El Presidente calificó como un “error inadmisible” el gesto de los futbolistas argentinos que, tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial, desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. La declaración del mandatario, que salió a corregir a sus propios compatriotas en medio de una fiesta deportiva, reabrió el debate sobre el rol del Gobierno en una causa que trasciende generaciones y gobiernos.

Ocurrió el jueves 16 de julio, horas después del triunfo 2 a 1 en Atlanta. En diálogo con radio El Observador, Milei reconoció que el reclamo de soberanía es “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y que la expresión de los jugadores es “perfectamente válida y lícita”. Pero acto seguido, deslizó una advertencia: el gesto, dijo, “no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones”. Y fue más lejos: “Desde una posición de responsabilidad, ciertos errores son inadmisibles”, sentenció. ¿El error? Haber mostrado la bandera en la cancha. El Presidente, en lugar de celebrar una reivindicación que la Constitución Nacional respalda, optó por alinearse con el reclamo británico y la FIFA, que habían prohibido el símbolo en el estadio.

Los jugadores que desplegaron el estandarte blanco con letras negras fueron Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. Lo Celso incluso lo extendió sobre el césped mientras el plantel celebraba con la hinchada. La bandera, según trascendió, había sido entregada por los propios fanáticos desde la tribuna. Nada de esto, sin embargo, pareció importar para el Presidente, que trazó una línea divisoria entre el deporte y la política: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendieron los veteranos”. La referencia a los veteranos resulta particularmente torpe: la mayoría de los excombatientes, nucleados en agrupaciones como el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, han manifestado históricamente su apoyo a visibilizar la causa en todos los ámbitos, incluido el deportivo. Milei, en cambio, los usó para justificar su propia incomodidad.

El timing de la declaración no es menor. El Gobierno había intentado evitar que ese símbolo llegara a la cancha. En la previa del encuentro, la FIFA y las autoridades de Estados Unidos prohibieron el ingreso de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por Malvinas. El gobierno de Milei, según distintas fuentes, avaló esa restricción. Pero además, en los operativos de seguridad previos al partido, hubo controles específicos que impidieron el ingreso de banderas con esa consigna, una decisión que generó un fuerte malestar en las inmediaciones del estadio. La medida provocó rechazo en sectores de la oposición, excombatientes y organizaciones de derechos humanos, pero el Ejecutivo insistió: la consigna de Malvinas era considerada “contenido político” y, como tal, no debía estar en un estadio. Una definición que, de hecho, equipara el reclamo de soberanía con un cartel partidario, cuando se trata de una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos desde 1983.

El gesto de los jugadores, sin embargo, no pasó desapercibido para el Reino Unido. El gobierno de Keir Starmer pidió formalmente a la FIFA que investigue a la selección argentina. La portavoz de Downing Street fue contundente: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”. El ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y aseguró que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”. La FIFA, que ya había incluido la consigna de Malvinas en su lista de símbolos políticos prohibidos, evalúa ahora una sanción que, según Milei, podría ser una multa de 30.000 dólares para la AFA. El Presidente, en lugar de respaldar a sus seleccionados, optó por anticipar el castigo y justificar al organismo internacional, dejando a los jugadores solos frente a la presión externa.

Pero lo que Milei considera un “error inadmisible” tiene otra lectura para millones de argentinos. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes que señalaban que el gesto de los futbolistas reivindicó una causa que forma parte del consenso histórico argentino y que está reconocida en la Constitución Nacional. La foto de la Selección levantando la bandera fue leída por muchos como un mensaje contundente: mientras la discusión política giraba en torno a las restricciones, los campeones del mundo eligieron reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en una de las imágenes más vistas del día. Para numerosos dirigentes, veteranos de la guerra y usuarios en redes, impedir el ingreso de esas banderas significó un error político, al tratarse de una consigna que trasciende las diferencias partidarias y representa una política de Estado sostenida por la Argentina desde hace décadas. La postal recorrió el mundo y reavivó un debate que el Gobierno de Milei difícilmente pueda evitar: hasta qué punto decisiones oficiales vinculadas a una causa que une históricamente a los argentinos terminan generando un costo político innecesario. Y la respuesta parece clara: el Presidente quedó del lado de la FIFA y del Reino Unido, no del sentimiento popular.

Milei, sin embargo, insistió en que la recuperación de las islas va por “otro carril”: el diplomático. Ponderó los “avances enormes” logrados por su gestión, mencionando al entonces canciller Gerardo Werthein y al secretario de Finanzas Pablo Quirno —a quien luego nombraría canciller— en los acercamientos a Estados Unidos. Según el Presidente, eso permitió que “la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”. “Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos”, remarcó. Pero la realidad diplomática es más compleja que ese relato triunfalista. El 13 de julio, tres días antes del partido, el Gobierno había presentado una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos del buque de guerra HMS Medway en aguas cercanas a las Malvinas. La cancillería calificó el tránsito como “inconsulto e ilegal”. Un dato que contrasta con el optimismo presidencial y que muestra que, más allá de las declaraciones, la tensión con Londres sigue intacta. Si realmente hubiera avances sustanciales, no se explicaría por qué el Reino Unido sigue reforzando su presencia militar en el archipiélago ni por qué la ONU, lejos de “obligar” a sentarse a negociar, mantiene su habitual llamado al diálogo sin plazos perentorios.

El problema de fondo, el que Milei parece querer eludir, es otro: ¿por qué un Presidente argentino sale a corregir a sus propios compatriotas por reivindicar la soberanía de un territorio que su propia Constitución declara argentino? ¿Por qué califica como “inadmisible” un gesto que, en cualquier otra gestión, hubiera sido celebrado como un acto de afirmación nacional? La respuesta, quizás, esté en el cálculo político: el Gobierno busca no tensar la relación con el Reino Unido ni con Estados Unidos, aliados estratégicos en su agenda económica y comercial. Pero en ese camino, corre el riesgo de parecer más preocupado por las sanciones de la FIFA y por no ofender a sus socios externos que por el sentimiento de un pueblo que, en la cancha y fuera de ella, sigue reclamando lo que es suyo. La imagen de los jugadores con la bandera no fue un exceso de fervor, sino un recordatorio incómodo para un Presidente que, en su afán de alineamiento internacional, parece haber olvidado que la soberanía no se negocia ni se somete a la conveniencia de un partido de fútbol.

