Pensalo un segundo: el mismo funcionario que te retiene el sueldo cada mes y controla si las grandes empresas evaden, tendría tres departamentos en Florida que nunca declaró. Eso es lo que sospecha la Justicia federal, y ahora la investigación pegó un salto. El juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de mandarle exhortos a Estados Unidos para saber si Andrés Gerardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es en verdad el dueño de tres inmuebles en Miami que figuran a nombre de sociedades panameñas.

• La movida no arrancó de la nada. El magistrado aceptó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, y que ya juntó un bloque de pruebas sólido. Tanto, que para la PIA hay elementos de sobra para sentar a Vázquez a declarar por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y para ampliar la causa hacia el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión fiscal. El juez, mientras tanto, quiere que los bancos y las autoridades migratorias de allá confirmen si la plata y los movimientos familiares calzan con el rompecabezas que armaron los investigadores.

Los inmuebles están ubicados en zonas top: la avenida Brickell y Sunny Isles Beach. Las compras se hicieron entre 2013 y 2015, pero no las hizo una persona sino dos empresas panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. En los papeles argentinos, Vázquez nunca mencionó su vínculo con esas sociedades, ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco, incumpliendo la obligación que tenía al menos entre 2012 y 2015, y otra vez en 2023. Lo que sí consta es que ambas firmas quedaron bajo el paraguas de Galanthus Capital Limited, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2016, donde Vázquez aparece como beneficiario final. Y como si eso no alcanzara, desde 2021 sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

• Hay más pistas que hacen difícil creer en un dueño fantasma. Entre 2014 y 2018, Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez —que también trabaja en ARCA—, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de esos departamentos: unos 136 mil dólares. Y no solo eso: los cheques de reintegro del condado de Florida llegaron a nombre de ellos. Mientras, el domicilio personal de Vázquez en Puerto Madero quedó registrado como sede oficial de Alcorta Corp. ante las autoridades de Florida, y sus dos hijas viven desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que pertenece a Pompeya Group Corp. Cualquier investigador lo llamaría control de hecho: pagás, usás y das tu dirección legal.

El descalce financiero también grita. Antes de que arrancaran las compras en Brickell, Vázquez había declarado tener disponibles apenas 40 mil dólares líquidos. Las operaciones inmobiliarias, sin embargo, treparon a 1,1 millón de dólares. ¿De dónde salió la diferencia? La PIA cree que ahí asoma un esquema más grande, que incluye a Consultora San Andrés SA, una firma que Vázquez maneja con el 51 % junto a su hermana, que no tiene empleados, que llegó a acumular cuatro autos al mismo tiempo y que, según los papeles, le habría prestado la plata para comprarse su propio departamento en Puerto Madero. El fiscal la describe como una posible “sociedad pantalla”.

• Pero hay otra jugada que también está bajo la lupa. En 2018, Vázquez escrituró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building, dentro del complejo Faena de Puerto Madero, por unos 226 mil dólares. Unidades similares se ofrecían por más del doble. Para la PIA no es precisamente una ganga, sino un indicio de subvaluación que habrá que peritar.

Con todo ese material sobre la mesa, el juez Martínez de Giorgi movió fichas en varios tableros. Les pidió a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de cuentas de Vázquez y su familia, y que informen si Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. tienen cuentas ahí. También reiteró a las autoridades migratorias que entreguen todos los movimientos de entrada y salida del grupo familiar, para cruzar fechas con las operaciones. En el plano local, la misma batería de pedidos apunta a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central y a otros organismos.

La defensa de Vázquez, por ahora, es esquiva. El funcionario dice que él no es el verdadero dueño de los departamentos —valuados en más de dos millones de dólares— y que pertenecen a un tercero al que nunca identificó ni aportó datos en los tribunales de Comodoro Py. El problema para esa versión es que los comprobantes de impuestos y los reintegros tienen su nombre y el de su exmujer, y que sus hijas viven en uno de esos inmuebles. La Justicia espera ahora la palabra oficial de Estados Unidos.

Lo que está en juego va mucho más allá de un caso judicial. El tipo que debe perseguir a los evasores y garantizar que todos paguen lo que corresponde está siendo investigado por tener una estructura offshore sin declarar. Cuando el encargado de la recaudación queda envuelto en una causa por presunto ocultamiento patrimonial, la sensación de que la vara no es la misma para todos deja de ser una frase hecha y se convierte en un hecho concreto. Mientras tanto, millones de laburantes ven cómo todos los meses les retienen una porción de su ingreso, y se preguntan si vale la pena cumplir cuando los que diseñan las reglas encuentran un atajo.

La respuesta de la justicia norteamericana no tiene fecha. “Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, le explicó una fuente tribunalicia a LA NACION. A veces, en un par de meses está todo; otras, empiezan los pedidos de aclaración y el trámite se estira dos años o más. Es un plazo que los investigados conocen de memoria y que suele usarse para enfriar causas o mover el dinero a tiempo. Pero la decisión del juez de mandar los exhortos ya marcó un antes y un después: por primera vez la investigación salió del país y va detrás de las pruebas que podrían transformar una maraña societaria en una acusación concreta. La pelota está ahora en la cancha de Miami.

Fuente original: LA NACION, 1 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/patrimonio-sin-declarar-el-juez-martinez-de-giorgi-pidio-informacion-a-eeuu-sobre-el-titular-de-la-nid01072026/

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#justicia #ARCA #patrimonio #evasión #lavado #Miami

Hay funcionarios que tropiezan con la misma piedra aunque vivan a mil kilómetros de distancia. Manuel Adorni se fue de la Jefatura de Gabinete con el portón de un country en la frente. Ahora, en Tucumán, la historia se repite con un agravante difícil de digerir: Raquel Graneros no administraba los hilos de la política nacional, administraba la miseria. Y sin embargo, desde fines de 2024 duerme en una casa de 600 metros cuadrados dentro de Las Yungas, el barrio cerrado más top de Yerba Buena.

La distancia entre el municipio que debería gestionar y su nueva residencia es de 130 kilómetros. Pero la distancia simbólica es infinitamente mayor. Graneros es el departamento más postergado de toda la provincia, según las mediciones de la UCA. Más de la mitad de sus habitantes sobrevive por debajo de la línea de pobreza. Abrir una canilla y que salga agua potable sigue siendo una quimera. La luz se corta con la frecuencia de un reloj impuntual. Y la intendenta, mientras tanto, desembolsó más de un millón de dólares en efectivo para comprar su refugio de fin de semana.

La operación no pasó inadvertida. El programa El Avispero destapó la olla y los detalles son tan concretos como escandalosos: dos terrenos fusionados en el sector 12 del country, un valor de mercado que va del millón al millón doscientos mil dólares, y ningún crédito hipotecario registrado a su nombre en el Banco Central. Todo al contado, en las cajas de una sucursal del Galicia. El secretario de Hacienda del propio municipio, Ariel Mendelek, aparece mencionado como el encargado de mover parte de los fajos —seis entregas mensuales de 50 mil dólares cada una— para cerrar el negocio.

