Mientras los presidentes sudamericanos deliberaban en Paraguay, el argentino prefería brindar en la embajada de EE.UU. con el hombre que se ríe del bloqueo a Cuba. No fue un accidente de agenda. Fue un acto de sumisión en cámara lenta.

• El 4 de julio de 2026, Javier Milei hizo historia. Pero no por una gesta patriótica. Por primera vez, un presidente argentino concurrió a la embajada de Estados Unidos para festejar la independencia norteamericana, en lugar de sentarse en la cumbre del Mercosur. No es que los horarios se superpusieran: el festejo de Lamelas daba tiempo para hacer ambas cosas. Pero Milei eligió la foto que quería dejar grabada: la de un presidente que festeja la dependencia de su propio país.

El embajador Peter Lamelas, cubano de origen y funcionario de la administración Trump, lo había anticipado con una carcajada: “El presidente Milei no va a poder hablar, me tendrá que escuchar a mí, ja, ja”. Y así fue. No hubo diálogo entre pares. Hubo un monólogo del virrey y un silencio obediente del mandatario argentino. La Rosada, esa semana, fue decorativa. El poder real, ese 4 de julio, se ejercía desde la sede diplomática de Washington en Buenos Aires.

El saqueo tiene nombre y apellido

• Si Detrás del brindis hay un proyecto concreto. No es teoría conspirativa: es la letra chica de las leyes que el gobierno libertario ya impulsó. El Súper Rigi, la extranjerización de la tierra, el desguace de la ley de glaciares, las restricciones a la integración regional y a los vínculos con China, los acuerdos de la Armada Argentina con la cuarta flota del Comando Sur y la cesión de un puerto militar en Ushuaia. Cada uno de esos instrumentos tiene un solo objetivo: convertir a Argentina en un depósito de minerales, energía y alimentos para una Estados Unidos que ya no es la potencia omnipotente de los años 90, sino una nación acorralada por China que busca asegurar su retaguardia.

No es casual que el texto fuente recupere el concepto nazi de Lebensraum (“espacio vital”). Washington ve al Atlántico Sur y a la Antártida como su patio trasero, y a nuestro país como la pieza que falta para completar el rompecabezas. Lo que para Venezuela fue el secuestro de su presidente, para Cuba el bloqueo más inhumano de la historia, para México las amenazas de invasión y para Canadá y Groenlandia los anuncios de apropiación, para Argentina es este paquete de leyes que se votan con sonrisas y apretones de manos. Ninguna de esas medidas expresa una relación igualitaria. Son todas formas de agresión y sometimiento.

El país que se viene: cero ascensor social

• El proyecto que encarna Milei no es una reforma. Es una demolición. Y él mismo lo reconoció: “ni siquiera las dictaduras militares pudieron avanzar tanto en la destrucción de este país”. No fue un lapsus. Fue un diagnóstico en voz alta.

¿Qué queda si se consolida este modelo? Un país sin educación pública de calidad, sin desarrollo industrial, con una clase media reducida a su mínima expresión y un ejército de trabajadores informales sin derechos, empujados a jornadas de 16 horas en aplicaciones. Locales cerrados y venta callejera como paisaje cotidiano. La movilidad social, ese viejo sueño argentino, desaparece. La mayoría de la población, bajo la línea de pobreza. Mientras el mundo se transforma con nuevas tecnologías, Argentina quedará atrás, y la reconstrucción será casi imposible.

Pero ese plan requiere un movimiento popular fracturado. Y ahí está la segunda pata de la estrategia: el internismo. Si la oposición llega dividida a 2027, el gobierno libertario se consolida. Por eso la condena a Cristina Kirchner –calificada en la fuente como «absolutamente irregular»– y las restricciones a su encarcelamiento no son un hecho jurídico aislado: son una proscripción política que busca bloquear a la líder con mayor arrastre popular. Y mientras tanto, Axel Kicillof es el blanco de una campaña de demolición que ya tiene voz oficial: el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo calificó como “el peor gobierno bonaerense de la historia”.

Los números que no mienten (y los gobernadores que sí)

• La gestión de Kicillof, pese a la pandemia, supera en casi todos los indicadores socioeconómicos a la de María Eugenia Vidal, según un cuadro comparativo del analista Alfredo Serrano Mancilla. En algunos rubros, duplica los números del PRO. Sin embargo, el relato destructivo avanza, y el propio Milei alimenta la grieta dentro del campo popular para debilitar a sus únicos adversarios con capacidad de frenarlo.

El nombramiento de Santilli –luego de la crisis Adorni– y el distanciamiento de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires muestran que Milei le está cediendo poder al PRO para sostener su gobernabilidad. Pero al mismo tiempo, corre a la embajada a buscar el respaldo de su protector norteamericano para no quedar desbalanceado. Esa danza tiene un costo: mientras tanto, 14 gobernadores –algunos de origen peronista– asisten al besamanos oficial, reciben la décima parte de lo prometido y votan leyes que entregan soberanía a cambio de migajas.

2027: la elección que no será normal

Las encuestas le otorgan al gobierno un 30% de imagen positiva, apenas por encima del piso histórico del PRO. Pero ese número no dice todo. Lo que está en juego es si el movimiento popular logra recomponerse o si el internismo lo termina de quebrar. La danza al borde del abismo no es una metáfora: es la descripción exacta de un proceso donde cada paso en falso puede sellar el futuro del país durante décadas.

• Milei festejó la independencia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, la dependencia argentina. No fue torpeza. Fue una declaración de principios. Y Lamelas, desde su embajada, sonríe. Sabe que el virrey ya no necesita corona: tiene un presidente que le escucha sin chistar.

Fuente original: Página/12 – 04 de julio de 2026

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/04/lamelas-el-virrey/

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#PolíticaArgentina #Soberanía #Milei #Extractivismo #DerechosHumanos

La resolución se conoció el sábado 4 de julio, un rato antes de que la Selección saliera a la cancha. El timing no sorprendió a nadie en Comodoro Py: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi eligió el momento justo para asestarle un golpe que puede ser letal a la causa $LIBRA, el expediente que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado una criptomoneda que voló y se desplomó en cuestión de horas.

La decisión del magistrado fue doble y devastadora. Por un lado, apartó a los cinco querellantes que venían empujando la investigación. Por el otro, y sin que nadie se lo hubiera pedido, dejó escrito en quince páginas que las pérdidas millonarias que sufrieron los denunciantes no constituyen una estafa, sino que podrían explicarse por "el riesgo propio de un mercado volátil". Todo esto sin haber llamado a declarar a un solo testigo, sin haber ordenado pericias concluyentes y sin haber escuchado a los imputados.