Fuente original: La Nación, 16 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/milei-hablo-de-la-bandera-de-malvinas-que-mostraron-los-jugadores-y-el-gobierno-ingles-pidio-que-la-nid16072026/

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#Malvinas #Milei #SeleccionArgentina #Mundial2026 #Soberania

Doce millones de pesos. Eso declaraba como patrimonio la Fundación Faro al arrancar 2024. Un año después, en el balance de cierre, anotó 4.394 millones. La diferencia no es un error de tipeo ni un redondeo generoso: la entidad que conduce el polemista Agustín Laje multiplicó sus activos por más de 360 veces en apenas doce meses. El salto lo destapó una investigación del medio Chequeado, y ahora un juzgado federal tiene sobre la mesa un pedido para que se investigue de dónde salió realmente esa fortuna.

• La presentación judicial la hizo el abogado Facundo Pérez Ernst, en representación de la organización "La Liga de la Justicia Social", y recayó en el Juzgado Federal N° 7. Allí se solicita que se averigüe si existieron delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Los nombres señalados no son de relleno: aparece Santiago Caputo, el asesor presidencial que concentra un poder pocas veces visto en la historia reciente, junto al dirigente Cristian Auguadra y otras figuras del ecosistema libertario.

Pérez Ernst fue cuidadoso al explicar los alcances de la denuncia. No está pidiendo una condena sin pruebas ni acusando a nadie en falso. Lo que exige es que el fuero penal active herramientas de investigación que un particular no puede manejar. "Nos amparamos en esas notas que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, algo que también detectó la Inspección General de Justicia", declaró. Y remató con un concepto clave: si el juzgado libra los oficios y obtiene la información, recién ahí se podrá determinar si existió el entramado que los denunciantes sospechan.

• Las cifras en danza impresionan. La fundación declaró ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo un paraguas amplio: "Donaciones, cursos, talleres y prevención". Pero la pregunta inevitable es quién puso esa plata y con qué fin. Porque los donantes, hoy, están blindados por la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos. Cuando la IGJ intimó a Faro a presentar el Anexo XIII —el registro donde deben figurar los grandes aportantes—, la entidad entregó la documentación pero los nombres quedaron bajo secreto financiero. La paradoja es filosa: una ley pensada para perseguir el lavado termina funcionando como escudo para que no se conozca quién financia a una fundación políticamente alineada con el Gobierno.

A esa opacidad se suma un dato que agrava las sospechas. La marca Ratio Oficial, vinculada de manera directa a la fundación, desembolsó más de 1.238 millones de pesos en publicidad política en las plataformas de Meta —Facebook e Instagram— entre marzo de 2025 y junio de 2026. Son cifras de campaña permanente, aceitadas con fondos de origen desconocido, que corren por los mismos carriles digitales donde cualquier argentino pone su sueldo para pagar un monotributo y queda registrado hasta el último centavo.

• Los denunciantes le pidieron al juzgado tres medidas concretas. La primera, librar oficio a la IGJ para acceder a la lista real de donantes, corriendo el velo societario. La segunda, requerir informes detallados al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera para rastrear movimientos bancarios y alertas de lavado. La tercera, reconstruir la trazabilidad completa del dinero: de dónde salió, por qué manos pasó, si hubo fondos aportados por sectores que el Estado debe regular o si, en definitiva, se armó un conducto opaco para financiar política sin control.

El contexto le devuelve a la denuncia un filo particular. La Fundación Faro no es un club de barrio: es un centro de difusión de ideas con llegada directa a los despachos oficiales. Su titular, Agustín Laje, construyó su figura como referente intelectual de la nueva derecha. Que el apellido Caputo aparezca mencionado en el expediente no es un dato menor: Santiago Caputo es el estratega que susurra al oído del presidente, el hombre que diagrama la comunicación y la ingeniería política del oficialismo. Si la investigación avanza y confirma irregularidades, el costo no será solo judicial sino que golpeará el corazón del relato de transparencia que el Gobierno enarbola.

Mientras tanto, la maquinaria sigue girando. Los 1.238 millones de pesos en pauta digital no son un gasto, son una inversión en influencia. Compran algoritmos, instalan narrativas, construyen sentido común desde las sombras financieras. Y todo eso ocurre mientras el ciudadano común, el que hace fila en el banco para depositar 100 mil pesos y explicarle al cajero de dónde los sacó, mira la escena con una mezcla de indignación y cansancio. Las reglas, otra vez, parecen no ser iguales para todos.

• La pelota está en el Juzgado Federal N° 7. Si el magistrado ordena las medidas de prueba, por primera vez se podrá seguir la huella de esos 5.000 millones de pesos que entraron a la fundación en un año. Si la respuesta es el silencio o el archivo, quedará flotando una certeza incómoda: en la Argentina de 2026, una fundación amiga del poder puede multiplicar su patrimonio un 36.000% sin que nadie sepa quién le puso la billetera. Y eso, lejos de ser un simple tecnicismo contable, es una herida abierta en la ya maltrecha credibilidad institucional.