La cuenta es imposible de resolver con un sueldo de tres millones de pesos. Y a eso sumale expensas que rondan el millón por mes. Los vecinos del country la ven llegar los sábados, disfrutar el verde, y volverse. Del otro lado, en Graneros, la postal es inversa: calles de tierra, falta de cloacas, promesas que nunca aterrizan.

Hay un elemento que vuelve más denso el asunto. La causa quedó en manos del fiscal Diego Hevia. Hijastro de Guillermo Herrera, aquel fiscal que se hizo famoso no por sus condenas sino por su creatividad para archivar expedientes que rozaban al poder político de turno. A Herrera le abrieron juicio político y lo auditaron. Que ahora la denuncia contra Graneros caiga justo en el despacho de su hijastro es una señal que en Tribunales tucumanos no necesita traducción.

Los impulsores de la presentación judicial —el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Augier— saben que el terreno judicial es pantanoso. Pero sobre todo saben que acá no hay un solo apellido en juego: hay un clan. Porque Graneros no es solo un distrito pobre, es también el nombre de una familia que lo maneja como patrimonio privado desde 2003. Empezó el padre, Roque Graneros. Cuando falleció, asumió la madre, Alejandra Cejas, que ahora es legisladora provincial. Después vino la hija, Raquel, la actual intendenta. Y el gobernador Osvaldo Jaldo acaba de completar el círculo nombrando al hermano, Roque Alejandro Graneros, como secretario de Estado en el Ministerio del Interior. Lo curioso: el decreto que habilita su designación se publicó apenas siete días antes de que el mismo Ejecutivo provincial prohibiera sumar más empleados públicos.

La ironía con Adorni es inevitable, pero también es una trampa. A Adorni lo liquidaron apenas la prensa puso la lupa sobre su casa. A Graneros, por ahora, la investiga un fiscal que carga con el legado de un especialista en cajones cerrados. La pregunta no es si hay o no hay pruebas, sino cuánto tiempo va a dormir la causa mientras en Graneros —el pueblo, no la intendenta— sigue faltando el agua.

Fuente original: Mosca, 29 de junio de 2026

Enlace: https://mosca.com.ar/2026/06/29/la-adorni-tucumana-la-intendenta-del-municipio-mas-pobre-de-la-provincia-vive-a-130-km-en-una-mansion-en-un-country/

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#AdorniTucumana #Graneros #Desigualdad #CountryGate #PolíticaArgentina #Tucumán

Gustavo Gennuso se incorporó a un organismo nacional y dos legisladores de su riñón le volaron el bloque al gobernador Alberto Weretilneck. Fue suficiente. Tres días después, la Justicia de Río Negro —ese apéndice del poder que en la provincia todos saben que se maneja con teléfono directo a la Casa de Gobierno— le reactivó una causa penal por malversación. El mensaje es brutal, transparente, casi obsceno: al que se atreva a desafiar al régimen, lo pasamos por la picadora judicial. No importa que hayan pasado siete años. No importa que los delitos sean humo. Importa quebrar al disidente, escracharlo, dejarlo seco en tiempo y honorarios, y mandarle una señal helada al resto del arco político: acá el que se mueve, pierde.

Lo que ocurrió en Bariloche esta semana es una clase magistral de persecución con toga. La cronología es tan escandalosa que no resiste un análisis sin que se te tuerza la cara de asco. El sábado 24 de junio, la legisladora Marcela Abdala —hechura pura de Gennuso— y Daniel Sanguinetti —exfuncionario de la exgobernadora Arabela Carreras— rompieron con el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN). No se fueron en silencio. Denunciaron falta de debate interno, conducción verticalista, un esquema donde Weretilneck decide hasta el color de los papelitos y el resto obedece o se atiene a las consecuencias. En simultáneo, trascendió que Gennuso aceptaba un cargo ad honorem en la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El hombre es ingeniero nuclear, conoce el paño, pero en la rosca provincial la jugada se leyó clarito: Milei le abrió una rendija nacional a un dirigente que puede armar algo grande con el diputado Aníbal Tortoriello, el fantasma que más le quita el sueño electoral al gobernador.

Tres días. Apenas tres días tardó el fiscal Inti Isla en reimpulsar una denuncia del actual intendente Walter Cortés —un soldado obsecuente de Weretilneck— por supuestas irregularidades en la compra directa de maquinaria vial a la empresa OPS en 2019. Sí, leyó bien: siete años después, cuando el exintendente se planta y dos legisladores le tuercen el brazo al oficialismo en la Legislatura, el expediente dormido despierta como por arte de magia negra. La imputación alcanza a Gennuso y a su exsecretario de Obras Públicas, Carlos Cairo, al subsecretario Edgardo Garza, al exsecretario de Hacienda Diego Quintana y a la exdirectora de Políticas Tributarias Lilian Baroni. ¿Quién falta? Una sola figura clave: Marcos Barberis, el exjefe de Gabinete de aquella administración.

¿Por qué Barberis no aparece en la lista? Porque Barberis se fue con Weretilneck ni bien terminó el mandato municipal. Fue secretario de Turismo provincial hasta septiembre del año pasado. Su pareja, la exlegisladora Julia Fernández, es íntima del presidente del bloque oficialista Facundo López y hoy preside el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche en un cargo que, por ley, debería ocupar un funcionario de rango no menor a secretario, cosa que ella no es. La impunidad es premium, y la selectividad de la pluma fiscal es tan evidente que insulta la inteligencia de cualquier ciudadano: los aliados del régimen no son tocados ni con un hisopo. Los que se rebelan, en cambio, sienten la bota en el cuello.

Arabela Carreras, que conoce las entrañas del monstruo porque lo padeció desde adentro, lo dijo sin el menor disimulo: "Hay persecución judicial. Todos estamos esperando que nos hagan una denuncia de algún tipo. Todos sabemos que expresar disidencia significa persecución judicial. Siempre hay algún fiscal dispuesto a hacerlo". Y agregó algo que pinta el cuadro completo: medios amigos del gobierno, inflados con pauta oficial, se encargan del linchamiento mediático. "Te ponen en una situación incómoda y desagradable durante mucho tiempo. Después pasa, pero es la respuesta inmediata frente a cualquier expresión pública de disidencia", explicó. No es paranoia de exmandataria dolida. Es el manual de supervivencia de un sistema político que funciona como una aplanadora.

Y ojo, que esto no es una pelea entre ángeles y demonios. Gennuso viene de la misma escuela. Fue secretario General de JSRN hasta que decidió abrir la boca y pedir debate interno y conducción horizontal. Lo que pasa es que en Río Negro el que pide democracia interna es tratado como un apestado. La grieta empezó en diciembre de 2023, cuando Weretilneck le prometió el ministerio de Gobierno y, a último momento, colocó a un tipo que duró menos que un suspiro. Esa traición fue el punto de quiebre. De ahí en más, Gennuso se volvió la piedra en el zapato. Y ahora, con el respaldo nacional y la danza de nombres con Tortoriello, se convirtió en un enemigo a destruir.