• La maniobra tiene un destinatario preciso: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum y uno de los acusados en el expediente. Fue él quien pidió correr a los acusadores particulares para que dejaran de impulsar medidas. El juez no solo se lo concedió: le regaló los argumentos para el próximo paso, el pedido de archivo definitivo. Porque si en una resolución judicial ya está insinuado que acá no hubo delito, ¿qué margen le queda a la fiscalía para sostener lo contrario?

La cronología de los hechos es conocida pero vale la pena repasarla. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que recomendaba la compra de la criptomoneda $LIBRA y la vinculaba con supuestos préstamos a pequeñas y medianas empresas argentinas. El token registró una suba exponencial en pocas horas y después se derrumbó. El presidente borró el posteo y negó cualquier conexión con el proyecto. Sin embargo, en la causa ya se acreditó que hubo intercambios de mensajes entre Milei y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital. Además de Novelli, están imputados Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures.

Nada de ese entramado le pareció relevante a Martínez de Giorgi. En cambio, puso el foco en los denunciantes y en la falta de acreditación del origen de los fondos con los que compraron la criptomoneda. Lo paradójico es que él mismo reconoció que hay medidas en curso para avanzar justamente en esa dirección. Es decir: aparta a los querellantes por algo que todavía está en plena etapa de producción probatoria.

• Ahora el expediente queda en manos de la Cámara Federal, que en su momento habilitó la participación de esos mismos acusadores particulares. Los querellantes ya anunciaron que van a apelar, pero el panorama es complejo porque el daño ya está hecho. Sin ellos, la investigación depende exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, a quien los propios denunciantes cuestionaron por su "prudencia" para avanzar. Si el juez decide archivar la causa, será Taiano el encargado de reclamar su continuidad. La cadena de responsabilidades está diseñada para que nada prospere.

Y acá aparece el dato que convierte la resolución judicial en un boomerang político. La esposa del magistrado, Ana María Cristina Juan, fue propuesta por el oficialismo para ocupar un juzgado federal de primera instancia en Hurlingham. Su pliego ya obtuvo el consenso necesario en el Senado y consiguió los votos para ser designada. Solo falta que Milei estampe la firma en el decreto. La coincidencia temporal es imposible de ignorar y en los pasillos de Tribunales ya nadie se la cree: "Hoy por ti, mañana por mí", repiten como un mantra.

Maximiliano Ferraro, uno de los querellantes apartados, fue contundente: "Hoy el juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance".

Lo que queda es un combo indigesto para la institucionalidad argentina. Un presidente que tuitea, un token que se desploma, empresarios que tejieron contactos en los minutos clave, un juez que define sin investigar y una jueza en lista de espera que depende de la firma del mismo mandatario cuestionado. La estafa, para la Justicia que conduce el caso, no existió. Solo hubo, dicen, "riesgo de mercado". El problema es que los ahorristas que confiaron en la palabra presidencial perdieron todo. Y el Poder Judicial, en lugar de investigar, corre a las víctimas y le construye la coartada al imputado.

Fuente original: Dataclave, sábado 4 de julio de 2026

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/-game-over-para-la-causa--libra--la-resmmolucion-del-juez-y-un-panorama-sombrio_a6a4800fec306f8951599e07d

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#CausaLIBRA #JusticiaArgentina #JavierMilei #Criptoestafa #ComodoroPy #RiesgoDeMercado

El teléfono sonó en las oficinas de Nucleoeléctrica Argentina y del otro lado la oferta no era un simple ajuste de tarifas ni una auditoría de rutina. Era una propuesta que mezcla inteligencia artificial, una empresa nacida a la sombra del Pentágono y la llave de las tres centrales atómicas que producen casi un décimo de la electricidad que consume el país. El gobierno de Javier Milei negocia con la firma estadounidense Palantir Technologies la transferencia del control operativo de Atucha I, Atucha II y Embalse, según pudo reconstruir Argentina Desigual a partir de fuentes oficiales y del sector nuclear. La operación, todavía en borrador, ya provoca temblores en la Comisión Nacional de Energía Atómica y deja una pregunta que ningún funcionario responde en voz alta: ¿qué hace una empresa de inteligencia queriendo manejar reactores?

La información que circula en los despachos oficiales y que confirmaron a este medio autoridades con conocimiento directo de la negociación señala que el traspaso es la punta de lanza de un plan más amplio de modernización energética. El argumento que seduce a la Casa Rosada es simple: meter tecnología de punta para bajar costos operativos que, medidos en dólares, se vuelven cada vez más difíciles de sostener en pleno ajuste fiscal. Pero el matiz que tensa la cuerda es otro. Palantir no se limitó a presentar una propuesta de eficiencia; puso una condición sobre la mesa antes de sentarse a firmar cualquier papel. Quiere una reestructuración profunda de la CNEA. Traducción: achicar el Estado antes de que ellos tomen el control.

Esa exigencia no es letra muerta. Empleados de la CNEA que hablaron con este medio bajo reserva de identidad aseguran que los despidos que ya empezaron a concretarse y los que se vienen en las próximas semanas no responden a un reordenamiento interno decidido por Buenos Aires. Son el prólogo del acuerdo. La empresa estadounidense, relatan, necesita ver un organismo más esbelto, con menos estructura burocrática y menor cantidad de personal estable, antes de asumir la operación de las centrales. Los telegramas de cesantía que llegaron en los últimos días, leídos en esa clave, dejan de ser un recorte más de la motosierra libertaria para convertirse en una prenda de negociación.

Conviene detenerse en quién es Palantir. No hablamos de una eléctrica con cien años de experiencia en reactores, como Westinghouse o General Electric. Hablamos de una compañía fundada por Peter Thiel, financiada en sus inicios por la CIA y especializada en cruzar millones de datos para encontrar terroristas en Medio Oriente o para que el servicio de inmigración estadounidense localice indocumentados. Su software aprendió a identificar patrones en montañas afganas y ahora el gobierno argentino quiere aplicarlo para predecir cuándo va a fallar una turbina o cuándo hay que ajustar la potencia de un reactor. La tecnología no es humo: los sistemas predictivos basados en inteligencia artificial que ofrece Palantir permiten anticipar averías y optimizar el mantenimiento con una precisión que ningún equipo humano puede igualar. Eso es innegable.