Fuente original: Comunicado de prensa de "La Liga de la Justicia Social"

Enlace: https://x.com/ligajusticia

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#FundaciónFaro #PresuntoLavadoDeDinero #SantiagoCaputo #JusticiaArgentina #Chequeado #TransparenciaYA

Los durmientes podridos y el contrato blindado: la jugada ferroviaria que deja a Córdoba y Tucumán sin tren

Hace once meses que de la estación de Retiro no sale un tren hacia Córdoba. Tampoco hacia Tucumán. Los pasajes siguen sin venderse, los coches están guardados y los andenes del Mitre juntan tierra. La explicación que dio el Gobierno en julio del año pasado fue clara: las vías están demasiado deterioradas, poner un servicio de pasajeros encima sería un peligro. Lo que nunca explicó es por qué, mientras los usuarios esperan, acaba de extenderle el negocio hasta diciembre de 2032 a la empresa que tiene a su cargo justamente esas vías: Nuevo Central Argentino.

• Conviene ser precisos. NCA no manejaba los trenes que se suspendieron. El servicio de pasajeros a Córdoba y Tucumán lo operaba Trenes Argentinos, la empresa estatal que en julio de 2025 decidió interrumpir los servicios basándose en informes técnicos que alertaban sobre el estado de la infraestructura. ¿De quién es la responsabilidad de mantener esa infraestructura en condiciones? Del concesionario de la red de cargas, que desde 1992 es NCA. La empresa cobra por mover cereal, piedra y contenedores, y a cambio debe conservar los rieles, los durmientes, los puentes. El Gobierno dijo que ese mantenimiento no alcanza ni para que un tren de pasajeros circule sin riesgo. La conclusión lógica sería: exijámosle a NCA que arregle lo que no funciona. Pero la decisión fue la opuesta.

• La extensión de la concesión hasta diciembre de 2032 se firmó sin que trascendiera una sola cláusula que obligue a la empresa a ejecutar las obras necesarias para rehabilitar los tramos que dejaron aislados a miles de pasajeros. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el organismo que debería controlar el contrato, no publicó intimaciones ni planes de inversión ni cronogramas de reparación. Quien quiera encontrar un papel que ate la renovación a la vuelta del tren de pasajeros, que se arme de paciencia: no existe, o al menos no es público.

El contexto le da a esta decisión un sabor particular. El Gobierno impulsa el modelo de "acceso abierto": en teoría, cualquier operador ferroviario puede usar las vías pagando un canon. Es la bandera de la libre competencia sobre rieles. Pero competir por lo que no funciona es un ejercicio de ficción. Si las vías están degradadas al punto de que el Estado suspendió sus propios trenes por inseguridad, ¿qué privado va a arriesgarse a poner formaciones ahí? El resultado es un mercado abierto de palabra y cerrado de hecho. Mientras tanto, NCA se aseguró previsibilidad por los próximos seis años y medio para su negocio de cargas. Los pasajeros, en cambio, no tienen ni fecha tentativa de regreso.

No se trata de un capricho de usuarios nostálgicos. El tren a Córdoba y Tucumán era la opción más barata para familias que viajan al interior, para trabajadores golondrina, para jubilados que van a ver a los nietos. Sin ese servicio, el micro se convierte en la única alternativa y los precios, ya se sabe, no perdonan. Cada mes de suspensión es un agujero en la conectividad de dos de las provincias más importantes del país. Cuando se cumpla el año, en pocas semanas, no va a haber acto ni conferencia de prensa. Va a haber un contrato blindado y una boletería cerrada.

La pregunta que queda picando es qué pesó más en la decisión oficial: la urgencia por garantizar un negocio privado rentable o la obligación de devolverle a la gente un servicio público que funcionó durante décadas. Por ahora, las vías solo hablan para los trenes de carga. Los de pasajeros siguen esperando que alguien les dé vía libre.

Fuente original: El Resaltador, 13 de julio de 2026

Enlace: https://elresaltador.com.ar/el-gobierno-le-regalo-la-concesion-de-los-trenes-a-nca/

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#TrenesArgentinos #NCA #Mitre #Concesiones #PasajerosVarados #PeriodismoFerroviario

En el corazón de la Casa Rosada ya no se discute cómo gobernar la crisis. Hace meses que la mesa chica de Javier Milei ejecuta una hoja de ruta mucho más ambiciosa y quirúrgica: blindar el camino a la reelección presidencial sin pasar por el incómodo trámite de rendir cuentas sobre la economía real. Te lo digo sin vueltas: el plan que están cocinando en Balcarce 50 no busca convencerte con mejoras en tu bolsillo, con paritarias que le ganen a la inflación o con un mercado interno que vuelva a respirar. La estrategia es otra, y tiene tres patas bien firmes que vale la pena desarmar juntos.

La primera pata es la más cínica y, por eso, la más peligrosa. El laboratorio libertario ya elige a dedo a sus rivales preferidos. No estoy hablando de una interna democrática ni de un debate de ideas: hablo de un operativo sistemático para subir al ring a los opositores que mejor le sirven al oficialismo en los grandes distritos. ¿Cómo lo hacen? Financiándolos discursivamente, agrandándolos, transformándolos en el enemigo público número uno para que toda la bronca dispersa de la derecha se concentre en una sola opción binaria. Es el viejo truco del amigo-enemigo que reduce la política a un Boca-River donde no importa quién juega, sino que la grieta te tape el sol. Mientras vos estás ocupado peleándote en redes sociales, ellos se aseguran de que nadie ponga sobre la mesa los números de la recesión, los despidos o el ajuste que te viene comiendo el sueldo mes a mes.

La segunda pata del plan toca un nervio sensible para cualquier democracia que se precie: el uso del aparato estatal como maquinaria de campaña permanente. Acá no hay improvisación ni desprolijidad libertaria. La Secretaría de Medios y las plataformas públicas funcionan como una botonera de disciplinamiento territorial que condiciona la pauta de gobernadores aliados y asfixia cualquier disidencia incipiente. Gobernador que se tienta con marcar un matiz, gobernador al que le cortan el grifo. La lógica es tan simple como brutal: el que no se sube incondicionalmente al tren de La Libertad Avanza, se queda sin recursos para sostener su provincia. Mientras tanto, las usinas comunicacionales del Gobierno operan como mecanismos de distracción masiva, coordinando provocaciones tuiteras y bombardeos digitales que marcan la agenda del día. El objetivo es que los sindicatos y la oposición caigan en la trampa de responder a cada estímulo, de indignarse con el último exabrupto, de validar un terreno de juego donde las reglas las pone el poder de turno y donde la discusión por el poder adquisitivo o las paritarias siempre queda relegada a un segundo plano.