La causa Techo Digno ya había mostrado el modus operandi. Aquella megainvestigación por supuestos certificados de obra falsos con fondos nacionales para viviendas sociales terminó con casi todos los intendentes absueltos. Gennuso salió a flote. El único que sigue con la soga al cuello es justamente Tortoriello, el diputado nacional que más temor le genera al gobernador. La Justicia rionegrina, que es lenta para las causas de corrupción que involucran al círculo rojo, se vuelve un rayo cuando hay que dar un escarmiento político.

Hoy Gennuso tiene una causa penal reactivada, abogados que pagar, un cargo honorario que le insume tiempo y una exposición mediática hostil. Pero sobre todo, el régimen de Weretilneck está exhibiendo sin pudor la entraña más podrida del sistema: la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento partidario. No investigan delitos. Investigan disidencias. No buscan responsables de saqueos. Buscan quebrar voluntades. Es el lawfare más desfachatado y pueblerino, ejecutado en una provincia donde los resortes institucionales son manejados como el control remoto de un televisor.

El interrogante que queda flotando es si alguien va a parar esto. Si algún organismo nacional, algún juez con verdadera independencia, algún medio que no dependa de la pauta, va a ponerle nombre y apellido a lo que ocurre. Porque acá no hay grises. Hay un gobernador que usa a fiscales serviles para aniquilar adversarios. Hay un fiscal que omite investigar a los amigos y arremete contra los que se van del club. Hay funcionarios judiciales que funcionan como apéndices del poder político. Y hay una dirigencia opositora que mira el escarmiento y calcula si vale la pena plantar bandera o mejor bajarse del barco antes del próximo portazo.

Mientras la rosca devora a sus hijos y la Justicia oficia de matón, los problemas reales de los rionegrinos —la falta de trabajo, las viviendas que nunca se terminan, la salud que es un desastre, la educación que hace agua— siguen ahí, intocados, esperando que alguien deje de jugar a la guerra sucia y se ponga a gestionar. Pero eso, claro, no vende. No asusta. No da poder.

Fuente original: Realpolitik, 27 de junio de 2026

Enlace: https://realpolitik.com.ar/nota/72786/lawfare-a-la-rionegrina-reactivan-causa-contra-funcionario-de-javier-milei/

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#Lawfare #MafiaJudicial #RíoNegro #PersecuciónPolítica #ArgentinaDesigual #Weretilneck

Dos nuevos terrenos públicos del explayón ferroviario de Palermo saldrán a remate el 21 de julio próximo. La decisión, oficializada a fines de junio por Playas Ferroviarias, pone sobre la mesa 1.500 metros cuadrados en una de las áreas más valorizadas de la Ciudad: la avenida Juan B. Justo al 1340 y al 1380. El precio base es de 9,2 millones de dólares, pero lo que no dice la letra oficial es que esos lotes integran un predio mayor donde, desde 2012, una ley exige que el 65 por ciento se destine a espacios verdes. A trece años de aquella norma, el parque prometido sigue dibujado en papeles mientras los negocios inmobiliarios se aceleran.

Los dos paños son contiguos. El primero suma 693 metros cuadrados; el segundo, 822. El edicto de subasta —publicado en el Boletín Oficial el martes 23 de junio— establece que se rematarán en conjunto y que quien gane deberá pagar en dólares. La web de remates de Playas Ferroviarias describe las parcelas como “aptas para desarrollo inmobiliario” y pinta un escenario de altísima demanda: “área de transformación urbana”, “proceso sostenido de revitalización”, “alta demanda para usos mixtos vinculados a vivienda, oficinas y actividades gastronómicas”. Todo cierto, pero incompleto: en ninguna línea se menciona que esos metros cuadrados forman parte del “Distrito Nuevo Palermo”, creado por la Ley 4.477, que obliga a dejar la mayor superficie para uso público.

Esa ley, aprobada por la Legislatura porteña en diciembre de 2012, rezonificó las explayas ferroviarias de Palermo, Liniers y Caballito. Para el predio de Juan B. Justo, el plan fue claro: permitir la venta de algunos lotes para financiar la construcción de un gran parque ferroviario sobre el 65 % de las tierras. En los hechos, el negocio inmobiliario avanza mucho más rápido que el espacio público. Mientras la Ciudad ya autorizó edificios en manzanas delimitadas por Atacalco, Soler, Godoy Cruz, Nicaragua y María Teresa Ferrari, y ya funciona un pequeño parque de media manzana frente al Polo Científico Tecnológico, el parque principal no pasa de los planos que el propio Gobierno porteño adjuntó al remate.

Esos planos sí revelan lo que el aviso comercial omite. Allí se ve la futura traza del verde y, en el medio, la extensión de la calle Darwin que el GCBA proyecta abrir para separar el espacio público de la nueva manzana que formarán los lotes subastados. Es decir, los compradores se llevan tierra con zonificación a medida: uso residencial y comercial, altura máxima de 50 metros, frente al Metrobús y lindante a un parque que, si algún día se concreta, revalorizará aún más sus propiedades.

Otro dato que los pliegos oficiales confirman es que los terrenos no están vacíos. Actualmente funcionan allí una sucursal y galpones de Blaisten, la cadena de materiales para el hogar del grupo Cencosud. Según las condiciones de la subasta, la posesión se transferirá al comprador el 1° de agosto de 2026, fecha para la cual la empresa deberá haber desalojado el predio. No hay información pública sobre si medió algún tipo de compensación o si el abandono fue acordado con el Estado nacional.

Este nuevo remate no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia que ya incluyó, el 29 de abril pasado, otros dos lotes en Juan B. Justo al 1720 y 1784, y uno en José Antonio Cabrera al 5446. Antes habían sido vendidas parcelas en Atacalco al 1815, 1875, 1780, 2025 y 2075. Todas son piezas de una franja de casi siete hectáreas que va desde Niceto Vega hasta Soler y que el Gobierno nacional, a través de Playas Ferroviarias, viene liquidando de forma sistemática desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el relevamiento que este mismo diario sostiene desde diciembre de 2023, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Playas Ferroviarias y otros organismos —como la Secretaría de Obras Públicas con los terrenos del exProcrear— ya pusieron a la venta más de 180 inmuebles y predios públicos. La estrategia se vende como un reordenamiento fiscal, pero en barrios como Palermo el resultado salta a la vista: tierras del Estado que pasan a manos privadas con una zonificación generosa y la promesa de un espacio verde que, por ahora, solo alimenta renders y discursos.

Mientras las torres empiezan a levantar su perfil sobre Juan B. Justo, la pregunta que nadie responde es cuándo la Ciudad comenzará las obras del parque que la ley exige desde 2012. Cada subasta consuma una porción del suelo público y, con ella, se diluye un poco más la posibilidad de discutir un modelo urbano distinto. Lo único concreto es que el mercado inmobiliario festeja, los lotes cambian de dueño y el verde sigue esperando.