La sombra que se proyecta sobre el acuerdo no está en la eficacia de los algoritmos, sino en lo que no se dice. ¿Qué información van a recolectar esos sistemas sobre la infraestructura crítica argentina y adónde va a parar? Palantir construyó su fortuna vendiendo inteligencia a agencias de defensa de Estados Unidos. Sus contratos con el Pentágono y la NSA implican que la información procesada suele permanecer dentro de un ecosistema controlado por Washington. ¿Existen garantías de que los datos sobre el comportamiento de Atucha II no terminarán en un servidor de Virginia accesible para el Comando Sur? Nadie en el gobierno ha explicado ese punto.

El contexto ayuda a entender por qué el tema no ocupa todavía las tapas de los diarios. El gobierno libertario asumió con la promesa de desmantelar lo que considera un Estado elefantiásico. La CNEA, creada en 1950 y responsable tanto de la investigación como de la operación nuclear, representa todo lo que Milei quiere reformatear. Concentra desde científicos formados en el Balseiro hasta administrativos en las centrales. En esa lógica, meter a un privado con tecnología de última generación que reduzca costos y achique la nómina parece una victoria temprana del relato oficial. El problema es la letra chica: ceder el control operativo de infraestructura estratégica a una empresa cuya especialidad no es la energía sino la inteligencia.

El impacto más inmediato y concreto lo están viviendo las familias de los trabajadores de la CNEA en localidades como Lima, Zárate o Embalse, donde el Estado es el principal empleador. Los despidos ya comenzaron y, según los propios empleados, se profundizarán en las próximas semanas. Pero hay una segunda capa que afecta al conjunto de la sociedad: la factura de luz. Si la eficiencia prometida se traduce en tarifas dolarizadas que prioricen la rentabilidad del operador extranjero, los hogares argentinos podrían terminar pagando más caro el mismo servicio que antes gestionaba el Estado. Hasta ahora, el gobierno no ha dado precisiones sobre cómo será el esquema de regulación tarifaria bajo un operador privado cuyos contratos suelen estar blindados por tratados de protección de inversiones.

El futuro inmediato es un terreno lleno de interrogantes. La negociación sigue su curso y, mientras tanto, los despidos en la CNEA operan como un hecho consumado que le va dando forma al escenario antes de que llegue el nuevo inquilino. Los trabajadores denuncian que se está desmantelando la capacidad técnica justo cuando más se la necesitaría para controlar que un privado no haga lo que quiera con algo tan sensible como un reactor nuclear. La falta de información pública sobre los términos del posible acuerdo contrasta con la velocidad de los ceses. Ese contraste, por sí solo, ya es noticia.

Queda por resolverse si un convenio de esta magnitud pasará por el Congreso o si se definirá en la penumbra de un decreto. También queda por verse qué resortes de control retendrá el Estado argentino sobre la gestión diaria de las centrales y quién definirá las decisiones de seguridad nuclear: un gerente en Buenos Aires o un algoritmo alojado en Denver. Lo único cierto hasta ahora es que, mientras los argentinos miran para otro lado, el gobierno avanza en una negociación que podría cambiar el mapa energético del país con una empresa que sabe de datos, no de uranio.

Fuente original: Información confirmada por fuentes oficiales y empleados del sector nuclear, julio de 2026.

Enlace: https://argentina-desigual.ar/investigacion/palantir-nucleares

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#ArgentinaDesigual #EnergíaNuclear #CNEA #Palantir #SoberaníaEnergética #AjusteYDespidos

El fiscal federal Ramiro González le solicitó hoy al juez Daniel Rafecas que llame a declaración indagatoria a cuatro personas por los mensajes intimidatorios que recibió Hugo Alconada Mon luego de publicar el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Javier Milei. Los sospechosos quedaron en la mira porque las líneas desde las cuales se insultó y amenazó al prosecretario de Redacción de LA NACION están a su nombre. Sin embargo, la otra pata de la causa —los intentos de hackeo y el registro del periodista en sitios pornográficos— permanece sin responsables ni avances concretos.

Los titulares de las líneas son Guido Morán (24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata y criado en 9 de Julio), Braian Ezequiel Cardozo (25, chaqueño de Charata, a más de mil kilómetros de Buenos Aires, dado de baja del monotributo), Mario Miguel Totilo (56, empleado en relación de dependencia radicado en Benavídez) y Alicia Elena Scarpeccia (75, jubilada, con domicilio en Colón, provincia de Buenos Aires). Las direcciones y las edades dibujan un mapa disperso y llamativo. Para la Fiscalía, el dato que los compromete es que los números de teléfono les pertenecen formalmente, y eso ya constituye “indicios suficientes” para que sean escuchados en los tribunales de Comodoro Py. Rafecas definirá en las próximas horas si hace lugar al requerimiento.

• La investigación expone contradicciones que agregan más dudas. El teléfono asociado a Totilo, por caso, aparece en la billetera virtual Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que no está claro si el que envió los mensajes fue el padre o el hijo. El caso de Scarpeccia es todavía más opaco: la línea está registrada en Telefónica bajo el nombre de un hombre fallecido, Manuel Lázaro Contreras, pero en Mercado Libre figura como usuaria la jubilada de Colón. La madeja de titulares y usuarios reales complica el panorama y siembra la sospecha de que los atacantes pudieron emplear identidades de terceros para disimular el rastro.

• Las amenazas se dispararon el 25 y 26 de mayo de 2025, apenas horas después de que Alconada Mon revelara en LA NACION los detalles del Plan de Inteligencia Nacional que había elaborado la SIDE. Aquel documento habilitaba, en los papeles, el espionaje ilegal sobre opositores, economistas críticos, movimientos sociales y colegas del periodismo. La publicación provocó un temblor político y una reacción inmediata en el mundo digital: a los llamados y mensajes amenazantes se sumaron diez intentos de tomar el control de su cuenta de WhatsApp, un ataque a su perfil de X, la inscripción forzada de su nombre en plataformas de contenido sexual y un intento posterior de ingresar a su cuenta en el diario El País.

La Fiscalía se movió en dos direcciones. Por un lado, avanzó sobre las líneas telefónicas con la colaboración de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y de Telecom Argentina. Ese trabajo permitió identificar a los cuatro titulares. Por el otro, libró exhortos a Meta Platforms y a X Corp. para desenmascarar a los responsables de los ataques informáticos, pero hasta ahora las empresas no aportaron datos que permitan avanzar. Los investigadores también detectaron que parte del acoso digital —los registros en sitios pornográficos— salió de una IP localizada en la Isla Maciel, Dock Sud, partido de Avellaneda. La pista se diluyó al toparse con una IP “nateada”, un recurso técnico que oculta la identidad real de quien opera detrás de esa dirección.