La tercera pata es la que más ruido viene generando puertas adentro de la alianza original: la subordinación total de las estructuras del PRO. Los armadores libertarios avanzan sin pedir permiso en los distritos clave de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, desplazando a dirigentes tradicionales que todavía responden a Mauricio Macri. La consigna es clara: no hay espacio para matices ni para diferencias con el rumbo económico. Todo debe confligir bajo el sello unificado de La Libertad Avanza de manera incondicional. Los sectores del PRO que intentan marcar algún reparo quedan expuestos a una licuación definitiva que los borra del mapa electoral. Es una absorción lisa y llana, de esas que no figuran en los contratos pero que se ejecutan con la frialdad de quien sabe que el tiempo y los recursos juegan a su favor.

Este trípode que te cuento —falso antagonismo controlado, uso del Estado para la campaña y sometimiento del PRO— no es una teoría conspirativa. Es la radiografía de un laboratorio político que trabaja a destajo con un objetivo estratégico: perpetuarse en el poder forzando un escenario de pinzas donde tu única opción en las urnas sea elegir entre ellos y un rival diseñado a medida para hacerlos ganar. Mientras tanto, el debate de fondo, ese que debería importarnos a todos los que laburamos todos los días, se desvanece entre algoritmos y operaciones digitales.

El peligro de subestimar esta maquinaria es enorme. Las centrales obreras lo saben y por eso buscan reinstalar la discusión por el poder adquisitivo como eje ordenador de la agenda pública, corriendo el velo de una batalla cultural que hasta ahora parece más efectiva para distraer que para resolver los problemas del pueblo trabajador. Pero la tarea no es fácil cuando las granjas de trolls y las cuentas satélites que se investigan por desvío de recursos logísticos estatales operan día y noche para demoler la reputación de los opositores dialoguistas que se animan a plantar bandera.

Los gobernadores del peronismo federal tampoco se quedan de brazos cruzados. En las provincias ya empezaron a tejer redes informales para blindar sus elecciones locales y evitar el arrastre de la grieta nacional, olfateando que este esquema de polarización extrema puede disparar un récord de ausentismo entre la clase media desencantada. Consultores advierten que el famoso "tercio ausente" podría inclinar la cancha de maneras impredecibles si los votantes no se sienten representados por ninguno de los dos polos construidos artificialmente.

Lo que está en juego no es solamente un resultado electoral. Lo que está en juego es la posibilidad de que la política vuelva a discutir lo que te pasa todos los días: el precio de los alimentos, el alquiler que no llegás a pagar, el miedo a perder el laburo. Romper esa anestesia social que busca imponer el oficialismo implica un giro drástico: correr el foco de las pantallas y de las provocaciones diarias, y volver a poner sobre la mesa las demandas urgentes y realizables de la mayoría. El plan de Balcarce 50 es sofisticado, caro y meticuloso, pero tiene un punto débil que depende de vos: funciona solo si todos aceptamos jugar con sus reglas.

Fuente original: Primera Página, 12 de julio de 2026

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21903/tres-pilares-de-un-plan-siniestro-javier-milei-quiere-forzar-la-reeleccion-para-perpetuarse-en-el-poder/

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#EstrategiaElectoral #JavierMilei #Reelección #Polarización #Argentina #PeriodismoDeInvestigación

El expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que promete tensar la relación entre la justicia federal y quienes perdieron plata en el operativo. Uno de los inversores afectados, Martín Romeo, apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó como querellante, y ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora o ratifica su apartamiento.

Martínez de Giorgi había hecho lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli. El magistrado consideró que los denunciantes no acreditaron un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol en la causa, y añadió que las operaciones investigadas se movieron en un mercado de activos digitales con alta volatilidad, donde la documentación aportada no alcanzaba para demostrar la titularidad de los criptoactivos.

Pero Romeo, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, no se quedó de brazos cruzados. En su recurso calificó la decisión como “arbitraria” y surgida de un planteo “extemporáneo” de Novelli, sobre todo porque, según su lectura, “la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”. Para el inversor, el juez basó su fallo en “afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, ignoró actas notariales clave que obran en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la blockchain y, de paso, tergiversó de manera deliberada la doctrina firme que había emanado del superior tribunal.

El ataque de Romeo se centró en lo que llamó “premisas falsas”. La primera: la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A eso sumó que el juez omitió valorar la maniobra de “calidad simulada” y las operaciones de insider trading que, según los querellantes, estaban a la vista.

Pero Romeo no fue el único en moverse. Los otros cuatro inversores que también fueron apartados presentaron sus propios recursos, de la mano de los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Ellos recordaron que su legitimación como víctimas había sido reconocida de manera autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y que esa decisión nunca fue apelada por ninguna de las defensas –ni siquiera la de Novelli–, por lo que ya estaba firme.

Y ahí apareció la evidencia que le da peso a la denuncia. Los cuatro inversores aportaron datos concretos: 22 segundos antes de que Javier Milei publicara el contrato del token en su cuenta de X, 74 billeteras ya habían ejecutado 87 transacciones por 13,5 millones de dólares. En los minutos previos al posteo presidencial, Novelli mantuvo cuatro llamadas telefónicas con el propio Milei, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03. Una vez consumada la operatoria, se transfirieron más de 44,5 millones de dólares a una única billetera concentradora. Además, en los escritos citan mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra “crypto” en las comunicaciones del proyecto.

El recurso de Romeo también puso el foco en el rol del Presidente. Sostuvo que el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de estos activos, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada. Y remarcó que esa maniobra incluyó “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación como garante máximo de confianza” a través de su posteo en X, lo que definió como un “lavado de prestigio”.

Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio que exigió el magistrado. Romeo sostiene que Martínez de Giorgi fijó requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal. De consolidarse ese criterio, advierten, las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos tendrían una barrera casi infranqueable para acceder al proceso como querellantes.

Pero hay más. Romeo denunció que el juez incurrió en una “falsedad” al afirmar que no existían pruebas de su titularidad sobre el dinero afectado. Su abogado, Oszust, contraatacó: “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”. Esa prueba, dice el recurso, fue ignorada.

El escrito también califica de “absurdo lógico y dogmático” el razonamiento del juez respecto a la blockchain, la identificación de las víctimas y la exigencia probatoria sobre el origen de los fondos. “El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta”, remarcaron, y agregaron que el pseudoanonimato de la red fue levantado y vinculado a la identidad de Romeo mediante las actas notariales. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema descentralizado constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.

Para cerrar, la apelación sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido zanjado por la Cámara Federal, y que se arrojó facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada. “El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”, afirma el recurso. Y añade que no hay ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido después que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Romeo ni la veracidad de las actas notariales. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA corroboraron la trazabilidad del vaciamiento.

Romeo dejó planteada la cuestión federal y se reservó el derecho de acudir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.

Ahora, la pelota está en el tejado de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ellos deberán definir si revocan o confirman el apartamiento. Pero lo que está en juego va más allá de un expediente: de mantenerse el criterio de Martínez de Giorgi, se sentaría un precedente sobre el alcance de los derechos de las víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos, y el acceso a la justicia para quienes perdieron sus ahorros en el mercado digital quedaría seriamente restringido.

Fuente original: La Nación, 8 de julio de 2026, por Hugo Alconada Mon

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-un-inversor-apelo-su-exclusion-arbitraria-como-querellante-y-acuso-al-juez-de-recurir-a-nid08072026/

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#LIBRA #Milei #Justicia #Criptoestafas #PoderJudicial

El Gobierno nacional acaba de cerrar la concesión más grande de la era Milei. La empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, se quedó por 25 años con el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor por donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas. El contrato incluye el cobro de peajes, el dragado, el balizamiento y el mantenimiento de más de 1.400 kilómetros de esa vía navegable.

Desde distintos sectores —políticos, ambientales y sociales— ya surgieron cuestionamientos. Apuntan, por un lado, a la entrega de una infraestructura estratégica a un consorcio extranjero. Por el otro, reclaman la falta de estudios de impacto ambiental integrales y una participación ciudadana que, dicen, brilló por su ausencia en la toma de decisiones.

El dragado no es solo remover barro

El dragado consiste en extraer sedimentos del fondo del río para permitir el paso de barcos de mayor calado. Aunque suele presentarse como una obra necesaria para la navegación, los especialistas advierten que puede generar impactos ecosistémicos importantes: alteración de humedales y áreas de reproducción de peces, modificación de corrientes naturales y ciclos de inundación, mayor erosión de costas e islas del Delta, remoción de sedimentos que pueden contener contaminantes acumulados durante décadas, pérdida de biodiversidad y cambios en la dinámica natural del Paraná.

• El Paraná no es una autopista líquida. Es un sistema vivo que abastece de agua, sostiene actividades productivas, regula inundaciones y alberga una biodiversidad enorme. Reducirlo a una "hidrovía" es mirarlo con anteojeras comerciales.

Soberanía y ambiente: un debate que se reabre

Mientras el Gobierno defiende la concesión argumentando que reducirá costos logísticos y modernizará la navegación, los sectores críticos sostienen que el control de una ruta por donde circula el 80% de las exportaciones vuelve a quedar en manos privadas y extranjeras. Así, reabren el debate sobre soberanía, control estatal y protección ambiental.

La discusión no se limita al comercio exterior. Involucra el futuro del río, los humedales y los recursos naturales que forman parte del patrimonio ambiental de toda la región.

El Paraná: mucho más que una vía de carga

Aunque el término "hidrovía" se usa para describir un canal de transporte de mercancías, numerosos especialistas señalan que esa denominación reduce la complejidad y riqueza de uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica. El río Paraná no es solo un corredor para barcos. Es un ecosistema de enorme valor ambiental, social y cultural: incluye humedales, lagunas, arroyos, bosques ribereños y una biodiversidad única. Además de sostener actividades productivas y comunidades enteras, cumple funciones clave como la regulación de inundaciones, la provisión de agua dulce, la captura de carbono y el refugio de miles de especies de flora y fauna.

Por eso, para muchos sectores ambientales, hablar únicamente de "hidrovía" implica mirar al Paraná desde una lógica exclusivamente comercial, dejando en un segundo plano su riqueza ecológica y el papel fundamental que cumple para la vida en toda la región.

Fuente original: Correlavoz, julio 2026

Enlace: https://correlavoz.net/Nota-4148-hidrova_la_mayor_privatizacin_de_la_era_milei_y_las_alertas_ambientales_que_vuelven_a_encenderse

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#Hidrovía #Paraná #Privatización #MedioAmbiente #Milei #JanDeNul

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni sumó un ingrediente que nadie en la Casa Rosada festeja. A horas de haber ocupado el atril desde el que el Gobierno le habla todos los días a la sociedad, el flamante funcionario ya carga con un expediente abierto en la Justicia Federal electoral de La Pampa. Lo que se investiga no es un rumor ni una denuncia recién inventada: son las rendiciones de cuentas de La Libertad Avanza en esa provincia, partido que el propio Ravier conduce.

La incomodidad del caso radica en el contraste inevitable. El Gobierno nacional sostiene su relato diario sobre la necesidad de ajustar cada gasto del Estado, de transparentar cada movimiento de fondos y de terminar con las prácticas de una dirigencia a la que define como casta. Sin embargo, el encargado de comunicar ese mensaje no logra despejar las dudas sobre el manejo de los recursos en el espacio político que preside. La fuente consultada indica que la investigación incluye observaciones de peso sobre la administración partidaria y que, en el corto plazo, se librarían citaciones y pedidos de documentación para que el nuevo vocero dé las explicaciones que hasta ahora no aparecen.