Fuente original: Página12, 29 de junio de 2026

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#Palermo #RemateDeTierras #NegocioInmobiliario #PlayasFerroviarias #EspacioPúblico #ArgentinaDesigual

Hay consejos que los que saben repiten desde hace décadas en la política argentina. Uno, sobre todo, circula entre los que vieron pasar presidentes, crisis y noches largas en la Casa Rosada: cuando te ofrecen un cargo enorme y vos sabés que en tu pasado hay algo que puede explotar, la mayor muestra de lealtad es decir que no. Renunciar a tiempo, incluso antes de asumir. Dejar la carta de renuncia lista desde el primer día. Manuel Adorni, el hombre que hasta esta semana fue el jefe de Gabinete de Javier Milei, ignoró todas esas máximas. Y el costo de esa desobediencia lo terminó pagando el principal capital político del Gobierno: la presunción de superioridad moral.

La salida de Adorni no fue súbita. Se venía cocinando desde hacía casi cuatro meses, cuando una serie de revelaciones empezó a corroer la imagen del funcionario que mejor encarnaba la prédica libertaria contra la “casta”. El detonante no fue una denuncia aislada sino una acumulación de sombras que, en cualquier otro gobierno, tal vez se habrían diluido en el ruido de la rosca diaria. Pero acá el cristal con el que se miraba era otro, y por eso cada golpe sonó a rotura.

Para entenderlo hay que retroceder hasta marzo, cuando los primeros indicios sobre el patrimonio de Adorni saltaron a la luz. Las preguntas eran incómodas: adquisición de inmuebles mediante prestamistas de origen difuso, gastos en efectivo que trepaban a cientos de miles de dólares sin respaldo claro y una explicación que desafió el sentido común: su fortuna, dijo alguna vez, estaba resguardada en un pendrive con bitcoins. Lejos de despejar las dudas, cada aparición pública del entonces jefe de Gabinete sumaba una capa nueva de desconcierto.

El Gobierno hizo lo que suele hacer un oficialismo cuando siente que le tocan a uno de los propios: cerrar filas. En la comparecencia de Adorni ante el Congreso, la plana mayor del mileísmo fue a hacer barra. Lo aplaudieron, insultaron a los opositores que preguntaban y transformaron una rendición de cuentas institucional en un acto de militancia con estética de tribuna. Pero las semanas siguientes convirtieron aquel respaldo en un error de cálculo mayúsculo. El propio Adorni, en una entrevista televisiva, terminó admitiendo que había mentido sobre aspectos centrales de su situación patrimonial y que, durante años, había evadido obligaciones impositivas. La confesión cayó como un baldazo de agua fría sobre la promesa de transparencia absoluta que el oficialismo venía vendiendo desde la campaña.

Ahí es donde el episodio dejó de ser un problema de un funcionario para transformarse en una amenaza al relato fundacional del mileísmo. Porque Javier Milei no llegó al poder en 2023 prometiendo solamente un ajuste fiscal o una reforma del Estado. Llegó, sobre todo, prometiendo decencia. La idea de que venía una fuerza nueva, limpia, incontaminada, a barrer con “los mismos de siempre”. Esa superioridad moral era el escudo con el que el Gobierno se protegía de los cuestionamientos por la caída del consumo, por el freno a las partidas sociales, por las tensiones con las provincias. Mientras la vara ética estuviera alta, todo lo demás era sacrificio tolerable. Pero si la sospecha de corrupción anidaba en el corazón del gabinete, el andamiaje se tambaleaba.

Lo que volvía especialmente costoso el escándalo para Milei era esa asimetría que el propio Hugo Alconada Mon describió con precisión desde estas páginas. Cuando un gobierno hace de la honestidad su bandera principal, cualquier mancha pesa el doble que sobre administraciones que nunca juraron regenerar la política. No es lo mismo un ministro sospechado en una gestión que se asume parte de la “rosca” que un jefe de Gabinete acusado en un gobierno que se presenta como una cruzada moral. Esa diferencia explica por qué un caso que, en términos comparativos de la corrupción argentina, podría haber sido un escándalo de segundo orden, provocó un daño político de primera magnitud.

El final se escribió esta semana, cuando a Karina Milei —la hermana del Presidente y la verdadera arquitecta del poder puertas adentro— le llegaron dos señales que no admitían discusión. La primera venía del Senado, donde los propios aliados le hicieron saber a la Casa Rosada que si el Gobierno no cortaba la soga, la cortaban ellos. La segunda, más perturbadora todavía, llegó desde las encuestas. Los números equiparaban el desgaste del caso Adorni con los capítulos más recientes de la corrupción kirchnerista. Que las andanzas de un funcionario —sus inmuebles con prestamistas insólitos, sus fajos de dólares sin declarar, su pendrive mágico— pudieran medirse en el mismo termómetro que la causa de los cuadernos o los millones de dólares ocultos en los roperos del kirchnerismo encendió todas las alarmas. Porque en política, cuando la vara moral se empareja hacia abajo, el que más pierde es el que había prometido tenerla más alta.

El impacto de esta crisis no se mide solamente en el organigrama que se reacomodará en las próximas horas. Lo que queda en el aire es una pregunta que el mileísmo no puede responder con un comunicado: ¿se rompió para siempre el cristal de la superioridad moral o alcanza con cambiar a la persona para que el relato sobreviva? En los barrios donde la promesa de terminar con los privilegios había calado hondo, la desilusión viaja más rápido que cualquier operación de prensa. “Si ellos también hacen las suyas, ¿en qué se diferencian?”, es la pregunta que se repite en miles de conversaciones cotidianas, sin micrófonos ni cámaras.

Adorni se fue envuelto en palabras cálidas y en reproches al periodismo, pero se fue. El Gobierno ahora apuesta todas sus fichas al repunte de la economía y a que, llegado el momento del voto, la memoria colectiva recuerde más los muertos ajenos que los propios. La campaña por la reelección empezó esta misma semana, pero nadie sabe si el principal activo con el que Milei llegó al poder —la idea de ser distinto— sale ileso de este trance. De lo que no hay dudas es de que, en una Argentina donde la paciencia con la mentira se agotó, el costo de tropezar con la propia vara siempre es más alto que el de caerse desde el llano.

Fuente original: El País, 28 de junio de 2026

Enlace: https://elpais.com/argentina/2026-06-28/el-final-demorado-de-manuel-adorni.html

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#ArgentinaDesigual #Milei #Adorni #Casta #DobleVara #ÉticaPolítica

Diego Santilli está a punto de asumir la Jefatura de Gabinete que deja vacante Manuel Adorni, y el dato no es solo un movimiento de ajedrez político. Es la revelación de quién es quién en el Gobierno que llegó prometiendo transparencia. Porque Santilli, el mismo que hizo de la Ficha Limpia su bandera y llenó las redes de discursos contra la corrupción, llega al cargo con dos mochilas que no paran de sumar peso: un entramado de 14 sociedades familiares con dos firmas offshore y la acusación directa de un estafador condenado que dice haber financiado su campaña.