La causa está partida en dos. La primera mitad, la de las amenazas verbales, se acerca a un punto de definición con el pedido de indagatorias. La segunda, la que involucra una operatoria coordinada de hostigamiento digital y suplantación de identidad, sigue sin responsables. A casi un año de los hechos, esa demora enciende una señal de alerta sobre la impunidad con que se puede perseguir a un periodista en la Argentina sin dejar huellas claras. Si Rafecas acepta el planteo del fiscal, los cuatro apuntados tendrán que explicar por qué sus líneas se usaron para amedrentar a quien acababa de poner a la luz un mecanismo de inteligencia que el poder pretendía mantener bajo llave. La respuesta a esa pregunta —si llega— puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada.

Fuente original: LA NACION, 2 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/la-fiscalia-pidio-indagar-a-cuatro-sospechosos-por-las-amenazas-contra-el-periodista-hugo-alconada-nid02072026/

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#amenazas #hacker #inteligencia #JavierMilei #periodismo #indagatoria

Pensalo un segundo: el mismo funcionario que te retiene el sueldo cada mes y controla si las grandes empresas evaden, tendría tres departamentos en Florida que nunca declaró. Eso es lo que sospecha la Justicia federal, y ahora la investigación pegó un salto. El juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de mandarle exhortos a Estados Unidos para saber si Andrés Gerardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es en verdad el dueño de tres inmuebles en Miami que figuran a nombre de sociedades panameñas.

• La movida no arrancó de la nada. El magistrado aceptó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, y que ya juntó un bloque de pruebas sólido. Tanto, que para la PIA hay elementos de sobra para sentar a Vázquez a declarar por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y para ampliar la causa hacia el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión fiscal. El juez, mientras tanto, quiere que los bancos y las autoridades migratorias de allá confirmen si la plata y los movimientos familiares calzan con el rompecabezas que armaron los investigadores.

Los inmuebles están ubicados en zonas top: la avenida Brickell y Sunny Isles Beach. Las compras se hicieron entre 2013 y 2015, pero no las hizo una persona sino dos empresas panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. En los papeles argentinos, Vázquez nunca mencionó su vínculo con esas sociedades, ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco, incumpliendo la obligación que tenía al menos entre 2012 y 2015, y otra vez en 2023. Lo que sí consta es que ambas firmas quedaron bajo el paraguas de Galanthus Capital Limited, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2016, donde Vázquez aparece como beneficiario final. Y como si eso no alcanzara, desde 2021 sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

• Hay más pistas que hacen difícil creer en un dueño fantasma. Entre 2014 y 2018, Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez —que también trabaja en ARCA—, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de esos departamentos: unos 136 mil dólares. Y no solo eso: los cheques de reintegro del condado de Florida llegaron a nombre de ellos. Mientras, el domicilio personal de Vázquez en Puerto Madero quedó registrado como sede oficial de Alcorta Corp. ante las autoridades de Florida, y sus dos hijas viven desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que pertenece a Pompeya Group Corp. Cualquier investigador lo llamaría control de hecho: pagás, usás y das tu dirección legal.

El descalce financiero también grita. Antes de que arrancaran las compras en Brickell, Vázquez había declarado tener disponibles apenas 40 mil dólares líquidos. Las operaciones inmobiliarias, sin embargo, treparon a 1,1 millón de dólares. ¿De dónde salió la diferencia? La PIA cree que ahí asoma un esquema más grande, que incluye a Consultora San Andrés SA, una firma que Vázquez maneja con el 51 % junto a su hermana, que no tiene empleados, que llegó a acumular cuatro autos al mismo tiempo y que, según los papeles, le habría prestado la plata para comprarse su propio departamento en Puerto Madero. El fiscal la describe como una posible “sociedad pantalla”.

• Pero hay otra jugada que también está bajo la lupa. En 2018, Vázquez escrituró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building, dentro del complejo Faena de Puerto Madero, por unos 226 mil dólares. Unidades similares se ofrecían por más del doble. Para la PIA no es precisamente una ganga, sino un indicio de subvaluación que habrá que peritar.

Con todo ese material sobre la mesa, el juez Martínez de Giorgi movió fichas en varios tableros. Les pidió a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de cuentas de Vázquez y su familia, y que informen si Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. tienen cuentas ahí. También reiteró a las autoridades migratorias que entreguen todos los movimientos de entrada y salida del grupo familiar, para cruzar fechas con las operaciones. En el plano local, la misma batería de pedidos apunta a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central y a otros organismos.

La defensa de Vázquez, por ahora, es esquiva. El funcionario dice que él no es el verdadero dueño de los departamentos —valuados en más de dos millones de dólares— y que pertenecen a un tercero al que nunca identificó ni aportó datos en los tribunales de Comodoro Py. El problema para esa versión es que los comprobantes de impuestos y los reintegros tienen su nombre y el de su exmujer, y que sus hijas viven en uno de esos inmuebles. La Justicia espera ahora la palabra oficial de Estados Unidos.

Lo que está en juego va mucho más allá de un caso judicial. El tipo que debe perseguir a los evasores y garantizar que todos paguen lo que corresponde está siendo investigado por tener una estructura offshore sin declarar. Cuando el encargado de la recaudación queda envuelto en una causa por presunto ocultamiento patrimonial, la sensación de que la vara no es la misma para todos deja de ser una frase hecha y se convierte en un hecho concreto. Mientras tanto, millones de laburantes ven cómo todos los meses les retienen una porción de su ingreso, y se preguntan si vale la pena cumplir cuando los que diseñan las reglas encuentran un atajo.

La respuesta de la justicia norteamericana no tiene fecha. “Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, le explicó una fuente tribunalicia a LA NACION. A veces, en un par de meses está todo; otras, empiezan los pedidos de aclaración y el trámite se estira dos años o más. Es un plazo que los investigados conocen de memoria y que suele usarse para enfriar causas o mover el dinero a tiempo. Pero la decisión del juez de mandar los exhortos ya marcó un antes y un después: por primera vez la investigación salió del país y va detrás de las pruebas que podrían transformar una maraña societaria en una acusación concreta. La pelota está ahora en la cancha de Miami.

Fuente original: LA NACION, 1 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/patrimonio-sin-declarar-el-juez-martinez-de-giorgi-pidio-informacion-a-eeuu-sobre-el-titular-de-la-nid01072026/

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#justicia #ARCA #patrimonio #evasión #lavado #Miami

Hay funcionarios que tropiezan con la misma piedra aunque vivan a mil kilómetros de distancia. Manuel Adorni se fue de la Jefatura de Gabinete con el portón de un country en la frente. Ahora, en Tucumán, la historia se repite con un agravante difícil de digerir: Raquel Graneros no administraba los hilos de la política nacional, administraba la miseria. Y sin embargo, desde fines de 2024 duerme en una casa de 600 metros cuadrados dentro de Las Yungas, el barrio cerrado más top de Yerba Buena.

