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Caputo retiene $1,35 billones que por ley deben arreglarlasel impuesto al combustible y te dejan las rutas rotas: retienen $1,35 billones que por ley deben arreglarlas
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Caputo retiene $1,35 billones que por ley deben arreglarlasel impuesto al combustible y te dejan las rutas rotas: retienen $1,35 billones que por ley deben arreglarlas

El Ministerio de Economía no ejecutó $1,35 billones del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley deben destinarse a mantenimiento de rutas. Hoy, 7 de cada 10 rutas nacionales están en estado regular o malo, y reconstruirlas costará hasta diez veces más que el mantenimiento preventivo. La Ruta 151, arteria clave de Vaca Muerta, simboliza el derrumbe: más siniestros.

Cada vez que parás a cargar nafta o gasoil, una parte de lo que pagás tiene un destino escrito en la ley: arreglar las rutas argentinas. Pero hoy, esa plata no está en el asfalto. Está retenida en las arcas del Ministerio de Economía. Son $1,35 billones de pesos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que el Gobierno nacional decidió no ejecutar. El resultado es tangible, se siente en el volante y se paga con el bolsillo: siete de cada diez rutas nacionales están en estado regular o directamente malo.

La cifra no es un error de redondeo ni una proyección a futuro. Un informe reciente desnuda que la cartera económica frenó la inversión en obra pública vial, acumulando un monto que equivale a presupuestos enteros de provincias. Mientras los camiones esqu ivan cráteres en la oscuridad y los autos sufren roturas de suspensión que después reclamás a tu mecánico, el dinero recaudado específicamente para el mantenimiento de la red vial nacional brilla por su ausencia en el terreno. Los trabajadores de Vialidad Nacional, que conocen palmo a palmo el deterioro del pavimento y ven pasar los camiones destruidos, son los primeros en alzar la voz. Denuncian que los recursos se desvían de su fin original y advierten sobre las consecuencias de una paralización que ya se traduce en mayor siniestralidad vial.

  • Para entender el conflicto hay que mirar la letra chica de los impuestos que pagás a diario. El ICL no es un tributo más para engrosar el tesoro general de la nación; tiene asignación específica. Se cobra para que Vialidad Nacional tenga los fondos necesarios para tapar baches, repavimentar y garantizar que la mercadería y las personas lleguen a destino sin jugarse la vida. Sin embargo, la estrategia oficial apunta hacia otro lado. En lugar de inyectar esos $1,35 billones en la red vial, el Gobierno avanza con un esquema de concesiones. La propuesta es entregar corredores a manos privadas, una movida que los gremios viales y distintos sectores técnicos cuestionan con dureza. Argumentan que se privatiza la gestión sin garantizar soluciones inmediatas, y reclaman a gritos que la plata vuelva a usarse para lo que fue creada: mantener las rutas transitables.

El mapa del deterioro tiene un epicentro crítico que expone la contradicción del modelo: la Ruta Nacional 151. No es un camino secundario perdido en el mapa. Es la arteria principal que alimenta a Vaca Muerta, el yacimiento que hoy sostiene gran parte de la economía energética del país y que genera divisas clave. Por ahí circula el transporte pesado, las máquinas, los insumos para la extracción. Y por ahí también se cuentan los siniestros. Transportistas y autoridades locales coinciden en el diagnóstico: el camino está destruido, el tránsito es una tortura y los accidentes aumentan mes a mes.

  • Pero el costo humano, logístico y de los seguros es solo la punta del iceberg. Los especialistas en infraestructura vial lanzan una advertencia que debería preocupar a cualquiera que viva en este país: arreglar el desastre actual va a salir hasta diez veces más caro que haber hecho el mantenimiento preventivo a tiempo. Es la crónica de una deuda anunciada. Cuando el asfalto se rompe por falta de sellado de grietas o por el abandono de la carpeta asfáltica, la reconstrucción de base requiere maquinarias, materiales y dólares que hoy no se están invirtiendo. Esa falta de prevención encarece el flete, y un flete más caro termina impactando directo en el precio de los alimentos y los productos que comprás en el supermercado.

El debate que se abre no es solo técnico, es político y social. Reclamar que la plata de los combustibles vuelva a las rutas es exigir que se cumpla el contrato básico entre el ciudadano que paga y el Estado que debe garantizar la circulación. Con el 70% de la red nacional comprometida, la falta de inversión preventiva hipoteca el futuro logístico de la Argentina. La decisión de retener los fondos y apostar a las concesiones deja a la intemperie a quienes transitan el país todos los días para trabajar. El asfalto roto es el síntoma que ves en la calle; la millonaria caja retenida en Economía, la causa que nadie quiere asumir.

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Fuente original: Contacto Rioja, Agosto 2026

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