• El primer golpe vino de los registros públicos. Documentación revelada en los últimos días expuso que el diputado nacional y su círculo más íntimo controlan 14 empresas. Dos de ellas están radicadas en paraísos fiscales. La primera se llama Lakerise Internacional Limitada, se dedica al alquiler de inmuebles, está activa desde octubre de 2006 y nunca se inscribió ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Son 19 años de operaciones sin figurar en el radar fiscal argentino. La segunda es South Tourin LLC, creada en Florida en diciembre de 2014. El CEO de esa compañía es Darío César Santilli, hermano del legislador, y la firma comparte domicilio con otras estructuras manejadas por intermediarios que conocen como pocos los atajos de las guaridas fiscales. La madre de ambos, María Luisa Forchieri, aparece mientras tanto inscripta como monotributista, la categoría más baja del régimen simplificado. El contraste entre ese perfil impositivo y el volumen de sociedades familiares habla por sí solo.

Santilli ya conocía el olor a azufre de estas revelaciones. En 2021 su nombre figuró en los Pandora Papers, la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que dejó al desnudo cómo dirigentes de todo el mundo ocultan patrimonio mediante firmas opacas. En ese momento la noticia fue un cimbronazo. Ahora, con un ministerio al alcance de la mano, la réplica es mucho más profunda.

Hay una frase que lo persigue y que hoy adquiere un peso demoledor. En 2018, cuando le preguntaron por sus sociedades offshore, Santilli respondió con una naturalidad que hiela: "Es normal, todo el mundo lo hace". Esa declaración, rescatada de archivos periodísticos, choca de frente contra su prédica de años como impulsor de la Ficha Limpia. Quien está a punto de administrar recursos públicos ya había naturalizado, al menos de palabra, las maniobras para eludir al fisco.

• El segundo golpe llegó desde una cárcel correntina. Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, cumple condena por estafa en la Unidad Penal N.° 1 de San Cayetano. Desde ahí, en declaraciones a Radio Splendid, contó que en 2021 aportó 32.500 dólares a la campaña de Santilli. Dijo que el pedido llegó a través de Martiniano Molina, exintendente de Quilmes, durante un evento en el que estaban Horacio Larreta, Cristian Ritondo y Federico Pinedo. "Molina me comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico", detalló.

Cositorto no se guardó nada. "No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra", declaró. Y trazó una línea que lo separa de otro nombre que sacude a la política: "Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme". También admitió que su plata no tuvo un solo destinatario: "Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también".

Para entender por qué esto importa hay que salir del microclima político y pisar la calle. Cada sociedad offshore que no tributa donde corresponde, cada campaña que se financia con plata de origen dudoso, significa menos recursos para hospitales, escuelas y obras públicas. En la provincia de Buenos Aires, donde Santilli iba a encabezar la lista legislativa hasta que la renuncia de Espert reordenó las piezas, la pobreza supera el 40 por ciento y los servicios públicos funcionan a fuerza de parches. La elusión fiscal no es una picardía contable: es un golpe directo a los que menos tienen. Cuando un dirigente dice "todo el mundo lo hace", está confesando una lógica de privilegio que la mayoría de la gente no puede darse.

El ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete no ocurre en el vacío. Se da apenas semanas después de que Cristian Ritondo, otro referente de peso del mismo espacio, quedara imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La secuencia se repite: figuras que reclaman transparencia en público mientras sus finanzas privadas acumulan preguntas sin respuesta.

Lo que queda ahora es terreno movedizo. La Justicia todavía no determinó si las sociedades offshore se usaron para evadir impuestos ni si el aporte de Cositorto existió formalmente y fue declarado ante la Justicia Electoral. Pero la política ya movió sus fichas: le entrega un ministerio estratégico a un dirigente que predicó ética pública mientras su entorno tejía empresas en guaridas fiscales y recibía financiamiento de un hombre condenado por estafa. El resto de la película no está escrito, pero los primeros fotogramas ya muestran una contradicción difícil de digerir.

Fuentes originales:

· El Tribuna, 5 de octubre de 2025

· Perfil NEA, 8 de octubre de 2025

Enlace El Tribuna: https://eltribuna.com.ar/contenido/7915/santilli-a-la-cabeza-de-la-lista-lo-vinculan-con-14-sociedades-2-en-paraisos-fis

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#Santilli #Adorni #Cositorto #FichaLimpia #Offshore #ArgentinaDesigual

Manuel Adorni se quebró. No fue una metáfora: se derrumbó literalmente en su despacho de la Casa Rosada, entre sollozos, con la mirada extraviada y sin permitir que nadie lo sacara de allí, minutos después de que Karina Milei le transmitiera el mensaje que pulverizó su carrera política. "Está destruido", describió el periodista Eduardo Feinmann. "No para de llorar. Está completamente desbordado", agregó un funcionario que presenció la escena. El mismo hombre que hasta hoy era jefe de Gabinete de la Nación se desmoronó porque la hermana del Presidente, en nombre de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, le bajó el pulgar sin anestesia.

La orden fue un pedido de renuncia indeclinable. Ni más, ni menos. La comunicación fue directa, sin vueltas, y desató una crisis nerviosa que tomó por sorpresa incluso a sus colaboradores más cercanos. "Él pensaba que tenía el apoyo de Milei, pero Karina se lo comunicó y se vino abajo", confió un estrecho colaborador que siguió los hechos minuto a minuto. En Casa de Gobierno primero intentaron calmarlo; después, persuadirlo de que abandonara la oficina. No lo lograron en horas.

La caída de Adorni no es solo el final de un funcionario. Es la crónica de una entrega política que se cocinó fuera de la vista del público. Macri y Bullrich forzaron la salida. Milei la acató. El argumento formal fue el desgaste judicial: Adorni acumula denuncias por presunto enriquecimiento ilícito a costa del Estado, una situación que se volvió insostenible en medio del brutal ajuste que golpea a la sociedad. Pero lo que aceleró todo fue el miedo a que ese escándalo salpicara al Presidente y arrastrara lo poco que queda del experimento libertario puro. La intervención macrista fue quirúrgica: pidieron la cabeza de Adorni y pusieron a un hombre propio en el centro del poder.

Ese hombre es Diego Santilli. El ministro del Interior asumirá en las próximas horas como nuevo jefe de Gabinete, formalizando el desembarco definitivo del PRO en las entrañas del Gobierno. Santilli reporta a Karina Milei, pero su designación es leída como un punto de equilibrio en la feroz interna libertaria: mantiene buena relación con Santiago Caputo y su objetivo explícito es no meterse en esa pelea. Con todo, el mensaje hacia afuera es inequívoco: La Libertad Avanza ya no controla la gestión. El PRO gobierna desde las sombras y ahora lo hace formalmente.

