Sturzenegger te mete la motosierra en el botiquín, en el puerto, en la viña y en la librería: el plan para que no quede nada en pie.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, puso a circular un anteproyecto de ley de más de cien artículos y ocho títulos. El texto, al que accedió Parlamentario el 18 de julio de 2026, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos. El objetivo declarado es eliminar restricciones, promover la competencia y digitalizar trámites, pero el alcance de la motosierra regulatoria toca actividades tan sensibles como la venta de remedios, el precio del gas envasado, el futuro de las librerías, el empleo en la marina mercante y el financiamiento de organismos como el IPCVA y la COVIAR. A diferencia del DNU 70/23, esta vez el Gobierno necesita que el Congreso convierta en ley la que sería una de las reformas más profundas desde que Javier Milei asumió la presidencia.
La iniciativa avanza sobre el Código Civil y Comercial, la ley de farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, las normas del mercado de capitales, los fideicomisos, las garantías y una larga lista de leyes históricas de arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, doblaje, precio uniforme del libro y regulación del gas licuado de petróleo. Cada modificación tiene un impacto directo en la vida cotidiana, y acá lo desglosamos sin eufemismos.
Farmacias: remedios de venta libre en cualquier comercio y recetas digitales
El capítulo que más va a sentir la gente es el que modifica la Ley de Farmacias (17.565). El proyecto habilita que los medicamentos de venta libre se comercialicen fuera de las farmacias. No especifica si será en supermercados, estaciones de servicio o kioscos, pero quita la exclusividad que hoy tienen los farmacéuticos. Además, autoriza la venta de medicamentos con receta por canales digitales y su entrega a domicilio. Las farmacias quedan en libertad para fijar los horarios de atención que quieran y para adoptar cualquier forma societaria permitida. Un punto clave: las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias, lo que puede reconfigurar por completo la cadena de distribución. Se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente. El texto también impulsa la digitalización de recetas y registros.
Gas licuado: se prohíbe regular precios y se deroga la ley 26.020
El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que reduce la intervención estatal a controles de seguridad. De manera explícita, prohíbe a la autoridad de aplicación regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. La reforma deroga por completo la ley 26.020, que era el marco regulatorio del sector, y elimina el artículo 74 de la ley 24.076. Millones de hogares que usan garrafa quedan sin un paraguas estatal para definir valores de referencia, algo que en invierno puede traducirse en aumentos sin techo.
Libros y doblaje: se caen dos leyes de protección cultural
La Secretaría de Cultura pasa a ser autoridad de aplicación y se derogan numerosos artículos de la ley de Fomento del Libro y la Lectura (25.446). Pero el golpe más fuerte es la eliminación de dos normas emblemáticas: la ley 23.316, vinculada al doblaje, y la ley 25.542, conocida como de precio uniforme del libro. Esta última obligaba a que un mismo libro se vendiera al mismo precio en todas las librerías del país. Su derogación permite que cada comercio fije el valor que quiera, lo que puede beneficiar a grandes superficies y plataformas, pero deja en desventaja a las librerías independientes.
Traductores públicos y corretaje: se caen las barreras de ingreso
En el rubro de traducciones, se deroga el artículo 6 de la ley 20.305 y se establece que el Ejecutivo solo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales, por razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales. Para ejercer el corretaje, en tanto, el proyecto elimina la mayoría de los requisitos actuales: solo pedirá ser mayor de edad y tener título secundario. Habilita a personas humanas y jurídicas, permite el uso de plataformas digitales y prohíbe futuras regulaciones que fijen aranceles, honorarios obligatorios, requisitos de residencia o incompatibilidades profesionales. Se derogan los artículos 31 a 35 de la ley 20.266 y el 1355 del Código Civil y Comercial.
Agro: adiós a los aportes obligatorios del IPCVA y a la COVIAR
El anteproyecto mete una transformación profunda en las cadenas agroindustriales. Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se eliminan a partir del 1° de octubre de 2027. Desde entonces, el organismo deberá mantenerse con aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones. En vitivinicultura, el impacto político es mayor: se deroga la ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y su Plan Estratégico. La entidad deberá cerrar, rendir cuentas y liquidarse; los fondos remanentes irán al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además, se elimina la ley 23.149 de fraccionamiento de vinos en origen y se modifican las normas de fiscalización, concentrándolas en el tramo final de la cadena.
Un dato no menor: se derogan íntegramente las leyes 13.246 y 14.432, que regulaban los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales. Los contratos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento, pero hacia adelante las relaciones entre dueños de campos y productores quedarán regidas por la libertad contractual sin las protecciones que esas normas establecían desde hace décadas.
Cabotaje: buques extranjeros y tripulación argentina gradual
El capítulo de marina mercante habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje en territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional se implementan de manera gradual: hasta 90 días de operación, sin obligación de contratar argentinos; de 91 a 180 días, un 20 %; de 181 a 360 días, un 40 %; y recién después de un año, un 75 %. Se deroga el decreto ley 19.492 de 1944, que reservaba carga para buques nacionales, y se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad. También se flexibilizan los requisitos de matrícula y se digitalizan los documentos de transporte marítimo.
Mercado financiero: blockchain, contratos inteligentes y prendas digitales
La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Se reconocen los contratos inteligentes, el uso de blockchain, los registros distribuidos y las prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual. Se crea un Sistema Federal de Registro de Garantías, se autorizan warrants digitales negociables en mercados y se habilitan cláusulas de indexación en pagarés y letras. Los fideicomisos ganan mayor protección frente a concursos y quiebras. La Comisión Nacional de Valores amplía facultades y se redefine gran parte de la ley 26.831, incorporando principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.
La letra chica de esta reforma financiera está escrita en código de modernización, pero el acceso a esas herramientas no es universal. La fuente no detalla cómo se va a garantizar que pequeños productores, comerciantes y ahorristas puedan operar con esa tecnología sin quedar excluidos de un sistema cada vez más veloz y digitalizado.
Lo que se juega en el Congreso
El anteproyecto que Sturzenegger puso a circular no es un DNU. Va a necesitar debate parlamentario y votos. Su magnitud es tal que modifica actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial. La promesa de “libertad” que impulsa el oficialismo contrasta con los efectos concretos: la posibilidad de comprar un analgésico en cualquier lado mientras la farmacia de la esquina evalúa si cierra los sábados, el precio de la garrafa sin ninguna referencia, la desaparición de la COVIAR y la pérdida de protección para los arrendatarios rurales. La fuente no opina, informa. Pero la magnitud de lo que está en juego obliga a preguntarse si esta “ola de desregulación” está preparada para amortiguar los impactos que va a generar en los sectores más vulnerables de la cadena productiva y social.
Fuente original: Parlamentario, 18 julio 2026
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