La distancia entre el municipio que debería gestionar y su nueva residencia es de 130 kilómetros. Pero la distancia simbólica es infinitamente mayor. Graneros es el departamento más postergado de toda la provincia, según las mediciones de la UCA. Más de la mitad de sus habitantes sobrevive por debajo de la línea de pobreza. Abrir una canilla y que salga agua potable sigue siendo una quimera. La luz se corta con la frecuencia de un reloj impuntual. Y la intendenta, mientras tanto, desembolsó más de un millón de dólares en efectivo para comprar su refugio de fin de semana.

La operación no pasó inadvertida. El programa El Avispero destapó la olla y los detalles son tan concretos como escandalosos: dos terrenos fusionados en el sector 12 del country, un valor de mercado que va del millón al millón doscientos mil dólares, y ningún crédito hipotecario registrado a su nombre en el Banco Central. Todo al contado, en las cajas de una sucursal del Galicia. El secretario de Hacienda del propio municipio, Ariel Mendelek, aparece mencionado como el encargado de mover parte de los fajos —seis entregas mensuales de 50 mil dólares cada una— para cerrar el negocio.

La cuenta es imposible de resolver con un sueldo de tres millones de pesos. Y a eso sumale expensas que rondan el millón por mes. Los vecinos del country la ven llegar los sábados, disfrutar el verde, y volverse. Del otro lado, en Graneros, la postal es inversa: calles de tierra, falta de cloacas, promesas que nunca aterrizan.

Hay un elemento que vuelve más denso el asunto. La causa quedó en manos del fiscal Diego Hevia. Hijastro de Guillermo Herrera, aquel fiscal que se hizo famoso no por sus condenas sino por su creatividad para archivar expedientes que rozaban al poder político de turno. A Herrera le abrieron juicio político y lo auditaron. Que ahora la denuncia contra Graneros caiga justo en el despacho de su hijastro es una señal que en Tribunales tucumanos no necesita traducción.

Los impulsores de la presentación judicial —el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Augier— saben que el terreno judicial es pantanoso. Pero sobre todo saben que acá no hay un solo apellido en juego: hay un clan. Porque Graneros no es solo un distrito pobre, es también el nombre de una familia que lo maneja como patrimonio privado desde 2003. Empezó el padre, Roque Graneros. Cuando falleció, asumió la madre, Alejandra Cejas, que ahora es legisladora provincial. Después vino la hija, Raquel, la actual intendenta. Y el gobernador Osvaldo Jaldo acaba de completar el círculo nombrando al hermano, Roque Alejandro Graneros, como secretario de Estado en el Ministerio del Interior. Lo curioso: el decreto que habilita su designación se publicó apenas siete días antes de que el mismo Ejecutivo provincial prohibiera sumar más empleados públicos.

La ironía con Adorni es inevitable, pero también es una trampa. A Adorni lo liquidaron apenas la prensa puso la lupa sobre su casa. A Graneros, por ahora, la investiga un fiscal que carga con el legado de un especialista en cajones cerrados. La pregunta no es si hay o no hay pruebas, sino cuánto tiempo va a dormir la causa mientras en Graneros —el pueblo, no la intendenta— sigue faltando el agua.

Fuente original: Mosca, 29 de junio de 2026

Enlace: https://mosca.com.ar/2026/06/29/la-adorni-tucumana-la-intendenta-del-municipio-mas-pobre-de-la-provincia-vive-a-130-km-en-una-mansion-en-un-country/

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#AdorniTucumana #Graneros #Desigualdad #CountryGate #PolíticaArgentina #Tucumán

Gustavo Gennuso se incorporó a un organismo nacional y dos legisladores de su riñón le volaron el bloque al gobernador Alberto Weretilneck. Fue suficiente. Tres días después, la Justicia de Río Negro —ese apéndice del poder que en la provincia todos saben que se maneja con teléfono directo a la Casa de Gobierno— le reactivó una causa penal por malversación. El mensaje es brutal, transparente, casi obsceno: al que se atreva a desafiar al régimen, lo pasamos por la picadora judicial. No importa que hayan pasado siete años. No importa que los delitos sean humo. Importa quebrar al disidente, escracharlo, dejarlo seco en tiempo y honorarios, y mandarle una señal helada al resto del arco político: acá el que se mueve, pierde.

Lo que ocurrió en Bariloche esta semana es una clase magistral de persecución con toga. La cronología es tan escandalosa que no resiste un análisis sin que se te tuerza la cara de asco. El sábado 24 de junio, la legisladora Marcela Abdala —hechura pura de Gennuso— y Daniel Sanguinetti —exfuncionario de la exgobernadora Arabela Carreras— rompieron con el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN). No se fueron en silencio. Denunciaron falta de debate interno, conducción verticalista, un esquema donde Weretilneck decide hasta el color de los papelitos y el resto obedece o se atiene a las consecuencias. En simultáneo, trascendió que Gennuso aceptaba un cargo ad honorem en la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El hombre es ingeniero nuclear, conoce el paño, pero en la rosca provincial la jugada se leyó clarito: Milei le abrió una rendija nacional a un dirigente que puede armar algo grande con el diputado Aníbal Tortoriello, el fantasma que más le quita el sueño electoral al gobernador.

Tres días. Apenas tres días tardó el fiscal Inti Isla en reimpulsar una denuncia del actual intendente Walter Cortés —un soldado obsecuente de Weretilneck— por supuestas irregularidades en la compra directa de maquinaria vial a la empresa OPS en 2019. Sí, leyó bien: siete años después, cuando el exintendente se planta y dos legisladores le tuercen el brazo al oficialismo en la Legislatura, el expediente dormido despierta como por arte de magia negra. La imputación alcanza a Gennuso y a su exsecretario de Obras Públicas, Carlos Cairo, al subsecretario Edgardo Garza, al exsecretario de Hacienda Diego Quintana y a la exdirectora de Políticas Tributarias Lilian Baroni. ¿Quién falta? Una sola figura clave: Marcos Barberis, el exjefe de Gabinete de aquella administración.

¿Por qué Barberis no aparece en la lista? Porque Barberis se fue con Weretilneck ni bien terminó el mandato municipal. Fue secretario de Turismo provincial hasta septiembre del año pasado. Su pareja, la exlegisladora Julia Fernández, es íntima del presidente del bloque oficialista Facundo López y hoy preside el Parque Industrial Tecnológico de Bariloche en un cargo que, por ley, debería ocupar un funcionario de rango no menor a secretario, cosa que ella no es. La impunidad es premium, y la selectividad de la pluma fiscal es tan evidente que insulta la inteligencia de cualquier ciudadano: los aliados del régimen no son tocados ni con un hisopo. Los que se rebelan, en cambio, sienten la bota en el cuello.