El dato más explosivo, sin embargo, es el costo humano y político de esta decisión. El desplante a Adorni expone el método de conducción de Karina Milei y la fragilidad de los vínculos dentro del oficialismo. Quien fuera la voz del Gobierno durante la campaña y los primeros meses de gestión terminó aislado, llorando a puertas cerradas, sin que el Presidente moviera un dedo para sostenerlo. La imagen de un funcionario destruido emocionalmente, sin capacidad de reacción, es también un síntoma de cómo se toman las decisiones en la cima del poder: con frialdad quirúrgica y lealtades que se rompen sin previo aviso.

Para la sociedad, el cambio implica un giro concreto. Santilli asume con la responsabilidad de ordenar la relación con las provincias, pilotear la agenda legislativa y contener las tensiones que atraviesan los ministerios. Su llegada reubica las prioridades del gasto y la obra pública, justo cuando la calle empieza a mostrar los primeros signos de agotamiento. Las consecuencias se medirán en las próximas semanas, pero una cosa es clara: el Gobierno ya no es lo que era.

Lo que queda por delante es si este movimiento alcanza para contener la hemorragia política o si, por el contrario, acelera la descomposición de un oficialismo que entregó su identidad a cambio de supervivencia. La interna entre libertarios y macristas no terminó: apenas cambió de forma. Y en el medio, un hombre quebrado por la orden de quien él creía que lo respaldaba, llora sin consuelo en el despacho que ya no le pertenece.

Fuentes originales: Portal Noticias Argentinas, junio de 2026, y relatos de colaboradores y Eduardo Feinmann.

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#Adorni #Santilli #CrisisNerviosa #Macri #GobiernoArgentino #ArgentinaDesigual

No hay presupuesto que los registre ni factura que los persiga. Los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mueven en efectivo, en mochilas, y desde hace meses alimentan una batalla sorda entre los dos sectores que se disputan el control real del Gobierno. Esta semana el conflicto sumó un nuevo capítulo: la pelea entre los hermanos Santiago y Francisco Caputo por un botín que, según fuentes con acceso directo a la Casa Rosada, treparía a los 27 millones de dólares. La discusión no fue abstracta: fue a los gritos, en el primer piso de Balcarce 50, y tuvo como telón de fondo la financiación del acto que la Fundación Faro organiza para el próximo martes 23 de junio.

Ese día Agustín Laje, presidente formal de Faro, dará inicio a una conferencia titulada “Ideas para una sociedad libre”, que se transmitirá en vivo por YouTube. La figura central será Javier Milei, acompañado por el anarcocapitalista estadounidense David Friedman, hijo del ídolo presidencial Milton Friedman. También hablarán Alberto Benegas Lynch —el referente que otorgó a Milei el doctorado honoris causa y que es padre de un diputado y un senador libertarios— y Martín Krause, el economista que durante la campaña de 2023 debió renunciar a su candidatura para el área de educación luego de preguntar en una charla si “no hubiera sido mejor” que la Gestapo hubiera sido argentina, “porque en vez de matar seis millones de judíos, hubieran sido menos”. Pese al repudio explícito de la DAIA, Milei lo defendió entonces en redes sociales y ahora compartirá escenario con él.

El acto será también la vidriera para la presentación del libro “La batalla por la macroeconomía”, del flamante vocero presidencial Adrián Ravier. Hasta hace pocos años, Milei lo había fustigado en Twitter con calificativos como “idiota”, “chanta” y “pésimo economista”. Hoy, Ravier es diputado nacional por La Pampa, dirige la Fundación Faro y responde a Santiago Caputo, que con ese nombramiento le acaba de ganar una pulseada a Karina Milei, partidaria de ungir a alguien alineado con los Menem.

La mochila que no era para él

La interna explotó cuando se supo que Francisco Caputo —el hermano mayor, que no tiene cargo oficial pero entra a la Rosada como si fuera su casa y funge de tesorero en Faro— habría tomado de los fondos reservados de la SIDE una tajada considerable para organizar el evento de la fundación y otros gastos. La suma en disputa, 27 millones de dólares, estaba destinada originalmente a amortiguar lo que en el oficialismo llaman el “aluvión anti Adorni”. La superposición de cajas desató la furia de Santiago, que veía cómo su hermano le desfinanciaba una operación política sensible.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, quedó en el ojo de la tormenta luego del escándalo por sus inversiones inmobiliarias y su tren de vida. El Senado postergó por una semana el debate de la moción de censura en su contra, gracias a una negociación en la que Patricia Bullrich logró sumar a la UCR, el PRO y bloques provinciales para no dar quorum el jueves pasado. Ahora la interpelación quedó para el 2 de julio, con posibilidades ciertas de remoción.

Para llegar a los 38 votos necesarios, el oficialismo se mueve en arenas movedizas. Los 21 senadores de Unión por la Patria, los dos de Gerardo Zamora y los dos de Justicia Social Federal le ponen un piso de 25. Si se acoplan los tres de Convicción Federal y los dos de MOVERE, más los dos de Provincias Unidas —que ya pidieron la renuncia de Adorni—, el número crece. Los gobernadores que responden a Llaryora, Schiaretti, Passalaqcua, Jaldo, Sáenz, Nacho Torres y Figueroa son la llave. Pero Sáenz empezó a dudar con el argumento de que echar a Adorni le daría a Milei la oportunidad de “victimizarse”. Esa postura se habría conversado en una reunión que Sergio Camacho, jefe de Gabinete salteño, mantuvo en la oficina de Santiago Caputo hace pocos días. Los mal pensados dicen que Camacho salió del edificio con mucho menos peso en el bolso del que entró: el color de las mochilas habría hecho juego con su ambo azul oscuro.

Una fundación sin donantes y un presupuesto que estalla

La Fundación Faro, concebida por el propio Milei y Santiago Caputo, declara que promueve los valores libertarios. En la práctica, según fuentes de la SIDE, funciona como “la caja de pago de los operadores digitales del espacio”. Su dominio en internet, fundacionfaro.org.ar, todavía está registrado a nombre de Fundación Valorar, su denominación anterior.

Los números son un volcán. En apenas dos meses de actividad durante 2024 recaudó $4.961 millones. El balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ), con once meses de atraso, no identifica a ningún donante. La justificación fue “razones de seguridad”. Hay cuatro irregularidades contables sin explicación: movimientos de dinero sin justificar, préstamos sin documentar y erogaciones sin correlato en actividades reales. El patrimonio pasó de $12 millones a multiplicarse 356 veces. No hubo servicio ni producto que explique ese salto.

La IGJ, bajo la órbita de Karina Milei, intimó a Faro el 1° de junio de 2026 para que en diez días hábiles revele la identidad completa de sus donantes. Hasta el cierre de esta nota, la fundación no había respondido.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Faro gastó $1.079 millones en publicidad política a través de Meta, bajo el sello “Ratio Oficial”. Fue el segundo mayor anunciante del país en la categoría. Más de 15.000 publicaciones. Todo sin que aparezca un peso en el presupuesto oficial.