• Ravier no es un adherente más. Es la máxima autoridad de La Libertad Avanza en territorio pampeano, y eso lo convierte en el responsable directo de lo que ocurra con cada peso que ingresó a las arcas del partido. El expediente que tramita en los juzgados federales de la provincia no se originó con su salto a la escena nacional, pero adquiere ahora una relevancia que antes no tenía. Mientras el vocero se prepara para hablar en nombre del Presidente ante todo el país, en La Pampa hay anotaciones contables bajo la lupa y un listado de preguntas que los investigadores quieren responder.

En Balcarce 50 el episodio cayó como un baldazo de agua fría. Saben que no se trata de una acusación contra un desconocido, sino contra el propio portavoz de la administración. Cada conferencia de prensa de ahora en más va a desarrollarse bajo la sombra de este proceso judicial. La estrategia de erosionar a la oposición con el argumento de la transparencia corre el riesgo de quedar envuelta en una contradicción difícil de explicar: ¿cómo se convence a la ciudadanía de que hay que hacer sacrificios si quien comunica el ajuste no puede mostrar con claridad el destino de los fondos que administró?

• El impacto político ya empezó a sentirse. Desde distintos bloques opositores anticiparon que utilizarán el contenido del expediente para exponer lo que consideran una falsedad estructural del discurso oficial. La lógica es simple y de fácil llegada al votante común: si el vocero está siendo investigado por el dinero de su propio partido, ¿por qué habría que creerle cuando habla de austeridad, de moral fiscal o de combate a los privilegios?

• El expediente en La Pampa no necesitó del altavoz de la Casa Rosada para existir, pero el ascenso de Ravier le dio una caja de resonancia inesperada. El foco, que hasta hace semanas se limitaba al ámbito político provincial, se corrió al centro de la escena nacional. Y con ese corrimiento aparece también un interrogante de fondo que excede lo judicial: ¿puede un Gobierno que hizo de la rendición de cuentas su principal bandera permitirse tener a su vocero bajo investigación por el manejo de fondos partidarios?

Las próximas semanas van a marcar el rumbo del caso y, probablemente, del propio Ravier al frente de la comunicación presidencial. Si la documentación respaldatoria aparece y las explicaciones convencen, el episodio podría desinflarse. Pero si los papeles no están o las respuestas no cierran, el costo no lo va a pagar solamente él. Lo va a pagar una administración que llegó prometiendo terminar con los secretos de la política tradicional y que ahora se enfrenta a la posibilidad de que esos secretos aniden, justamente, en la oficina de quien sale a hablar todos los días en su nombre.

La sociedad argentina ya acumula demasiadas frustraciones con dirigentes que dicen una cosa y hacen otra. Esta investigación, por ahora, lo único que hace es abrir preguntas. Pero son preguntas que nadie en el oficialismo quisiera tener que responder.

Fuente original: Primera Página, 7 de julio de 2026.

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21867/otro-libertario-manchado-la-justicia-investiga-al-nuevo-vocero-ravier-por-fondos-oscuros-en-la-pampa/

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La licitación se cocinó en silencio durante meses y el resultado cayó como una cachetada para cualquiera que recuerde los discursos de campaña. Cuatro corredores viales que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis acaban de ser adjudicados a empresas que huelen a kirchnerismo, a aportantes de La Libertad Avanza y a constructoras con causas penales en el lomo. En total, 2.557 kilómetros de rutas nacionales pasarán a manos privadas por los próximos años, con la promesa de sumar 16 nuevas cabinas de peaje a las 10 que ya existen. Pero el dato no es solo vial: el mismo día que se conocieron esas adjudicaciones, el Gobierno confirmó que otra licitación, esta vez por sistemas de almacenamiento de energía con baterías, quedó casi monopolizada por una sola empresa vinculada a un banquero que supo ser acusado por el propio Milei de “jugar sucio”. La casta, parece, tenía varios DNI guardados en el bolsillo.

El caso más simbólico es el de Cristóbal López. El empresario que enfrenta los juicios orales de la causa Cuadernos y de Los Sauces-Hotesur, y que sigue esperando que la Corte Suprema revise su absolución en la causa Oil Combustibles, vuelve al negocio de los peajes. Su constructora CPC se quedó con el corredor Portuario Norte al ofrecer una tarifa de $2.245,76 por vehículo liviano. Le ganó por apenas 13 pesos a un consorcio integrado por Panedile, Supercemento y Eleprint. No es un detalle menor: CPC ya había manejado el acceso Ezeiza-Cañuelas-Ricchieri durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, hasta que en 2017 el macrismo le rescindió el contrato por retener fondos que debía transferir al Estado. La empresa entró en concurso preventivo y recién logró salir el año pasado. Hoy, con un gobierno que se presenta como la antítesis del kirchnerismo, López vuelve a cobrar peajes en rutas que pagamos todos.

• El segundo ganador de la compulsa vial tiene una historia que mezcla negocios con campañas electorales. Creditech, la financiera del Grupo Corven que preside Leandro Iraola y que se especializa en préstamos para consumo y motos, se llevó dos corredores: el Mediterráneo y el Portuario Sur. Para el primero ofertó $2.407,50 por peaje, superando a la constructora Cartellone. Para el segundo, $1.519,79, dejando atrás a Paolini Hermanos. La particularidad es que Creditech había sido descalificada al inicio del proceso porque sus indicadores financieros no cerraban. Pero después de depositar una garantía de $350 millones y apelar con argumentos técnicos, Vialidad Nacional revisó el dictamen y la reincorporó. Así, un holding que fue uno de los principales aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025 se convierte en dueño de dos tramos estratégicos de la red vial. El olor a licitación a medida lo sintieron hasta los competidores.