Arabela Carreras, que conoce las entrañas del monstruo porque lo padeció desde adentro, lo dijo sin el menor disimulo: "Hay persecución judicial. Todos estamos esperando que nos hagan una denuncia de algún tipo. Todos sabemos que expresar disidencia significa persecución judicial. Siempre hay algún fiscal dispuesto a hacerlo". Y agregó algo que pinta el cuadro completo: medios amigos del gobierno, inflados con pauta oficial, se encargan del linchamiento mediático. "Te ponen en una situación incómoda y desagradable durante mucho tiempo. Después pasa, pero es la respuesta inmediata frente a cualquier expresión pública de disidencia", explicó. No es paranoia de exmandataria dolida. Es el manual de supervivencia de un sistema político que funciona como una aplanadora.

Y ojo, que esto no es una pelea entre ángeles y demonios. Gennuso viene de la misma escuela. Fue secretario General de JSRN hasta que decidió abrir la boca y pedir debate interno y conducción horizontal. Lo que pasa es que en Río Negro el que pide democracia interna es tratado como un apestado. La grieta empezó en diciembre de 2023, cuando Weretilneck le prometió el ministerio de Gobierno y, a último momento, colocó a un tipo que duró menos que un suspiro. Esa traición fue el punto de quiebre. De ahí en más, Gennuso se volvió la piedra en el zapato. Y ahora, con el respaldo nacional y la danza de nombres con Tortoriello, se convirtió en un enemigo a destruir.

La causa Techo Digno ya había mostrado el modus operandi. Aquella megainvestigación por supuestos certificados de obra falsos con fondos nacionales para viviendas sociales terminó con casi todos los intendentes absueltos. Gennuso salió a flote. El único que sigue con la soga al cuello es justamente Tortoriello, el diputado nacional que más temor le genera al gobernador. La Justicia rionegrina, que es lenta para las causas de corrupción que involucran al círculo rojo, se vuelve un rayo cuando hay que dar un escarmiento político.

Hoy Gennuso tiene una causa penal reactivada, abogados que pagar, un cargo honorario que le insume tiempo y una exposición mediática hostil. Pero sobre todo, el régimen de Weretilneck está exhibiendo sin pudor la entraña más podrida del sistema: la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento partidario. No investigan delitos. Investigan disidencias. No buscan responsables de saqueos. Buscan quebrar voluntades. Es el lawfare más desfachatado y pueblerino, ejecutado en una provincia donde los resortes institucionales son manejados como el control remoto de un televisor.

El interrogante que queda flotando es si alguien va a parar esto. Si algún organismo nacional, algún juez con verdadera independencia, algún medio que no dependa de la pauta, va a ponerle nombre y apellido a lo que ocurre. Porque acá no hay grises. Hay un gobernador que usa a fiscales serviles para aniquilar adversarios. Hay un fiscal que omite investigar a los amigos y arremete contra los que se van del club. Hay funcionarios judiciales que funcionan como apéndices del poder político. Y hay una dirigencia opositora que mira el escarmiento y calcula si vale la pena plantar bandera o mejor bajarse del barco antes del próximo portazo.

Mientras la rosca devora a sus hijos y la Justicia oficia de matón, los problemas reales de los rionegrinos —la falta de trabajo, las viviendas que nunca se terminan, la salud que es un desastre, la educación que hace agua— siguen ahí, intocados, esperando que alguien deje de jugar a la guerra sucia y se ponga a gestionar. Pero eso, claro, no vende. No asusta. No da poder.

Fuente original: Realpolitik, 27 de junio de 2026

Enlace: https://realpolitik.com.ar/nota/72786/lawfare-a-la-rionegrina-reactivan-causa-contra-funcionario-de-javier-milei/

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Dos nuevos terrenos públicos del explayón ferroviario de Palermo saldrán a remate el 21 de julio próximo. La decisión, oficializada a fines de junio por Playas Ferroviarias, pone sobre la mesa 1.500 metros cuadrados en una de las áreas más valorizadas de la Ciudad: la avenida Juan B. Justo al 1340 y al 1380. El precio base es de 9,2 millones de dólares, pero lo que no dice la letra oficial es que esos lotes integran un predio mayor donde, desde 2012, una ley exige que el 65 por ciento se destine a espacios verdes. A trece años de aquella norma, el parque prometido sigue dibujado en papeles mientras los negocios inmobiliarios se aceleran.

Los dos paños son contiguos. El primero suma 693 metros cuadrados; el segundo, 822. El edicto de subasta —publicado en el Boletín Oficial el martes 23 de junio— establece que se rematarán en conjunto y que quien gane deberá pagar en dólares. La web de remates de Playas Ferroviarias describe las parcelas como “aptas para desarrollo inmobiliario” y pinta un escenario de altísima demanda: “área de transformación urbana”, “proceso sostenido de revitalización”, “alta demanda para usos mixtos vinculados a vivienda, oficinas y actividades gastronómicas”. Todo cierto, pero incompleto: en ninguna línea se menciona que esos metros cuadrados forman parte del “Distrito Nuevo Palermo”, creado por la Ley 4.477, que obliga a dejar la mayor superficie para uso público.

Esa ley, aprobada por la Legislatura porteña en diciembre de 2012, rezonificó las explayas ferroviarias de Palermo, Liniers y Caballito. Para el predio de Juan B. Justo, el plan fue claro: permitir la venta de algunos lotes para financiar la construcción de un gran parque ferroviario sobre el 65 % de las tierras. En los hechos, el negocio inmobiliario avanza mucho más rápido que el espacio público. Mientras la Ciudad ya autorizó edificios en manzanas delimitadas por Atacalco, Soler, Godoy Cruz, Nicaragua y María Teresa Ferrari, y ya funciona un pequeño parque de media manzana frente al Polo Científico Tecnológico, el parque principal no pasa de los planos que el propio Gobierno porteño adjuntó al remate.

Esos planos sí revelan lo que el aviso comercial omite. Allí se ve la futura traza del verde y, en el medio, la extensión de la calle Darwin que el GCBA proyecta abrir para separar el espacio público de la nueva manzana que formarán los lotes subastados. Es decir, los compradores se llevan tierra con zonificación a medida: uso residencial y comercial, altura máxima de 50 metros, frente al Metrobús y lindante a un parque que, si algún día se concreta, revalorizará aún más sus propiedades.