La ruta del dinero y el control sin control

Los fondos reservados de la SIDE se manejan con un ritual casi artesanal: un funcionario autorizado retira el efectivo en el tercer subsuelo del Banco Nación con un sobre y un cheque. El rastro, cero. La Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia recibe apenas un papelito. “Nunca jamás controló los fondos”, dijo una fuente con acceso directo.

Cuando Milei llegó al poder, los fondos reservados de la SIDE rondaban los $640 millones anuales. En julio de 2024, el DNU 656 les inyectó $100.000 millones adicionales. El incremento fue de aproximadamente 15.625%, no del 5.000% como se repite. El Parlamento rechazó ese decreto, pero ya se había gastado el 80% en los primeros 30 días.

Durante 2025 se aprobaron tres ampliaciones más: el DNU 186 ($7.366 millones), la Decisión Administrativa 10 ($25.250 millones) y el DNU 849 ($26.118 millones). La suma correcta de esas ampliaciones de 2025 es de $58.734 millones, y no de $105.196 millones como erróneamente se consignó. En lo que va de 2026, el presupuesto del organismo ya superó los $97.135 millones, con $19.000 millones específicos para gastos reservados. En solo dos semanas de junio se ejecutaron $3.500 millones. Desde el inicio de la gestión, en términos reales, la SIDE creció un 34% mientras el resto del Estado se contraía un 31%.

Parte de ese dinero habría financiado sobresueldos en efectivo, gastos de la vocería de Adorni y, según las mismas fuentes, eventuales “facilidades” a legisladores en coyunturas clave.

Los hermanos Caputo, sin cargo y con mochila

Santiago Caputo no tiene nombramiento oficial. Francisco Caputo, menos. Sin embargo, es él quien maneja el día a día de la fundación, recibe donaciones y coordina las finanzas del armado libertario. Hasta julio de 2024 ni siquiera estaba inscripto en la AFIP (hoy ARCA). Aparece como empleado de Camalu S.A., una firma vinculada a Pablo Costa, el mismo empresario que tiene a Santiago registrado en Zefico. Ambos hermanos tienen el mismo empleador formal.

Cristian Auguadra, el titular de la SIDE, es un hombre sin experiencia en inteligencia y con un conflicto de interés estructural: el mismo DNU que lo designó lo convirtió en auditor de los fondos que él mismo ejecuta. Su historial empresarial incluye una red de al menos nueve compañías en jurisdicciones offshore que entre 2017 y 2021 movieron cerca de 5 millones de dólares. A dos semanas del escándalo por los departamentos en Miami, Auguadra partió a Madrid y, según supo Data Clave, planeaba volar luego a Marruecos. La debilidad política del “Señor 5” preocupa a los dos bandos del círculo de guerra: los Caputo y los Milei‑Menem.

Francisco quiere que Auguadra se vaya ya y que asuma su segundo, José Lago Rodríguez. Santiago duda, porque si se abre esa puerta, Karina podría meter allí a alguien propio —se menciona a “Corcho” Anzorreguy— y arrebatarle el control de la caja más codiciada del Estado.

Un entramado global con epicentro en Balcarce 50

La Fundación Faro forma parte de una red internacional que incluye a la Heritage Foundation, que participó en el “Encuentro por la Libertad” en Buenos Aires en abril de 2025, y a la CPAC, donde Laje fue orador. Barry Bennett, el lobbista ligado a campañas de Trump, articula la relación entre Faro, la SIDE y el aparato conservador norteamericano. En Europa, los vínculos alcanzan a la Fundación Disenso, de Vox, y a organizaciones cercanas a Viktor Orbán.

En noviembre de 2024, Faro se presentó en sociedad en el Yacht Club de Puerto Madero. La entrada por cubierto costaba 25.000 dólares. Asistieron Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, Miguel Galuccio, Alejandro Bulgheroni y Jorge Neuss, entre otros. Días antes había nacido “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Daniel Parissini, “El Gordo Dan”, como el brazo armado de la fundación.

¿Qué reciben esos empresarios a cambio? La pregunta flota sobre los contratos de la Hidrovía que acaban de quedar, en parte, en manos de sociedades ligadas a los Neuss. Todo, en este ecosistema, parece tener que ver con todo.

Lo que queda abierto

Mientras la SIDE engorda sus partidas, el Congreso fue burlado en su intento de control, la IGJ espera respuestas que no llegan y los hermanos Caputo se pelean por mochilas que entran y salen de la Rosada, el Presidente sigue siendo la figura decorativa de un esquema en el que otros fijan las prioridades. La fiesta anarcocapitalista del martes será la puesta en escena de esa grieta profunda. Quién la pagó, con qué dinero y a quién le debe favores son las preguntas que, por ahora, nadie quiere responder

Fuente original: Data Clave, junio de 2026

https://www.dataclave.com.ar/picado-fino/la-disputa-entre-karina-y-santiago-caputo-suma-un-nuevo-escandalo--las--mochilas--que-entran-y-salen-de-la-rosada-con-destino-incierto_a6a36e93825b6752bb569a87b

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#ArgentinaDesigual #FondosReservados #SIDE #FundaciónFaro #InternaLibertaria #Transparencia

Oficialismo, negocios y venganzas. Con más de 50 nombramientos en un solo día, el gobierno de Javier Milei reconfiguró buena parte del Poder Judicial a su medida, pero dejó afuera a la jueza María Verónica Michelli por su parentesco con uno de los periodistas que más incomoda a la Casa Rosada. La movida, apoyada en una mayoría circunstancial del Senado, completa vacantes clave que estaban frenadas hace años y expone sin disimulo la decisión del Presidente de usar los mecanismos institucionales para premiar lealtades y ajustar cuentas con quienes considera adversarios. Mientras los tribunales federales y nacionales reciben una inyección masiva de magistrados alineados con la nueva administración, la exclusión de Michelli —que ya contaba con el acuerdo parlamentario— confirma que en este plan de colonización judicial no hay lugar para vínculos incómodos con la prensa crítica.

La catarata de decretos que va del 492 al 545 se convirtió en el mayor recambio de jueces de los últimos años. El Senado había allanado el camino el 4 de junio, cuando con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones aprobó en un paquete cerrado más de 74 pliegos enviados por el Ejecutivo. El acuerdo, trabajado en labor parlamentaria con bloques dialoguistas, le permitió a Milei cubrir juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales en todo el país. En el fuero civil de Capital Federal quedaron designados, entre otros, Santos Enrique Cifuentes (Juzgado Nacional Nº 25) y Lucila Inés Córdoba (Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones). En el ámbito penal hicieron lo propio Laura Fabiana Kvitko (Juzgado Nº 23) y Santiago Alberto Poncio (Juzgado Nº 13). El impacto federal se materializó con Gerardo Daniel Cacace en el Tribunal Federal de Juicio de Formosa y Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta. La puesta a punto incluyó también cuatro defensores públicos, un fiscal y la nueva vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera, en una renovación administrativa sin precedentes.

