuando Jorge Adorni era empleado y soltero, tenía tres anotaciones en su contra: una hipoteca impaga, expensas atrasadas y una deuda con el Banco Provincia. Así consta en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense al que accedió LA NACION.

Los reclamos derivaron en tres juicios simultáneos. Uno tramitó en la Justicia porteña; los otros dos, en La Plata. Todos buscaban cobrarle al padre del actual funcionario.

La acreedora principal fue Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, que en 1996 le habían prestado 22.500 dólares con garantía hipotecaria, formalizado en escritura pública. Jorge Adorni dejó de pagar. En 2002, el mismo año de su muerte, iniciaron la ejecución hipotecaria.

Una herencia que tardó años en resolverse

La viuda, Silvia País, y sus dos hijos tardaron más de una década en ordenar aquel desorden financiero. En 2019 cerraron el reclamo del Banco Provincia. Y recién en 2024, la Justicia platense ordenó levantar la hipoteca de Brittanico y su madre. Pero no porque los Adorni hubieran pagado la deuda: la razón fue la caducidad de la instancia y luego la prescripción de la acción.

En el medio, la sucesión sumó un dato nuevo. El 14 de diciembre de 2023 —cuatro días después de la asunción de Milei, con Manuel Adorni ya como vocero presidencial— la viuda y los hijos se presentaron ante el juzgado para informar la existencia de un lote de unos 700 metros cuadrados en Salazar, partido de Daireaux. Ese terreno, valuado fiscalmente en 568.000 pesos (unos 12.500 dólares), lo había heredado Jorge Adorni de su madre, siendo hijo único.

Recién en junio de 2025 se inscribió en el Registro de la Propiedad la declaración de herederos del departamento de La Plata: 33,3 por ciento para la viuda y otro tanto para cada hijo.

Lo que nunca se informó al juzgado

Ni antes ni después de esos trámites, la familia no informó al juzgado sucesorio la existencia de dinero en efectivo dentro del departamento. Tampoco lo hicieron en los tribunales donde tramitaron los juicios de los acreedores. Sin embargo, Manuel Adorni aseguró ahora que ese dinero existió y que fue su puntapié inicial.

Los dichos del jefe de Gabinete abren al menos tres preguntas que hasta ahora no tienen respuesta: si hubo efectivo oculto, por qué no se declaró en la sucesión; si su padre atravesó problemas económicos reales o prefirió ahorrar en perjuicio de quienes le prestaron plata; y si todo o parte de ese dinero terminó siendo parte de los 200.000 dólares que Adorni dijo haber usado para comprar criptomonedas.

El valor fiscal del departamento de La Plata es hoy de 527.896 pesos, unos 4.100 dólares. Su valor de mercado, según el estado del inmueble, se estima entre 45.000 y 60.000 dólares. El lote en Salazar, entre 21.000 y 32.000 dólares. Números que contrastan con el relato de un hallazgo en efectivo que nunca figuró en ningún expediente.

Lo que queda por saberse es si el jefe de Gabinete podrá explicar ante la Justicia —o ante la Oficina Anticorrupción— el origen de aquel dinero que dice haber encontrado, y por qué durante más de veinte años nadie en su familia lo mencionó ante los tribunales que se ocuparon de la herencia.

Fuente original: LA NACION, 13 de junio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/las-dudas-sobre-la-herencia-el-efectivo-que-manuel-adorni-dice-haber-encontrado-choca-con-nid13062026/

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El gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente este viernes 13 de junio de 2026 lo que durante años había sido materia de especulación y denuncias: la existencia de una extensa red de más de 120 laboratorios biológicos financiados por Washington en al menos 30 países. La información, desclasificada por la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (ODNI), incluye decenas de instalaciones en territorio ucraniano que trabajaron con patógenos peligrosos y altamente contagiosos.

La propia directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard —quien está en las últimas horas de su mandato— fue la encargada de difundir los documentos. En un comunicado oficial, Gabbard señaló que "muchos de estos laboratorios financiados por el Gobierno estadounidense realizan actualmente, o realizaron anteriormente, investigaciones con patógenos peligrosos y altamente contagiosos".

Ucrania ocupa un lugar central en la desclasificación. Según la información oficial, el Pentágono destinó cerca de 200 millones de dólares desde 2005 para sostener 46 laboratorios, centros de salud y sitios de diagnóstico en ese país. Las instalaciones manejaban agentes infecciosos como ántrax, tularemia, tuberculosis, peste porcina, fiebre hemorrágica y gripe aviar. Los informes desclasificados también advierten sobre fallas en los protocolos de bioseguridad y el riesgo de pérdida, daño o captura de esos materiales peligrosos.

"Vamos a seguir identificando dónde están estos laboratorios, qué patógenos contienen y qué tipo de 'investigación' realizan", afirmó Gabbard, anticipando un mayor escrutinio sobre los programas financiados por Washington.

El antecedente que vuelve a escena

La publicación de estos documentos devuelve al primer plano las denuncias que Rusia viene planteando desde 2022. En aquel entonces, Moscú llevó ante Naciones Unidas documentos sobre supuestos proyectos biológicos desarrollados en Ucrania con apoyo estadounidense. Las denuncias rusas hacían foco en investigaciones vinculadas a aves migratorias, murciélagos, enfermedades infecciosas y el traslado de muestras biológicas de ciudadanos ucranianos al exterior.

En su momento, Washington y Kiev negaron que se tratara de un programa de armas biológicas y aseguraron que el objetivo era mejorar la vigilancia epidemiológica y reducir amenazas heredadas de la Unión Soviética. Naciones Unidas declaró entonces que no tenía conocimiento de un programa de armas biológicas en Ucrania.

Impacto y preguntas que quedan abiertas

La desclasificación de esta información tiene un impacto directo en la credibilidad de las potencias occidentales y en la seguridad sanitaria global. Por un lado, confirma que Estados Unidos sí financió una amplia infraestructura biológica dentro de territorio ucraniano, un elemento que durante años fue minimizado o directamente negado por Washington. Por otro lado, rehabilita las advertencias rusas, que antes eran descartadas sin una investigación exhaustiva y ahora vuelven a ser el centro de la discusión internacional.

Para países como Argentina, sin vínculos directos con el conflicto, la cuestión de fondo pasa por la transparencia en la cooperación científica internacional y los riesgos asociados a la proliferación de laboratorios de alta seguridad con financiamiento militar.

El futuro de estos laboratorios es incierto. En mayo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de investigaciones que aumenten la virulencia o transmisibilidad de patógenos. Sin embargo, las decenas de laboratorios ya construidos y financiados siguen en pie, y la guerra en Ucrania añade un nivel de riesgo impredecible. La directora de Inteligencia Nacional saliente prometió seguir investigando, pero el control real sobre estas instalaciones y los patógenos que albergan sigue siendo, por ahora, una incógnita.

🔍 Fuente original: JP+ / jpmas.com.ni, 13 de junio de 2026

🔗 Enlace: https://jpmas.com.ni/eeuu-financio-una-red-global-de-biolaboratorios-con-patogenos-peligrosos/

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