Otro dato que los pliegos oficiales confirman es que los terrenos no están vacíos. Actualmente funcionan allí una sucursal y galpones de Blaisten, la cadena de materiales para el hogar del grupo Cencosud. Según las condiciones de la subasta, la posesión se transferirá al comprador el 1° de agosto de 2026, fecha para la cual la empresa deberá haber desalojado el predio. No hay información pública sobre si medió algún tipo de compensación o si el abandono fue acordado con el Estado nacional.

Este nuevo remate no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia que ya incluyó, el 29 de abril pasado, otros dos lotes en Juan B. Justo al 1720 y 1784, y uno en José Antonio Cabrera al 5446. Antes habían sido vendidas parcelas en Atacalco al 1815, 1875, 1780, 2025 y 2075. Todas son piezas de una franja de casi siete hectáreas que va desde Niceto Vega hasta Soler y que el Gobierno nacional, a través de Playas Ferroviarias, viene liquidando de forma sistemática desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el relevamiento que este mismo diario sostiene desde diciembre de 2023, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Playas Ferroviarias y otros organismos —como la Secretaría de Obras Públicas con los terrenos del exProcrear— ya pusieron a la venta más de 180 inmuebles y predios públicos. La estrategia se vende como un reordenamiento fiscal, pero en barrios como Palermo el resultado salta a la vista: tierras del Estado que pasan a manos privadas con una zonificación generosa y la promesa de un espacio verde que, por ahora, solo alimenta renders y discursos.

Mientras las torres empiezan a levantar su perfil sobre Juan B. Justo, la pregunta que nadie responde es cuándo la Ciudad comenzará las obras del parque que la ley exige desde 2012. Cada subasta consuma una porción del suelo público y, con ella, se diluye un poco más la posibilidad de discutir un modelo urbano distinto. Lo único concreto es que el mercado inmobiliario festeja, los lotes cambian de dueño y el verde sigue esperando.

Fuente original: Página12, 29 de junio de 2026

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Hay consejos que los que saben repiten desde hace décadas en la política argentina. Uno, sobre todo, circula entre los que vieron pasar presidentes, crisis y noches largas en la Casa Rosada: cuando te ofrecen un cargo enorme y vos sabés que en tu pasado hay algo que puede explotar, la mayor muestra de lealtad es decir que no. Renunciar a tiempo, incluso antes de asumir. Dejar la carta de renuncia lista desde el primer día. Manuel Adorni, el hombre que hasta esta semana fue el jefe de Gabinete de Javier Milei, ignoró todas esas máximas. Y el costo de esa desobediencia lo terminó pagando el principal capital político del Gobierno: la presunción de superioridad moral.

La salida de Adorni no fue súbita. Se venía cocinando desde hacía casi cuatro meses, cuando una serie de revelaciones empezó a corroer la imagen del funcionario que mejor encarnaba la prédica libertaria contra la “casta”. El detonante no fue una denuncia aislada sino una acumulación de sombras que, en cualquier otro gobierno, tal vez se habrían diluido en el ruido de la rosca diaria. Pero acá el cristal con el que se miraba era otro, y por eso cada golpe sonó a rotura.

Para entenderlo hay que retroceder hasta marzo, cuando los primeros indicios sobre el patrimonio de Adorni saltaron a la luz. Las preguntas eran incómodas: adquisición de inmuebles mediante prestamistas de origen difuso, gastos en efectivo que trepaban a cientos de miles de dólares sin respaldo claro y una explicación que desafió el sentido común: su fortuna, dijo alguna vez, estaba resguardada en un pendrive con bitcoins. Lejos de despejar las dudas, cada aparición pública del entonces jefe de Gabinete sumaba una capa nueva de desconcierto.

El Gobierno hizo lo que suele hacer un oficialismo cuando siente que le tocan a uno de los propios: cerrar filas. En la comparecencia de Adorni ante el Congreso, la plana mayor del mileísmo fue a hacer barra. Lo aplaudieron, insultaron a los opositores que preguntaban y transformaron una rendición de cuentas institucional en un acto de militancia con estética de tribuna. Pero las semanas siguientes convirtieron aquel respaldo en un error de cálculo mayúsculo. El propio Adorni, en una entrevista televisiva, terminó admitiendo que había mentido sobre aspectos centrales de su situación patrimonial y que, durante años, había evadido obligaciones impositivas. La confesión cayó como un baldazo de agua fría sobre la promesa de transparencia absoluta que el oficialismo venía vendiendo desde la campaña.

Ahí es donde el episodio dejó de ser un problema de un funcionario para transformarse en una amenaza al relato fundacional del mileísmo. Porque Javier Milei no llegó al poder en 2023 prometiendo solamente un ajuste fiscal o una reforma del Estado. Llegó, sobre todo, prometiendo decencia. La idea de que venía una fuerza nueva, limpia, incontaminada, a barrer con “los mismos de siempre”. Esa superioridad moral era el escudo con el que el Gobierno se protegía de los cuestionamientos por la caída del consumo, por el freno a las partidas sociales, por las tensiones con las provincias. Mientras la vara ética estuviera alta, todo lo demás era sacrificio tolerable. Pero si la sospecha de corrupción anidaba en el corazón del gabinete, el andamiaje se tambaleaba.

Lo que volvía especialmente costoso el escándalo para Milei era esa asimetría que el propio Hugo Alconada Mon describió con precisión desde estas páginas. Cuando un gobierno hace de la honestidad su bandera principal, cualquier mancha pesa el doble que sobre administraciones que nunca juraron regenerar la política. No es lo mismo un ministro sospechado en una gestión que se asume parte de la “rosca” que un jefe de Gabinete acusado en un gobierno que se presenta como una cruzada moral. Esa diferencia explica por qué un caso que, en términos comparativos de la corrupción argentina, podría haber sido un escándalo de segundo orden, provocó un daño político de primera magnitud.

El final se escribió esta semana, cuando a Karina Milei —la hermana del Presidente y la verdadera arquitecta del poder puertas adentro— le llegaron dos señales que no admitían discusión. La primera venía del Senado, donde los propios aliados le hicieron saber a la Casa Rosada que si el Gobierno no cortaba la soga, la cortaban ellos. La segunda, más perturbadora todavía, llegó desde las encuestas. Los números equiparaban el desgaste del caso Adorni con los capítulos más recientes de la corrupción kirchnerista. Que las andanzas de un funcionario —sus inmuebles con prestamistas insólitos, sus fajos de dólares sin declarar, su pendrive mágico— pudieran medirse en el mismo termómetro que la causa de los cuadernos o los millones de dólares ocultos en los roperos del kirchnerismo encendió todas las alarmas. Porque en política, cuando la vara moral se empareja hacia abajo, el que más pierde es el que había prometido tenerla más alta.