• El tercer corredor, el Puntano, quedó para Bassa Construcciones, una firma que ya tiene presencia en obras de infraestructura provincial y que en Neuquén presta el servicio de recolección de residuos. Menos ruidosa que las anteriores, pero parte del mismo esquema: empresas con espalda política que se quedan con contratos de largo plazo mientras los usuarios verán multiplicarse los peajes —habrá una cabina cada 98 kilómetros en promedio— sin demasiadas explicaciones sobre cómo se fijaron las tarifas máximas de referencia.

• El otro gran negocio de estas semanas está en la energía y tiene nombre propio: Genneia. La compañía presidida por Jorge Brito (hijo) se adjudicó 421 megavatios de los 701 que el Gobierno licitó para instalar sistemas de almacenamiento con baterías, una tecnología clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y las renovables. Se trata de una inversión estimada en 700 millones de dólares, y Genneia se llevó cerca del 60% de toda la potencia asignada por CAMMESA. Detrás quedaron pesos pesados como YPF Luz, Central Puerto, Pampa Energía y 360Energy. La diferencia fue tan abrumadora que pocos esperaban semejante concentración.

Jorge Brito (hijo) es un hombre de diálogo con el Gobierno, aunque la relación no empezó bien. A mediados de 2024, Milei lo acusó públicamente de haber digitado una corrida cambiaria desde el Banco Macro y dijo que “Brito es un tipo que juega sucio” y que “creció a la luz de hacer negocios con Massa”. Pero el empresario logró encapsular aquella furia, tender puentes con Luis Caputo y Santiago Bausili, y terminar elogiando la gestión económica libertaria. Genneia no es solo Brito: la propiedad está compartida con Fintech Energy, el fondo del mexicano David Martínez, socio histórico del Grupo Clarín. Y la historia familiar del presidente de la firma remite a Jorge Brito padre, el “banquero de los peronistas” que acompañó a Néstor Kirchner y que fue amigo íntimo de Sergio Massa. El apellido funciona como un puente entre mundos supuestamente antagónicos.

Para los que circulan por las rutas del centro del país, todo esto significa que a partir de ahora pagarán peajes cada menos kilómetros, en cabinas gestionadas por empresas que arrastran causas de corrupción o que fueron rescatadas en la recta final de una licitación gracias a una garantía millonaria. Para el sistema eléctrico, la concentración del almacenamiento en un solo jugador despierta preguntas sobre competencia futura y formación de precios. Mientras tanto, el discurso que dividía al país entre la “casta” y la gente común se diluye en contratos, adjudicaciones y guiños que reproducen las mismas lógicas de siempre.

Fuente original: Urgente24, 7 de julio de 2026

Enlace: https://urgente24.com/dinero/las-concesiones-millonarias-milei-los-empresarios-siempre-aun-los-apuntados-casos-corrupcion-n628197

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El escenario más desafiante para el oficialismo desde que arrancó la serie de monitoreo. Así describe el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA su última encuesta nacional, y los números no dejan lugar a dudas: el sueño de la reelección de Javier Milei está más lejos que nunca.

El estudio, que adelantó Clarín este lunes y que Fenix Multiplataforma reproduce en detalle, se hizo sobre 2.184 casos a nivel nacional durante el mes pasado, con un margen de error de +/- 2,1%. Y lo que revela es un “punto de inflexión” que debería encender todas las alarmas en Balcarce 50.

El dato más doloroso para el gobierno, el que probablemente más discusiones genere, es el que compara la experiencia vivida por los argentinos en las últimas tres gestiones. Cuando se pregunta “¿con cuál de los últimos tres gobiernos vivió mejor?”, la respuesta es lapidaria: gana el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con el 49,2%, seguido muy de lejos por el de Javier Milei (31,1%) y cerrando el podio el de Mauricio Macri (19,7%). La memoria colectiva, esa que los libertarios suponen frágil, ubica al gobierno anterior —con toda su crisis, su pandemia y su conflicto interno— muy por encima de la era de la motosierra.

Pero el problema de fondo no es sólo el pasado. Es el presente y el futuro inmediato. El informe de 16 páginas del OPSA detecta “un deterioro extendido de las evaluaciones sobre la situación económica, política y social del país”. Y lo que hace única a esta ola de junio es la convergencia de tres fenómenos que, juntos, sugieren algo mucho más profundo que un simple mal humor pasajero.

Primero, la desaprobación de la gestión nacional alcanza niveles mayoritarios. Segundo, y esto es clave, emerge una mayoría que expresa su preferencia por un cambio de gobierno en 2027. Tercero, y quizás lo más contundente, en una simulación de ballotage, Javier Milei aparece por detrás de un candidato opositor: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La pelea, en un eventual mano a mano, no es ni siquiera pareja. El estudio revela que Kicillof obtendría el 48,2% de los votos, contra un 39,3% de Milei. Un 12% no apoyaría a ninguno. Son casi nueve puntos de diferencia. Una distancia que en política no es una grieta, es un abismo.

El informe es especialmente duro en su análisis del desgaste del gobierno. Los investigadores de la UBA advierten que el deterioro “parece exceder la dimensión estrictamente económica”. Durante gran parte de su mandato, el apoyo a Milei se sostuvo en la promesa de estabilización y en una fuerte identidad política construida alrededor de la honestidad y la confrontación con “la casta”. Pero los números actuales sugieren que esa erosión ya no es sólo por los resultados económicos, sino que está empezando a carcomer los atributos identitarios que le dieron origen.

En este contexto, el caso Adorni —la salida del entonces vocero presidencial— adquiere una relevancia central. El informe señala que la controversia impacta directamente sobre “uno de los principales activos simbólicos del proyecto libertario: la promesa de representar una forma diferente de hacer política”. Cuando un gobierno empieza a ser evaluado negativamente en aquello que constituía el núcleo de su legitimidad, el desgaste adquiere una profundidad distinta a la de cualquier crisis coyuntural.