Pero es el nombre ausente el que convierte esta oleada de designaciones en un acto deliberado de disciplinamiento. María Verónica Michelli había sido propuesta por el propio Milei para integrar el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata. Cuando se reveló su parentesco con Hugo Alconada Mon —periodista de investigación de La Nación que viene publicando revelaciones incómodas para el oficialismo—, el Ejecutivo intentó frenar su pliego en el Senado. No lo consiguió: la Cámara Alta le dio luz verde igual. Sin embargo, a la hora de firmar los decretos que convierten un acuerdo legislativo en un cargo efectivo, el Presidente borró a Michelli de la lista. Con eso dejó a la jueza en un limbo institucional inédito: tiene todas las aprobaciones técnicas y políticas, pero carece de la rúbrica presidencial, un castigo que no se explica por razones de idoneidad sino por su árbol genealógico.

El argumento oficial de la eficiencia se cae a pedazos cuando se observa la selectividad con la que se manejan los nombramientos. La cantidad de vacantes que se cubrieron en un mismo acto demuestra que el Gobierno contaba con los recursos políticos para hacerlo desde hace tiempo y que decidió mover las piezas todas juntas cuando el tablero le fue favorable. Ese apuro revela menos una preocupación genuina por el servicio de justicia que una vocación refundacional sobre la arquitectura de los tribunales. La exclusión de Michelli, lejos de ser una anécdota menor, expone la matriz de funcionamiento del poder libertario: quienes no encajan en el molde ideológico o tienen vínculos con periodistas incómodos quedan afuera, sin importar los avales parlamentarios. El lawfare no se ejerce solo por acción —persiguiendo adversarios con causas armadas— sino también por omisión, cuando se niega el nombramiento de un juez que ya pasó todos los filtros legales por el solo hecho de ser familiar de alguien que incomoda.

La gravedad de esta maniobra no se limita al caso Michelli. La reconfiguración de la Justicia en manos de un oficialismo que no oculta su desprecio por la independencia judicial afecta a toda la sociedad. Los nuevos jueces federales y nacionales van a decidir sobre causas de corrupción, derechos humanos, conflictos laborales y previsionales, y lo harán con la marca de origen de haber sido ungidos en una operación política masiva. La percepción de parcialidad que esto genera va a erosionar todavía más la confianza en un sistema que ya arrastraba un déficit de legitimidad. Mientras tanto, la jueza Michelli queda esperando un decreto que el Presidente se niega a firmar, convertida en una pieza de exhibición sobre cómo funciona el verdadero "cambio" que Milei prometió: favores para los propios, ostracismo para los que huelen a disidencia, y un mensaje clarísimo para el periodismo independiente.

Fuente original: El Destape web, 25 de junio de 2026

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#Milei #Justicia #AlconadaMon #Lawfare #ArgentinaDesigual #NombramientosJudiciales

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el 30 de junio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La convocatoria es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero provino de una firma vinculada al empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude financiero. La citación alcanza también al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El origen de los 200.000 dólares

De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta de Espert en Estados Unidos recibió 200.000 dólares desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, según la acusación, integraba la estructura utilizada por Machado. Para el fiscal, esos fondos tenían origen ilícito y fueron canalizados a través de un contrato que, siempre de acuerdo al expediente, nunca tuvo sustento real.

• Ese contrato fue firmado entre Espert y la minera Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. En los papeles, el acuerdo contemplaba pagos por un millón de dólares a cambio de supuestas asesorías financieras. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún elemento que respalde esa operatoria: no hay registros de viajes de Espert a Guatemala antes ni después de la firma, no hay constancias de visitas a la explotación minera ni de contrataciones de especialistas para llevar adelante las tareas previstas. A esto se agrega un dato central: de acuerdo con la fiscalía, Minas del Pueblo no registraba actividad real en ese momento. Para Domínguez, el contrato funcionó únicamente como una cobertura para justificar la transferencia original.

El ingreso del dinero a la Argentina

• Según consta en el expediente, una parte de esos 200.000 dólares ingresó al circuito argentino. Durante 2020, Espert realizó dos transferencias de 50.000 dólares cada una a una cuenta del banco BBVA en el país. Con esos fondos, la investigación sostiene que el exlegislador compró en efectivo un BMW M240i por 47.800 dólares. Más tarde, ese vehículo fue vendido y el dinero se reinvirtió en una camioneta Lexus de alta gama cuyo valor rondó los 130.000 dólares. Para los investigadores, esa secuencia de compra y venta formó parte del mecanismo para ocultar el rastro de los fondos.

Reuniones de urgencia y una cuenta sin declarar

Cuando la situación judicial de Machado empeoró —fue detenido en abril de 2021 y luego extraditado desde Río Negro—, el entorno de Espert se movió rápido. De acuerdo con el análisis de teléfonos secuestrados a colaboradores del exdiputado, se organizaron reuniones urgentes para evaluar los riesgos penales y tributarios de la relación con el empresario.

• En esos encuentros, según el dictamen fiscal, se discutió cómo evitar que salieran a la luz 118.271 dólares que Espert mantenía depositados en una cuenta del Morgan Stanley. La fiscalía detectó que esos activos no fueron incluidos en las declaraciones juradas que el entonces candidato a diputado presentó en julio de 2021. Documentos digitales secuestrados al contador Cosentino reflejan que la omisión fue deliberada: se argumentó que declarar ese dinero podía provocar un “pánico impositivo” y dañar la carrera política de Espert. Los papeles también mencionan el temor a que el kirchnerismo —que ocupaba el gobierno nacional en ese momento— accediera a la información y la utilizara “en forma distorsionada”. En los mismos registros quedó asentado que explicar públicamente la transferencia y el contrato con la minera guatemalteca durante la campaña de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política”.

La respuesta del fiscal

El fiscal Domínguez rechazó la defensa de Espert, que alegaba desconocer las actividades ilícitas de Machado —quien, además, había financiado sus campañas electorales—. En su dictamen, Domínguez afirmó que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

En cuanto al contador Cosentino, la acusación lo ubica como partícipe necesario. Siempre según el fiscal, fue quien confeccionó certificaciones falsas sobre el origen de los fondos que se usaron para justificar la compra de los vehículos y para incorporar a la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

Lo que viene

La indagatoria del 30 de junio será el momento en que Espert deberá dar su versión ante el juez Mirabelli. El caso dejó al descubierto una madeja de operaciones financieras que la fiscalía considera incompatibles con una actividad económica lícita y que, de comprobarse, abrirían otro capítulo en las investigaciones sobre el financiamiento de la política. Por ahora, las pruebas acumuladas alcanzaron para que el juez convoque al exdiputado a declarar como imputado.

Fuente original: dataclave.com.ar, 23 de junio de 2026.

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/la-justicia-federal-cito-a-indagatoria-a-jose-luis-espert-en-la-causa-por-lavado-de-activos_a6a3abb7210621587c1015752

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