El impacto de esta crisis no se mide solamente en el organigrama que se reacomodará en las próximas horas. Lo que queda en el aire es una pregunta que el mileísmo no puede responder con un comunicado: ¿se rompió para siempre el cristal de la superioridad moral o alcanza con cambiar a la persona para que el relato sobreviva? En los barrios donde la promesa de terminar con los privilegios había calado hondo, la desilusión viaja más rápido que cualquier operación de prensa. “Si ellos también hacen las suyas, ¿en qué se diferencian?”, es la pregunta que se repite en miles de conversaciones cotidianas, sin micrófonos ni cámaras.

Adorni se fue envuelto en palabras cálidas y en reproches al periodismo, pero se fue. El Gobierno ahora apuesta todas sus fichas al repunte de la economía y a que, llegado el momento del voto, la memoria colectiva recuerde más los muertos ajenos que los propios. La campaña por la reelección empezó esta misma semana, pero nadie sabe si el principal activo con el que Milei llegó al poder —la idea de ser distinto— sale ileso de este trance. De lo que no hay dudas es de que, en una Argentina donde la paciencia con la mentira se agotó, el costo de tropezar con la propia vara siempre es más alto que el de caerse desde el llano.

Fuente original: El País, 28 de junio de 2026

Enlace: https://elpais.com/argentina/2026-06-28/el-final-demorado-de-manuel-adorni.html

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#ArgentinaDesigual #Milei #Adorni #Casta #DobleVara #ÉticaPolítica

Diego Santilli está a punto de asumir la Jefatura de Gabinete que deja vacante Manuel Adorni, y el dato no es solo un movimiento de ajedrez político. Es la revelación de quién es quién en el Gobierno que llegó prometiendo transparencia. Porque Santilli, el mismo que hizo de la Ficha Limpia su bandera y llenó las redes de discursos contra la corrupción, llega al cargo con dos mochilas que no paran de sumar peso: un entramado de 14 sociedades familiares con dos firmas offshore y la acusación directa de un estafador condenado que dice haber financiado su campaña.

• El primer golpe vino de los registros públicos. Documentación revelada en los últimos días expuso que el diputado nacional y su círculo más íntimo controlan 14 empresas. Dos de ellas están radicadas en paraísos fiscales. La primera se llama Lakerise Internacional Limitada, se dedica al alquiler de inmuebles, está activa desde octubre de 2006 y nunca se inscribió ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Son 19 años de operaciones sin figurar en el radar fiscal argentino. La segunda es South Tourin LLC, creada en Florida en diciembre de 2014. El CEO de esa compañía es Darío César Santilli, hermano del legislador, y la firma comparte domicilio con otras estructuras manejadas por intermediarios que conocen como pocos los atajos de las guaridas fiscales. La madre de ambos, María Luisa Forchieri, aparece mientras tanto inscripta como monotributista, la categoría más baja del régimen simplificado. El contraste entre ese perfil impositivo y el volumen de sociedades familiares habla por sí solo.

Santilli ya conocía el olor a azufre de estas revelaciones. En 2021 su nombre figuró en los Pandora Papers, la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que dejó al desnudo cómo dirigentes de todo el mundo ocultan patrimonio mediante firmas opacas. En ese momento la noticia fue un cimbronazo. Ahora, con un ministerio al alcance de la mano, la réplica es mucho más profunda.

Hay una frase que lo persigue y que hoy adquiere un peso demoledor. En 2018, cuando le preguntaron por sus sociedades offshore, Santilli respondió con una naturalidad que hiela: "Es normal, todo el mundo lo hace". Esa declaración, rescatada de archivos periodísticos, choca de frente contra su prédica de años como impulsor de la Ficha Limpia. Quien está a punto de administrar recursos públicos ya había naturalizado, al menos de palabra, las maniobras para eludir al fisco.

• El segundo golpe llegó desde una cárcel correntina. Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, cumple condena por estafa en la Unidad Penal N.° 1 de San Cayetano. Desde ahí, en declaraciones a Radio Splendid, contó que en 2021 aportó 32.500 dólares a la campaña de Santilli. Dijo que el pedido llegó a través de Martiniano Molina, exintendente de Quilmes, durante un evento en el que estaban Horacio Larreta, Cristian Ritondo y Federico Pinedo. "Molina me comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico", detalló.

Cositorto no se guardó nada. "No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra", declaró. Y trazó una línea que lo separa de otro nombre que sacude a la política: "Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme". También admitió que su plata no tuvo un solo destinatario: "Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también".

Para entender por qué esto importa hay que salir del microclima político y pisar la calle. Cada sociedad offshore que no tributa donde corresponde, cada campaña que se financia con plata de origen dudoso, significa menos recursos para hospitales, escuelas y obras públicas. En la provincia de Buenos Aires, donde Santilli iba a encabezar la lista legislativa hasta que la renuncia de Espert reordenó las piezas, la pobreza supera el 40 por ciento y los servicios públicos funcionan a fuerza de parches. La elusión fiscal no es una picardía contable: es un golpe directo a los que menos tienen. Cuando un dirigente dice "todo el mundo lo hace", está confesando una lógica de privilegio que la mayoría de la gente no puede darse.

El ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete no ocurre en el vacío. Se da apenas semanas después de que Cristian Ritondo, otro referente de peso del mismo espacio, quedara imputado por presunto enriquecimiento ilícito. La secuencia se repite: figuras que reclaman transparencia en público mientras sus finanzas privadas acumulan preguntas sin respuesta.

Lo que queda ahora es terreno movedizo. La Justicia todavía no determinó si las sociedades offshore se usaron para evadir impuestos ni si el aporte de Cositorto existió formalmente y fue declarado ante la Justicia Electoral. Pero la política ya movió sus fichas: le entrega un ministerio estratégico a un dirigente que predicó ética pública mientras su entorno tejía empresas en guaridas fiscales y recibía financiamiento de un hombre condenado por estafa. El resto de la película no está escrito, pero los primeros fotogramas ya muestran una contradicción difícil de digerir.

Fuentes originales:

· El Tribuna, 5 de octubre de 2025

· Perfil NEA, 8 de octubre de 2025

Enlace El Tribuna: https://eltribuna.com.ar/contenido/7915/santilli-a-la-cabeza-de-la-lista-lo-vinculan-con-14-sociedades-2-en-paraisos-fis

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