Sin embargo, el estudio también tiene un mensaje para la oposición: no se confundan. La ventaja de Kicillof en el ballotage “debe interpretarse como expresión de un clima de opinión adverso para el oficialismo, más que como evidencia concluyente de una hegemonía opositora consolidada”. La oposición sigue fragmentada, pero el problema principal del oficialismo ya no es la consolidación de un rival, sino la creciente disposición de sus propios votantes a abandonar el barco.

El informe de la UBA deja una enseñanza clara: la gente ya no cree en el rumbo. Aunque muchos consideran que pueden administrar su situación personal, perciben que el país se dirige en una dirección equivocada. Ese “pesimismo colectivo” es el verdadero enemigo del gobierno. Y contra eso, ni la motosierra ni los discursos en cadena nacional parecen tener efecto.

Fuente original: Clarín, 6 de julio de 2026

Enlace: clar.in/4vR7kkk

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En una conferencia de prensa sin escenografía electoral pero con destino de campaña, el ministro Luis Caputo, flanqueado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, largó dos definiciones que van a marcar la semana. La primera, técnica: el financiamiento en moneda extranjera para 2026 ya está “sobrecumplido”, así que sobran 3.700 millones de dólares que quedarán como reserva para 2027, año en que Javier Milei buscará su reelección. La segunda, humana y brutalmente política: cuando arrancó el gobierno, colegas “bien intencionados” le aconsejaron volar todo por el aire.

Caputo no mencionó nombres. Se cuidó de aclarar que no hablaba de opositores ni de “populistas”, sino de economistas que se sientan en las mismas mesas de debate que él. “La recomendación era que hiciéramos explotar todo, que defaulteáramos, que tiráramos todo y que hiciéramos lo que Argentina hizo siempre en el pasado, que simplemente le echáramos la culpa al gobierno anterior”, reprodujo en tiempo real. Y remató con una frase que vale más que los 3.700 millones del anuncio: “Eso, curiosamente, se había normalizado en Argentina”.

La naturalización del default como herramienta de ordenamiento político no es un detalle. Es la confesión de que en las usinas del poder, incluso en las que se presentan como republicanas, el “que reviente todo y después vemos” cotiza como opción válida. Caputo marcó ahí la línea de agua y contrapuso lo que, según él, vuelve diferente a este gobierno: “La decisión de respetar siempre la santidad de los contratos, el Estado de derecho, la propiedad privada”. Textual. Lo dijo sin levantar la voz, pero apuntando a la médula del fracaso argentino: las pocas estabilidades que el país conoció no nacieron de una vocación política, sino de un ajuste forzado por el mercado cuando el poder ya no podía patear más la crisis.

Los números que expuso Furiase le pusieron anestesia a ese diagnóstico. La hoja de ruta oficial se apoya en un principio simple: refinanciar solo el capital de la deuda heredada y pagar los intereses únicamente con superávit fiscal. Eso, en los papeles, permite bajar la relación deuda sobre PBI sin volver a pedir plata prestada a tasas usurarias. La emisión local del bono AO29 servirá para cubrir vencimientos bajo ley argentina y los 3.700 millones de excedente funcionarán como un amortiguador para el año electoral. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero”, explicó Furiase, en un español que traduce lo siguiente: no descartan salir al mercado externo, pero solo si las condiciones globales y las tasas acompañan.

Hasta ahí, el guion para inversores. Pero el “¿y a mí qué?” del laburante, la jubilada o el estudiante que no opera en el Merval tiene una respuesta filosa. Esos 3.700 millones no llegaron por un viento de cola ni por lluvia de inversiones: son la contracara de un recorte monumental del gasto público que licuó partidas enteras. La obra pública está parada, los salarios estatales corren de atrás a la inflación, las transferencias a provincias se giran con cuentagotas y las universidades funcionan con el ajuste pegado en la nuca. El superávit fiscal que el ministro exhibe como garantía de solvencia intertemporal no es otra cosa que plata que no fue a hospitales, a rutas, a comedores. La pregunta que no entró en la conferencia es cuánto aguante le queda a los sectores que sostienen ese orden sin encender ninguna mecha.

Sobre el cierre, Caputo se animó a la promesa de máxima pensando en un eventual segundo mandato de Milei: “Que Argentina sea investment grade. Es un objetivo, no una promesa, que creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos dijeron que es difícil, pero lograble”. Alcanzar el grado de inversión significaría que el país puede endeudarse a tasas razonables, que las empresas pueden planificar más allá de la próxima corrida cambiaria y que el riesgo país deja de ser un agujero negro. Pero en una Argentina donde conseguir un trabajo formal sigue siendo una odisea y donde el ajuste se pasea por las filas de los jubilados que no llegan a pagar el alquiler, ese horizonte suena a ciencia ficción por más que dos calificadoras le hayan guiñado un ojo.

La jugada de este domingo es evidente: mostrar orden en las cuentas para que el año electoral no se coma la estabilidad discursiva del oficialismo. Sin un escenario macroeconómico previsible, la reforma electoral que impulsa Karina Milei, los viajes presidenciales para abrazar causas patrias o los intentos de revivir la gestión bonaerense con Santilli a la cabeza quedan reducidos a espuma. Caputo apostó a construir un relato de solvencia y a marcar una diferencia ética con quienes naturalizaban el estallido. La cita con la realidad será en 2027, cuando se sepa si el sacrificio de no hacer explotar todo alcanza para que una mayoría considere que esta vez, por fin, la normalidad dejó de ser sinónimo de ajustar sobre los de abajo.

Fuente original: Big Bang News, 6 de julio de 2026

Enlace: https://www.bigbangnews.com/politica/caputo-anuncio-sobran-us3700-millones-pagar-deuda-confeso-le-pidieron-hacer-explotar-todo-n102191

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